COMPLICIDAD EN PRIVATIZACION
11 ene 2008
Hay acuerdo entre Calderón y priístas para entregar Pemex, denuncia AMLO
Habrá resistencia civil; el negocio del petróleo debe ser de los mexicanos, afirma
Preservar la industria petrolera no es sólo un asunto ideológico, sino de finanzas
Fabiola Martínez (Enviada)
Villa Guerrero, Edomex, 10 de enero. Andrés Manuel López Obrador advirtió que la presentación de la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para abrir la explotación de petróleo al capital privado detonará el movimiento de resistencia civil que encabeza.
El ex candidato presidencial aseguró que posee información acerca de un acuerdo previo entre Felipe Calderón y los legisladores priístas para llevar al Congreso de la Unión la reforma energética que daría vía libre a empresas extranjeras en la exploración y explotación del crudo.
“(La iniciativa priísta) está acordada entre Calderón y las cúpulas del PRI y PAN, pero no van a lograr su objetivo, no lo vamos a permitir por ningún motivo. Estamos preparándonos, habrá resistencia civil. Les vamos a demostrar que el pueblo manda”, expresó.
En gira por esta entidad, el “presidente legítimo de México” dejó en claro que ante el tema de Petróleos Mexicanos (Pemex) no hay lugar para la medianía ni la moderación.
El senador perredista Silvano Aureoles declaró el miércoles pasado que podría haber “flexibilidad” de los legisladores del sol azteca ante este tema.
Consultado al respecto, López Obrador dijo que aquel que apoye la reforma energética es traidor a la patria, sea del partido que sea. “Aquí nada más hay dos agrupamientos: los que están a favor de las reformas energéticas, que significan la entrega del petróleo a extranjeros, y los que no estamos de acuerdo. No se puede permanecer en medio ni ser moderado”, advirtió.
–¿Hay capacidad de movilización?
–Sí, la gente está atenta, nos estamos organizando y no van a lograr el propósito de entregar el petróleo. Vamos a demostrarles que el pueblo manda.
En el arranque de la gira 49 del también ex jefe de gobierno capitalino, empezó la distribución de pegotes del “Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo”, con la dirección electrónica impresa www.patrimonio.org.mx
Por lo pronto, en municipios ubicados al sur del estado de México (Malinalco, Ixtapan de la Sal, Tenancingo, entre otros), López Obrador invitó a sus simpatizantes a participar en el mitin del 18 de marzo, en conmemoración del 70 aniversario de la expropiación petrolera.
En los mítines, el “presidente legítimo” explicó algunas de las razones que lo impulsan a luchar a favor del carácter público de Pemex: “El petróleo es el mejor negocio del mundo; cuesta seis dólares la extracción de cada barril y se vende en un precio mucho mayor, por lo que ese negocio tiene qué seguir siendo de México y no de particulares ni de extranjeros ¡Que no nos regresen al porfiriato!”, exclamó. Por ello, reiteró que el movimiento nacional en defensa del petróleo va en serio, “aun cuando en los medios de comunicación digan que somos revoltosos”.
Insistió que Calderón, igual que las administraciones anteriores, “pretenden deliberadamente dejar caer a Pemex para luego venderla”. Sin embargo, dijo, la “industria petrolera, bien administrada, puede ser la palanca de desarrollo del país, pero si se pierde terminaremos como esclavos en nuestra propia tierra”.
Manifestó que en el plan de resistencia civil no hay titubeos porque el objetivo es preservar la industria petrolera para los mexicanos. “No sólo es un asunto ideológico. Si se entrega el petróleo a los extranjeros, ¿cómo vamos a financiar el desarrollo, la educación y la salud?” En esta lucha, agregó, “se reciben muchos golpes, pero (la gente) me da fuerza. Mientras haya pueblo hay esperanzas”.
En los módulos del “gobierno legítimo de México”, instalados en los municipios que recorre López Obrador (más de mil 100, hasta ahora) fue entregada la credencial, como representante del gobierno legítimo, número 2 millones.
El procurador de Jalisco estuvo en bacanal con menores de edad
Alega que el funcionario pudo no haberse enterado de que se estaba cometiendo una violación
Sostiene que hay gente interesada en que crezca el escándalo, “pero no hay nada diferente”
Juan Carlos G. Partida (Corresponsal)
Guadalajara, Jal., 10 de enero. El gobernador Emilio González Márquez finalmente reconoció que el procurador general de Justicia del estado, Tomás Coronado Olmos, estuvo en una fiesta donde, según se denuncio penalmente, hubo prácticas sexuales con menores de edad, una de las cuales fue presuntamente violada por el ex funcionario municipal tapatío Martín Aguirre Aguirre, hoy prófugo.
“Lo que hay detrás de esto es gente interesada en que el tema crezca. Esta creciendo, está bien, están logrando el objetivo, pero no hay nada diferente”, dijo González Márquez, quien puso en duda que las personas que estuvieron presentes en la fiesta donde ocurrió la presunta violación se enteraron de ésta y si las menores que participaron en esas reuniones fueron “ostensiblemente presentadas como menores (…) No sabemos si se enteró (de la violación) porque la respuesta que él da es que no se enteró.
“Podría ser que en este mismo espacio ahora estuviese ocurriendo algún ilícito sin que nosotros nos enteremos, y no nos hace cómplices ni responsables si en estos alrededores se comete algún ilícito por el hecho de estar aquí y no enterarnos. Esa es la pregunta: ¿participó? La respuesta de todo mundo es: no, no participó”, dijo.
En agosto pasado se supo que el procurador Coronado Olmos fue señalado por una menor de edad y su madre como uno de los asistentes a una reunión en la cual la joven fue presuntamente violada por Martín Aguirre Aguirre, entonces funcionario de alumbrado público del ayuntamiento panista de Guadalajara, contra quien se giró una orden de aprehensión cuando ya había huido.
La implicación del procurador se conoció de manera fortuita. El fiscal de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), Marco Antonio Chávez Villegas (adscrito a la Subprocuraduría C), interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en la que aseguró que fue golpeado y retenido por escoltas del subprocurador estatal, Jorge David Delgadillo Báez, luego que dio entrada a la denuncia de la madre de la adolescente de 16 años supuestamente violada, en la cual ésta señalaba que Coronado Olmos había acudido a esa fiesta, realizada en una granja ubicada en la periferia de Guadalajara.
Fue la primera de varias quejas de hostigamiento. La siguiente fue la del entonces subprocurador C, Víctor Manuel Landeros Arvizu, a quien Coronado Olmos acusó de orquestar una “infamia” en su contra. El 20 de diciembre pasado el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, reveló que Landeros Arvizu presentó una queja porque “tiene un temor muy grande” por su seguridad y la de su familia, luego de haber recibido diversas amenazas. Luego de que el procurador acusó a Landeros Arvizu, éste salió de la PGJE en noviembre porque ya no le renovaron su contrato.
Ya fuera de la Procuraduría, Landeros Arviz le tomó la palabra al gobernador Emilio González Márquez, quien declaró que si alguien presentaba una denuncia directa en contra del procurador se crearía una fiscalía especial, para la cual propuso a Guadalupe Morfín Otero. El ex funcionario presentó la denuncia contra Coronado Olmos y dijo que estuvo en la bacanal.
En respuesta, la PGJE presentó una querella contra Landeros Arvizu, a quien acusó de falsear información y obtuvo una orden de aprehensión, de la que se ha librado el ex subprocurador gracias a un amparo.
Aunque se han acumulado acusaciones y quejas por supuesto hostigamiento contra quienes han insistido en la presencia del procurador en esa reunión, ni el gobernador ni el presidente de la CEDHJ han querido manifestarse en favor de la salida de Coronado Olmos mientras se investiga el caso, como han sugerido otros actores políticos y sociales. En octubre el Congreso rechazó un pronunciamiento para separar del cargo al procurador. Sólo algunos diputados han expresado sus dudas.
El mandatario y los involucrados en este caso forman parte de un grupo formado hace algunos años. En el trienio 2004-2006, cuando el hoy gobernador era alcalde de Guadalajara, Tomás Coronado Olmos fungía como secretario general del ayuntamiento y Martín Aguirre Aguirre, el presunto violador, era abogado en la secretaría general.
Debido al estancamiento de las investigaciones, la organización no gubernamental Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República. Las agraviadas no han querido ponerse bajo la tutela de la procuraduría estatal por temor a represalias.
El Cepad también solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya oficina central en Washington, DC, pidió al Estado mexicano un informe detallado sobre el caso. Más aún, el Cepad presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero el organismo regresó el caso a la CEDHJ.
Este jueves el presidente de la CEDHJ dijo que el expediente completo de la queja se enviará a la cancillería para que sea remitido a la CIDH.
TLC: Sobre advertencia no hay engaño
carlos acosta córdova
México, D.F., 10 de enero (apro).- Es muy mexicana la costumbre de reaccionar a toro pasado, de lamentarnos antes que prevenir, de querer cerrar el pozo después de ahogado el niño; de no hacer caso y aun reírnos cuando nos amenazan de que ahí viene el lobo y sorprendernos cuando llega. Nos es más fácil rasgarnos las vestiduras, gritar y chillar, que hacer un acto de conciencia y reconocer nuestras culpas. Viene a cuento todo esto por la llegada del famoso arancel cero para las importaciones de los productos agropecuarios –maíz, frijol, azúcar y leche-- que faltaban por desgravarse totalmente según lo estipulado en el tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Llegó, pues, el 1 de enero de 2008, la fecha fatal para que puedan entrar al país libremente, sin barreras, esos productos.Y el griterío no se ha hecho esperar: se va a acabar el campo mexicano; la soberanía alimentaria quedará en manos extranjeras; el país, a merced de las potencias; los mexicanos, a un destino más miserable.Y ante ello, muchos se aprestan a hacer grandes protestas, paros laborales y productivos, movilizaciones en el campo y las ciudades, como si con ello se pudiera solucionar algo. Es realmente patético. Como lo es, también, el ver los ríos de tinta en medios informativos impresos y la saturación de espacios en los electrónicos, concentrándose –con honrosas excepciones-- en ese griterío, y haciéndose eco de los lamentos que, en muchos casos son, por decir lo menos, exagerados.Y vaya que si ha habido exageración. Los dirigentes de las organizaciones sociales y campesinas no se cansan de hablar, de malinterpretar y malinformar: quieren dejar la impresión de que la apertura se hizo de un día para otro o de un año a otro. La realidad es que la apertura empezó desde el inicio del TLC, fue gradual y el salto de la desgravación, por lo menos en el caso del maíz, de 2007 a 2008 es igual al que ocurrió en los últimos nueve años –entre 18.1 y 18.2 puntos porcentuales menos de arancel, de un año a otro--, como puede apreciarse en la siguiente tabla –elaborada por el Centro de Estudios sobre Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en los acuerdos firmados por los tres países en el TLC, incluidos en el Anexo II del texto final del tratado--, en la que se consigna el arancel que se cobró cada año, sobre el valor de lo importado, en los casos del maíz y el frijol.AÑO MAÍZ FRIJOL1994 206.4% 133.4%1995 197.8 127.81996 189.2 122.31997 180.6 116.71998 172.0 111.21999 163.4 105.62000 145.2 93.92001 127.1 82.12002 108.9 70.42003 90.8 58.72004 72.6 46.92005 54.5 35.22006 36.3 23.52007 18.2 11.82008 0.0 0.0En el caso del maíz puede apreciarse que, durante los primeros cinco años del TLC, el arancel disminuyó cada año 8.6 puntos porcentuales; en los siguientes nueve, la desgravación fue constante, de 18.1 o 18.2 puntos porcentuales cada año. En el caso del frijol, la desgravación siguió el mismo ritmo que la del maíz, pero en porcentajes menores: los primeros cinco años, el arancel fue menor en 5.5 ó 5.6 puntos porcentuales cada año; los siguientes nueve, el arancel bajó 11.7 u 11.8 puntos por año, hasta llegar a cero, en 2008, como en el maíz, el azúcar y la leche en polvo.Y esto lo sabía todo mundo: gobierno, campesinos, productores, empresarios, organizaciones… Entonces, más que estar gritando, lo que tendríamos que estar haciendo es preguntarnos qué se hizo en 14 años para estar igual o peor que al inicio del tratado. Porque visto éste, a la luz de su planteamiento original, las expectativas creadas con él, no hay duda que ha sido un fracaso en muchos sentidos. En el optimismo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, México sería, de la mano del TLC, una nación radicalmente distinta: un país moderno, integrante del mayor bloque comercial del mundo –en ese entonces, cuando todavía no se formalizaban las negociaciones entre los tres país: 360 millones de habitantes y un valor de la actividad económica de casi seis millones de millones de dólares– con suficiente empleo, con una industria dinámica y eficiente, usufructuaria de la tecnología de punta, con un crecimiento explosivo de las exportaciones, mejores niveles de ingreso, una economía altamente competitiva, sin fugas de mano de obra ni de capitales, el mejor de los tratos con los colosos del norte; sería una base estratégica de otros países de Europa y Asia, que traerían progreso y mayores oportunidades de empleo.Sin el tratado --nos vendían la idea--, nada de esto sería posible, por lo menos no a la velocidad y urgencia que requieren el atraso y la pobreza del país. Lo dijo Salinas de Gortari en un viaje a Estados Unidos y Canadá, antes de que se firmara el tratado: "Se perderán empleos"... "si nos aislamos habrá mayores problemas frente a la competencia internacional de bloques..."; "más mexicanos se irán a Estados Unidos en busca de trabajo..."; "viviremos una guerra comercial global..."; "será imposible una zona continental de libre comercio..."; "no tendremos competitividad..."; "estaremos condenados al atraso y la marginación...".El TLC entró en vigor el 1 de enero de 1994. Y a 14 años de distancia, nada de lo prometido se logró, salvo el crecimiento explosivo de las exportaciones. En efecto, las ventas totales al exterior, que en 1994 tuvieron un valor de 60,800 millones de dólares, subieron en 2006 a 250,300 millones de dólares, una cifra equivalente al 41% del PIB nacional. Aunque también las importaciones crecieron sustancialmente: de un valor de 65,400 millones de dólares, en 1993, pasaron a 221,800 millones en 2006. Y ya en el caso particular de los socios del TLC, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos crecieron en más de 355%, y a Canadá en más de 205%.Con todo y lo positivo que esto sea, el crecimiento espectacular de las exportaciones jamás se tradujo en un rápido crecimiento económico general. Ni siquiera ocurrió con la generosa entrada de inversión extranjera directa, que en lo que va del TLC, ha colocado a México entre los principales países receptores de la IED mundial. Y lo que ello implica, a fin de cuentas, porque es lo que importa, no salimos de atraso, de la improductividad, de la falta de empleo, de los bajos salarios.Entonces, más que ponernos a gritar lo que hace falta es un verdadero examen de conciencia, actuar ya en serio, no sin dejar de reconocer lo que no hicimos, cada quien desde su trinchera: el gobierno, que ha sido incapaz de acompañar la apertura comercial con políticas públicas que fortalezcan nuestra industria y el campo, que le dieran una mejor integración a las cadenas productivas; los empresarios, sobre todos los grandes –los más favorecidos con la apertura--, que sólo han utilizado para su propio beneficio –ni siquiera de sus empresas-- todos los estímulos oficiales que han acompañado al TLC; las organizaciones sociales, que aun ahora, tras 14 años de ese acuerdo, siguen operando corporativamente, algunas como apéndices de partidos, garantes y/o vendedores de votos, y que eternamente han reclamado más subsidios cuando de ello han vivido, pero que no han hecho gran cosa para organizar productivamente a sus representados; los legisladores, que siguen dormidos en sus laureles, desatendiendo las urgencias nacionales y que sólo reaccionan cuando tenemos el agua al cuello… la sociedad toda, que no levantamos la cabeza; que no podemos ver más allá de nuestras narices; que no podemos sacudirnos de esa necesidad patológica de sentirnos acogidos paternalmente.En suma, como dicen los clásicos, el destino nos alcanzó. Pero estaremos peor si sólo nos quejamos y nos quedamos con los brazos cruzados.
La regresión
Luis Javier Garrido
El estallido social que el gobierno panista de facto niega todos los días que se vaya a producir parece, sin embargo, cada vez más cercano por la miopía de quienes se han apoderado del aparato estatal.
1. El proceso político que ha vivido el país entre 1988 y 2000 y en el cual el PAN se ha erigido instrumento de los poderes fácticos, ha sido de una regresión en casi todos los órdenes, y lo que la propaganda oficial insistió en calificar como una “transición democrática” –utilizando los términos que los ideólogos del Pentágono impusieron en América Latina desde los 90–, no ha sido a fin de cuentas más que una operación tendiente a destruir la capacidad soberana del Estado y a cancelar derechos fundamentales del pueblo a fin de poder desmantelar a la nación mexicana.
2. La que ahora se pretende llamar oficialmente “alternancia política”, y que en realidad ha sido desde 1997 un cogobierno del PRI y el PAN, no ha constituido más que una estrategia de recomposición del aparato de dominación política a fin de “legitimar” a las autoridades tras el desgaste de 75 años de gobiernos priístas. Por consiguiente, el Partido Acción Nacional en el gobierno ha negado en los hechos todas sus tesis históricas, y ha sido durante los gobiernos de Fox y de Calderón el partido del fraude electoral, de la corrupción, de la cancelación de los derechos fundamentales del pueblo y de la entrega de los recursos estratégicos de la nación al extranjero.
3. El PAN carece desde hace tiempo de un proyecto y sus actuales cuadros no tienen más propuesta que la de los grupos de la extrema derecha de cualquier país. Desde los años en que Carlos Castillo Peraza fungió como presidente panista (1993-1997) y entendió que el partido fundado por Manuel Gómez Morín carecía ya de una identidad y un proyecto propio, y sus miembros no eran más que pragmatistas de derecha sin escrúpulos, lo vinculó al Partido Popular de España, que se tornó en su modelo, y asumió el perfil neofranquista que tiene ahora como partido del clero conservador, de los empresarios golpistas y de la pequeña burguesía fascistizada.
4. Los panistas en cargos públicos, a nivel estatal como federal, han hecho suyos a su vez todos los vicios que señalaban a los priístas, y han sido mucho más corruptos que aquéllos: han gobernado de manera patrimonialista, obsesionados por los negocios, sin más proyecto político que entregar el país al dominio de las multinacionales para lo cual han recurrido a las prácticas que pretendieron combatir en el PRI durante los 50 años en que fueron una fuerza pequeña de oposición (1939-1988), por lo que reprimen lo mismo a los movimientos sociales –y ahí están encarcelados sin sustento legal Ignacio del Valle, de Atenco, y Flavio Sosa, de la Asamblea Popular de los Pueblo de Oaxaca–, que desaparecen a opositores o acallan a los medios.
5. El gobierno panista de Calderón no oculta su extrema debilidad, pues sabe que es un gobierno sin respaldo social, y ante su compromiso con los poderes trasnacionales para entregarles el sector energético, actúa con pánico frente a un pueblo que a pesar de sus esfuerzos sigue respaldando a López Obrador. De ahí que como todos los poderes de talante totalitario se lance ahora contra las personalidades moderadas y se oponga lo mismo a que Genaro Góngora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocupe la presidencia del Instituto Fedela Electoral, que a que la periodista Carmen Aristegui tenga un espacio importante en la radio.
6. El esquema de la actual mecánica del poder no ha sido del todo desastroso para los priístas, pues si el PAN carga con el costo de las políticas antipopulares, la toma de decisiones sigue estando en manos de los priístas. Carlos Salinas de Gortari tiene más poder político que Felipe Calderón, quien actúa como su pelele, no sólo por controlar varias secretarías de Estado y el Congreso (por coducto de de sus esbirros: el senador Manlio Fabio Beltrones y el diputado Emilio Gamboa), sino por su poderío económico, pues es codueño de las principales empresas del país a través de decenas de empresarios que son sus prestanombres, desde Carlos Slim hasta Lorenzo Zambrano, o a los que se encuentra asociados, aquí y en el exterior, desde Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego hasta Jesús de Polanco.
7. Los panistas, a cambio de no intervenir en las grandes decisiones, tienen sus pequeños cotos de poder y han podido apoderarse del aparato estatal, ponerlo al servicio del clero y de los empresarios, y dedicarse ellos mismos a los negocios impunemente. Calderón ha encubierto los gravísimos actos de corrupción de Fox, Marta Sahagún y sus hijos, no sólo porque le debe la silla presidencial a la que llegó por el fraude, sino porque él mismo y sus allegados están dedicados a hacer negocios ilegales.
8. La prepotencia con la que el aventurero gallego Juan Camilo Mouriño (jefe de la Oficina de la Presidencia y vicepresidente de facto de México) se está apoderando del sector energético (Proceso 1627) sólo rivaliza con la actitud desvergonzada en el tráfico de influencias de los cuñados ya no tan incómodos de Calderón, Juan Ignacio Zavala y Diego Hildebrando Zavala.
9. El panismo de hoy no sorprende por su vocación de traicionar a México y entregar los recursos estratégicos del país al capital trasnacional, ni por su esfuerzo en cancelar los derechos sociales de campesinos y trabajadores, o de atentar contra las garantías constitucionales, pues la experiencia desastrosa del corrupto Vicente Fox ya lo exhibió tanto como ahora lo hace el gobierno ilegítimo de Calderón.
10. Los acuerdos de Salinas y el PAN en 1988 llevaron al país no a la democracia, sino a la grave crisis institucional en que se halla ahora, y el dilema de México es el de hace 20 años, nada más que con el país devastado, amplios sectores de la sociedad confundidos y un pueblo al que ha llegado a sus límites.
