EL NUEVO ESTADO DICTATORIAL

La reforma judicial, hasta febrero; modifican minuta
Los senadores sólo matizaron el tema de los allanamientos policiacos sin orden de un juez. Eliminan facultades del MP para acceder a documentación fiscal, bancaria y electoral

Anoche aprobaron los cambios constitucionales con el voto en favor de PAN, PRI y PVEM
Regresan el documento a la Cámara de Diputados para el próximo periodo de sesiones
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
El Senado de la República aprobó anoche, también con los votos de PRI, PAN y PVEM, la reforma constitucional en materia de justicia y seguridad pública, pero le hizo dos cambios, por lo que la minuta regresó a la Cámara de Diputados y quedó pendiente hasta el próximo periodo de sesiones de febrero de 2008.
Las modificaciones sólo matizan los términos en que se darán los allanamientos policiacos sin orden judicial, y eliminan la disposición que permitía al Ministerio Público tener acceso directo a documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y de carácter confidencial en investigaciones sobre delincuencia organizada.
Sin embargo, la reforma mantiene los arraigos y cateos sin orden de un juez y la incomunicación de detenidos.
Regresión constitucionalista
“¡Qué manera de partirle la madre a la Constitución!”, exclamó indignado el senador perredista Pablo Gómez ante la negativa de priístas y panistas de eliminar el párrafo 12 del artículo 16 de la Carta Magna, en el que se otorgan facultades a la policía para ingresar a los domicilios sin orden judicial, “cuando exista una amenaza inminente a la vida y a la integridad de las personas”.
“¿Cuándo en la historia del constitucionalismo se permitió a los policías, a su criterio, entrar en la casa de quien sea?”, preguntó el perredista, e insistió: “se están creando las bases en la Carta Magna para un Estado policiaco” y ni siquiera servirá para combatir el crimen organizado. “A los narcos no les hará ni cosquillas”.
Se trata, recalcó una y otra vez Gómez, de una regresión del sistema constitucionalista mexicano, ya que se quitan derechos a los ciudadanos para darle mayores atribuciones a los poderosos; van a tratar de la misma manera a los presos políticos que a los narcos.
“No se conviertan en sátrapas parlamentarios por solapar los ánimos despóticos de esta reforma”, demandó ante el pleno la senadora Rosario Ibarra. Advirtió que permitir la entrada de la policía a los domicilios, con el pretexto de una amenaza corporal, es la manera más atroz de abrir la puerta al atropello, ya que ningún ciudadano estará seguro en su hogar.
La luchadora social recordó su experiencia en los recientes 32 años en que ha conocido todo tipo de atropellos por parte de la policía, y puso en aprietos al priísta Manlio Fabio Beltrones cuando le recordó que durante su paso por la Secretaría de Gobernación conoció lo que hacían Miguel Nassar Haro, Salomón Tanús, Jesús Miyazawa y todos los demás integrantes de la ilegal Dirección Federal de Seguridad.
“Llegaban tirando puertas, robaban y golpeaban a los que estaban ahí, sacándolos de los cabellos, arrastrándolos y llevándolos a cárceles clandestinas o al Campo Militar número Uno para torturarlos. ¿Quieren volver a eso? Volteen a Oaxaca, a Atenco, a todos los lugares donde los gobernantes hacen las mismas cosas”.
A su vez, el también perredista Ricardo Monreal, quien emitió un voto particular, alertó: “Con esta reforma se está destruyendo un sistema de libertades que nos ha costado décadas construir. No será un sistema expedito y eficiente de justicia, sino uno autoritario, con amplísimas posibilidades de avasallar a los ciudadanos, dejando la puerta abierta para combatir con violencia a los enemigos políticos”.
Se quieren legitimar, acusó, acciones como las de Atenco, Oaxaca y Zhenli Ye Gon.
El priísta Jesús Murillo Karam se enfrascó en un debate con Pablo Gómez, pero consideró “ridículas” las preocupaciones del perredista. La disposición, sostuvo, sólo es para que la policía pueda irrumpir en domicilios para salvar vidas.
Los panistas Alejandro González Alcocer y Ulises Ramírez desestimaron también los argumentos de Gómez e insistieron en que la disposición es para proteger a posibles víctimas.
La minuta proveniente de la Cámara de Diputados fue aprobada en el Senado en menos de 16 horas. Al mediodía se votó en comisiones, después se presentó en primera lectura y por la noche se votó ante el pleno. En lo general, se aprobó con 80 votos de las bancadas de PRI, PAN y PVEM.
En contra hubo 27 votos: 20 del PRD –cuatro legisladores del sol azteca se abstuvieron: los zacatecanos Claudia Corichi, Tomás Torres y Antonio Mejía Haro, así como el michoacano Silvano Aureoles–, cuatro de Convergencia, dos del PT y uno de la senadora Irma Martínez, de Nueva Alianza.
Los petistas Alberto Anaya y Alejandro González Yáñez no estaban en el salón de sesiones a la hora de la votación. Se dijo que salieron a cenar.
Desde la reunión de comisiones dictaminadoras, los perredistas propusieron modificar las disposiciones de la reforma que vulneran garantías reconocidas en la Carta Magna y derechos humanos, como los arraigos hasta por 80 días, la incomunicación de detenidos y los allanamientos policiacos.
La discusión se centró en el párrafo 12 del artículo 16, que en la minuta de la Cámara de Diputados señalaba: “La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio, cuando exista información o conocimiento de una amenaza actual o inminente a la vida o la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia, cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado”.
El PRD proponía suprimir todo el artículo, pero PAN y PRI sólo accedieron a hacerle una modificación, que elimina la presunción por parte de la policía. El párrafo quedó así: “La policía podrá ingresar, sin orden judicial, a un domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia, cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado”.
Redactaron al revés
En el debate en el pleno, Pablo Gómez dijo que era atroz tal redacción, ya que, en todo caso, debía decir que toda persona tiene derecho a recibir auxilio de la policía para defender su vida y su integridad corporal, pero “lo redactaron al revés” y dieron a la policía derecho de allanar domicilios.
El otro cambio a la minuta fue para suprimir el párrafo 10 de ese controvertido artículo 16, en el que se señalaba que el Ministerio Público, autorizado en cada caso por el procurador general de la República, tendrá acceso directo a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y de carácter reservado y confidencial, relacionada con investigaciones del delito.
Aquí sí, PRI y PAN consideraron riesgosa tal disposición y le enmendaron la plana a los diputados. Ninguna otra de las 28 reservas de diversos artículos fue aprobada.
Después de la medianoche se aprobó en lo particular la reforma y se regresó a la Cámara de Diputados, donde deberá esperar mejor suerte hasta febrero. Con esto concluyó el periodo de sesiones en el Senado y se confirmó que el debate de la reforma judicial se empató con la discusión de los nombramientos de los consejeros del Instituto Federal Electoral.
Ambos casos quedaron pendientes para el próximo periodo de sesiones.

El Estado policiaco
Luis Javier Garrido

La sumisión del gobierno de facto de Calderón a los dictados de la administración de Bush, que pretende se apruebe una contrarreforma judicial que atenta contra los derechos individuales de los mexicanos, abre una nueva dimensión a las luchas sociales en México.
1. El albazo legislativo de fin de año de la alianza PRI-PAN en la Cámara de Diputados, aprobando al vapor el 12 de diciembre con el respaldo de un sector de la bancada del PRD un paquete de modificaciones constitucionales y legales en materia de justicia y de seguridad pública con el pretexto de crear las condiciones para luchar mejor contra “el narcotráfico y el crimen organizado”, constituye un serio retroceso institucional en la vida del país, pues al conferir a funcionarios del gobierno federal facultades inadmisibles en un régimen de derecho y cancelar derechos individuales fundamentales se sientan, en efecto, las bases para crear en México un Estado policiaco.
2. La aprobación de estos cambios aberrantes al marco constitucional del país por el Senado y las legislaturas locales (necesaria para que proceda una reforma de la Constitución) terminaría con el régimen de derecho en México, pues, por un lado, a) daría a los funcionarios federales atribuciones propias de un régimen dictatorial o de excepción, al permitirles allanar y catear domicilios sin mandato judicial y llevar a cabo detenciones sin orden de aprehensión y, por el otro, b) cancelaría una garantía fundamental, la de seguridad jurídica, que establece la inviolabilidad del domicilio y de la persona si no media un mandamiento escrito, conforme al artículo 16 constitucional.
3. La bárbara decisión de los diputados, que no puede entenderse más que como un acto de irresponsabilidad o de sumisión a las pretensiones delirantes del gobierno de George W. Bush, pretende cancelar derechos que constituyen conquistas históricas de la humanidad, y que se han consagrado desde la Carta Magna inglesa del rey Juan, de 1215, hasta innumerables tratados, convenios y pactos internacionales suscritos por México.
4. La contrarreforma que ahora se busca imponer de improviso se había venido fraguando desde buen tiempo atrás con el argumento de que en virtud del NAFTA o TLC de América del Norte de 1993 era necesario homologar el derecho mexicano al estadunidense, a pesar de sus orígenes históricos distintos (de ahí la pretensión de sustituir los procesos escritos por los orales), pero fue reformulada en términos políticos más drásticos al subordinarse los gobiernos de Fox y de Calderón a la llamada Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), de la cual el Plan México o Iniciativa Mérida es una de sus vertientes, por lo que de llegar a aprobarse por el poder constituyente permanente sería un paso adelante en la integración de México a Estados Unidos.
5. El Plan México, que supone el dominio por parte de empresas trasnacionales de recursos básicos de nuestro país, y en particular de los energéticos, y el control permanente de agencias estadunidenses del territorio mexicano con el argumento de que Estados Unidos se encuentra en guerra contra el terrorismo internacional, requiere, en la visión totalitaria de los republicanos estadunidenses, un control absoluto de las fronteras, los puertos, el espacio aéreo y el mar territorial de México, pero también de las personas; de ahí la pretensión de instaurar aquí mecanismos de control como los que de hecho mantienen en sus dos guerras en Asia: tanto en Afganistán como en Irak.
6 El gobierno espuriete de Calderón, obsesionado como está por el malestar social que despiertan sus políticas, y enfilado ya en la vía de criminalizar los movimientos sociales –como ha advertido al mantener detenidos a Flavio Sosa y sus compañeros de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) y a Ignacio del Valle y los campesinos de Atenco– vio por consiguiente en este proyecto un punto de apoyo para su esquema represivo, en el que prevé que el Ejército federal siga actuando como su policía política, en especial ante la crítica situación que se agravará en el campo en 2008, al entrar en vigor varios principios del TLC.
7. La afirmación oficial de que no hay guerra sucia en México se derrumba estrepitosamente todos los días, y los hechos siguen desmintiendo a la Secretaría de Gobernación, como señalaba Rosario Ibarra (presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado) al recordar los casos de 30 desaparecidos, entre ellos 15 trabajadores petroleros de Cadereyta que se suman a los dos eperristas de Oaxaca (La Jornada, 12 de diciembre).
8. Resulta por ello una vergüenza que sólo 52 de los 127 diputados del PRD hayan votado en San Lázaro contra esta contrarreforma y que su propio coordinador, Javier González Garza, la haya avalado, pues los legisladores del sol azteca que en esta legislatura aprobaron ya el Cofipe parecen empeñados en demostrar a los mexicanos que por la vía institucional todos los caminos están cerrados por la corrupción de la “clase política”.
9. La contrarreforma judicial daría al traste con las posibilidades de que algún día exista un real Estado de derecho en México, pero tiene aún, sin embargo, un largo camino que recorrer para entrar en vigor y puede ser detenida por las opiniones de los juristas y las movilizaciones sociales, aunque es también la Suprema Corte de Justicia, que tanto se ha desprestigiado en los últimos tiempos, la que podría en uso de sus facultades declarar su improcedencia y erigirse en un verdadero órgano de control de la constitucionalidad del país.
10. El conflicto que se avecina de no dar marcha atrás el régimen en esta cuestión podría ser de enorme gravedad, pues las luchas sociales van a radicalizarse, a pesar del gobierno.
Con la nueva ley México incumplirá acuerdos
Habrá retroceso en protección de garantías individuales: ONG
Ángeles Cruz y Emir Olivares
La minuta de reforma constitucional del sistema de justicia significa un retroceso en la protección de los derechos fundamentales, señalaron integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organizaciones civiles y académicos.
Resaltaron que el dictamen aprobado el miércoles pasado por la Cámara de Diputados contiene aspectos positivos, pero con los negativos su aprobación llevaría al país a incumplir los compromisos que tiene firmados a escala internacional.
Edgar Cortes, de la Red Todos los Derechos para Todos, afirmó que esa reforma es violatoria de las garantías individuales, y que la ampliación de facultades a los agentes del Ministerio Público se ha venido aplicando en los 10 años recientes y no ha servido para mejorar la impartición de justicia.
A su vez, Humberto Guerrero, director de Incidencia de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Luis Arriaga, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señalaron que los legisladores hicieron caso omiso de las opiniones y propuestas que les hicieron llegar en un diagnóstico elaborado por las organizaciones civiles y el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Se trata de un documento que plantea una serie de modificaciones con pleno respeto a los derechos humanos, indicó.
Las reacciones al dictamen votado en el Palacio Legislativo de San Lázaro también provinieron de la CNDH, en particular de integrantes del Consejo Consultivo, quienes se pronunciaron por una reforma penal que equilibre el legítimo deseo de mayor eficacia en la persecución de la criminalidad con la debida protección de los derechos de todas las personas.
Estas garantías y la seguridad pública, aseguraron, son dos objetivos del Estado mexicano que pueden y deben convivir armónicamente.
Mencionaron que la reforma plantea la constitucionalización del arraigo, figura que va en contra de las recomendaciones que la Organización de las Naciones Unidas ha enviado a México, además de que pone en peligro la inviolabilidad del domicilio al permitir la entrada de la policía sin orden judicial.
Otros aspectos que señalaron los integrantes de la comisión y las organizaciones civiles se refieren a la facultad que se otorga a la autoridad ministerial para intervenir las comunicaciones privadas y darles valor probatorio en un juicio penal. También está la ampliación de facultades al Ministerio Público Federal para recabar información bancaria, bursátil, fiduciaria e incluso electoral en las investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada.
En el mismo sentido se pronunció Jorge Zorrilla, académico de derecho de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dijo que “faltó que la discusión fuese más madura” antes de aprobar el dictamen. “Esto no es más que el producto natural de la capacidad de nuestros gobernantes. Debieron encaminar la reforma con una perspectiva de derechos humanos; no es sano combatir la criminalidad violentando las garantías ciudadanas; cualquier gobierno razonable no lo haría”.
Dijo que con estos cambios constitucionales se vulnerarán “de forma legal” las garantías de la ciudadanía. “Todos debemos ser inocentes hasta que no se demuestre lo contrario; pero ahora la autoridad nos va a investigar discrecionalmente porque suponen que somos culpables y nosotros tendremos que demostrar que somos inocentes”.

Los diputados aprobaron una legislación retrógrada, afirma el ombudsman
La reforma penal afecta garantías: Soberanes
Julia Antonieta le Duc (Corresponsal)
Matamoros, Tamps., 13 de diciembre. José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), criticó a los legisladores federales que aprobaron el miércoles las reformas penales, porque éstas “representan un retroceso en materia de derechos humanos, pues no se puede combatir la ilegalidad pisoteando las garantías más elementales”.
Durante una gira de trabajo por Matamoros, Soberanes fue interpelado por activistas de la organización Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Emiliano Zapata AC, quienes lo recibieron con mantas y gritos de protesta por su “tímida actuación” en los casos Ernestina Ascensión Rosario, presuntamente violada y asesinada por militares en la sierra de Veracruz, y la represión en Oaxaca y Atenco.
El ombudsman señaló que elevar a rango constitucional el arraigo domiciliario, la validación legal de las intervenciones telefónicas y los cateos sin autorización judicial, son claras acciones violatorias de los derechos de los mexicanos.
“Las medidas que ha aprobado el Congreso representan una reducción de nuestras garantías fundamentales y no podemos estar de acuerdo que con el pretexto de la lucha contra el crimen organizado se reduzcan los derechos humanos, cuando creo que se deberían ampliar”, señaló Soberanes.