LA CONTRA REFORMA LABORAL EN MARCHA.

La propuesta de reforma laboral reduce obligaciones a los patrones

Busca la STPS regular actuación de sindicatos, que perderían registro si no le rinden informes. Prevé la contratación “a prueba” y la ampliación de la jornada diaria mediante acuerdo. La dependencia dice que en la actual legislatura están dadas las condiciones para lograr los cambios.

Patricia muñoz Ríos
La reforma laboral que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha bautizado ahora como “iniciativa de los sectores” contempla nuevas modalidades de contratos individuales de trabajo, para que se establezca contratación “por temporada” o “a prueba”; esquemas para que los patrones y empleados “puedan convenir la ampliación de la jornada diaria”, y cambios en la operación de las juntas de conciliación y arbitraje para que, por ejemplo, se reduzca de 90 a 45 días el plazo para que caduquen los juicios laborales.
La Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social resumió en un documento los principales lineamientos que contendría esta iniciativa, la cual se presentará en el actual periodo legislativo, ya que considera que “en esta legislatura están dadas las condiciones para llegar a los acuerdos necesarios y sacar adelante esta reforma”.
Confía la dependencia en que se podrán superar los obstáculos que han impedido concretar esta reforma, y considera que la “politización” de esta iniciativa ha complicado avanzar hacia las modificaciones laborales, según señala el documento difundido por el subsecretario Alvaro Castro.
En este proyecto se plantea la simplificación de las obligaciones patronales en materia de capacitación y adiestramiento; el establecimiento del banco de horas y la modificación de la jornada diaria de trabajo por acuerdo entre patrones y trabajadores; suprimir el “escalafón ciego” e impulsar la “multihabilidad” de los empleados para que puedan realizar varias funciones, como medidas para incrementar la productividad y la competitividad del país.
Asimismo se señala que para que una organización pueda depositar su contrato colectivo de trabajo deberá presentar su registro otorgado por las autoridades, o no lo podrá hacer, y que “el registro de los sindicatos puede cancelarse por no proporcionar informes a las autoridades respecto de su actuación y por no informar cada seis meses de altas y bajas de sus miembros”.
Cambios en juntas de conciliación
La “iniciativa de los sectores” plantea también que las juntas de conciliación y arbitraje tendrán que contratar “funcionarios conciliadores” como parte del personal. Además se pondrá un plazo de cinco años para que el personal jurídico que no tenga título y cédula de licenciado en derecho lo obtenga, plazo que contará a partir de la entrada en vigor de las reformas.
Pero incluso se establecerá que también tendrán que contar con título de licenciado en derecho y la cédula correspondiente aquellos que funjan como representantes de los trabajadores ante las juntas de conciliación y arbitraje; en caso de no tener este requisito deberán tener una constancia de capacitación en materia laboral.
También los litigantes en materia laboral deberán contar con este requisito, y en el caso de los sindicatos, si el compareciente es apoderado de la organización, deberá ser licenciado en derecho o pasante.
En cuanto a los procedimientos, este proyecto de reforma que ha integrado la dependencia señala que: se incorporarán reglas para regular la comparecencia de los terceros interesados en los juicios laborales; las notificaciones surtirán efectos a las 14 horas del día siguiente de la publicación de los acuerdos; se reducirá de 90 a 45 días el plazo para que opere la caducidad de los juicios, y a la muerte del trabajador dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto y la junta convocaría a los beneficiarios.
Además se prevé aumentar las multas para quien promueva una revisión o reclamación notoriamente improcedente, así como incluir nuevas reglas en los procedimientos de los conflictos colectivos de naturaleza económica. También se quiere instaurar nuevas reglas para el desahogo de la prueba de recuento de los trabajadores, lo cual se aplicaría a los conflictos de titularidad de los contratos colectivos de trabajo.
Según este documento dado a conocer por la Subsecretaría del Trabajo, se impondrían también sanciones para el personal jurídico de las juntas que incurra en irregularidades en la tramitación de los asuntos que retarden su desahogo.
Entre los principales temas que la STPS “estima pertinente impulsar” y que según la dependencia podrían enriquecer esta iniciativa, destacan: dotar de facultades a los autoridades laborales en la contratación de trabajadores extranjeros en territorio nacional; prohibir la práctica de exigir a las trabajadoras certificados médicos de no embarazo; legalizar la práctica de distribuir las semanas de descanso pre y posnatal de la mujer trabajadora, y facilitar la actualización de las tablas de enfermedades de trabajo y valuación de las incapacidades permanentes.
Otros asuntos que le interesan particularmente a la dependencia son: incorporar disposiciones para regular el trabajo en régimen de subcontratación “terciarización y outsourcing” y de esta manera evitar simulaciones y abusos en perjuicio de los trabajadores, pero también simplificar los procedimientos de clausura de los centros de trabajo cuando se detecten riesgos inminentes para la seguridad de los empleados.
Esta secretaría también quiere que se incluyan disposiciones expresas para considerar información pública la relacionada con los registros de organizaciones sindicales, los contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo, e incluir un procedimiento especial o sumario para tramitar con mayor rapidez los juicios individuales en materia de seguridad social, ya que cerca de 60 por ciento de los expedientes en trámite corresponden a demandas en contra del Seguro Social, Infonavit y las Afores.
De igual manera se pretende establecer medidas de apremio para asegurar que los patrones y los sindicatos asistan a las conciliaciones; revisar el marco normativo que corresponde a los trabajadores del campo; actualizar el monto de las sanciones económicas que prevé la Ley Federal del Trabajo, sobre todo en lo que se refiere a las multas para los que contratan menores de 14 años, e incluir un capítulo para regular el ofrecimiento y desahogo de las pruebas electrónicas, entre otras propuestas delineadas en esta “iniciativa de los sectores”.


Diputados de AN quieren gas además del crudo en la “reforma” energética
Pretenden incluir la CFE y Luz y Fuerza del Centro
Enrique Méndez.

PRI y PAN en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados iniciaron la discusión de los alcances de una reforma energética, y el presidente de esa instancia legislativa, el panista David Maldonado, consideró que las modificaciones legales deben incluir la participación de la iniciativa privada no sólo en exploración de pozos, sino también en la producción y explotación de gas natural.
Aun cuando el tricolor ha anticipado que será en el Senado donde los priístas presentarán su propia iniciativa, los diputados de ambos partidos señalaron que no deben esperar a que en esa cámara se discuta el proyecto respectivo. Además, según los panistas, la reforma implicaría al menos la modificación de 10 leyes, pues además de Petróleos Mexicanos (Pemex) pretenden incluir en la “reforma” la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro.
El priísta Marco Antonio Bernal, integrante de la comisión, dijo que su partido está en favor de “mecanismos de modernización en Pemex”, y ante las coincidencias, ambas bancadas llegarán al próximo periodo de sesiones, que empieza en febrero con una posición definida, una vez que aprueben sus agendas legislativas en sus respectivas plenarias.
Mientras, los diputados de esos grupos parlamentarios ya se han adelantado a expresar que están en busca de los “consensos necesarios” para negociar una específica reforma energética, y anticiparon que buscarán coordinarse con los senadores afines para negociar una sola posición.
De entrada, los panistas como Maldonado González consideran que, además de modificar el régimen fiscal de Pemex, deben considerarse cambios para la participación de la iniciativa privada en extracción de petróleo y explotación de gas natural, pero también en generación de energía eléctrica, e inclusive en importación de energía.
Sus compañeros de partido, Jorge Nordhausen y Luis Mejía afirmaron que el PAN en San Lázaro buscará plantear una “reforma de largo alcance”, para no esperar a que el presidente Felipe Calderón o el PRI en la Cámara de Senadores presenten sus respectivas iniciativas.
“No creo que sea suficiente esperar a que el Ejecutivo se pronuncie o que los senadores nos digan lo que tienen; ya es hora de entrarle al paquete de reformas que contempla alrededor de 10 leyes”, dijo Nordhausen, quien ha hecho carrera en empresas privadas.
Luis Mejía afirmó que la Constitución ya permite la inversión privada en generación de energía, y que una reforma legal sólo delimitaría los alcances de la participación de capitales en CFE o Luz y Fuerza.
Marco Antonio Bernal consideró que el gobierno de Calderón debe definir su propuesta de iniciativa legal en materia energética, para conocer los ejes fundamentales del proyecto gubernamental, así como las leyes y artículos específicos que pretende que el Congreso apruebe para que las bancadas hagan valoraciones propias.
Sin embargo, los diputados Emilio Ulloa y Rafael Sánchez expresaron que, pese a algunas posiciones en el PRD, esa bancada en San Lázaro no permitirá que se entreguen Pemex, CFE y Luz y Fuerza a empresas privadas, y mucho menos a extranjeros. “No estamos de acuerdo siquiera en discutir una reforma energética si sólo se pretende impulsar el régimen privatizador, sin tomar en cuenta el desarrollo del país”, dijo Rafael Sánchez.
Ulloa, por su parte, denunció que como ocurrió en la época de Elba Esther Gordillo en la coordinación priísta en San Lázaro, Emilio Gamboa Patrón impondrá a su bancada la idea de votar en favor de la “reforma” energética. “Así lo hicieron con el régimen de pensiones del IMSS, del ISSSTE y ahora nos quieren dar la puntilla. La pregunta es el precio que les pagarán por su voto a los priístas”, expresó.


Soldados ultimaron a menor en Michoacán, admite Sedena

Alfredo Méndez.

Dos días después de la muerte de un civil en un retén militar en Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció en un comunicado que militares dispararon contra la víctima, pero argumentó que fue en respuesta a una agresión de la misma.
La versión oficial es que “el día 11 de enero de 2008 efectivos militares pertenecientes al 12 batallón de infantería, en apoyo de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado de Michoacán, quienes realizarían un cateo, establecieron un cerco de seguridad perimétrica, debidamente señalizado, en las calles Pedro de Gante, esquina con Caltzonzin, en el poblado de Huetamo, Michoacán.
“Al proporcionarse este apoyo aproximadamente a las 19 horas de esa fecha, una camioneta marca Ford Courier color rojo con vidrios ahumados, de manera sospechosa y sorpresiva, dirigió su marcha en contra del personal militar con la intención evidente de arrollarlos, quienes al sentirse amenazados y observar que no acataba las señales de alto, de manera preventiva se efectuó un disparo.
“Al ver que dicho vehículo no disminuía su velocidad, se realizaron dos disparos más a los neumáticos; uno de ellos indirectamente impactó en contra de Víctor de la Paz Ortega, de 17 años de edad, provocando lamentablemente su muerte; luego fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes su acompañante, Juan Carlos Peñaloza García, de 19 años de edad.”
En tanto, la delegación de la PGR inició la averiguación previa correspondiente para deslindar responsabilidades, realizar las diligencias del caso y determinar si existió responsabilidad de personal militar en el incidente.
El comunicado de la Sedena no indicó si los militares que dispararon al presunto vehículo agresor se encuentran detenidos.

Clase Política
Miguel Ángel Rivera

Cananea, un siglo después.

Si alguien tenía duda acerca de la cercana reforma laboral, allí está Cananea, la cual vuelve a convertirse en ejemplo en la lucha obrero patronal un siglo después de ser un antecedente en la lucha que derribó al dictador Porfirio Díaz.
El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, fue incapaz de llegar a un acuerdo en el caso de la mina de Cananea porque apoyó los intereses de Grupo México y se dejó llevar por un conflicto personal con Napoleón Gómez Urrutia, aseguró el candidato a dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez.
La Confederación Nacional Campesina (CNC) condenó también el ataque a los huelguistas de Cananea y no descartó que la medida sea un mensaje a los trabajadores inconformes del campo. El presidente de la CNC, Cruz López Aguilar, se reunió con el secretario general del Sindicato Mexicano Electricistas, Martín Esparza Flores, para confirmar la alianza de trabajadores y campesinos en su lucha contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En tanto, un comunicado de la Secretaría del Trabajo destacó que la suspensión provisional concedida al sindicato minero deja las puertas abiertas al trabajador que decida regresar a sus labores y la empresa queda en posibilidad de mantener la planta en operación.


Con aval del panismo, los españoles nos reconquistan
El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo en su visita a México, en julio pasado: “Es muy difícil, recorriendo el mundo, encontrar un país donde los españoles seamos mejor recibidos que en México; donde haya más amabilidad por parte de la ciudadanía, de la población, de las autoridades, que en México. Y eso nos produce un elemento de profunda satisfacción” , destaca el número 1628 de Proceso.

Y vaya que si son bien recibidos los españoles. Hace diez años el comercio entre México y España no pintaba gran cosa: apenas llegaba a los mil 500 millones de dólares –nada frente a los más de 100 mil millones de dólares del comercio bilateral con Estados Unidos–, y siempre con saldo positivo para México. Hoy España es la segunda fuente de Inversión Extranjera Directa para México, después de Estados Unidos. El comercio bilateral supera los 6 mil millones de dólares, aunque ahora con saldo deficitario para México.

Son muchas las razones de ello. Ha influido una abierta decisión del gobierno mexicano, desde el inicio de la administración de Vicente Fox, de abrirle las puertas a las compañías españolas. Bancos, libros, la telefónica, las empresas de energía, las hoteleras y las de servicios aeroportuarios –las inversiones más fuertes– han acudido al llamado y a las facilidades oficiales.

La invasión es avasallante: Centenares de empresas españolas ganan terreno en México debido a las enormes facilidades que los gobiernos panistas les han brindado en todos los sectores de la economía nacional.

Esta “reconquista española” o “nueva colonización”, como la califican ya sectores académicos y la prensa, muestra ya sus primeros signos: conculcación de derechos laborales de trabajadores mexicanos, destrucción de áreas naturales, ganancias de usura en servicios bancarios… Todo con el aval, hoy, del gobierno de Felipe Calderón, publica la edición 1628 de Proceso.