TRASNACIONALES SOBRE PEMEX

23 ene 2008

Halliburton obtiene los contratos más jugosos de Petróleos Mexicanos
Entre 2003 y 2006 la paraestatal le dio 65 contratos, que llegaron a 127 en igual lapso. Le asignó 160 convenios por 2 mil mdd; cerró cuantiosa transacción esta semana
Roberto González Amador
De prisiones para migrantes a pozos petroleros en México. Halliburton, una de las empresas emblemáticas del aparato de seguridad y defensa de Estados Unidos, se ha convertido en el principal contratista extranjero de Petróleos Mexicanos (Pemex), posición en la que ha ido avanzando desde la administración pasada y que reforzó en el actual gobierno, al cerrar esta semana una de las transacciones más cuantiosas que ha obtenido en el país.
Datos de Pemex revelan que Halliburton ha obtenido de la petrolera estatal 160 contratos, por un monto que alcanza ya 2 mil millones de dólares, lo cual equivale a una quinta parte de la inversión que Petróleos Mexicanos realizó en los últimos cinco años con recursos presupuestales.
Pemex Exploración y Producción (PEP), la principal subsidiaria de la paraestatal petrolera mexicana, concedió a Halliburton, entre junio de 2003 y marzo del año pasado, 65 contratos para trabajos de perforación y mantenimientos de pozos en las principales regiones productoras de crudo, ubicadas en las zonas del Golfo de México y la sonda de Campeche, de acuerdo con información oficial obtenida por este diario. Esos 65 contratos originales fueron objeto de otros 127 contratos de modificación de obra, celebrados durante el mismo periodo entre Pemex y la empresa extranjera.
La decisión del gobierno federal de permitir una mayor participación de Halliburton en la industria energética mexicana constituye un paso hacia la incorporación del país a los intereses del aparato de seguridad y defensa de Estados Unidos, según el experto John Saxe-Fernández, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Ninguno de los anteriores gobiernos había llegado a tanto”, lo que es más grave cuando se trata, como con el actual, de un gobierno sobre el que existen dudas respecto de su legitimidad, abunda John Saxe-Fernández, especialista en temas energéticos y estratégicos.
El lunes pasado, Halliburton anunció en su cuartel general en Houston, Texas, que obtuvo del gobierno del presidente Felipe Calderón un contrato a tres años para perforar y finalizar 58 pozos en la región sur de México, donde se encuentra el grueso de la reserva petrolera del país. A cambio de ese contrato, Pemex pagará a la firma estadunidense 683 millones de dólares, el contrato más jugoso de los firmados hasta ahora entre ambas compañías.
La puerta circular
Halliburton es por varias razones una firma controvertida. Recientemente fue señalada en Estados Unidos de proveer comida descompuesta a las tropas estadunidenses que ocupan Irak, donde la firma ha obtenido contratos de la administración estadunidense por 18 mil millones de dólares desde que ese país fue invadido en 2003.
El vicepresidente de Estados Unidos, Richard Cheney, fue presidente de la empresa y, antes, en un curioso movimiento como de puerta circular en el que se confunde lo público con lo privado, había ocupado, durante la primera guerra del Golfo Pérsico, la cartera de secretario de Defensa.
En 2006 Halliburton obtuvo del gobierno estadunidense un contrato para construir una prisión para migrantes, en el marco de un programa gubernamental para contener el flujo de personas que buscan un trabajo en Estados Unidos.
El año pasado Halliburton dio una muestra de cómo habían crecido sus negocios en México y de lo que esperaba para el futuro. El 19 de marzo de 2007 anunció que abriría una fábrica en Monterrey, Nuevo León, para satisfacer la creciente demanda de productos y equipo para exploración, producción y transporte de petróleo.
Un paso adelante para responder a expectativas de una mayor participación en México. En febrero de 2005, durante un foro realizado en Boca del Río, Veracruz, Lew Watts, vicepresidente de estrategia de mercados de Halliburton, dijo que su empresa “estaría más que contenta” de lograr una alianza estratégica con Pemex. “La apertura (al capital privado) sería una oportunidad, pero de no darse no sería tan malo”, agregó.
Información publicada por La Jornada el 4 de agosto de 2002 reveló que los planes de Halliburton para tomar posiciones ante una eventual apertura del sector energético al capital privado se fortalecieron en el primer gobierno del Partido Acción Nacional, si bien la empresa ha operado en el país durante siete décadas.
Documentos del gobierno estadunidense obtenidos por este diario y citados en un reporte de agosto de 2002 dieron cuenta de que Halliburton Corporation recibió de la administración federal de Estados Unidos cientos de millones de dólares en subsidios y apoyos para lograr contratos con Pemex.
“Somos el principal proveedor de tecnología de punta para Pemex”, declaró en 2002 Manuel Palomo, entonces vicepresidente de Halliburton en México. Consultas realizadas ayer por este diario arrojaron que actualmente esa empresa provee 80 por ciento de la tecnología que adquiere Pemex de firmas extranjeras.
Para expertos como Saxe-Fernández, las operaciones de Halliburton en México no deben ser vistas como meras transacciones comerciales. Mencionó que Halliburton y su subsidiaria Kellog, Brown and Root han protagonizado varios de los mayores casos de corrupción corporativa dentro y fuera de Estados Unidos. “Se trata de una compañía con fuertes vínculos con el aparato de seguridad y defensa de Estados Unidos”, afirma.
“Ya resultaba un escándalo que el anterior director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, planteara en público que México debería participar en garantizar la seguridad energética de sus socios comerciales de América del Norte, pero eso se queda corto con lo que está haciendo el actual gobierno”, señaló. Insistió en que es “absolutamente innecesario e injustificado” que Pemex recurra a firmas extranjeras para realizar trabajos de exploración o perforación.


Detona la STPS ira de manifestantes con una manta colocada para recibirlos“En esta secretaría no se tramitan asuntos penales”, rezaba el anuncio
Grupos sociales, campesinos y mineros exigen la destitución de Javier Lozano
Patricia Muñoz Ríos

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recibió ayer con una enorme manta a los agremiados del sindicato minero, quienes realizaron un mitin frente a la dependencia, en la cual les advertía: “En esta secretaría no se tramitan asuntos penales”, lo cual calentó los ánimos e indignó a los integrantes de organizaciones obreras, quienes acusaron a Javier Lozano, titular de la dependencia, de ser “el gran esquirol” del país, por romper huelgas, y pidieron su renuncia.
Miembros de organizaciones sindicales independientes, campesinas y sociales, y más de 2 mil trabajadores, acompañaron a los mineros en la protesta, frente a la sede de la STPS, ubicada en Periférico sur, donde Juan Luis Zúñiga, primer vocal del consejo de vigilancia de la organización, dijo que “le quedó grande el encargo” a Lozano, y el secretario de asuntos políticos, Carlos Pavón, expresó que “el mismo cochinero que se hizo para querer desconocer la huelga de Cananea se quiere aplicar en Taxco, Guerrero”.
En tanto, Agustín Rodríguez, líder del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, sentenció que la manta colocada era una provocación, una acción “muy baja” cometida por quienes tienen la obligación de defender al sector laboral.
La manta de la discordia, que medía aproximadamente 20 metros de ancho por 15 de largo, fue colocada sobre una gran estructura de tubos, pero aun cuando se encontraba atrás de la puerta principal de la dependencia, fue derribada por los trabajadores, lo cual provocó gran estrépito. Los manifestantes lanzaron piedras a la manta, y varias se estrellaron contra algunos automóviles, por lo cual la dependencia anunció que presentará denuncias penales contra el sindicato.
Allí tomaron la palabra trabajadores de la sección 65 de Cananea, Sonora, quienes dijeron a Lozano que no son criminales, que son gente productiva que desea trabajar, por lo que no tiene por qué mandar a la fuerza pública, sino a inspectores que verifiquen las condiciones de la mina. Y sentenciaron: “si quieren hacer de Cananea un bastión de rebeldía, lo van a lograr porque el contrato colectivo no nos lo van a quitar”.
Dirigentes de los sindicatos Mexicano de Electricistas (SME) y Único de la Industria Nuclear, así como de la Alianza de Tranviarios, la Coordinadora de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior, la Coordinadora Plan de Ayala, El Barzón Popular, el Frente Sindical Mexicano y la Unión Nacional de Trabajadores, entre otros, repudiaron la política laboral del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y advirtieron que “no pasará” la reforma laboral.
Martín Esparza, líder del SME, planteó que el movimiento de descontento social apenas comienza, y dijo que “es inaceptable que la STPS defienda a los poderosos dueños de las minas y friegue a los trabajadores. Es indignante –continuó– que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje falle siempre contra los intereses de la clase obrera”. Puntualizó: “se equivoca este gobierno panista si cree que los trabajadores van a renunciar a sus derechos y van a dejar que imponga sus reformas laboral y energética”.
José Narro Céspedes, de la Coordinadora Plan de Ayala, expresó que este gobierno, como el de Vicente Fox, es de “oídos sordos”, por lo que llevarán a cabo movilizaciones, como la marcha del próximo día 31, en la cual llegarán caravanas de campesinos de todo el país, y advirtió que contra este gobierno proempresarial “se avecina una lucha larga”.
A su vez, Carlos Pavón planteó que el sindicato minero reta a Lozano a ir a Cananea, para que verifique la situación de inseguridad en que se trabaja. Respecto de la manta, declaró: “la secretaría no sólo no trata asuntos penales, sino tampoco laborales, porque no hace nada para solucionar conflictos como el minero. Antes los alienta”.
Finalmente, Gregorio Alarcón, líder de los comerciantes en pequeño, sostuvo que “en este gobierno mandan las empresas, los concamines y concabrones”. La Alianza de Tranviarios planteó que “el proyecto neoliberal a todos nos chinga”.

“Ilegítimo, que el Estado penalice el aborto”Las leyes deben reconocer la pluralidad, afirman expertos en seminario sobre el tema
Nadie propone su práctica; se trata de evitar un mal mayor, señala Juliana González
Ángeles Cruz Martínez

El Estado incurre en un ejercicio ilegítimo del poder cuando penaliza el aborto al determinar, a partir de una sola visión, que cuando una mujer interrumpe el embarazo comete algún delito. Es una exigencia ética y política que en las leyes se reconozca la pluralidad, incluso en los asuntos que tienen implicaciones morales, afirmaron filósofos al participar en el seminario Aborto, un debate abierto.
Juliana González, investigadora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtió que la pluralidad implica tolerancia, apertura, respeto al otro y aceptación genuina de la diferencia como única vía para el diálogo y la posibilidad de llegar a acuerdos.
Durante el segundo día de trabajos del seminario, que organizan universidades, instituciones académicas y organizaciones civiles, González planteó que el consenso inicial respecto del aborto es que nadie propone su práctica. Es, de hecho, algo negativo desde el punto de vista moral, sicológico y humano. Sin embargo, en ocasiones la no interrupción del embarazo puede llevar a un mal mayor, porque con la penalización las mujeres se ven forzadas a abortar en forma clandestina y en condiciones que ponen en riesgo su vida, salud y dignidad. La despenalización del aborto “no es estar en contra de la vida, sino a favor de los derechos humanos de la mujer y de la calidad de vida que se puede ofrecer a quienes llegan a ella”.
En el análisis filosófico, la ex directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM resaltó la cercanía que existe con lo moral y la controversia sobre el momento cuando se está ante la presencia de un ser humano. Para los filósofos, dijo, esto ocurre posteriormente a la concepción.
Sin embargo, más importante es qué es el ser humano, indicó, y luego de una amplia reflexión teórica, señaló que no hay un momento absoluto en el que surge la persona, sino un proceso de desarrollo en el que van apareciendo nuevas características.
A su vez, Rodrigo Guerra, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, defendió la postura de que el embrión es un ente que desde sus estadios iniciales es sujeto de derechos. Es autónomo, tiene un metabolismo propio y diferenciado del de sus progenitores, indicó. Para dar cuenta de la complejidad de la discusión, el especialista, defensor de la vida desde el momento de la concepción, señaló que la ley no debe sancionar a la mujer cuando aborta, aunque tampoco debe dejar desprotegido al no nacido.
En la misma mesa donde se abordaron los aspectos filosóficos del aborto, Gustavo Ortiz Millán, miembro del Instituto de Investigaciones Filosóficas (IFF), destacó lo ilegítimo del poder que ejerce el Estado cuando penaliza el aborto sin que exista consenso sobre la definición de persona. Además, una ley es inmoral si tiene efectos negativos, dijo.
Enseguida aseguró, con base en la experiencia de otros países, que la penalización no es impedimento para que las mujeres sigan abortando y, por el contrario, en los lugares donde se ha eliminado la sanción, como Italia, la tendencia ha sido hacia la disminución de la práctica.
Lo que en realidad sanciona la ley, señaló Ortiz, es la falta de prevención, el bajo nivel educativo y las condiciones de pobreza en que viven la mayoría de las mujeres que no quieren ser madres.
Alejandro Herrera, investigador del IIF de la UNAM, retomó uno de los argumentos de quienes defienden al no nacido, cuando afirman que el embrión es una “persona en potencia”. Dijo que sólo las personas tienen derechos, por lo que las personas en potencia no tienen derechos, aunque en un acto de caridad se les puede tratar como si ya los tuvieran, expresó.
Luego de plantear los deberes y derechos de cada actor que podría estar involucrado en el tema, el especialista dijo que los legisladores tienen el deber moral de hacer leyes respetando la pluralidad de la sociedad, mientras el Estado debe garantizar el libre ejercicio de las prácticas que las personas derivan de sus convicciones.

La narcopolitica
jorge carrasco araizaga
Agua Prieta, Son., 21 de enero (apro).- A Nahum Acosta Lugo lo perdió la presunción. Acostumbrado a gestionar favores, usó su nombramiento como director de área en la Coordinación de Giras Presidenciales para abrir puertas en los círculos centrales de poder a quien se lo pidiera en esta ciudad fronteriza, donde desarrolló las relaciones que ahora lo tienen bajo sospecha de haber servido al narcotráfico desde Los Pinos.

Abandonado a su suerte por quienes fueron sus promotores en el PAN, Manuel Espino Barrientos y Francisco Búrquez Valenzuela, Acosta Lugo cayó en medio de la guerra partidista en el estado. No fue la primera vez que aquí se desatan escándalos por las señaladas relaciones de gobiernos locales del PAN con el narcotráfico. En su momento ocurrió lo mismo con el PRI.

Asiento tradicional de poderosos grupos de traficantes de drogas, armas y personas, Sonora fue para el exfuncionario de Los Pinos el principio y el fin de una veleidosa vida político-burocrática cuyo siguiente objetivo era la presidencia municipal de Agua Prieta. De organizador de masas del PRI a uno de los cuadros "más entusiastas" del PAN, y con un breve pasaje en el PRD, a Nahum Acosta se le recuerda en Agua Prieta por llevar una intensa vida pública, incluidas sus relaciones con personajes del narcotráfico, entre ellos los Paredes y los Beltrán Leyva, operadores de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Sus vínculos con Arturo Beltrán Leyva “El ingeniero” o “El Barbas” lo tienen bajo arraigo en una investigación por delincuencia organizada, acusado de filtrar la agenda presidencial al grupo de “El Chapo”.

Identificado inicialmente por la familia como un "exitoso ingeniero al que Nahum conoce desde hace unos seis meses", Beltrán Leyva fue señalado a principios de los noventa como uno de los constructores de un complejo túnel para el paso de droga hacia Arizona.

Cuando esta obra se descubrió, la familia Beltrán Leyva salió de la ciudad, pero "El ingeniero" regresaba con frecuencia. Difundida la versión de los contactos que el narcotraficante sinaloense tenía con Acosta Lugo, la familia del exempleado de Los Pinos considera ahora que "probablemente lo conocía y convivieron, pero en ningún caso como cómplice o encubridor".

El número telefónico del “El ingeniero” en el celular de Acosta Lugo es uno de los elementos en los que la Procuraduría General de la República (PGR) fundamenta las acusaciones contra el exdirector de Giras, cuya oficina dependía directamente de la Secretaría Particular de la Presidencia, controlada por el PAN sonorense, y en la que Nahum Acosta destacó a pesar de su pasado antipanista.

La PGR busca confirmar también la relación de Acosta Lugo con Héctor Beltrán Leyva El H, con cuya esposa entró en contacto el acusado a finales de 2004 para rentar una casa que el operador de “El Chapo” tiene en Huixquilucan, Estado de México. En dicha entidad se han ubicado varias propiedades de esa familia sinaloense.

Es más conocida la relación de Acosta Lugo con el grupo denominado Los Paredes: se le veía con Marcos Paredes, el único de los hermanos que sobrevivió a una matanza ocurrida el 3 de mayo pasado en el restaurante “Los Tulipanes”, de Agua Prieta. Luego del atentado contra la familia, varios de cuyos integrantes tenían antecedentes en Estados Unidos por tráfico de cocaína, Marcos se fue al Distrito Federal a pesar de los negocios que tiene en Sonora.

A Nahum Acosta Lugo le gustaba ostentar y hacer sentir su cargo, recuerdan políticos de esta ciudad, a donde el acusado llegó a mediados de los ochenta para hacer su carrera política. Su concuño Luis Anguiano Fernández dice que en Agua Prieta "resulta casi imposible no tener relación con algún pollero, traficante de mercancías ilegales, carros chuecos o narcotraficantes, sin que esto implique que los solapes y mucho menos que seas su cómplice por el sólo hecho de convivir con él en algunas actividades de carácter público, privado, familiar o social. Son relaciones circunstanciales".

En entrevista con Proceso, Anguiano Fernández (casado con una hermana de Evelia Mejía, esposa de Nahum Acosta) enumera las razones de ese contacto forzoso: en una ciudad como ésta, incluida en la ruta de la delincuencia organizada, los integrantes de ésta "son tu excompañero de clases, tu vecino, tu cliente, o tus hijos van a la misma escuela que los suyos. Estoy seguro que esta es la clase de relación, no complicidad, que mi concuño pudiera tener con algún narcotraficante. Al presidente lo están engañando".

Inexplicable presencia

Desde que fue detenido en Los Pinos por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) el jueves 3 de febrero, tanto en esta ciudad como en Hermosillo, la capital del estado, se han buscado explicaciones sobre su presencia en actos públicos, en particular algunos de la delegación de la PGR, sin relación con su trabajo en la Presidencia de la República. Uno de ellos fue el 3 de agosto de 2003, en la incineración de droga en Nogales, donde le tomaron la fotografía que circuló al difundirse su detención.

Abordado en su momento por la prensa local, Acosta dijo que su presencia obedeció a su amistad con la entonces delegada de la PGR, Rosa Amelia Soria Cáceres, quien posteriormente dejó el cargo entre sospechas de haber dejado escapar a un operador de “El Chapo”: Daniel Enrique Parra, integrante del grupo de Los Güeros o Los Números, ya que se identifican mediante cifras.

Parra, que había sido detenido por la Policía Municipal de Ciudad Obregón y tenía orden de aprehensión de la PGR, fue asesinado a fines de enero de 2005 en Tijuana, Baja California. El hecho, que salpicó de escándalo a la presidencia municipal del PAN en Ciudad Obregón, se conoció en el estado como el caso del "cuarto pasajero". Además, en diciembre pasado, integrantes de “Los Güeros” escaparon en una avioneta durante una persecución aérea de la PGR en Hermosillo.

En abril del año pasado, Acosta participó como director de Giras Presidenciales -pero sin la presencia de Vicente Fox- en el informe de actividades de la PGR en Sonora. Así mismo estuvo presente con el actual delegado de la PGR, Carlos Albert Herrera Flores, en una reunión del Consejo de Seguridad del estado en la que participaron la policía municipal y judicial del estado, el delegado de la Policía Federal Preventiva y el de la PGR. Éste desestimó la presencia de Nahum Acosta en aquel informe, pues "jamás se vulneró el sigilo de las investigaciones que la dependencia realiza", pero aún no se explica qué hacía en la reunión.

Los favores ya le habían causado al exfuncionario un grave problema en Estados Unidos, donde se le impide ingresar desde 1998 y está fichado.

Poco antes de integrarse al PAN y después de haber pasado por el Instituto Nacional de Migración en Torreón, Coahuila, entre 1997 y 1998, Acosta tramitó las antiguas micas para agentes de la policía judicial en Agua Prieta y él mismo les tomó las fotografías.

A raíz de que uno de esos documentos fue mal utilizado, el gobierno estadunidense identificó a Acosta Lugo como el gestor y lo señaló como uno de los coyotes que realizaba esos trámites en forma ilegal, por lo que le prohibió entrar durante 10 años a su territorio. Debido a ello, no pudo reunirse con su hija mayor, de 10 años, cuando estudiaba en la vecina ciudad de Douglas, Arizona. Sus dos hijos menores, de siete y cinco años de edad, nacieron en Estados Unidos.

Entre panistas

Acosta Lugo es el cuarto de nueve hermanos y nació en Bacobampo, la comunidad más grande del municipio de Echejoa, que por el tamaño de su territorio es el más poblado de Sonora. Casi la mitad de los habitantes de ese pueblo enclavado en el Valle del Mayo, al sur del estado, son de origen indígena y padecen marginación. Después, Acosta se estableció en Agua Prieta como maestro rural de primaria.

La familia de Acosta Lugo no escapó a las dificultades económicas. Su madre, Estela Lugo Gaxiola, tuvo que vender comida para mantener a sus hijos, ahora profesionistas y obreros (algunos de ellos perredistas). La casa familiar está en una calle sin pavimento y con el primer piso sin terminar, lo que es utilizado por la defensa de Nahum para desacreditar que haya obtenido beneficios del narcotráfico.

Hasta ahora, la PGR sólo ha comprobado la existencia de cuentas bancarias de Nahum, su esposa y sus hijos que no llegan a los 100 mil pesos, a pesar de haber filtrado que había recibido 100 mil dólares por pasar al narco información sobre las actividades de Fox. De acuerdo con su concuño, Acosta tiene en Agua Prieta tres propiedades de interés social en Pueblo Nuevo, una zona proletaria, mientras que la casa donde vivía en el Distrito Federal es rentada.

De su estilo de vida en Agua Prieta, destaca la facilidad con la que contaba detalles sobre las actividades de Fox. En busca de clientela política, ofrecía sus servicios desde la Presidencia y más de uno logró favores, incluso judiciales.

Para hacer sentir su presencia, hacía que los medios locales incluyeran su imagen en compañía de Fox. Su familiar cuenta que incluso logró la construcción de una pista de atletismo y que fuera inaugurada por la atleta Ana Gabriela Guevara en compañía del director de la Comisión Nacional del Deporte, Nelson Vargas.

En esta ciudad también se recuerda que fue propietario de una tortillería y que manejaba un auto de modelo atrasado. Pero sobre todo destaca su activismo político y su paso por el PRI, el PRD y el PAN. Como priista, fue un fuerte opositor al blanquiazul.

Como egresado de la Escuela Normal Rural Plutarco Elías Calles, en el rancho El Quinto -que en los años setenta fue bastión de la Liga Comunista 23 de Septiembre-, fue un dirigente que gustaba de las movilizaciones. En una de ellas logró que el ISSSTE estableciera una clínica de atención en esta ciudad.

Tras el asesinato del sonorense Luis Donaldo Colosio, Acosta empezó a separarse del PRI y tuvo un breve paso por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), hasta que en 1998 se afilió al Partido Acción Nacional y se sumó a la campaña presidencial de Vicente Fox.

De acuerdo con las reglas del PAN, Acosta debió obtener la firma de un militante como aval para ser admitido en el partido, pero a raíz del escándalo nadie ha querido identificar a su "padrino". Y eso que en 1999 fue designado secretario de Acción Gubernamental del PAN municipal, cuando el secretario general del PAN en Hermosillo era David Figueroa Ortega, expresidente municipal de Agua Prieta y compadre del acusado.

Francisco Búrquez, entonces presidente del PAN en Sonora, fue uno de los primeros en deslindarse de Nahum Acosta, aunque ambos pertenecen al grupo de Manuel Espino, quien fue delegado del PAN en el estado y, más tarde, presidente nacional del PAN.

En entrevista, Búrquez asegura que sólo tuvo "relaciones institucionales" con Nahum como funcionario federal y cuando "yo era presidente municipal de Hermosillo", entre 2000 y 2003.

"Viene del PRI y fue integrándose al PAN alrededor de 2000 en Agua Prieta. No tuvo posición de dirigencia, sólo fue militante y no sé quién lo avaló. Es la información que tengo de él y lo único que se me viene a la mente", dice.

Sin embargo Ramón Corral, el excandidato del PAN al gobierno de Sonora que perdió frente a Eduardo Bours en 2003, asegura que Búrquez utilizó a Nahum Acosta para desprestigiarlo en Agua Prieta. El senador con licencia y actual Comisionado Nacional de Pesca y Acuacultura aprovechó la coyuntura y el pasado martes viajó de Sinaloa a Hermosillo para cobrarle la factura al grupo de Espino.

"Es obvio que la relación entre Espino y Nahum era directa, de empleado y patrón, porque trabajaron en el mismo período en la Coordinación de Giras Presidenciales", por lo que pidió que la PGR investigara también a Espino, pues Acosta "no llegó por méritos propios ni llenando una solicitud" a la residencia presidencial.

Su compadre David Figueroa, en entrevista en la presidencia municipal, cuenta que cuando Espino llegó a la Coordinación de Giras Presidenciales informó al PAN de Sonora que buscaba colaboradores, y explica que Nahum "llegó luego de enviar su currículum" y quedó a las órdenes del también sonorense Enrique Ruiz Sánchez, director de giras presidenciales. "No fue una recomendación, sino resultado de una evaluación", aclara Figueroa. Ruiz Sánchez, exdirector de la Coparmex en Hermosillo, es actualmente consejero nacional del PAN.

La llegada de ese grupo sonorense a la Presidencia de la República fue interpretada como un movimiento de Alfonso Durazo, entonces secretario particular de Fox y de quien dependían las giras presidenciales, para buscar la candidatura del PAN al gobierno del estado, luego de los fracasos de ese partido en Sonora en 2003 y en 1997, cuando Espino operó la salida de los panistas tradicionales, entre ellos Adalberto El Pelón Rosas y el exsenador Leonardo Yáñez.

Espino, un duranguense que ha sido diputado federal por Chihuahua y Sonora, logró quedarse con el control del partido en este estado al ser nombrado delegado del PAN por su ahora contrincante y entonces presidente nacional del PAN, Felipe Calderón.

A pesar de sus derrotas electorales, el PAN gobierna ahora a 60% de los sonorenses y 17 de los 72 municipios del estado. Además del referido caso de Ciudad Obregón, en San Luis Río Colorado fue asesinado un regidor panista identificado como abogado de narcos, mientras que en Cajeme el munícipe Jesús Félix Holguín ha sido criticado por mantener como asesor al cuestionado exprocurador Sóstenes Valenzuela.

Hace tres semanas, en Cajeme un grupo de narcotraficantes (al parecer de la organización de Ismael “El Mayo” Zambada, con la protección de jefes de la policía local, se enfrentó con bazookas y lanzagranadas al Ejército y a la policía municipal, para después huir hacia los límites con Sinaloa.

Además de “El Mayo” y “El Chapo”, en el estado operan el cártel de Juárez de Vicente Carrillo, con el apoyo de Los Salazar, y el de los Arellano Félix. Desde hace varios años Sonora está repartida entre grupos del narcotráfico: En San Luis Río Colorado se ubica a “El Mayo” Zambada, en Nogales a “El Chapo”, en Agua Prieta a éste y a Vicente Carrillo, y en Sonoyta a los Arellano.