SOBRE LA CONSTRUCCION DEL ESTADO POLICIACO

Preocupante y deplorable, la reforma en materia de justicia: García Ramírez

Atenta contra derechos y significa un retroceso, advierte el ex procurador de la República
“Otorga mayor benignidad al poder y mayores restricciones al individuo”, advierte
Víctor Ballinas
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Sergio García Ramírez, aseveró que la reforma constitucional en materia de justicia “contiene elementos verdaderamente preocupantes y deplorables”, atenta contra derechos y significa un retroceso, además de que “otorga mayor benignidad al poder y mayores restricciones al individuo”.
Al participar en un foro-debate sobre la reforma judicial, convocado por la Fundación Heberto Castillo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el ex procurador general de la República, investigador, juez y actual titular de la CIDH destacó que es peligroso “haber colocado en la Constitución una definición de delincuencia organizada”.
Abundó: “Se dice que es delincuencia organizada si tres o más personas acuerdan organizarse o se organizan para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguna o algunos de los delitos que en la misma (ley) se mencionan; serán sancionados por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada”.
“Como pueden darse cuenta –precisó el investigador– ahí caben muchas cosas. No podemos ser ingenuos, existe esto y es gravísimo. Y suponiendo de buena fe que con ese concepto no van a captar conductas legítimas, no deja de ser un terreno peligroso. Hace 10 años se empezó a caer en la tentación de jueces sin rostro; algunos vimos eso con alarma. Estamos entrando al terreno de los derechos con garantías recortadas o (incluso) sin ellas.”
El experto en materia judicial destacó que “la Ley Federal de Delincuencia Organizada es un engendro diabólico. Es como El bebé de Rosemary (título en español de una película de Roman Polansky). Muchas de esas figuras que deploramos provienen de ahí, por ejemplo, el arraigo jurídicamente es una mounstruosidad”.
Antes, detalló el jurista, el arraigo se utilizaba sólo para aquellas personas que podrían evadirse de la justicia y estaban en sus domicilios y no podían salir del país o de un estado a otro, pero ahora “no se trata de un verdadero arraigo: es una detención anticipada donde se viola el plazo legal de las 72 horas, se le da la vuelta, se lleva al sujeto a una casa de seguridad, a un hotel o a un establecimiento formal al que sólo falta ponerle el letrero de cárcel preventiva”.
Con la reforma, aprobada ya por el Senado, “vamos a tener dos sistemas de justicia; hemos bifurcado el sistema ordinario y vamos ahora hacia uno que da mayor benignidad al poder y mayores restricciones al individuo”.
La reforma de justicia “es ambigua; sería ligero decir que es mala o pésima, tiene aspectos excelentes, pero hay otros que son deplorables. Esta reforma todavía no está consolidada, porque como el Senado le hizo algunas modificaciones al dictamen de la Cámara de Diputados, quedó pendiente su aprobación, pero sinceramente no creo que vayan a hacerle cambios”.
García Ramírez advirtió que hay una desesperación social que clama por mayor eficacia del Estado en la lucha contra la delincuencia, y “el Estado traduce esta demanda en mano dura”.
Finalmente explicó que un sistema penal tiene que tomar los criterios que quiere y que desea; “si es un gobierno democrático, o si es autoritario, tiene que resolver a qué le va a llamar delito, quiénes van a ser los delincuentes, qué vamos a hacer con ellos y cuáles van a ser las consecuencias jurídicas”.


Nuevo rechazo de la Iglesia a la confusión en el caso Posadas
Duda también que Alfredo Araujo, El Popeye, sea uno de los autores materiales del asesinato. Sin duda hay personalidades pasadas que no quieren ser tocadas, señala Hugo Valdemar

Han pasado tres presidentes y las autoridades no tienen interés en ir al fondo del asunto, dice
Angélica Enciso y Ciro Pérez
La Iglesia católica rechazó una vez más que el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido en mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara, haya sido producto de la confusión y que Alfredo Araujo, El Popeye, sea uno de los autores materiales del crimen.
Esto lo señaló Hugo Valdemar Romero, vocero de la Arquidiócesis Primada de México, quien también sostuvo que el gobierno federal ha mantenido la hipótesis de “la confusión” una y otra vez, “lo cual quiere decir que las autoridades no tienen interés en ir al fondo, porque sin duda hay personalidades pasadas que no quieren ser tocadas”.
Declinó decir quiénes son esas “personalidades pasadas” y aseguró que en ningún momento la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se ha dado por satisfecha con la investigación y, “si no aceptamos esa tesis, tampoco creemos que esta persona que detuvieron sea uno de los autores materiales del crimen”.
Fue un “crimen de Estado”
Ayer, Valdemar Romero, en entrevista en la Catedral Metropolitana, dijo que el propio cardenal Juan Sandoval Íñiguez, también arzobispo de Guadalajara, “ha insistido una y otra vez en que se trató de un crimen de Estado”. Y agregó que sobre lo ocurrido hay muchas dudas y preguntas en el aire que no se han podido contestar. “No hemos recibido una respuesta satisfactoria; han pasado tres presidentes, estamos en el cuarto y hasta ahora la Iglesia no se da por satisfecha por las explicaciones, que resultan ridículas, de la confusión del asesinato infame y sacrílego del cardenal Posadas”.
Al final de la misa oficiada por el cardenal Norberto Rivera, Valdemar Romero dijo sobre la detención de Alfredo Araujo: “No sé si sea un chivo expiatorio; es seguir con esa trama inverosímil, ridícula que los obispos no han aceptado”. Precisó que la detención de “este delincuente no resuelve nada”.
Insistió en que la Iglesia católica continuará con su exigencia de que “se haga justicia, que salga a la luz la verdad, sea cual sea, caiga quien tenga que caer. Se trató de un asesinato cobarde de un cardenal y de su chofer; entonces, en éste y cualquier otro crimen, la sociedad amerita (sic) saber las causas y que se haga justicia. Cosa que hasta el momento no se ha hecho”.
Dijo que la CEM no ha recibido informes concluyentes y fehacientes sobre el caso y puntualizó que “no sería responsable de parte de la Iglesia señalar a alguien; si bien puede haber ciertas pruebas, no se tienen las suficientes como para señalar con el dedo a los autores intelectuales y materiales”.
El vocero de la Arquidiócesis insistió en que “seguimos sin saber por qué este asesinato. No sabemos si los Arellano Félix fueron los responsables, ni podemos decir que en particular sea alguien, pero por supuesto que no es una confusión: iban a matarlo a él (a Posadas), fue a quemarropa, a unos cuantos metros. Esto no puede ser confusión”.
Hace casi 15 años, el nuncio Girolamo Prigione llegó al aeropuerto de Guadalajara la tarde del lunes 24 de mayo de 1993, fecha del asesinato del cardenal Posadas Ocampo, quien acudió a recibirlo a bordo de un auto Grand Marquís. En esa fecha el funcionario del Vaticano declaró que la Iglesia católica estaba dispuesta a “esperar un tiempo prudente” para que se esclarecieran los hechos y rechazó que hubiese sido un atentado o un crimen de Estado.
El entonces procurador general de la República, Jorge Carpizo, aseguró que la muerte del cardenal y de otras seis personas fue una confusión durante el enfrentamiento de los cárteles de Sinaloa y de Tijuana. Inclusive declaró presuntos responsables a El Güero Palma, El Chapo Guzmán y los Arellano Félix.
Pero pronto la misma Iglesia católica, en voz del cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, calificó de “inaceptable la versión de la confusión”, mientras que el obispo de Cuernavaca, Luis Reynoso Cervantes, ratificó: “Está descartado que hubo una confusión; ni el fuego cruzado lo admitimos... las conclusiones de la procuraduría son ridículas”, y planteó una serie de interrogantes:
“¿Por qué no se investiga la razón por la cual los agentes de la procuraduría, enviados desde (la ciudad de) México a investigar el homicidio, salieron antes de que éste fuera cometido? ¿Por qué no se investiga a los altos funcionarios de la PGR que llegaron al aeropuerto de Guadalajara una hora antes de perpetrarse el crimen? ¿Por qué no se indagan las presiones a las que fue sometido el cardenal Posadas en las oficinas de Los Pinos, los días previos a su muerte?”
Los jerarcas católicos también cuestionaron que aún no se indague sobre “el vuelo militar que sacó de Guadalajara a El Chapo Guzmán después del asesinato, así como las intervenciones telefónicas a varios representantes de la Iglesia católica”.
La averiguación sobre el homicidio está integrada por 25 mil 167 fojas, distribuidas en 61 tomos. La inició el procurador Jorge Carpizo en el sexenio de Carlos Salinas, y la continuó en el sexenio de Ernesto Zedillo el procurador (panista) Antonio Lozano Gracia, quien cerró el caso, no sin antes declarar que “fue una investigación verdaderamente exitosa”, que llevó a la misma conclusión de Carpizo.
En julio de 1998 se creó un grupo interinstitucional del que formaron parte el obispo de Cuernavaca, el arzobispo de Chihuahua, José Fernández, funcionarios del gobierno panista de Jalisco y de la PGR. Tiempo después, el cardenal Sandoval Íñiguez volvió a rechazar la postura oficial, descalificó el trabajo de la comisión y, sin proporcionar pruebas contundentes ni establecer móviles precisos, acusó al gobierno federal de encubrimiento y de tener poca voluntad política para esclarecer el asesinato, e insinuó que los responsables están en las entrañas del sistema y ocupan posiciones en sus más altos niveles.
Años después, la subprocuradora María de la Luz Lima Malvido reabrió la indagatoria, que incluyó diligencias adicionales en los aeropuertos de Tijuana, Guadalajara y la ciudad de México, para determinar qué ocurrió el 24 de mayo de 1993 en la terminal aérea de la capital jalisciense, cuando al filo de las 15:35 fueron asesinados el cardenal Posadas, Pedro Pérez Hérnández, chofer del prelado; Martín Alejandro Aceves Rivas, chofer del alcalde de Arandas; José Ramón Flores Flores y José Rosario Beltrán Medina, escoltas de Joaquín El Chapo Guzmán, actualmente prófugo; José Manuel Vega Rodríguez y Francisco Rodríguez Cabrera.

Difunde Londres un sombrío diagnóstico sobre México
leonardo boix
Londres, 28 de enero (apro).- Gran Bretaña criticó duramente a México en un informe publicado el pasado 20 de diciembre en la capital londinense, en el que se abordó la actual situación política, social y económica del país latinoamericano.

Según el documento, elaborado por funcionarios del Ministerio del Exterior británico, el gobierno del premier Gordon Brown está particularmente preocupado por los niveles de violencia policial e impunidad en las calles de México, la sobrepoblación carcelaria, la violencia contra las comunidades indígenas, en especial en Chiapas y Oaxaca, así como por el maltrato a los niños en situación de calle.

El informe, que es consultado por organismos internacionales, ONG y academias universitarias de Gran Bretaña, dio cuenta del grave problema de abusos de derechos humanos en suelo mexicano.

“La situación de derechos humanos en México mejora muy lentamente. De continua preocupación son los niveles de violencia policial y la impunidad que la acompaña”, destacó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores con sede en el Pall Mall.

“Preocupan las pobrísimas condiciones de superpoblación en las prisiones, y la violencia a las comunidades indígenas, particularmente en Chiapas y Oaxaca”, agregó.

Además, destacó el informe, en el área social y de desarrollo no todo México se ha beneficiado de la transformación económica.

De acuerdo con el texto, los indicadores sociales del país “siguen siendo pobres” y la distribución de la riqueza “desbalanceada”.

“Los estándares de vida son superiores en el norte, cerca de la frontera con Estados Unidos, mucho más que en las zonas sur, que son más pobres y rurales”, destacó.

Según el gobierno británico, que cita como fuente estadísticas del Banco Mundial (BM), “la mitad de la población en México vive en la pobreza extrema y una cuarta parte de este sector reside en zonas urbanas en los estados del centro del país”, subrayó.

En tanto, advirtió que aunque todos los niños mexicanos “tienen el derecho a la educación primaria gratuita”, muchos de ellos “deben dejar la escuela para ayudar a sus familias”.

El documento también destacó que sólo 58% de los mexicanos tiene acceso al agua potable, aunque admitió que esa cifra era de sólo 38% en 2000.

Sin embargo, esbozó la cruda realidad en que susbsisten millones de mexicanos: “la alta incidencia de la mortalidad infantil y de las enfermedades infecciosas y nutricionales, demuestran que son necesarias mejorías substanciales en la infraestructura del país, especialmente en el sur”.

Explicó que la proporción del PIB destinada a los servicios sanitarios se incrementó en los últimos años, “pero sigue siendo más baja que en 1960”.

Fallecen más por sida

Gran Bretaña también llamó la atención a México en materia de la lucha contra el VIH/sida.

“En 1999 se estimaba que 150 mil personas tenían VIH/sida. Unas 4 mil 700 personas fallecieron de esa enfermedad en ese año. Este grupo está creciendo, y ese mismo año se estimaba que representaba el 0.29% de la población adulta”, subrayó.

Además, alertó a los turistas británicos sobre los riesgos de viajar a México, “debido a que el crimen y los secuestros están aumentando”.

“(Los viajeros) deberían estar particularmente alertas en áreas turísticas, especialmente cuando utilizan el transporte público, o cuando hablan con la policía. También deben ser cautos a la hora de retirar dinero”.

Aunque admitió que la amenaza por el terrorismo en México “es baja”, subrayó que el peligro global de ataques terroristas indiscriminados “podría llevar a atentados en zonas públicas, principalmente aquellas frecuentadas por turistas extranjeros”.

El documento detalló varios incidentes con petardos en México. “Uno explotó el 31 de julio de 2007, fuera de un comercio en la ciudad de Oaxaca. El 6 de noviembre de 2006, tres bombas pequeñas explotaron en la Ciudad de México. Uno de los blancos fue el Tribunal Federal Electoral, otro las oficinas centrales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, el tercero, una sucursal del Scotiabank en el sur de la ciudad”.

Sobre la situación de criminalidad en México, Londres advirtió que el problema “va en aumento”.

Dijo: “Cerca de 140 casos de pasaportes robados son reportados en nuestra embajada cada año. Es preferible no vestir ropas o joyas caras. Hay que estar particularmente en alerta en el transporte público, en los aeropuertos, estaciones de buses y sitios turísticos”.

También pidió a las turistas británicas estar alertas “por el incremento en las violaciones, especialmente en micros urbanos que circulan por rutas del sur de la Ciudad de México”.

El documento también mencionó el problema por los llamados “secuestros exprés”, que calificó de hechos “oportunistas a corto plazo”, en algunos casos “apoyados por la misma policía”.

En su sección de economía hizo mención a los problemas financieros que enfrenta México. “La desigualdad entre los ricos del norte industrial y el sur más pobre y agrícola sigue existiendo. Cerca de 50% de la población vive en la pobreza”, subrayó.

Además, criticó a la economía mexicana por depender tanto de la estadunidense. “Los altas y bajas en Estados Unidos influencian enormemente la marcha económica de México”, sostuvo.

De todos modos, el documento insistió en que Gran Bretaña y México “mantienen muy buenas relaciones”, y recalcó en especial la reciente visita del presidente Felipe Calderón a Londres, cuando se firmaron varios acuerdos bilaterales de cooperación.

Y no es para menos la mención sobre el estado de las relaciones bilaterales: las exportaciones británicas a México en 2006 fueron de mil 500 millones de dólares, incluidas exportaciones por componentes de automóviles, farmacéutica, maquinaria, telecomunicaciones, y químicos orgánicos.

La importación procedente de México en 2006 fue de 220 millones de dólares, e incluyó petróleo, metales no férreos, equipo de generadores eléctricos y maquinaria industrial y eléctrica.

Gran Bretaña tiene muchos intereses en México, con grandes multinacionales como Astra Zeneca, BAT, BP Diageo, Glaxo Smith Kline Johnson Matthey, GKN, Shell y Unilever, que poseen inversiones multimillonarias en el país.

En entrevista con Apro, Paul Sight, portavoz del Ministerio del Exterior, indicó en Londres que a pesar del interés de Gran Bretaña en México y en América Latina, “reenfocará sus esfuerzos a áreas como Asia y Medio Oriente”.

El funcionario británico declaró que “seguimos interesados en la región, pero habrá algunos cambios de enfoque, que incluirán un menor número de empleados de nuestra sección para América Latina”.

Agregó que “le seguimos dando mucha importancia a la lucha contra el cambio climático, aunque evidentemente nuestro enfoque central estará ahora en Asia y Oriente Medio, por razones obvias”.

En tanto el profesor Kevin Middlebrook, miembro del prestigioso Instituto para el Estudio de las Américas en Londres (ISA) y experto en política y relaciones internacionales de México, se mostró de acuerdo con el documento crítico presentado por el gobierno británico.

Middlebrook, una de las máximas eminencias sobre política mexicana y autor de libros como Electoral Observation and Democratic Transitions in Latin America” (San Diego, 1998), dijo además que México tiene aún muchos problemas pendientes.

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“Son problemas muy complicados los que presenta el reporte. En Oaxaca, por ejemplo, hay una crisis que viene ya de hace años, que involucra a un movimiento político muy heterogéneo, que llevó a protestas, marchas, represión, el arresto de líderes del movimiento, etcétera. Se trata de una situación muy compleja con mucha historia. Pero es justo que estos movimientos extiendan su participación y luchen por el poder contra un gobierno particularmente violento y corrupto”, subrayó el experto del ISA.

Sobre los niños en situación de calle, Middlebrook acotó: “No iría tan lejos en decir que existe inestabilidad, pero sí existe un problema de violencia y de lucha de derechos. Obviamente, las capas más vulnerables de la sociedad mexicana son las más vulnerables a esta violencia policial”.

También coincidió en la agudización de la pobreza en México. Dijo que aunque desde los años noventa el gobierno ha invertido recursos para los más pobres de la población, especialmente en las zonas rurales, “hay una gran porción de la población, y estamos hablando de millones de habitantes, que siguen muy pobres”.

Sobre la menguada inversión en el sector salud, el profesor dijo que le sorprendería que ésta fuese menor a la de los años sesenta, “pero si ese es el caso, parcialmente reflejaría la privatización de los servicios de salud. Depende de qué se mide. Creo que tendríamos que ser cautos al respecto”, concluyó.