EL ESTADO ILEGAL

Caminamos hacia un Estado extralegal bendecido por la Constitución: Soberanes
“Se requerían modificaciones integrales; las medidas contra el crimen organizado han fracasado”
Toda la lucha contra el narcotráfico es hacerle el trabajo sucio a los gringos, señala
Víctor Ballinas
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, sostiene que con las reformas constitucionales en materia de justicia y seguridad pública que aprobó el Congreso “caminamos hacia un Estado extralegal y realmente autoritario”.
Antiguamente (con los gobiernos priístas), explica el ombudsman nacional a La Jornada, “teníamos un Estado autoritario, pero que actuaba al margen de la ley; ahora con las reformas aprobadas por las cámaras de Diputados y Senadores caminamos hacia un Estado autoritario bendecido por la Constitución”.
En entrevista, Soberanes Fernández sostiene: “las reformas constitucionales aprobadas esta semana en materia de justicia y seguridad pública limitan las garantías y los derechos humanos. ¡No eran necesarias!, ¡no son las que necesita el país! Se fueron –los legisladores– por el camino más fácil”.
Como titular de la CNDH manifiesta su preocupación por la limitación a las garantías y a los derechos humanos, porque se ha autorizado a las policías a entrar a domicilios particulares con la presunción de un riesgo inminente a la vida y a la integridad de las personas, cuando en la Carta Magna estaba garantizada la inviolabilidad del domicilio.
–Doctor, ¿éstas eran las reformas que realmente se requerían en el país en materia de justicia y seguridad pública?
–No, yo creo que no es lo que necesitaba el país. Que entren las policías a las casas sin orden judicial, ya sabemos lo que puede pasar. La constitucionalización del arraigo era innecesaria, que se permitan cateos sin orden de un juez es un retroceso.
–¿En su opinión estas reformas limitan los derechos humanos y las garantías constitucionales?
–Sí, desde luego. En mi opinión esos cambios no eran los que requería el país para hacerle frente a la delincuencia organizada y al narcotráfico. Debieron hacer una reforma integral en la materia, pero no, se fueron por el camino más fácil.
–¿Esta fue la vía fácil?
–Sí, porque además ni siquiera garantiza una mayor eficacia en la procuración de justicia. Si hubieran querido mayor eficacia se necesitaba una reforma penal integral, revisarlo todo, y no nada más darle más garras al Ministerio Público, porque en un estado de derecho la autoridad tiene que hacer su trabajo, respetando los derechos humanos, y la autoridad que en su trabajo no los respeta, rompe con esta situación, porque actúan de manera arbitraria; al menos esas han sido las experiencias que hemos tenido en este país en el pasado, un Estado autoritario.
–¿Cómo queda México en el contexto internacional, llevando a la constitución que la policía entre a las casas sin orden judicial, el arraigo hasta por 80 días y los cateos a cualquier hora?
–México queda mal, porque precisamente la tendencia mundial es en el otro sentido, es ir ampliando los derechos humanos y las garantías, y ahora se les da manga ancha a los policías, que no saben de derechos humanos.
–Hay senadores que opinan que vamos en el mismo camino que Estados Unidos, restringiendo los derechos humanos y las garantías.
–Pues vamos mucho peor que ellos. Porque los estadunidenses no tienen en sus corporaciones policiacas bastante corrupción como nosotros, y eso hace que en México esta situación –las reformas recién aprobadas– se vuelva mucho más peligrosa.
–¿Es válido el argumento del Ejecutivo de que eran necesarias estas reformas para poder combatir al crimen organizado?
–Hay que reconocer que toda la lucha contra el narcotráfico es hacerle el trabajo sucio a los gringos, porque eso es lo que estamos haciendo. Tradicionalmente somos el tránsito de la droga, bueno, pues ellos tienen que cuidar su zaguán. Quien tiene que cuidar a los estadunidenses son sus autoridades, no nosotros. A ellos no les importamos un cacahuate, matan a nuestros migrantes, no nos entregan nuestros tesoros, si a ellos no les importamos como país, ¿por qué vamos a tomar por ellos una posición francamente humillante? Nosotros somos los que hacemos su trabajo.
–¿Esa reforma se puede impugnar?
–No, porque es del constituyente. Por ninguna vía se puede impugnar; lo que hay que hacer es seguir levantando las voces de abogados, académicos, investigadores, organizaciones de defensa de los derechos humanos, la izquierda, de todas las organizaciones que quieran que se corrija el rumbo del país. Este no es el camino.
–¿Se puede acudir a instancias internacionales como la CIDH o la ONU por la limitación a las garantías y derechos humanos?
–Las posibilidades ahí están, pero creo que se debe protestar, levantar la voz, llamar a que se corrija esta situación.
–¿Sólo protestar?
–Ahorita por lo pronto sí. No nos vamos a levantar en armas. Hay que hacer la protesta pacífica.
–¿Considera este tipo de medidas como desesperadas?
–Más que desesperadas, son medidas poco reflexionadas.
–¿Estaría de acuerdo en que con estas acciones México sigue lineamientos de Estados Unidos para restringir derechos?
–Ahí está todo lo que han hecho en Estados Unidos después del 11 de septiembre del 2001 en contra de los derechos humanos. Usted mencionó restricciones en aquel país a la libertad de expresión, a la de manifestación, a la libertad. La política migratoria que, como consecuencia de ellos ha dirigido ese país contra los migrantes, es completamente violatoria de los derechos humanos. Y creo que por ahí vamos.
–Los senadores del PRD señalaron en tribuna que esto es un retroceso
–Claro, es un retroceso.
–Con estas reformas que van en camino al autoritarismo, ¿podemos esperar medidas más severas?
–Hay que ver que todas las acciones contra el crimen organizado han fracasado. Este no es el camino. No es ésta la reforma que se requería, sino una integral, de fondo, que revisara todo.

LA CORTE, FALLO FALLIDO.

Vallas y granaderos mantienen fuera del recinto las protestas de manifestantes
Justicia, no popularidad, el compromiso de la Corte, sostiene Ortiz Mayagoitia
Reconoce que el fallo en el caso de Lydia Cacho dejó “un grave descontento y frustración”
Al dictamen se le atribuyó “un efecto absolutorio que no tiene”, dice
Jesús Aranda
Ampliar la imagen Guillermo Ortiz Mayagoitia, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rindió su informe de labores. Al acto asistieron el presidente Felipe Calderón y el senador Santiago Creel Foto: José Antonio López
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia admitió ayer que la resolución sobre el caso Lydia Cacho Ribeiro, dejó “grave descontento y frustración” en diversos medios y foros públicos; sin embargo, argumentó que a ese dictamen se le atribuyó “un efecto absolutorio que no tiene”.
Al rendir su primer informe de labores en presencia del presidente Felipe Calderón y representantes de los tres poderes, Ortiz Mayagoitia dijo que la “justicia moderna” debe ser firme “a las presiones, opiniones y manifestaciones”. Tenemos compromiso y vocación con la justicia, no con la popularidad, subrayó.
En medio de un impresionante dispositivo de seguridad y con un salón de plenos semivacío, al inicio de su intervención el ministro presidente sostuvo que la facultad de investigación prevista en el artículo 97 constitucional –en que se basó la investigación sobre la violación grave de garantías de la periodista a manos del gobernador de Puebla, Mario Marín–, tal y como existe en la actualidad, sin una ley reglamentaria, “puede o no satisfacer las expectativas de la autoridad”.
El Poder Judicial, no imparte más justicia cuando concede que cuando niega: ése es su atributo de imparcialidad, aseveró.
Al igual que sus antecesores, José Vicente Aguinaco Alemán y Mariano Azuela Güitrón, quienes se mostraron abiertamente contrarios a que la Corte ejerciera la potestad prevista en el artículo 97 constitucional, el ministro hizo una “respetuosa, pero insistente propuesta” para que dicha facultad cuente “con una ley que le dé vida y efecto práctico, o bien, que se elimine”.
En referencia al caso Cacho Ribeiro aseguró que, al igual que en otros asuntos similares, la Corte actúa con apego estricto a los principios constitucionales “sin invadir ni sustituir otros procesos y facultades que sí están reglamentados”.
Antes, durante y después de su informe, un grupo de manifestantes gritaron consignas en contra de Calderón, de Mayagoitia y de la Corte en su conjunto por proteger a “pederastas”; la inconformidad no pasó de algunos escarceos con los granaderos que impidieron que los quejosos traspasaran las vallas metálicas de seguridad que rodearon el edificio sede de la SCJN.
Firmeza ante presiones
En su discurso, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sostuvo que una justicia moderna, digna del siglo XXI, comprometida con la democracia constitucional y el estado de derecho, sólo puede garantizar la supremacía de la Carta Magna si es firme ante las presiones y totalmente independiente a factores externos.
Indicó que el compromiso de los juzgadores es con la justicia y no con la popularidad, ya que “una es de largo aliento y beneficia desarrollo y estabilidad; la otra, es de corto alcance, volátil y caprichosa”.
Entre los ausentes, destacó el ministro en retiro Juventino V. Castro y Castro, quien declinó la invitación, trascendió, ante la desilusión que le causó que ni el ministro presidente, ni alguno de los otros 10 integrantes del pleno atendieran su carta en la que les pidió que ante el “desprestigio” que sufrió el máximo tribunal por el caso Lydia Cacho, cada uno explicara en un acto público las razones de su voto.
Respecto a la reforma del Estado que está en proceso y, en el contexto de ésta, la del sistema judicial, que se aplazó en el Congreso para las próximas semanas, apuntó que el Poder Judicial federal está en toda la disposición de aportar su experiencia y talento, “para enriquecer cualquier proyecto que redunde en el fortalecimiento de la justicia”.
Aunque recordó que en todo caso las reformas que se aprueben serán aplicadas finalmente por los juzgadores. También mencionó que la jurisprudencia y la actividad judicial, darán asiento y permanencia a los nuevos contenidos constitucionales por conducto de las sentencias.
Luego de hacer un amplio desglose de los asuntos resueltos por la Corte, tribunales y juzgados federales, el ministro presidente se refirió a los amparos en contra de las reformas a la Ley del ISSSTE. Comentó que suman 167 mil demandas de amparo presentadas ante los dos juzgados de distrito auxiliares que llevan esos asuntos, aunque muchas de ellas están suscritas por varios quejosos.
Hasta la fecha, seis por ciento de esos asuntos se encuentra en proceso de admisión, motivo por el cual, ambos juzgados trabajarán en lo que resta del año –el Poder Judicial federal inició ayer las vacaciones decembrinas–, para que la totalidad de las demandas sean admitidas antes de que termine este año.
Asimismo, ratificó el compromiso de la SCJN de atraer la revisión de esos amparos, para definir “con absoluta imparcialidad, criterios jurisdiccionales que den homogeneidad a las resoluciones y ofrezcan certeza a los miles de quejosos”.
Por otra parte, dio a conocer que para el año próximo, el Poder Judicial de la Federación recibirá un presupuesto total de 29 mil millones de pesos.



Miguel Concha
Retrocesos constitucionales
Con el voto del PAN, el PRI y una parte del PRD, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el miércoles el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, en la que si bien existen algunos elementos dispersos positivos, también reaparecen medidas que implican un claro retroceso en derechos humanos, sobre las cuales ya habían sido claramente advertidos los legisladores. Ello no obstante, el pasado jueves las fracciones del PAN, el PRI y el PVEM ratificaron en el Senado la aprobación, únicamente con dos modificaciones.
Ante la incapacidad de los órganos de procuración e impartición de justicia para cumplir con su función, incurriendo además en graves violaciones a los derechos humanos, se había planteado en reiteradas ocasiones la necesidad de una reforma integral y de fondo en este tema, que implicaba cambios estructurales en la misma Constitución, en los códigos sustantivos, en las leyes adjetivas y en las instituciones, con el fin de combatir eficientemente el delito y salvaguardar el cumplimiento de los derechos humanos.
Nada de eso ha sucedido. El proyecto aprobado, y turnado el jueves a la cámara de origen, recupera de nueva cuenta varias de las propuestas más negativas presentadas al Congreso por el titular del Ejecutivo federal el pasado mes de marzo. Sólo de forma incoherente destacan algunos elementos positivos, que es preciso resaltar. Uno de ellos es la modificación al artículo 20 de la Constitución, que establece que el proceso penal “será acusatorio y oral”, y que se regirá “por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación”. Así como la fracción III de ese mismo artículo, que se modificaría para quedar de la siguiente forma: “Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio”.
Destaca también el apartado B de dicho artículo, que establece como derecho de las personas imputadas el “que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad”. El hecho de que las pruebas se desahoguen en una audiencia judicial priva al Ministerio Público y demás organismos investigadores de las facultades supraconstitucionales con las que actualmente se conducen para construir las pruebas y hacer uso de facultades cuasi jurisdiccionales. Lo que se denomina el monopolio de la acción penal. Esto debería implicar igualmente la posibilidad de que los particulares puedan ejercitar directamente acción penal ante los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, esto aún no ha sido definido por la ley. Cabe destacar que los artículos transitorios de la reforma aprobada fijan un plazo máximo de ocho años para que este nuevo sistema comience a operar, toda vez que se necesita una gran inversión en infraestructura y capacitación, si se desea que funcione.
Otros puntos que podríamos calificar como positivos son establecer la presunción de inocencia en la Constitución e impulsar en el futuro el desarrollo de verdaderas defensorías de oficio. A pesar de ello, la reforma aprobada viene también acompañada de muchos puntos que en opinión de expertos y organizaciones constituyen un retroceso en materia de derechos humanos. Dentro de ellos se encuentran en primer lugar la “constitucionalización” de la incomunicación de detenidos y el arraigo sin orden judicial, que en el país puede extenderse hasta por 80 días, y que ha sido severamente criticado por organismos internacionales como la ONU y la OEA, por atentar contra las garantías fundamentales.
Para el caso de la delincuencia organizada, se introducen ahora en la Constitución medidas especiales, que de acuerdo con el proyecto aprobado tendrán incluso vigencia en el trato con “otros internos que requieran medidas especiales de seguridad”, sin establecer cuáles serán los criterios para realizar dicha clasificación. Otros temas de no menor importancia son la autorización a “la policía”, sin especificar además a qué corporación policiaca se refiere, para ingresar sin orden judicial a los domicilios, en caso de flagrancia, figura que se utiliza en México en un sentido amplísimo, y que propicia severas violaciones a los derechos fundamentales de las personas.
Como puede observarse, la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia no sólo supone algunos avances significativos, sino también graves retrocesos. Por presiones evidentemente externas, nos estamos deslizando hacia un sistema penal de corte policiaco, dejando de lado nuestra propia tradición garantista. Como expresó con acierto La Jornada en su editorial del pasado jueves, la sociedad “debe exigir a los legisladores de los congresos estatales que, en atención a su deber como representantes populares, actúen conforme a los intereses y el bienestar de la ciudadanía, e impidan el paso de esta modificación constitucional que abre un margen inadmisible para el atropello”.


Alista Calderón embate contrainsurgente: Marcos

de la redacción
* Protagonismo y ataques a AMLO aislaron al zapatismo, reconoce en entrevista concedida a la revista GatopardoMéxico, D.F., 14 de diciembre (apro).- La reaparición pública del subcomandante Marcos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el pasado jueves 13, coincidió con la publicación de una entrevista en la que el líder zapatista confiesa que el movimiento “ya pasó de moda”; confirma que el gobierno prepara una estrategia contrainsurgente, y presume que en las comunidades zapatistas ya no hay hambre y que la mujer juega un rol más importante en las Juntas de Buen Gobierno.Además, reconoce que su lucha ha valido la pena, y anticipa que en 2008 el EZLN planea lanzar una nueva forma de acción que aspira a ser, dice, “una revolución nueva a la de hace cien años, no en la cuestión armada sino otra que trastoque el sistema político y refunde al país”.La entrevista aparece publicada en la más reciente edición de la revista Gatopardo. Entrevistado por la reportera, Laura Castellanos, a principios de noviembre, en La Garrucha, Chiapas, Marcos recuerda que él y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fueron protagonistas en 1994, con el alzamiento, pero reconoce que ahora “ya pasamos de moda”.“Estamos como en 1993, pero al revés. Entonces preparábamos el alzamiento sin medios y sin gente. Ahora es el gobierno el que está preparando el ataque”, advierte.Según Marcos, el gobierno de Felipe Calderón viene preparando una estrategia contrainsurgente. En esta estrategia, explica, el gobierno ha alentado intencionalmente la polarización local al dotar a otros grupos indígenas de las mismas tierras apropiadas por el EZLN. “De tal forma que se crea un conflicto social artificial, cultivado como en un laboratorio, y entonces así entran las fuerzas del gobierno a meter paz”.La reportera le preguntó que en caso de un eventual ataque, cuál sería la respuesta de ellos, y el líder zapatista respondió que por ahora sólo están tomando medidas preventivas. Sin embargo, advirtió que no se va a quedar cruzado de brazos.En la entrevista, Marcos habla luego de la notable superación que priva actualmente en las comunidades zapatistas, en relación con la condición de absoluta marginalidad que éstas presentaban antes de 1994. “En las comunidades zapatistas no es que sean ricos, pero ya no hay hambre”, presume.Destaca, así mismo, el marcado descenso en los índices de mortalidad infantil y la participación activa de las mujeres en las Juntas de Buen Gobierno (JBG). “La cuestión de género empieza a meterse en el destino de los recursos”, resalta.Sobre el declive mediático del movimiento zapatista, Marcos ubica ese descenso a partir de las críticas que hizo contra Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la campaña presidencial de 2006, lo que, dice, lo llevó a romper con los intelectuales que apoyaron al tabasqueño. Cuenta que la decisión la tomó luego del fracaso legislativo de 2001: “Sentí esa responsabilidad y ese dolor de haber fallado, de no haber visto lo que iba a pasar”.Marcos confiesa que en ese entonces dentro del EZLN se replanteó la posibilidad de tomar las armas de nueva cuenta, pero aclara que después de analizar detenidamente la situación, desistieron. Refiere, sin embargo, que acordaron mejor romper con la clase política y la intelectualidad que apoyaba a ésta, a sabiendas de que eso los iba a aislar.En la parte final de la entrevista, la reportera logra que Marcos hable de Marcos.--¿Es mucha la carga de ser Marcos?El subcomandante, quien acepta que ya perdió la “cinturita”, pero que aún así aceptaría posar a cambio de algunos dólares, responde, tajante: “Sí”.Explica que el nombre le pesa ya, que es mucha carga porque, afirma, todavía prevalece (la idea) de que los errores del EZLN son de Marcos y los aciertos son de las comunidades.Marcos menciona que, en ocasiones, también se siente vulnerable, sobre todo, aclara, cuando sale a “La Otra Campaña”. “Me siento indispuesto porque no es mi territorio, no tengo los medios, a mis compañeros, los recursos…”.A 24 años de haber llegado a las montañas de Chiapas, a concretar sus sueños, Marcos sostiene finalmente que su lucha ha valido la pena. “Si tuviera que hacerlo, lo haría sin cambiar nada”. Sin terminar la idea, hace luego una precisión: “Si algo pensaría en cambiar sería eso, que no hubiera sido tan protagonista en la cuestión mediática”.