SEDENA EN LA ILEGALIDAD

Asume Sedena ilegalmente la investigación de delitos en BC
Emite un comunicado para que la población haga denuncias; “nosotros sí vamos”, dice
El llamado castrense a la población civil no tiene precedente y es anticonstitucional, sostienen fuentes militares
Revela asimismo la desesperación oficial por la falta de eficacia de la PGR
Jesús Aranda
En una acción sin precedente, el Ejército Mexicano asumió abiertamente, y según especialistas de forma ilegal, la investigación y persecución de criminales en Baja California.
El pasado 16 de enero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado en la ciudad de Tijuana –un día después de que tres jefes policiacos municipales fueran asesinados y previo a un tiroteo de más de tres horas en el que murieron ocho personas–, en el que convoca a la población civil a denunciar vía telefónica cualquier acto criminal o sospechoso. “Tenga usted la seguridad de que nosotros… sí vamos”, señala el escrito.
Fuentes militares reconocieron que este llamado del Ejército para combatir al crimen organizado no tiene precedente y habla de la “desesperación oficial” por la falta de eficacia de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal Preventiva (PFP).
Competencia del Ministerio Público Federal
En tanto, especialistas en fuerzas armadas y seguridad señalaron que al asumir esta tarea, de manera abierta, el Ejército actúa inconstitucional e ilegalmente, porque esta tarea le compete exclusivamente al Ministerio Público federal.
La Sedena emitió su comunicado el pasado 16 de enero, en Tijuana, en el que hace referencia a lo ocurrido un día antes en esa ciudad, cuando “un grupo de individuos, portando armas largas, irrumpió con lujo de violencia” en el domicilio del jefe la policía municipal, Margarito Saldaña, y lo asesinó; en esos hechos resultaron heridos su esposa y tres de sus hijos. Horas después murieron la mujer y una de sus hijas.
Precisa el texto:
“Ante este lamentable suceso, y con el fin de evitar que se continúen suscitando estos hechos, la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la segunda Región y Zona Militar, hacen la invitación al público en general del estado de Baja California, para denunciar conductas delictivas que se realicen en sus colonias, como son: venta de drogas, secuestros, movimientos de grupos de personas armadas u otros actos ilícitos que perturben la tranquilidad de la población. Para lo cual, la segunda Zona Militar, con sede en Tijuana, Baja California, pone a su disposición el número telefónico (664) 685-02-97, con la finalidad de coadyuvar en la disminución de los actos ilícitos que se han venido presentando en este estado, los cuales constituyen una violación a la ley en sus diferentes erogaciones (sic). Cabe mencionar que no se hará interrogación alguna.”
El escrito, fechado en el Campo Militar 2-F, en Tijuana, asegura que con esas acciones el personal del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, “dentro de nuestro ámbito de competencia contribuirá con usted, ciudadano, a lograr la seguridad y tranquilidad que tanto demanda. Tenga usted la seguridad de que nosotros… sí vamos”, concluye el comunicado, con esta última frase impresa en letras negras y con una tipografía de mayor tamaño que el resto del texto.
Por otra parte, el general en retiro Luis Garfias Magaña, ex comandante de la segunda Región Militar con sede en Mexicali, señaló en entrevista con este diario que es la primera vez que el Ejército Mexicano emite un comunicado de este tipo, el cual, señala, refleja la incapacidad de las autoridades federales para atacar la creciente ola de violencia.
Laguna legal en materia de crimen organizado
Cuestionó también la que calificó de laguna legal en la que se encuentran las fuerzas armadas, al realizar acciones que no les corresponden para enfrentar al crimen organizado. Subrayó que debe modificarse el marco jurídico para que los militares actúen contra el crimen organizado sin violar la ley.
Por su parte, Genaro González Licea, ex catedrático del Colegio de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea, precisó que la decisión de la Sedena de solicitar información a la población civil constituye una violación a la Carta Magna, porque está asumiendo atribuciones de investigación de los delitos que sólo corresponden al Ministerio Público federal.
Finalmente, el especialista no descartó que inclusive la emisión del comunicado sea causante de responsabilidad penal por parte de elementos del alto mando castrense que habrían ordenado su difusión.
Cabe señalar que el escrito en cuestión fue difundido por la segunda Región Militar, que encabeza el general de división Sergio Aponte Polito.



Casi un millón de amparos contra la Ley del ISSSTE
Convoca la CNTE a detener la depredación neoliberal
Angélica Enciso y Javier Valdez (Reportera y corresponsal)
En lo que es la mayor cantidad de amparos presentados contra una legislación, hasta ayer se habían interpuesto alrededor de un millón de demandas de amparo contra el primer acto de aplicación de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el Palacio de Justicia de San Lázaro.
Los trabajadores tienen hasta el martes próximo para presentar las demandas, las cuales se podrán interponer en los juzgados de distrito de todo el país, de donde serán trasladados a la ciudad de México, según se comprometió el Consejo de la Judicatura Federal, informó Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México.
Explicó que ayer los grandes contingentes que vinieron a esta ciudad para presentar su documentación ya habían hecho el trámite; tan sólo en Sinaloa, 3 mil 200 trabajadores del magisterio solicitaron el amparo de la justicia federal contra las reformas a la Ley del ISSSTE y se prevé que la cifra aumente a 6 mil en los días restantes.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocó a una huelga nacional “para detener la ambición devastadora de los neoliberales”, y anunció que se prepara para las movilizaciones del 26 de enero del Foro Social Mundial y la del 31 de enero con los campesinos contra la apertura total por el capítulo agropecuario del TLCAN.
Miranda Esquivel explicó que con la CNTE se hizo ayer una valoración de la jornada y se consideró que la cifra llegó a casi un millón de demandas de amparo, cantidad que se elevará entre lunes y martes con los recursos que se presenten en las entidades y en el Distrito Federal.
Agregó que habrá abogados para asesorar a los trabajadores y otros recorrerán el país para dar conferencias sobre la nueva ley, además de que se buscarán mecanismos de interlocución con el Congreso y la Suprema Corte.
Consideró importante conocer el punto de vista de los ministros, ya que próximamente comenzarán la evaluación de los primeros casos. “Se pidió a la Corte que no sólo juzgue con el frío sentido del derecho, sino con la responsabilidad social de lo que significa quitar el derecho de jubilación a un pueblo empobrecido”, expresó.

Canasta básica, inaccesible para 91.3% de campesinos: estudio de la UNAM

Se deterioró 44% el salario en el primer año de Calderón, dice análisis económico
Empresas como Elektra lucran con el crecimiento exponencial de las remesas, expone
Patricia Muñoz Ríos
De los más de 30 millones de personas que conforman el medio rural en México, solamente 8.5 millones tienen trabajo en actividades agrícolas y ganaderas; en tanto que otros 10 millones 262 mil no tienen ingreso alguno y 8.8 millones perciben apenas un salario mínimo. Además, los que reciben remesas de sus familiares enfrentan tarifas depredatorias que les quitan parte importante de los envíos, como las que aplica la empresa Elektra.
El informe Situación del campo en México; pobreza, marginación, explotación y exclusión, elaborado por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala lo anterior y asienta que el medio rural del país ha sufrido un despojo económico y social, enfrenta una caída de sus ingresos y ha incrementado su migración en 40 por ciento en los seis años recientes.
El número de hogares que reciben remesas se incrementó de 600 mil a 4.1 millones en el periodo entre 1995 y 2005; de igual forma, se incrementó 500 por ciento el volumen de dólares por remesas, siendo las de mayor crecimiento las transferencias electrónicas y las money orders.
La información –elaborada por Luis Lozono Tovar, Miguel Ángel Xochiteotzin, Javier Lozano y Luis Lozano Arredondo, especialistas y catedráticos del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM– indica que los campesinos, además de que han enfrentado un proceso de despojo de la tierra, en el que empresas privadas han avanzado contundentemente en la posesión de predios, han sufrido el descenso de sus ingresos, al grado de que 27.4 millones de mexicanos que viven en el sector rural no pueden comprar una canasta básica alimentaria.
Veintiocho por ciento de estos mexicanos sobrevive con un ingreso de uno a dos salarios mínimos, y “con el incremento de los productos de la canasta básica durante el primer año de Felipe Calderón, las familias que viven en el campo acumulan del 1º de diciembre de 2000 al mismo día de 2007, una pérdida de 44 por ciento en su ya deteriorado nivel de vida.
Alimentos, renta y salud
Uno de los principales apoyos que ayudan a sobrevivir económicamente a los campesinos son las remesas, las cuales han ido creciendo de manera exponencial, al grado de que para agosto de 2007, 10.8 millones de mexicanos que vivían en Estados Unidos enviaron más de 23 mil millones de dólares, “buscando compensar así el desempleo y el bajo ingreso de sus familias”, señala el análisis, y detalla que, 78 por ciento de estos recursos se utilizaron en el gasto en alimentos, renta y salud.
Sin embargo, parte importante de estas remesas quedan en empresas privadas como Elektra (propiedad de la familia Salinas Pliego), la cual incrementó “¡cómo de rayo!” sus ganancias, pues impone tarifas sumamente elevadas, ya que, por ejemplo, Western Unión cobra 5.76 por ciento de comisión, mientras Citibank cobra 1.04 por ciento sobre el monto original del envío.
“Esto significa un constante robo a las familias campesinas”, sobre todo porque por una operación de 300 dólares enviados a México, se quedan con 17.28 dólares, por el elevado porcentaje que aplican, pero además porque hacen un cálculo mañoso sobre el diferencial del tipo de cambio. Por ejemplo, cuando el tipo de cambio en México estaba en 10.72 pesos por dólar, en la modalidad de Western Union en minutos, aplicaba un tipo de 10.64 pesos a las transacciones, más la comisión, indica el informe número 75 del CAM.
Según un ejemplo del estudio, sobre un monto de envío de 300 dólares, Western Union en minutos de Elektra se queda con 17.28 y realmente entrega 282.72 dólares, pero al tipo de cambio que quiere; en la modalidad de día siguiente cobra 14.29 dólares de comisión por envío. Mientras que otras empresas, como Money Gram, cobran 10.60 dólares; Order Express, 9.45; Citibank Global Transfere (cuenta a cuenta), 3.13 dólares.
Así, los trabajadores agrícolas y de la construcción que laboran en el extranjero, al mismo tiempo que tienen bajos salarios, son presas “de la rapiña por parte de las firmas que se dedican a las remesas, las cuales lucran con el dinero enviado y tienen como verdadero interés no facilitar el envío de dinero y otorgar un servicio a la depauperizada clase trabajadora, sino lucrar con el esfuerzo ajeno”, apunta el análisis.


El “nuevo zar del petróleo”
El artífice de la reforma energética del gobierno de Felipe Calderón para permitir la incursión del capital privado en Petróleos Mexicanos (Pemex) es Juan Camilo Mouriño, recién estrenado secretario de Gobernación, acusó el senador perredista Graco Ramírez, publica Proceso en su edición 1629.

Pese a que la propuesta oficial aún no se presenta al Congreso de la Unión, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) considera que Mouriño asumió el cargo para que se concrete dicha reforma, y prepara una estrategia encabezada por el “presidente legítimo” Andrés Manuel López Obrador para “la defensa de Pemex como propiedad de la nación”, aseguró el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, en la reunión plenaria de la bancada del viernes 18.

Su compañero Graco Ramírez, entrevistado por Proceso antes de que se oficializara el nombramiento de Mouriño, afirmó que éste elaboró una propuesta de reforma energética para modificar el Consejo de Administración de Pemex de forma que tuviera 70% de representantes del gobierno federal y 30% de “capital social”, es decir empresas privadas que cotizarían como tales en la Bolsa de Valores.

El exjefe de la Oficina de la Presidencia y actual encargado de la política interna del país “es el artífice de este plan que contempla modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para aceptar la inversión privada en contratos de riesgo. Con esto se convertiría en el zar del petróleo, con los nuevos amigos de Calderón”, reiteró Ramírez, secretario de la Comisión de Energía del Senado.

En la reunión mencionada, Navarrete explicó: “Si das esa tajada de 30% de Petróleos Mexicanos a inversionistas privados, les estás dando casi la mitad de la riqueza petrolera mexicana”, por eso “el gobierno ha colocado a su jefe de staff en Gobernación para dirigir la maniobra de entrega de Pemex al capital extranjero”.

Para contrarrestar esa intención, Graco Ramírez elaboró el documento Propuesta de reformas en el sector energético. Pemex, que presentaría en privado a legisladores priistas y perredistas entre el jueves 17 y el viernes. Sin embargo, en su reunión plenaria los senadores del PRD acordaron que no presentarán una iniciativa alterna, sino esperarán a que el gobierno federal “se quite la careta y de una vez proponga la privatización de Pemex” en la iniciativa de reforma que atribuye a Mouriño, destaca el reportaje que aparece en la edición 1629 de Proceso.