PAJAROS EN LOS ALAMBRES

Crece el espionaje telefónico del Cisen, revelan jueces federales
Estas medidas forman parte de la estrategia antinarcóticos elaborada por el Consejo de Seguridad Nacional
Bajo la lupa, empresarios de casas de cambio, policías y legisladores
Alfredo Méndez.

La lucha en contra del crimen organizado en el país ha desencadenado un sinnúmero de peticiones judiciales en busca de autorización para intervenir comunicaciones telefónicas privadas.
Estas medidas forman parte de la estrategia antinarco elaborada por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), integrado, entre otros funcionarios de primer nivel, por el presidente de la República, los secretarios de Gobernación, Defensa, Marina, Seguridad Pública, y por el titular de la Procuraduría General de la República, según lo establece la Ley de Seguridad Nacional.
Durante los primeros 23 días de este año, al menos en tres juzgados federales consultados ayer por La Jornada –tan sólo en el Distrito Federal hay 18 jueces facultados para autorizar estas medidas de vigilancia–, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ha solicitado diez órdenes judiciales para intervenir comunicaciones telefónicas privadas.
Vigilancia variopinta
Las personas vigiladas van desde propietarios de casas de cambio y empresarios, hasta funcionarios públicos federales, legisladores y mandos policiacos.
Un juez federal que pidió el anonimato reveló que el CSN ha ordenado al Cisen que se vigile a un grupo de empresarios que presuntamente están lavando dinero procedente del narcotráfico, “pero también hay mandos de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia Federal de Investigación, que brindan algún tipo de protección a delincuentes, y por eso están bajo la lupa”.
La fuente consultada precisó que tan sólo en el juzgado a su cargo recibió en las primeras dos semanas de enero cuatro peticiones para intervenir teléfonos celulares, de casa habitación y de oficina. Destacan los casos de un empresario dedicado a las telecomunicaciones, de un alto mando de la Federal Preventiva y de un legislador.
El funcionario del Poder Judicial declinó proporcionar los nombres de las personas que están bajo observación del Cisen. Tampoco aclaró si el legislador que está siendo vigilado es senador o diputado.
En tanto, otras fuentes judiciales indicaron que los otros dos jueces federales que han conocido en estos primeros días de enero de seis casos de peticiones de intervención telefónica, incluyen a propietarios de casas de cambio en el Distrito Federal y los estados de México, Jalisco y Nuevo León.
También se vigilan de cerca las llamadas de empresarios dedicados a los ramos textiles, del calzado y farmacéutico.
En ninguno de los casos se pudo conocer el nombre de las personas vigiladas, aunque las fuentes resaltaron la inclusión de al menos dos funcionarios públicos en Tamaulipas, que desde alguna dependencia estarían dando protección a integrantes del cártel del Golfo.

Procedimiento secreto
La Ley de Seguridad Nacional, que entró en vigor en enero de 2005, durante el sexenio foxista, amplió las facultades para que los órganos de inteligencia gubernamental puedan vigilar de manera discrecional a cualquier persona que consideren esté poniendo en riesgo la seguridad nacional, aunque las intervenciones telefónicas sólo serán por un lapso no mayor de 180 días naturales.
El artículo 5 de esta norma en su fracción III considera una amenaza a la seguridad nacional cualquier acto que impida a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada.
De esta forma, el CSN –que está integrado por el presidente de la República, por secretarios de Estado, el titular de la PGR y el director general del Cisen– tiene facultades exclusivas para solicitar intervenciones telefónicas privadas.
El artículo 33 del mismo ordenamiento refiere que “en los casos de amenaza inminente a los que se refiere el artículo 5 de esta ley, el gobierno mexicano podrá hacer uso de los recursos que legalmente se encuentren a su alcance”.
Mientras que el artículo 34 establece: “De conformidad con el párrafo noveno del artículo 16 constitucional, el Cisen deberá solicitar en los términos y supuestos previstos en la presente ley, autorización judicial para efectuar intervenciones de comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional”.
El carácter de este tipo de procedimientos judiciales es “reservado y ultra confidencial”, según lo ordena el artículo 37 de la ley. De hecho, sólo un funcionario autorizado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, así como el juez, auxiliado por uno de sus secretarios de acuerdos, pueden tener acceso a los expedientes de solicitud de intervención telefónica.
Además, contrario a lo que sucede con todos los expedientes de las causas penales que se abren en algún juzgado de distrito, en este tipo de casos, una vez que concluye el periodo de vigilancia, el juez encargado está obligado a destruir los archivos con los que se sustentó la orden judicial.


Ofrecen indemnizaciones de $22 mil a los indígenas esterilizados mediante coacción

Sergio Ocampo Arista (Corresponsal)
Chilpancingo, Gro., 23 de enero. El gobierno estatal pretende pagar indemnizaciones de sólo 22 mil pesos a cada uno de los 14 indígenas que en 1998 fueron esterilizados mediante coacción en la comunidad El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres, aseguró Cuauhtémoc Ramírez, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).
En entrevista, indicó que si bien las administración que encabeza el gobernador Zeferino Torreblanca aceptó la recomendación 066/2007 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre las esterilizaciones involuntarias realizadas en El Camalote, “la Secretaría de Salud (estatal, Ssa) sólo ofrece 22 mil pesos. Los afectados demandan también que se castigue a los responsables, que vayan a pedir perdón al pueblo de El Camalote, y después ver lo material”.
Dijo que, con la asesoría del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se exige una indemnización de 200 mil pesos para cada indígena afectado, pero la Ssa se niega a aceptar la petición. Más aún, la dependencia “dice que debería ser menor a 22 mil pesos. No entienden que necesitamos hijos porque nos ayudan en el trabajo”.
Añadió que la OPIM se reunirá el próximo domingo en Ayutla de los Libres con el titular de la Ssa estatal, Luis Barrera Ríos, pero “no somos optimistas. Creemos que no habrá una respuesta favorable; por el contrario, el gobierno del PRD sigue presionando. Está peor que los priístas: no respeta los derechos humanos de los indígenas, no hay justicia, impera la impunidad”.
Verónica Castrejón, responsable de la dirección de comunicación social de la Ssa, dijo que en una reunión de trabajo efectuada el domingo pasado en Acapulco, Luis Barrera se reunió con los indígenas vasectomizados, a quienes informó que el gobierno estatal “aceptó la recomendación de la CNDH sobre tres puntos: resarcimiento del daño, de acuerdo con los salarios mínimos y la Ley Federal del Trabajo, aplicación de la norma oficial mexicana sobre esterilizaciones, y un proceso administrativo contra tres trabajadores de la Ssa inmiscuidos en la esterilización de los indígenas de El Camalote; el doctor (Ernesto Guzmán León), la enfermera (Mayra Ramos Benito) y el promotor (Rafael Almazán Solís).
“Se les va indemnizar de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, con 22 mil pesos, y eso se les dijo ante el notario público número 8 de Acapulco, Antonio Pano Mendoza.”
La vocera de la Ssa destacó que el secretario Luis Barrera “dijo a los indígenas que la indemnización tomaría como base el salario mínimo actual (no el que estaba vigente cuando fueron afectados). La secretaria de Desarrollo Social, Gloria Sierra López, les ofreció apoyo mediante otros programas del gobierno del estado, como el de mejoramiento de vivienda, a través de la dotación de láminas para los techos de sus casas; se comprometió además a revisar que todos ellos se encuentren registrados en el programa Oportunidades, a fin de garantizar que sus hijos estén recibiendo las becas y los recursos de este programa”

Demanda Soberanes fechas para el retorno paulatino del Ejército a cuarteles

La situación de violencia se asemeja a lo que se vivió en Chicago en los años 20, dice
Se le está saliendo de las manos al gobierno, advierte el ombudsman ante la Permanente
Víctor Ballinas, Roberto Garduño y Enrique Méndez.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, demandó en la Comisión Permanente que el gobierno presente cuanto antes un calendario para que el Ejército Mexicano regrese a los cuarteles pero, precisó, ese retorno debe ser “de manera paulatina, prudente y cautelosa para que el crimen organizado no vea al Estado como un tigre de papel”.
Luego, en entrevista, el ombudsman nacional destacó que ante los constantes homicidios, ajustes de cuentas entre bandas y la proliferación de grupos delictivos como Los Zetas, se tiene una situación verdaderamente complicada que “nos está llevando a un Estado policiaco; esto se parece a Chicago en los años 20. La situación se está saliendo de las manos”.
Al término de la entrega de su informe de actividades 2007, Soberanes insistió en entrevista: “Pienso que la situación se le está saliendo de control al gobierno por la cantidad de homicidios diarios que hay, los policías que mueren, los enfrentamientos, los ajustes de cuentas; hay un clima de violencia tal, que hace pensar que hay un fracaso gubernamental en el combate al crimen organizado”.
Abundó: “El problema se complica porque el crimen organizado se extiende, las funciones de seguridad pública las asume cada vez en forma más importante el Ejército, la policía se echa a un lado, el Ministerio Público, que debería ser fundamental, también lo vemos echado a un lado. No se está cumpliendo el esquema constitucional y ello propicia violaciones a derechos humanos”.
Esta situación –continuó– en un momento determinado va a tener que replantearse, porque cada vez hay más ejecuciones, más ajustes de cuentas, es una situación complicada. “No se trata sólo que los militares regresen a sus cuarteles, sino es todo un proceso inteligentemente planteado y sobre todo de fortalecimiento al Ministerio Público y a la policía, que debe estar adecuadamente capacitada, armada, bien pagada. Debería haber una policía de elite que pueda dar la batalla al crimen organizado”.
En el mensaje que Soberanes dirigió a los legisladores en la Comisión Permanente advirtió sobre la grave situación de los derechos humanos en el país: “La participación de militares en tareas policiacas los ha llevado a cometer violaciones graves de derechos humanos, incluso sexuales, asesinatos, detenciones ilegales, tortura; se sale de control la lucha contra el crimen organizado; la libertad de expresión está amenazada por los asesinatos de periodistas; los migrantes siguen siendo vejados, y en Oaxaca, para muchos el conflicto sigue latente y se ve distante una reconciliación”.
Soberanes Fernández advirtió sobre la falta de disposición de algunas autoridades para atender las violaciones de derechos humanos. Dijo que los gobernadores de Guerrero, Colima y Baja California rechazaron aceptar, cada uno, una recomendación. También casi una docena de ayuntamientos en Oaxaca, Veracruz, Morelos y Tlaxcala se negaron a recibir los exhortos. Destacó en tribuna que la participación de los militares en tareas de seguridad ha generado gravísimos atropellos a las garantías individuales. “Durante 2007 documentamos sobradamente casos de tortura, violación, homicidio. Las autoridades militares han aceptado las recomendaciones y la CNDH ve con beneplácito la creación de una dirección general para tratar estos asuntos”.
Manifestó que “la comisión no considera conveniente que el Ejército abandone de inmediato la lucha contra el narcotráfico, porque la ausencia de las fuerzas armadas condenaría a millones de mexicanos a la indefensión, sobre todo en zonas rurales. Sin el vigor del Ejército, el crimen organizado podría ver al Estado como un tigre de papel”. Sin embargo, dijo que es indispensable que se anuncie cuanto antes una ruta con un calendario claro, detallando qué acciones se concatenarán para regresar a los militares a los cuarteles.
Llamó la atención sobre un asunto de la mayor importancia: la libertad de expresión. “En la CNDH estamos convencidos de que un ataque a la libertad de prensa es un ataque a la democracia. Durante el año pasado abrimos 74 expedientes de queja por agravios a periodistas, cifra que está muy lejos de ser tranquilizadora”, dijo.
El titular de la CNDH expuso que en 2007 se recibieron 5 mil 244 quejas por diversas violaciones. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibió casi una quinta parte de esos recursos, con mil 15; Procuraduría General de la República (PGR), 571; Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 367; Instituto Nacional de Migración (INM), 335, y Secretaría de Educación Pública (SEP), 311. Asimismo, dio cuenta que el año pasado la CNDH emitió 70 recomendaciones; el INM tuvo ocho y le siguieron el estado de Guerrero, el IMSS y la Sedena con seis cada uno.
Consideró que el sistema penal debe evolucionar y ser más equitativo. “Es hora de que los delincuentes no sean más importantes que las víctimas, de que la reparación del daño sea tan relevante como el correctivo y la indemnización tan trascendente como la rehabilitación social”.

Calderonomics o la nanocracia
jenaro villamil
México, D.F., 23 de enero (apo).- Durante el sexenio de Miguel de la Madrid se acuñó el término tecnocracia para describir a la nueva generación de funcionarios de primer nivel, con un cúmulo de maestrías y doctorados en universidades extranjeras, especialistas en economía pero sin ningún cargo de elección popular previo.

Su sucesor, Carlos Salinas, el tecnócrata por excelencia, negó siempre este término por considerarlo peyorativo, y se inventó a sí mismo el mote de “modernizador”. Ernesto Zedillo llegó al poder con las mismas herramientas que De la Madrid y Salinas: su dogmatismo monetarista y su desdén hacia la política tradicional.

Con Vicente Fox los tecnócratas siguieron controlando los centros neurálgicos de las decisiones económicas, diplomáticas y sociales, en conflictiva relación con los “gerentes” o empresarios que se incorporaron al gobierno sin ninguna experiencia previa en gestión pública.

Francisco Gil Díaz, el maestro de una generación de funcionarios de las finanzas públicas, se mantuvo al frente de la Secretaría de Hacienda durante seis años, extraño privilegio que sólo compartió con Pedro Cerisola, titular de Comunicaciones y Transportes.

El gobierno de Felipe Calderón se ha ido transformando ya no en un gobierno de gerentes o de tecnócratas sino en una nueva generación de funcionarios que se perfilan como la involución de la tecnocracia y de los gerentes: los nanócratas. Es decir, el gobierno de los estudiosos en el control y manipulación de las micropartículas de las áreas públicas, sin visión de Estado ni de elite ni de nación.

El término nanocracia proviene de nanotecnología, palabra común en las ciencias médicas para designar a los especialistas en computación cuántica y motores moleculares.

Los nanócratas en la política no ven la realidad sino como un nano (la mil millonésima parte de un metro) y prefieren venderse no como especialistas en algo sino como artesanos de la operación corta. Del poder del picaporte al picaporte con poder.

Los cambios recientes en el gabinete configuran a esta nueva generación de nanócratas: Juan Camilo Mouriño, nuevo titular de Gobernación; Ernesto Cordero, flamante secretario de Desarrollo Social, y los jóvenes del entorno calderonista: César Nava, jefe de la oficina presidencial; Alejandra Sota Mirafuentes, responsable ahora del discurso presidencial, imagen y análisis político, y Patricia Flores Elizondo, titular de la Coordinación de Administración de Los Pinos.

El problema de esta nueva generación de funcionarios no radica en su juventud sino en la ausencia de un currículum tecnocrático, gerencial o partidista que los acredite para los cargos de alto nivel de responsabilidad.

Se les conoce en función de su cercanía con Calderón, no en razón de sus méritos burocráticos, legislativos o intelectuales. Son nanócratas porque se han vuelto parte del entorno milimétrico de Los Pinos que confunde la realidad del país con las necesidades de control y de liderazgo a corto plazo de la casa presidencial.

El caso más emblemático es el de Juan Camilo Mouriño. Más allá de si es madrileño, gallego o campechano, Mouriño Terrazo encabezará la secretaría responsable de las áreas claves de la política y la seguridad nacionales sin tener una trayectoria mínima para ello.

Su paso por alguna universidad de Tampa, Florida, su papel como diputado y su cercanía a Calderón desde la Secretaría de Energía lo perfilan como un buen colaborador del presidente, no como un ministro del Interior.

Mouriño ni siquiera cuenta con el perfil tradicional de un panista sino de un eficaz gestor de recursos que le sirvió a Calderón para la campaña electoral.

Una especie de Lino Korrodi al que pretenden convertir por golpe de suerte en la reencarnación del mismísimo Fernando Gutiérrez Barrios. Sus promotores, con más lambisconería que realismo, ya lo perfilan como aspirante presidencial para el 2012.

El otro caso es el de Ernesto Cordero. Como Mouriño, al licenciado en Actuaría por el ITAM no lo distingue su conocimiento de la política social y mucho menos del combate a la pobreza, sino su breve trayectoria burocrática a la sombra de Calderón.

Fue subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico cuando el actual presidente era titular de Energía. Luego fue director de Administración Integral de Riesgos en Banobras cuando Calderón estuvo al frente de este organismo, y finalmente se desempeñó como director general de la fundación “Miguel Estrada Iturbide” de la fracción panista en la Cámara de Diputados, durante la época en que Calderón coordinaba la fracción.

La nanocracia tiene ahora la responsabilidad de los dos pilares gubernamentales: política interior y política social.

En los asuntos públicos pueden reproducir los mismos riesgos que la nanotecnología: caer en una alta toxicidad potencial a partir de las nanosustancias que distorsionan las moléculas y el sistema inmunológico. Eso es mucho más riesgoso para la salud política de un país que reclama estadistas y no microprocesadores de las decisiones públicas.