OBISPO DE SALTILLO, LA VOZ QUE NO CALLA.

Advierte el obispo Raúl Vera que continuará con sus acciones en contra de la injusticia
arturo rodríguez garcía
SALTILLO, Coah., 24 de diciembre (apro).- El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, advierte que la campaña de hostigamiento en su contra lo “dinamita para lanzar más acciones en contra de las injusticias que se realizan cada día en este país”.

Entrevistado en su domicilio particular, el obispo asegura que la campaña de hostigamiento no ha logrado amedrentarlo, sino que ha fortalecido su espíritu y sus convicciones personales.

“Nuestras voces serán silenciadas sólo cuando encontremos una estructura social que nos hermane a todos y a todas, y el mundo se ordene en base a la justicia y al derecho”, advierte.

“Esta situación nos lleva a concluir que debemos tomar más precauciones personales y laborales. Pero, lo más importantes es que fortalece nuestra fe, que no es conformista ni pasiva, sino que nos despierta a la realidad”, explica.

El pasado viernes 21, las oficinas del Centro Diocesano de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” fueron asaltadas por dos sujetos encapuchados que, aparentemente, se llevaron documentos personales del obispo Vera López, quien ese día, se encontraba en el estado de Chiapas. Los agresores se introdujeron en el edificio de la Diócesis de Saltillo, donde golpearon y sometieron a la activista, Mariana Villarreal Contreras, cuando se disponía a cerrar la oficina.

Este nuevo incidente, asegura el obispo, se inscribe dentro de la campaña nacional de descrédito y agresiones contra defensores de derechos humanos en el país. Cita, por ejemplo, los casos ocurridos contra activistas de Oaxaca, San Salvador Atenco y Chiapas.

A mediados de noviembre, Raúl Vera denunció que dos sujetos amenazaron de muerte al personal de servicio de su domicilio. “Los vamos a matar”, les dijeron a través del altavoz de la entrada a su casa.

En la entrevista, Vera López habla también sobre la detención de Antonio Santiz, a quien diversos testigos identifican como el autor intelectual de la masacre de Acteal. Duda que sea el único y recuerda que existen recursos pendientes de resolver, pues la actividad de grupos paramilitares fue promovida por el gobierno federal y las fuerzas armadas, por lo que existen otros autores intelectuales.

Subraya, así mismo, que lo que sucedió en Acteal fue un genocidio y que, por ende, el expresidente Ernesto Zedillo, como comandante supremo de las fuerzas armadas, es responsable, igual que el entonces secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, entre otras autoridades federales y estatales.

“Entre los cargos que se han fincado a los detenidos por la masacre, ni siquiera se ha considerado el delito de asociación delictuosa, porque eso sería un reconocimiento de la existencia de grupos paramilitares, que al Estado mexicano no le conviene reconocer.

Alejandro Nadal
Festejos del bicentenario: la reforma judicialLa reforma judicial aprobada por la Cámara de Diputados y retocada por el Senado pretende combatir la delincuencia organizada. Para ello establece varios procedimientos que otorgan flexibilidad en materia de detenciones, arraigo y acceso a información confidencial o privada. La idea central es establecer reglas claras que faciliten la investigación y persecución en materia de delincuencia organizada.
Desde luego, los cateos sin orden judicial o la posibilidad de detener a un indiciado hasta por 80 días, manteniéndolo incomunicado mientras dura la investigación, son cambios graves. Pero la reforma judicial los justifica diciendo que sólo se aplicará en el caso de la delincuencia organizada.
Pero, ¿qué se debe entender por delincuencia organizada? En nuestra legislación penal ya existe la figura de asociación delictuosa, pero eso es distinto de la delincuencia organizada. La primera consiste en una sociedad para cometer delitos en general, mientras que la delincuencia organizada se tipifica en la legislación penal alrededor de delitos específicos.
Las consideraciones que pretenden justificar la reforma judicial contienen una referencia a la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional, firmada en Palermo en 2000. Se pretende cobijar así esta reforma interna y enviar el mensaje de que los cambios propuestos son acordes con las tendencias recientes del derecho internacional. Pero eso es falso. La reforma judicial tiene más parecido con la Ley Patriota de Bush y su Guantánamo que con la Convención de Palermo.
La reforma judicial define la delincuencia organizada como “una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia”. ¿Cuál es esa ley? Se podría pensar que se trata de la ley federal contra la delincuencia organizada, aprobada en 1996 (bajo Zedillo). En esa ley se enlistan los delitos que corresponden a la delincuencia organizada: terrorismo, falsificación de moneda, lavado de dinero, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados y de órganos, asaltos y robo de vehículos.
Sin embargo, ésa no es la legislación de referencia. La ley en la materia no es otra que la propia Convención de Palermo, ratificada por México y, por lo tanto, parte de la ley suprema de la Unión (según el artículo 133 constitucional). Y aquí yace la esencia del asunto: esa convención tiene una definición que no corresponde a la utilizada en la reforma judicial.
La Convención de Palermo define (artículo 2) como “grupo delictivo organizado” a un grupo estructurado de tres o más personas que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico. Esa referencia al tipo de beneficio que un grupo delictivo pretende obtener es una salvaguarda importante que está ausente de la definición de la reforma judicial. Esto entraña un grave riesgo porque el carácter persecutorio de una reforma constitucional sobre delincuencia organizada podría ser extendido así a muchos otros fenómenos sociales, incluso a movimientos cívicos y de protesta social.
Por si fuera poco, la reforma judicial desliza en la lista de delitos graves, junto con los de la delincuencia organizada, los que atentan contra la seguridad nacional. ¿De dónde viene eso? De la Ley de Seguridad Nacional aprobada en 2005 con Fox. En un alarde de mala técnica jurídica, esa ley dice que por seguridad nacional “se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”. Ahora sí estamos en el terreno de lo político y las referencias técnicas a la delincuencia organizada stricto sensu quedan muy lejos. Luz verde a la persecución política con ágiles trámites y procesos inquisitoriales.
Sobre delincuencia organizada tenemos en México una interesante lista de episodios. Comienza con el Fobaproa y llega hasta el caso de la conspiración en contra de Lydia Cacho. Pero no son esos casos lo que preocupa a los promotores de esta reforma judicial. Lo que interesa es penalizar los movimientos sociales de protesta y tener carta blanca para cometer crímenes tipo Acteal, Atenco y los realizados contra la APPO.
Todas las instancias de gobierno cuentan con comisiones organizadoras de festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución. Pero, ¿qué es lo que se va a festejar? ¿La existencia de un Estado democrático en el que predomina la garantía de legalidad para todos? ¿Un nivel de desarrollo económico con bienestar para la población? ¿La reducción de la pobreza a su mínima expresión?
No está muy claro el motivo del festejo, pero un indicio de la fiesta que prepara el gobierno se encuentra en la reforma judicial. ¿Qué mejor que un retroceso de 150 años? De una vez, ¿por qué no eliminamos el juicio de amparo? Digamos adiós a Manuel Crescencio Rejón. ¿Por qué no festejar las leyes centralistas de 1836 y su Supremo Poder Conservador? Después de todo, ahí están los verdaderos precursores de la reforma judicial.



Millones de productores serán avasallados debido a omisiones de Calderón, advierten diputados
Vaticinan “muerte económica” del campo por apatía ante el TLCAN
La política del gobierno federal es “inocente” para afrontar efectos a partir del 1º de enero
Hay parálisis para hacer frente a la disparidad de subsidios en el marco del tratado, subrayan
Roberto Garduño
La entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) significará la “muerte económica” para millones de campesinos mexicanos, que serán avasallados por las omisiones del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y la desproporción de los subsidios otorgados a productores de Estados Unidos y Canadá.
Diputados del PRD responsabilizaron de tal situación al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, “por no haber aplicado normas y prácticas que dieran oportunidad comparativa a los campesinos mexicanos frente a la adversidad que enfrentarán a partir del primero de enero. La política agraria del régimen panista inocentemente apuesta al libre mercado y olvida que la economía nacional difiere sustancialmente de las acciones que en Estados Unidos benefician a los productores de aquel país”, expuso Juan Guerra Ochoa.
Con dureza, el diputado del partido del sol azteca advirtió que el juicio de la historia se enfocará en la responsabilidad de Felipe Calderón y de Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Secretaría de Agricultura, por sus omisiones.
“En pocos días comenzaremos a observar que no sólo los productores resultarán afectados por la errática política agraria de la actual administración. Lo más grave es que además el consumidor final recibirá el impacto directo del incremento en el precio de los alimentos y, sobre todo, de la escasez, porque la entrada libre y sin control de los productos de Canadá y Estados Unidos a suelo mexicano propiciará con el tiempo la especulación”, añadió.
A tal postura se sumó su compañero de bancada Emilio Ulloa Pérez, quien criticó “la absurda actitud política de Felipe Calderón, quien se ha dedicado a apostar su legitimidad a las fuerzas armadas. Es una paradoja que, en lugar de atacar los problemas de fondo, trate, por medio de la fuerza del Estado, de responder a un problema que se ha generado no por el narcotráfico en sí, sino por la pobreza rampante que se vive en la mayoría de las comunidades campesinas del país”.
José Manuel del Río Virgen, diputado por Convergencia, indicó que “la abierta y clara ausencia de políticas de las autoridades nacionales para enfrentar los retos que conlleva el libre comercio en el campo deberá significar un argumento principal para acusar y posteriormente juzgar a las autoridades federales por la miopía con que se han conducido no sólo en los últimos meses, sino desde el gobierno de Vicente Fox, quien obtuvo 700 mil millones de pesos, producto de los excedente petroleros, y ni un pozo extra mandó perforar en ninguna parte de México”.
También Silvano Garay, diputado por el Partido del Trabajo, refirió que además de la “justificación” que habrán de dar las autoridades por su inmovilidad, estarán obligadas a responder “al fenómeno de escasez de alimentos que se avecina”.



Largos cacicazgos marcan a los grupos campesinos
Disputas internas multiplican el número de entidades
Matilde Pérez U. /II y última
Historias de divergencias se tejen en torno a la permanencia de los liderazgos en las organizaciones campesinas de mayor arraigo social, pero predomina el dicho: “El mejor momento para retirarse es cuando nadie quiere que te vayas, y quedarse cuando los otros se oponen”.
Sin embargo, no parece ser el caso de Humberto Serrano Pérez, quien lleva 37 años como dirigente de la Confederación Agrarista Mexicana (CAM), fundada el 13 de septiembre de 1970, producto de una de las tres escisiones de la Central Campesina Independiente, y que incluso ha enfrentado a sus vástagos para continuar controlando la dirección de la organización, aunque dice abjurar del charrismo y se muestra orgulloso porque suma casi 800 “recuperaciones de tierra” en 17 estados. Sostiene que los gobiernos del PAN privilegian a las organizaciones no gubernamentales y rechazan a las agrupaciones identificadas con las luchas agrarias.
Central Campesina Cardenista: Nace el 10 de abril de 1988, a raíz de la convocatoria del Frente Democrático Nacional (FDN) y como parte del auge de un movimiento nacional independiente. También influye en su desarrollo posterior una ruptura con la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). A los pocos meses de que Jorge Amador Amador asumiera el liderazgo de la organización, es invitado por el PFCRN a asumir la dirección del partido. Después de algunos meses llega Teódulo Martínez Vergara, quien firma el acuerdo de reforma al artículo 27 constitucional y acepta que la agrupación campesina sea un “contingente de masas del PFCRN”. Entre 1992 y 1993 se disuelve la dirigencia ligada con dicho partido por la renuncia de Amador Amador, se tambalea la existencia de la CCC y, finalmente, el 26 de octubre de 1994, acuerda deslindarse definitivamente del PFCRN. Max Agustín Correa Hernández queda entonces al frente de la organización campesina.
Los cambios incluyen reformas a los estatutos, en los que se rechaza la relección de las dirigencias nacional y estatales, y se afirma que será independiente de los partidos políticos; pero en 1996, fecha de vencimiento de la dirigencia en turno, los congresistas argumentan que la organización está en una etapa de fortalecimiento y se pronuncian en contra del relevo. Una vez concluido un nuevo periodo, en el marco del triunfo de Vicente Fox y del PAN en las elecciones federales, los delegados campesinos otorgan “un voto de confianza” a Correa Hernández para que continúe al frente.
“La permanencia del comité nacional fue, en un primer momento, para rescatar la identidad de la organización y recuperar los cuadros dispersos de la CCC. En un segundo momento, por el factor de unidad y ante la inquietud de formar un partido político en las elecciones de 2000 y las intermedias de 2003”, comenta Max Correa.
Al cumplir tres periodos continuos como líder de la CCC, afirma que la relección se ha convertido en “una camisa de fuerza”, y aunque en los estatutos quedó aceptada, dice estar trabajando en sentar las bases para la transición de la dirigencia. “No descarto que empiece a cuestionarse la continuidad. Por eso hay que preparar el relevo en marzo de 2008”, añade.
Unión Campesina Democrática (UCD): También surge en el marco de la candidatura presidencial del FDN, aunque su nacimiento se formaliza el 10 de abril de 1990. Desde entonces José Durán Vera se mantiene al frente de la organización, que participa en la lucha por la tierra, la justicia agraria, la comercialización y la producción, y abandera la regularización de vehículos extranjeros, asunto que se vuelve prioritario y que origina la ruptura con varios de los fundadores, entre ellos Alejandro Cruz, cuyos seguidores conforman la organización llamada Maíz.
Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM): El 21 de junio de 1949 surge como un instrumento de defensa y lucha de los intereses económicos y sociales de los obreros y campesinos. Enarbolaba la libertad de asociación y la reforma agraria. Sus primeros dirigentes fueron Vicente Lombardo Toledano, Jacinto López y Jesús Orta Guerrero, quienes permanecieron largos periodos al frente de la organización. Actualmente Valentín González Bautista sigue los mismos pasos.
Sin embargo, tras el fallecimiento de Jacinto López –mayo de 1971– se suscita la disputa por la dirigencia. Juan Rodríguez se autonombra como dirigente de la UGOCM, a la que le agrega el nombre de Jacinto López, y desde finales de la década de los años setenta está bajo el mando de José Luis González Aguilera, quien recientemente se sumó al PAN. En ambos casos no se vislumbran cambios.
Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA): El 28 de agosto de 1988 nace la organización, encabezada por Álvaro López Ríos, quien peleó por las siglas de la agrupación, pues también las ostentaba Jorge Amador Amador. Además tuvo que aceptar una escisión que posteriormente daría paso a la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas. Identificada como una organización de izquierda en la que confluyen militantes del PRD, del PT e incluso del PRI, en sus documentos plantea que su objetivo es la emancipación de los campesinos y la revaloración del sector agropecuario en el desarrollo nacional.
No elude que en torno a los liderazgos de las organizaciones hay señalamientos de que se manejan por intereses políticos y económicos, además de que hay sospechas de que no corresponden a las demandas y necesidades de los campesinos. La más reciente escisión fue la encabezada por Isidro Pedraza Chávez, cuya salida se debió a la negativa de López Ríos a convocar a un relevo en la dirigencia. Pedraza Chávez encabeza ahora la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC).
Coordinadora de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc): El 18 de marzo de 1988, en el marco de la conformación de la comisión organizadora de la Unidad Campesina, surge con una dirigencia colegiada encabezada por Álvaro López Ríos, Francisco Martínez Rojo, Ignacio Irys Salomón y Rogel del Rosal. En el contexto de la lucha politico-electoral del FDN se da nombre y apellido a la organización. El 17 de marzo de 1992, en el primer congreso, se elige a Irys Salomón secretario general, quien permanece en el cargo hasta 2004, luego de que se confirmara que usó los recursos para acrecentar su patrimonio familiar y su intención de utilizar la fuerza de la organización para conformar un partido político.
“Sus 12 años de permanencia como dirigente no estaban impugnados por los estatutos, ya que los periodos eran de tres años, con posibilidad de relección; se admitió ese tiempo porque la organización no tenía fondos”, dice Marco Antonio Ortiz.
Miguel Luna fue electo sustituto de Irys Salomón, pero ambos siguen disputando la titularidad de la representación.
Alianza Campesina del Noroeste (Alcano): Se constituye en 1985, producto de las protestas de los campesinos de Sonora y Sinaloa por la caída de los precios de garantía en los granos básicos, lucha en la que participó Juan Leyva Mendívil, misma que lo empuja a la dirección de la organización, en la que continúa.
Coordinadora Nacional Plan de Ayala: Con la pretensión de constituirse en una red de organizaciones regionales y algunas nacionales, el 8 de octubre de 1979 nace la organización, en cuya dirigencia participaron Rosalía Peredo y el dirigente de la Unión de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ), Efrén Capiz; entre 1986 y 1987 se crea una dirección colectiva en la que participan la organizaciones campesinas de Jalisco y Veracruz, y el Comité de Defensa de Lucha Indígena de Palenque. Esta última abandona el esfuerzo colectivo y se suma a la UCD.
En 1990, en un congreso se constituye la nueva comisión ejecutiva, pero se elimina la figura de presidente y se nombra un consejo consultivo en el que participan Emilio García, Carlos Ramos y Pedro García; se acuerda que nuevos integrantes se sumen cada tres años y que sea ese el periodo de relevo.
Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas: El 28 de marzo de 1985 nace como resultado de la unión de varias organizaciones locales y regionales. Sus dirigentes son electos cada cuatro años. En 1998 dos grupos pequeños abandonan la agrupación, uno encabezado por Hugo Andrés Araujo, quien se integró a la CNC, y el otro, formado por asesores, entre quienes sobresalió Gustavo Gordillo, ambos ligados fuertemente al ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Sus agremiados participan en el relevo de la comisión ejecutiva cada cuatro años.
En 1989 se constituye El Barzón. Su bandera: evitar embargos por la incapacidad de pago de los campesinos. Al frente de la dirigencia quedan Alfonso Ramírez Cuéllar y Juan José Quirino. Una vez resuelto parcialmente el problema de la cartera vencida en el campo, la organización se divide y se establece El Barzón Popular, encabezado por Crescencio Morales.
Al inicio de la administración foxista, Ramírez Cuéllar anuncia el cambio de nombre de El Barzón por el de Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros, con una estructura de direcciones estatales colectivas.

En los últimos años, la matrícula de esas primarias se redujo en 350 mil, según el INEE
Miles de niños dejan escuelas rurales aisladas a consecuencia de la migración
El sistema educativo nacional está perdiendo a los alumnos “más pobres y vulnerables”
Karina Avilés
Ampliar la imagen Niñas indígenas estudian en la escuela primaria bilingüe Benito Juárez, en San Luis Potosí Foto: Cristina Rodríguez
Más de 7 millones 69 mil 420 niños del sistema educativo nacional –que representan la tercera parte del total– estudian en escuelas en condiciones de aislamiento, aunque en años recientes ha disminuido el número de alumnos de primaria en localidades rurales.
La posible causa de esta reducción de cerca de 350 mil menores que asistían a planteles alejados de los polos urbanos es la migración rural que se orienta hacia Estados Unidos o centros más poblados, alerta el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Señala que en 10 de los 24 estados donde destaca la población indígena hay disminución de matrícula, y en seis un decremento del número de planteles.
Frente a ello, hay dos consecuencias que impactan el sistema educativo: una, anticipar la presencia creciente de migrantes rurales en las ciudades, y la otra tiene que ver con que la población campesina que deberá recibir educación básica será menor, “lo cual puede favorecer el aumento de la cobertura de prescolar y secundaria en esas zonas”.
En su más reciente informe sobre la calidad de la educación básica en México, el INEE apunta que en el nivel de prescolar hay 1 millón 337 mil 141 niños que asisten a escuelas con algún grado de aislamiento, mientras que en primaria esa cifra asciende a 4 millones 338 mil 23, y en secundaria, a 1 millón 394 mil 256.
Sin embargo, advierte sobre una tendencia que apunta hacia un sistema de enseñanza que está perdiendo a los alumnos más pobres y vulnerables que asisten a cursos comunitarios, para indígenas y para la población en general, en estos planteles en condición de aislamiento.
Así, por ejemplo, la primaria es el nivel donde se observan los mayores decrementos. De 2000 a 2005, en la modalidad general dejaron de estudiar 306 mil 315 niños, 8 por ciento menos de la matrícula que se tenía al inicio de la década. Pero en los cursos comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) la baja fue de 22.8 por ciento, aunque en términos absolutos llega casi a 25.
Además, la matrícula de las primarias indígenas de localidades ubicadas a tres kilómetros o menos de una carretera, también se redujo de 305 mil 921 estudiantes en 2000, a 299 mil 790 en 2005. En total, la disminución en ese periodo fue de 336 mil 763 escolares que viven en poblados de difícil acceso.
“La reducción, tanto en el número de escuelas como en la matrícula de las primarias generales y cursos comunitarios en las localidades rurales, aporta elementos que evidencian un decremento de la población escolar en la educación básica, que no es totalmente explicado por la disminución de grupos de escolares a partir de la baja que presenta la fecundidad.
“Es altamente probable que la migración rural, presumiblemente orientada hacia centros más poblados o al extranjero, sea la responsable de esta baja en la matrícula”, alerta el instituto.
De acuerdo con el Nuevo Atlas Nacional de México, del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, a principios del siglo pasado los migrantes internos eran 887 mil, que equivalían a 6.5 por ciento del total; para 2000, la población que habitaba en un estado diferente al de su nacimiento rebasó los 17.7 millones, lo cual representó 18.2 por ciento del conjunto, lo que significa que dos de cada 10 personas en México modificaron su lugar de residencia.
Una constante es que las personas prefieren emigrar hacia zonas urbanas, sobre todo a poblaciones de mayor tamaño