EN RESPUESTA A LA SUMISION DEL GOBIERNO

Expulsa EU a estudiantes mexicanos que asisten a escuelas públicas de California
Personal originario de México retrata en las garitas a los niños que cruzan a diario la frontera
Antonio Heras (Corresponsal)
Mexicali, BC, 3 de enero. Las autoridades de Estados Unidos reforzaron los controles en la frontera para expulsar a estudiantes mexicanos inscritos en escuelas públicas de California, denunció Pablo Arnaud, cónsul de México en Calexico.
El funcionario invitó a los padres de familia de Baja California a inscribir a sus hijos en escuelas mexicanas para evitar maltrato con la aplicación de la ley de California, la cual establece que sólo pueden ingresar a centros educativos públicos las personas que residen en Estados Unidos.
El gobierno estadunidense contrató a personal –la mayoría de origen mexicano– para que tome fotografías en las garitas internacionales a los estudiantes que cruzan la frontera de manera cotidiana para acudir a escuelas públicas del condado de Imperial, limítrofe con Mexicali.
Este padrón fotográfico se envía a los distritos escolares para que los directivos detecten a los niños y adolescentes y procedan a su expulsión.
El diplomático comentó que lo importante es hacer conciencia con los padres de familia para que no arriesguen a sus hijos y los inscriban en México, donde hay una excelente educación pública, a diferencia de las escuelas privadas.
En otro orden, la agencia Notimex dio a conocer la existencia de un documento elaborado por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), en el cual se destaca que en los últimos dos años, las iniciativas de ley o reglamentos antimigrantes en Estados Unidos han aumentado de manera importante, con el propósito de que las autoridades locales puedan controlar directamente el ingreso de indocumentados.
Por medio del Sistema de monitoreo de leyes sobre el control de la migración en los ámbitos local y estatal, el IME señala que hay una tendencia a otorgar facultades a las autoridades locales para aplicar las leyes migratorias.
En 39 condados (equivalentes a municipios), correspondientes a 18 estados de Estados Unidos, existen iniciativas –tanto aprobadas como en proceso– desde el nivel de ordenanza hasta el de ley, indica un recuento del IME.
De acuerdo con el documento, muchas de estas iniciativas han sido presentadas en localidades que antes no combatían la inmigración irregular, y están enfocadas concretamente a impedir el ingreso ilegal de mexicanos.
Los estados de Alabama, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Georgia, Florida, Illinois, Massachussetts, Nueva Jersey, Nueva York, Minnesota, Missouri, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Utah y Virginia discuten o ya tienen una reglamentación al respecto. En segundo término se encuentran las iniciativas que pretenden sancionar a los empleadores que contraten a indocumentados.
Sobre este tema, existen proyectos en Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Georgia, Massachussetts, Missouri, Nevada, Nueva York, Oklahoma, Pennsylvania, Illinois y Virginia.
Mientras tanto, en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Missouri, Nueva Jersey, Pennsylvania y Texas han sido presentadas iniciativas para sancionar a caseros que alquilen propiedades a indocumentados.
De acuerdo con el documento del IME, en Arizona, Carolina del Norte y Texas se analizan o se aplican restricciones para la transferencia de dinero al extranjero.
Igualmente, en Arizona, Colorado y Virginia se llevan a cabo o se pretende poner en práctica medidas para la aceptación de identificaciones consulares, como la Matrícula Consular que otorga el gobierno mexicano.
El monitoreo del IME incluye el análisis de cada una de las iniciativas presentadas de 2005 a diciembre de 2007, en un catálogo de 121 cuartillas, en el que se establecen las consecuencias de la operación de cada nueva reglamentación antinmigrante.
Llamado a Calderón a evitar estallido social
La apertura de fronteras a maíz y frijol, tema de “seguridad nacional”
Propone PRD mesa de negociación para dar apoyo urgente al campo
Enrique Méndez
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobará este viernes un exhorto al gobierno de Felipe Calderón para que “plantee de manera urgente” la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ante los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, con el objetivo “de mitigar la desigualdad existente entre la producción agrícola mexicana” y la de esos dos países.
El punto de acuerdo será presentado por el PRI, bancada que en conjunto con la del PRD acordó ayer incluir un llamado a las secretarías de Economía, Agricultura, Desarrollo Social y Hacienda para que instalen una mesa de negociación con las dependencias de desarrollo rural de los estados y las organizaciones campesinas, en la cual se definan apoyos urgentes a los productores agropecuarios mexicanos.
Este jueves, el coordinador de la diputación del PRD, Javier González Garza, se comunicó con el vicecoordinador del PRI en San Lázaro, Samuel Aguilar Solís, para acordar la aprobación de un punto de acuerdo que presentará el partido del sol azteca, en el que se haga el llamado a las cuatro dependencias mencionadas para que presenten conjuntamente una política de contingencia para el campo mexicano, ante la entrada en vigor del capítulo agropecuario del TLCAN. En la misma negociación, el perredista acordó respaldar la propuesta del tricolor, que será presentada por Salvador Barajas del Toro en la sesión de la Permanente.
Samuel Aguilar explicó que la renegociación del TLCAN respecto a la libre importación de maíz, frijol, azúcar y leche en polvo no sólo es un asunto de soberanía alimentaria y de protección a los campesinos mexicanos, “sino un tema de seguridad nacional”.
En entrevista, refirió que él mismo ha conversado con los embajadores de Estados Unidos y Canadá en México sobre la gravedad de los efectos de la desgravación arancelaria. “He hablado con ellos y les he dado el argumento de que este mecanismo nos perjudica a todos los socios del TLCAN, no sólo a México, porque se incrementarán los flujos migratorios hacia los dos países del norte, debido a los productores que serán desplazados, y esto es un asunto de seguridad para las fronteras”.
Aguilar expresó que el punto de acuerdo que presentará Barajas del Toro incluye, además del exhorto a Calderón, un compromiso de respaldo al Ejecutivo por el Congreso de la Unión, con objeto de facilitar la solicitud a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá de renegociar el acuerdo comercial.
El documento, que cuenta con el aval de la bancada del PRI y será votado este viernes, plantea que la liberalización comercial no sólo provocará graves problemas sociales y económicos en las comunidades rurales dedicadas a la agricultura, sino mayor migración del campo a las ciudades y a Estados Unidos, lo cual, a su vez, hará más notorio el crecimiento de la pobreza y de la marginación rural.
También señala que en los 13 años de vigencia del TLCAN, la inversión extranjera directa en el sector agropecuario se ha canalizado exclusivamente a la agroindustria, no a la producción primaria. “La realidad es que las trasnacionales de los alimentos están controlando los mercados y destruyendo la capacidad de los pequeños productores mexicanos, que no pueden competir contra las importaciones. Esto lleva a los campesinos a la ruina, que producen más caro debido al aumento en el precio de los insumos y a que los apoyos recibidos no se comparan con los otorgados a los agricultores de Estados Unidos y Canadá”.
Señala que la intención del exhorto de la Comisión Permanente es sensibilizar al gobierno de Calderón sobre la demanda que ha expresado uno de los sectores más desprotegidos en el país, como es el campo mexicano, que no está en condiciones de competir con la producción de los socios comerciales de México. Ante la desigualdad que representa el TLCAN en su capítulo agropecuario, es necesario revisarlo para evitar que se limite el desarrollo del agro nacional. Deben valorar sus indudables ventajas, pero sin afectar los intereses del campo mexicano. Estamos a tiempo de un gran pacto en el país para evitar un nuevo conflicto social. No debemos permitir que arrasen con el campo y debemos tender la mano a los agricultores mexicanos.
A su vez, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y de la Comisión Permanente, Ruth Zavaleta Salgado, aseguró que desde el Poder Legislativo se presionará al Ejecutivo para que busque modificar las condiciones del TLCAN y escuche el movimiento social inconforme con la desgravación arancelaria, en vigor a partir del martes pasado.
“Existen muchos riesgos, no sólo de que se afecte a muchas familias, sino que tengamos un problema mayor con Estados Unidos, porque la gente que no tendrá opciones en México se irá de mojada a ese país y no podremos resolver ese conflicto”. Inclusive, exhortó a Calderón a reflexionar si es conveniente “permitir el crecimiento del movimiento social o un estallido fuerte, o que se frene a partir de un acuerdo en el tratado que se firmó de manera injusta para los agricultores”.
Por otra parte, la Permanente aprobó un punto de acuerdo que será presentado este viernes por el diputado priísta Samuel Aguila para que el Congreso condene el asesinato de cuatro mexicanos originarios de San Luis Potosí, ocurrido en diciembre pasado, y para demandar al gobierno de Estados Unidos “una investigación exhaustiva y rápida para castigar a los responsables”.

El TLCAN, una “mampara” para el desmantelamiento del campo
“Soberana estupidez”, la campaña de la Sagarpa de que el sector rural es “ganador”
Carolina Gómez Mena
Aunque el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “apalancó una tendencia de desmantelamiento que ya se venía dando, esto, por sí solo, no explica todos los males que han afectado al campo, señaló Margarito Montes Parra, secretario general de la Unión General Obrera Campesina y Popular (UGOCP), quien precisó que el acuerdo comercial ha servido de “mampara y pretexto para que continúen los abusos” en el manejo del agro nacional por trasnacionales y autoridades federales.
En conferencia de prensa, también señaló que pese a que no se puede dejar de reconocer que el TLCAN ha “perjudicado” al campo nacional, también es innegable que en la debacle han tenido una incidencia crucial las políticas aplicadas desde hace más de dos décadas.
Manifestó que antes de intentar renegociar el acuerdo, lo que se debe hacer es cambiar las políticas públicas destinadas al sector.
En entrevista aparte, Max Correa, líder de la Central Campesina Cardenista (CCC), coincidió en señalar que ha sido el TLCAN, pero también “la política pública ligada al campo, la que ha generado un agro perdedor para por lo menos 30 millones de mexicanos que lo habitan”.
A su vez, Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), refirió que la desgravación total impuesta a productores por el citado acuerdo comercial “va a significar un elemento adicional de quiebra para el sector productivo mexicano por la competencia desleal y la falta de apoyos internos. Pero también es grave que los pasados cuatro gobiernos se hayan desentendido del agro, regateándole recursos y dejándolo en el abandono y sin posibilidades de competir”.
Apuntó que, dada esta situación, el gobierno debe “sentarse a renegociar el capítulo agropecuario del tratado para excluir al maíz y frijol”.
Insistió en que el TLCAN “ha hecho daño y éste será mayor con la apertura total que comenzó el primero de enero”. Planteó que se deben crear instrumentos que permitan fortalecer las inversiones en el sector agropecuario.
Respecto de la campaña propagandística desplegada por la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), en la cual asegura que el campo nacional es “ganador”, intentando hacer un símil con un campo de golf, Montes Parra consideró que esa publicidad es una “soberana estupidez” que deja en evidencia la “pequeñez mental e intelectual que tienen el secretario de Agricultura (Alberto Cárdenas Jiménez) y sus subsecretarios; ésta es la estupidez que hacía falta para demostrar que no tienen la menor idea de lo que están haciendo”.
Correa comentó que si el gobierno federal desecha las propuestas que han hecho las organizaciones campesinas para reactivar al agro, “el campo, más que un campo de golf, se va a convertir en un campo de batalla”, y acotó que la situación del sector rural nacional “no se resuelve con campañas publicitarias, pagándole a golfistas o a cantantes para que hagan creer a México que tenemos un campo ganador”.
López Ríos subrayó que el titular de la Sagarpa siempre ha tenido una “posición muy frívola” respecto de lo que sucede en el sector rural, al grado de que el año pasado aseguró que “en el campo todos éramos felices porque chiflamos, cantamos, tomamos tequila y nos enamoramos”, por lo cual, luego de este comentario, “no es extraño que quiera vender la idea del agro triunfador”.
“Nos parece que Cárdenas Jiménez maneja el sector con una inaudita torpeza e ignorancia, lo cual lo hace un funcionario soberbio y negado a dialogar, construir acuerdos y consensos”, concluyó.