INEQUIDAD EN EDUCACION BASICA

Reporta INEE disparidad de recursos en enseñanza básica
Cursos comunitarios del CONAFE en las condiciones más precarias. Contrastan espacios físicos y bibliotecas, entre otros

Karina Avilés
Mientras 52 por ciento de las escuelas primarias privadas se clasifica en niveles muy altos de espacios físicos para apoyar la enseñanza, las públicas más vulnerables –rurales e indígenas– no llegan ni a uno por ciento; sin embargo, en el caso de los cursos comunitarios la situación es aún más grave, ya que ninguno cuenta con esos espacios. En cambio, en lo que se refiere al acervo bibliográfico, las particulares tienen el índice más bajo, en comparación con el resto de las modalidades.
De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) existe una profunda desigualdad en las condiciones con que operan los planteles escolares, por lo que “no es sorprendente que las limitaciones o las fortalezas combinadas del entorno familiar y de la escuela produzcan resultados claramente inferiores o superiores”.
En el estudio La calidad de la educación básica ayer, hoy y mañana, el INEE establece que los servicios educativos que atienden a alumnos en condiciones de marginación –primarias multigrado y telesecundarias– suelen tener claras deficiencias en comparación con las escuelas públicas de medios menos desfavorables y, sobre todo, respecto de las privadas que, en general, “cuentan con alumnos de medios privilegiados y también con más y mejores recursos”.
A escala nacional, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), existen 43 mil 650 primarias multigrado, que representan cerca de 50 por ciento de los 98 mil 178 planteles de ese nivel. Y de las 31 mil 208 secundarias en el país, 16 mil 800 son telesecundarias; de éstas últimas, 4 mil 15 (23.9 por ciento) son multigrado, lo que significa que operan en las condiciones más precarias.
En este contexto, 88.8 por ciento de las primarias públicas rurales, 95 por ciento de las indígenas y 96.9 por ciento de los cursos comunitarios se ubican en un nivel “muy bajo” en el índice de espacios físicos de apoyo a la enseñanza, de acuerdo con el reporte del INEE. En contraste, sólo 13.5 por ciento de las privadas tiene esas desventajas.
En relación con el equipamiento –en una escala donde 6 es la máxima puntuación– las privadas alcanzan 5; las públicas urbanas, 3.4; las públicas rurales, 2, en tanto que las indígenas descienden a 1.4. Pero en el acervo bibliográfico, las que tienen mejores condiciones –en una escala donde 4 es la puntuación más alta– son las públicas urbanas, con 2.5; seguidas de las rurales, con 2.3, y de las indígenas, con 1.7, mientras que las particulares apenas llegan a uno.
Al respecto, el INEE señala que estos datos también reflejan el “escaso interés hacia los libros por parte de las escuelas privadas, las cuales, al parecer, prefieren invertir en la adquisición de computadoras u otros recursos tecnológicos”.
Por otra parte, el instituto apunta que 93.2 por ciento de los maestros de cursos comunitarios sólo tiene estudios de secundaria o bachillerato; en tanto, en las particulares, las públicas rurales y urbanas cerca de 90 por ciento de los docentes tiene estudios de normal básica o licenciatura, y alrededor de 10 por ciento cuenta con algún posgrado.
La desigualdad en la enseñanza secundaria es similar, donde el factor más importante, de acuerdo con el instituto, es el docente. Pese a que las telesecundarias representan cerca de 60 por ciento de los planteles de ese nivel, se caracterizan por contar con un solo maestro por grupo, en lugar de uno para cada materia, aunque hay planteles que cuentan con un solo profesor para los tres grados.



Los gobernadores, por revisar el TLCAN agrario: Cárdenas Batel
Prevé el mandatario ola de inestabilidad similar a la del tortillazo
Aún es tiempo, advierte
La Jornada Michoacán
Tangancícuaro, Mich., 30 de diciembre. El gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, aseguró que hay consenso entre sus homólogos de distintos partidos para que se revise el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Previó que ante la inminente liberalización del comercio de granos en un contexto de incertidumbre del mercado, podría producirse una ola de protestas e inestabilidad social, derivado de la obvia desventaja competitiva del campesinado mexicano frente a los agricultores subsidiados de Estados Unidos y Canadá.
Advirtió de algo “igual o peor” a esa competencia asimétrica, cuando empresas estadunidenses importen maíz mexicano sin control, ya sea para producir etanol, uso pecuario u otros, en detrimento de la soberanía alimentaria.
Dijo que comparte la preocupación de “casi todas las organizaciones campesinas”, que han coincidido en oponerse al tratado, porque “no se trata de algunos productos más; no son calzado o textiles chinos, sino los granos, que constituyen la base alimentaria del pueblo de México”.
Se trata, dijo, de maíz y frijol, de profunda raíz histórica y cultural, por lo que consideró que es urgente tomar medidas de protección que impidan una crisis social mayor.
De esta forma, señaló, las perspectivas no serían sólo de competencia desigual ante el “subsidio muy grande (que da) Estados Unidos para su agricultura, sino que podría repetirse la pequeña prueba de inestabilidad que se vivió con el alza a la tortilla a principios de año, ahora ante la probable especulación o franca escasez del grano que pudiera reorientarse a satisfacer el abasto de materia prima en producción de biocombustibles”.
Se trata, dijo, de una “preocupación cualitativamente diferente y mayor”, por lo que no dudó en calificar la apertura agropecuaria de “riesgo muy, muy grande en términos de soberanía alimentaria; un riesgo enorme para el país, muy delicado si no se regulan las importaciones y las exportaciones. Sería algo muy grave”, asentó.
Si bien el mercado de granos ha mostrado crecimiento en los últimos meses –pero con perspectiva incierta– que podría no dejar tan abandonados a los productores en una primera etapa, “como país quedaríamos desvalidos, amarrados, por un producto que se estaría moviendo por intereses distintos al interés de México”, explicó.
Por lo que, dijo, “aún es tiempo de tomar las medidas que debieron emprenderse años atrás, desde que sabíamos que se iba a dar esta apertura (...) para evitar problemas más graves”.
E insistió: “hay que tomar acciones, por eso los distintos gobernadores estamos en contacto, y hay una coincidencia generalizada para revisar el capítulo agropecuario o como país estaríamos en una clara desventaja”, concluyó.


2008 y el EPR
jorge carrasco araizaga
MÉXICO, DF, 28 de diciembre (apro).- Como en años recientes, la agenda del 2008 para el país estará dominada por la inseguridad y la violencia, pero con un peligroso componente adicional impulsado desde el gobierno de Felipe Calderón.

De acuerdo con la versión propalada por las autoridades federales, el año que termina el Ejército Popular Revolucionario (EPR) pasó de una organización de propaganda armada a una con capacidad para atacar las instalaciones estratégicas del país.

Sin más demostraciones que su discurso a partir de los atentados a los gasoductos de Pemex, el gobierno calderonista le dijo al mundo que la guerrilla en México salió de sus bastiones tradicionales de Guerrero, Oaxaca y Veracruz para actuar en regiones conservadoras como El Bajío, por donde cruza el gas que se surte a la importante zona industrial allí instalada.

En esa lógica, se trató de ataques no sólo bien ejecutados, sino muy bien planeados a partir de información sensible del país en poder de esa guerrilla, a la que también en gobiernos anteriores la han vinculado con el narcotráfico.

Si ya fue Pemex, de acuerdo con esa versión oficial, lo que puede seguir entonces son ataques a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (Conagua) o cualquier otra dependencia o industria, como la de telecomunicaciones, a través de las cuales se puede provocar un colapso en la actividad económica del país.

Aun cuando no haya sido el autor de los ataques, el EPR tiene ahora una imagen de un poderoso grupo con capacidad para desafiar al Estado mexicano.

Pero si no lo fue, entonces estaríamos ante un sabotaje promovido desde otros ámbitos.

Uno podría ser el de aquellos interesados en demostrar que el Estado mexicano padece una verdadera vulnerabilidad en sus instalaciones estratégicas. La motivación podría ser meramente económica.

Otro podría encontrarse en el mismo gobierno, en particular en aquellos responsables de la seguridad nacional. No es raro, ni México sería el único país donde ocurriera, que haya autoridades interesadas en propiciar acciones para que el principal responsable de la seguridad de un país –el jefe de Estado– sea más resuelto en sus políticas.

Al hacer de la seguridad una de sus principales apuestas políticas, Calderón Hinojosa puede ser vulnerable a estos escenarios.

Y si en verdad estamos ante una poderosa guerrilla, entonces el escenario para 2008 es aún más complicado, pues las Fuerzas Armadas del país tendrían que multiplicar sus esfuerzos con todo y sus limitaciones de presupuesto.

Sometidos por Calderón a una mayor presión y creciente desgaste social en su “guerra contra el narcotráfico”, los militares tendrían que ampliar sus acciones a combatir la guerrilla. Sobre todo porque después de esos atribuidos éxitos no habría razón para que el EPR se replegara.

No sería raro, tampoco, que alineado al discurso estadunidense, el gobierno mexicano imponga en la sociedad el tema del terrorismo asociado a la guerrilla.

Si bien el Ejército está organizado para cumplir con ambas tareas, su capacidad estaría más que limitada, aunque en esa perspectiva debe entenderse la creación del nuevo Cuerpo Especial del Ejército creado este año por Calderón.

El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal tiene la misión de “restaurar el orden y la paz públicas”, ya sea en el caso del narcotráfico o la guerrilla.

Pero si para la lucha contra el narcotráfico el gobierno de Calderón se sometió al Plan México concebido en el Congreso de Estados Unidos –aún pendiente de aprobación–, en el caso de una guerrilla con la capacidad de ataque que ahora se le atribuye tendría que buscar el reforzamiento de las habilidades y entrenamiento militares, pues el nuevo cuerpo especial del Ejército está integrado por elementos que ya formaban parte de las Fuerzas Armadas.

Calderón apuesta también a que en el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso se apruebe su iniciativa de reforma judicial, encaminada a vulnerar los derechos humanos bajo el pretexto de combatir a la delincuencia organizada y su nuevo enemigo: la potente guerrilla del EPR.