VENDEPATRIAS Y CENSURA

Entrega Pemex a trasnacional el mantenimiento de 50% de ductos
Comisión Coordinadora de Defensa del Petróleo denuncia la actitud “vendepatrias” del director Jesús Reyes Heroles.
Con el contrato se ceden tareas estratégicas de la paraestatal, advierte Sheinbaum
Entre senadores se preparan cambios a leyes secundarias para permitir más participación de la IP en la petrolera, alertan convocantes a movimiento nacional

Juan Antonio Zúñiga
Frente a la entrada en vigor de un contrato por el que se entregó a la empresa EMS Energy Services México, el mantenimiento y seguridad de más de la mitad de la red de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Coordinadora de Defensa del Petróleo llamó a conformar el Movimiento Nacional de Defensa del Petróleo, y denunció la actitud de “vendepatrias” asumida por Jesús Reyes Heroles, director general de la paraestatal.
Es un llamado a la defensa de México sin importar la filiación ideológica o partidista, porque “sin soberanía perdemos el país”, manifestó ayer la Comisión Coordinadora de Defensa del Petróleo –aprobada por la Convención Nacional Democrática–, al entrar en vigencia el contrato de mantenimiento de la infraestructura de ductos de Pemex en Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, otorgado a la filial de la transnacional Energy Maintenance Services.
Con este contrato comenzó también la entrega de tareas estratégicas de Pemex a empresas privadas y extranjeras, informó Claudia Sheinbaum, responsable de la cartera de patrimonio nacional del equipo de Andrés Manuel López Obrador.
A nombre de la Comisión Coordinadora de Defensa del Petróleo, Sheinbaum denunció que el contrato otorgado a EMS Energy Services México se dio con base en la Ley de Obra Pública, pero en los hechos se trata de una concesión que viola los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Acompañada de Jesusa Rodríguez, Layda Sansores, Bertha Maldonado y Alberto Esteva, Sheinbaum señaló: “esta es una contratación que implica directamente la operación de Pemex” y adelantó que, sobre todo en la Cámara de Senadores, “se prepara el cambio a leyes secundarias para permitir una mayor participación privada en Pemex”. Destacó que este caso es particularmente grave porque “los ductos son como las venas de Pemex”.
El contrato otorgado a EMS, cuyo monto asciende a más de 4 mil 268 millones de pesos, arranca este 7 de enero y le otorga por un periodo de 10 años a la compañía texana “el aseguramiento de la integridad y confiabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos por ducto de PEP (Pemex Exploración y Producción) 4”. Se trata de unos 3 mil kilómetros de ductos en Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, que representan 56 por ciento de los 5 mil 374 kilómetros que integran la red nacional.
Esta concesión, “disfrazada de contrato de obra pública”, apuntó Sheinbaum, es contraria también a lo estipulado en la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, “al permitir que un particular intervenga en las decisiones de planeación, dirección y control de las operaciones reservadas de manera exclusiva al Estado, mismas que deben realizarse únicamente por Pemex”.
Pero la entrega a empresas privadas de funciones reservadas a Petróleos Mexicanos “no sólo es violatorio de la Constitución, sino que es absolutamente innecesario, pues no hace falta contratar a una empresa privada para desarrollar las actividades que desde hace 70 años ha venido realizando Pemex”, dijo.
Ante estas circunstancias, comentó que no resulta extraño que Jesús Reyes Heroles, director general de la paraestatal, se haya desempeñado como representante de empresas privadas antes de asumir su actual cargo.
El contrato por el que se entrega más de la mitad de la red de ductos de Pemex a EMS Energy Services, denunció, “autoriza desde las bases de licitación, la posible subcontratación de más de 95 por ciento de los trabajos contratados; es decir, contratan a una empresa para que a su vez subcontrate a otras”.
Además se duplicarán estructuras de mantenimiento, actualmente integradas por cerca de 300 trabajadores altamente experimentados en las diversas especialidades del proceso de transporte y mantenimiento de ductos de Pemex Exploración y Producción, región sur. Pero también se desarrollarán labores que ya ejecuta el cuerpo altamente experimentado y especializado de la paraestatal, “el cual representa la masa crítica invaluable”, cuyo desplazamiento ocasionará un daño no sólo patrimonial sino también generacional para México, advirtió.
La entrega de Pemex a empresas privadas pretende ir tan lejos, puntualizó, que “se tiene inclusive planeado prescindir y desincorporar como chatarra los talleres e instalaciones de mantenimiento existentes, equipos especializados, materiales, mobiliario, equipos de comunicaciones y sistemas informáticos y administrativos, que han significado altas inversiones en los últimos 10 años”.
Ante esta situación, “en la que el propio director general de Pemex entrega a compañías petroleras extranjeras actividades prioritarias de la paraestatal encomendadas por la Constitución”, se convocó a la conformación del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, mañana a las 6 de la tarde en Dr. Claudio Bernard 111, esquina Niños Héroes, colonia Doctores, a la que asistirá Andrés Manuel López Obrador.
Jesusa Rodríguez, integrante de la Comisión Coordinadora de Defensa del Petróleo, manifestó que “esta es una lucha que le pertenece a todos los mexicanos”, e instó a que “nadie se sienta excluido, sin distinción de ideologías o partidos”.


Convocan sindicatos a una jornada en defensa de la soberanía energética

rosalía vergara
* Definirán el miércoles el calendario de las movilizacionesMéxico, D.F., 7 de enero (apro).- Ante la eventual aprobación de la reforma energética, el Frente Sindical Mexicano (FSM) convocó a una jornada nacional en defensa de la soberanía de ese sector, el único que sigue bajo la tutela del Estado.Los sindicatos agrupados al FSM definirán el próximo miércoles el calendario de las movilizaciones.Por lo pronto, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) anunció que la jornada busca “defender los recursos energéticos del país, la infraestructura industrial, el concepto de servicio público de la energía eléctrica” y rechazar la privatización de la industria.El SME sostuvo, en un documento, que se deben impulsar programas destinados a garantizar a los mexicanos el suministro de energía, diversificar sus fuentes, asegurar la calidad y confiabilidad de los servicios e impulsar proyectos de investigación en la materia, entre otros.Respecto del uso del agua, se sugiere priorizar las recargas de los mantos acuíferos locales, derogar leyes y normatividad que tiendan a privatizar y acaparar el líquido en el país, así como hacer inventarios sobre su manejo y disponibilidad.El SME propone que las comunidades, los trabajadores y “la sociedad en general” tengan injerencia sobre el uso del agua. Así mismo, los sindicalistas piden delimitar las tarifas de agua para garantizar el consumo humano. Aumentar progresivamente las cuotas a partir de su mayor o menor utilización.También plantean optimizar el uso del agua en la agricultura, mediante el intercambio solidario internacional de las tecnologías más modernas, bajo esquemas de subsidio y apoyo de la pequeña y mediana economías, y el desarrollo de empresas sociales agroindustriales, entre otros temas.Consideran importante crear un impuesto directo a quienes contaminen el agua, cuyo monto sea suficiente para remediar los impactos ocasionados.Y exigen un nuevo modelo de administración pública de los sistemas de agua, en que la participación y el control de las comunidades sobre las políticas y recursos sean decisivos para el manejo integral del recurso.


Grupos campesinos rehúsan hablar con Cárdenas Jiménez; no garantiza acuerdos
El PRD lanzará plan en defensa del agro y exigirá remover al titular de Sagarpa: Acosta Naranjo
Matilde Pérez U.

Los consejos nacionales de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp) y Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc), y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala acordaron no acudir al diálogo al que convocó el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Alberto Cárdenas Jiménez, si no hay una señal política contundente en cuanto al cambio de las reglas de operación de los programas para el campo y la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Reiteraron que el 31 de enero llevarán a cabo una marcha de protesta en la ciudad de México.
Las organizaciones consideraron que a ese diálogo también deben acudir los secretarios de Economía, Gobernación y de Relaciones Exteriores, además de establecerse, conjuntamente con las organizaciones, la agenda y los objetivos. “No acudiremos a una sesión a escuchar sesiones de ayuda y de mejoramiento espiritual, al estilo de un conferencista de superación personal o de un predicador, donde se nos compare con un campo de golf y una golfista ganadora”, expresó Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo e integrante de la Conoc.
Agregó que el llamado al diálogo es extemporáneo y los dirigentes de las organizaciones campesinas aglutinadas en Conoc y Conorp no tienen la certeza ni la confianza de que se podrán construir acuerdos y se cumpla con ellos, debido a la actitud prepotente y de oídos sordos que asumió el titular de la Sagarpa durante la discusión de las reglas de operación en el seno de la Comisión Mexicana para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS).
Max Agustín Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista, resumió la opinión de la Conorp: “no aceptamos el diálogo porque el titular de Sagarpa abandonó la mesa de la CMDRS y se convirtió en un interlocutor que no da certeza ni confianza para la construcción de acuerdos. Hasta hoy, no hay condiciones seguras ni claras para concurrir a ese diálogo”.
Hoy, representantes de Conoc y Conorp se reunirán con la dirigencia nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y algunos dirigentes del Congreso Agrario Permanente para, como frente unitario, no acudir al diálogo convocado por Sagarpa por instrucción del Ejecutivo, en tanto no haya un compromiso claro de respeto y atención a las propuestas y demandas de los campesinos. Consideraron positiva la solidaridad manifestada por algunos gobernadores –San Luis Potosí, Durango, Michoacán, Yucatán y Veracruz– con la lucha de los campesinos.
Crescencio Morales, dirigente de El Barzón Popular, informó que el jueves, la organización presentará un amparo contra la eliminación de los aranceles a maíz, frijol, azúcar y leche en el marco del TLCAN ante el Poder Judicial de la Federación.
A la conferencia de prensa a la que convocó ayer Conorp acudieron Jesús Ortega Martínez, ex dirigente del Frente Amplio Progresista y candidato a la dirigencia nacional del PRD, y algunos diputados, entre ellos el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Carlos Navarro, Octavio Martínez y Salvador Ruiz. Allí, el secretario general del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, dijo que la dirigencia nacional del partido respaldará la movilización campesina y sus demandas. Mañana, puntualizó, el CEN del PRD se reunirá para elaborar un plan de acción en defensa del campo y exigirá la remoción del titular de Sagarpa, porque “en esa institución se necesita alguien con visión y sensibilidad políticas, pues Cárdenas Jiménez llegó a ese cargo como premio de consolación, no por conocer el campo”.
Ortega Martínez rechazó que su apoyo a la lucha campesina sea parte de su campaña por la dirigencia nacional del PRD. “El hecho de ser precandidato no me resta conciencia de lucha ni de solidaridad con los movimientos sociales, ni tampoco capacidad de indignación.” Aseguró que la revisión del capítulo agropecuario del TLCAN es posible legalmente y por eso es urgente que el gobierno de México demande a los de Estados Unidos y Canadá que instalen una mesa para ello. El diputado Salvador Ruiz afirmó que los legisladores del PRD no recularon al probar un punto de acuerdo en el que se exhorta al Ejecutivo a establecer una mesa de diálogo y negociación con las organizaciones campesinas. “Requeríamos que el Congreso se manifestara al respecto y por eso matizamos nuestra postura”, acotó.


Aristegui

José Blanco

La salida de W Radio de Carmen Aristegui –la mejor comunicadora de México, según mi opinión, en la que no tomo en cuenta el género– es una prueba contundente de que en México ubicamos los derechos derivados de la capitalización realizada sobre un bien público por encima del derecho a la libertad de expresión. El comunicado de prensa de la empresa radiofónica, entre otras cosas, dice: “el nuevo modelo de organización y trabajo que se viene implantando en W Radio es el mismo que funciona en 10 países de habla hispana con éxitos y liderazgos incontestables”; tal argumento es desmentido con la información que Carmen diera en su despedida: “nos vamos justo cuando mejor y más alto marcaban nuestros registros en rating y en audiencia, lo cual sólo es posible con una audiencia como la que usted conforma”.
Carmen se va porque su voz es un caso ejemplar de libertad de expresión y porque dio voz en libertad a ciudadanos de todo tipo que algo tenían que decir sobre temas candentes, algunos de los cuales la propia Carmen ha enumerado: “las elecciones presidenciales de 2006, el debate de la Ley de Radio y Televisión, la reforma electoral, los procesos judiciales contra el cardenal Norberto Rivera en Estados Unidos, los casos Zongolica y Lydia Cacho”. Recordó asimismo que en su emisión matutina se difundieron las llamadas telefónicas de los inefables Kamel Nacif y Mario Marín, y el reconocimiento que hiciera al trabajo de la Suprema Corte “donde puso por delante el tema del servicio público de los medios de comunicación y su sentido fundamental” para una vida democrática en México.
El debate sobre el liberalismo en nuestro país, con demasiado infortunio, se redujo a la descalificación de un “neoliberalismo” económico que ha acarreado desgracias sin fin a amplias zonas del planeta. Puesto en su contexto histórico, se habría podido ubicar en coordenadas más informadas y mucho más amplias. Los “liberalistas”, como los llama Luis Medina para referirse entre otros a quienes comúnmente llamamos neoliberales, acabaron abarcando en los hechos al liberalismo en todas sus facetas y sus historias diversas.
El liberalismo, para seguir a Medina, es una cultura. Agregaría, una cultura que ha formado parte central del ethos de todas las épocas de la historia conocida. Las posiciones, actitudes, idiosincrasias, resortes, del liberalismo, han sido muy anteriores a su propio nombre y pueden resumirse en una breve frase: la lucha por la libertad. Por eso el liberalismo, en perspectiva histórica, no es un conjunto de preceptos o “valores” ideológicos ahistóricos. Siempre han tenido un contenido distinto, porque diferentes han sido las condiciones opuestas a las libertades.
De otra parte, la Asamblea General 217 A (iii) de Naciones Unidas aprobó y proclamó, el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 19 de la Declaración dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. La Declaración fue recogida, ampliada y precisada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 13, fracción 3ª, señala: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
De ahí pasó a casi todas las estructuras legales de los países democráticos. Ese derecho acaba de ser conculcado por la empresa de W Radio a Carmen Aristegui, a todos a quienes habría podido seguir dando esa libertad, y nos ha negado a todos sus oyentes el derecho a la información sobre asuntos centrales para la vida democrática y civilizada de este país, que ella era capaz de hallar y proporcionarnos.
La libertad de expresión y de opinión no es un derecho humano más; es un derecho sin el cual muy difícilmente pueden ejercerse los demás derechos humanos. Pero como todo derecho referido a la libertad es tema de debate, casi siempre referido a sus límites, por cuanto la vida en sociedad obliga a que el ejercicio del derecho de uno no afecte el de otro(s).
Los liberalistas sostienen, en breve, esta posición: la libertad de prensa es una extensión del derecho sobre la capitalización del trabajo personal, por lo cual todos tienen derecho a poseer una empresa de comunicación a condición de haberla creado y que se sostenga por el propio esfuerzo.
El pueblo como colectividad no representa al pueblo, sino la sociedad civil formada por una pluralidad autónoma de individuos. Considerando a éstos como origen de toda voluntad, sólo el derecho de propiedad privada posibilita la representación real de las opiniones particulares.
Es claro que esta posición está en contra del espacio radio eléctrico y de las ondas hertzianas como bien público concesionado. La superioridad para la sociedad del derecho a la libertad de expresión, sobre los derechos derivados de la capitalización hecha sobre un bien público, la resolvió adecuadamente la Corte y la ley correspondiente que, inexplicablemente, sigue sin ser publicada por el Ejecutivo. Esta tesis la ha defendido siempre Carmen Aristegui. Acompañémosla en esta lucha.


Tiempo de indecentes
Pedro Miguel
Qué bien. Ahora es el momento en el que los dueños de W Radio se tiran en sus poltronas y paladean la indecencia que campea en el país y a la cual ellos hicieron una contribución muy jugosa: sin Carmen Aristegui en los micrófonos matutinos, la indecencia se inflará como la masa con levadura, como los parásitos que prosperan en la oscuridad, como la espumosa babosa de la impunidad que anida en numerosos rincones de la patria.
Ahora la suma de discursos oficiales fluye con suavidad y sin obstáculos por el cuadrante: el gobernador Mario Marín encabeza un programa contra la pederastia (Norberto Rivera también acaba de inventar el suyo), el campo mexicano está tan verde como un campo de golf, la inflación no existe, se está ganando la guerra contra el narcotráfico, Calderón es el presidente del empleo y su primer año de gobierno exhibe más logros que cualquier otro en la historia. Ah, y Ernestina Ascensión Rosario murió de una gastritis no atendida.
Si las mentiras elaboradas por las oficinas de prensa del país oficial son muy tontas como para aspirar al calificativo de orwellianas, la campaña de silencio emprendida por la mafia gobernante resulta demasiado pueril como para equipararse al macartismo. Éste llegó a ser irresistible porque poseía un relato del mundo, así fuera maniqueo, y un enemigo real, por más que la mayoría de sus tentáculos fuesen inventados. El hostigamiento calderonista, en cambio, no se atreve a mencionar el nombre de los adversarios del régimen, que son las fuerzas sociales y los individuos que propugnan un país equitativo, soberano, libre y regido por la legalidad.
Esta debilidad no siempre es obstáculo para clausurar espacios de información independiente y lúcida. Hace muchos años que la censura no pasa por las oficinas públicas, sino que se decreta en los consejos de administración que controlan a los medios electrónicos: en ellos, no se requiere de más trámite para censurar que calificar de malos negocios a las voces independientes, los pensamientos críticos y los ejercicios periodísticos honestos. Aunque, con el despido de Carmen Aristegui, W Radio haya perdido a la gran mayoría de sus radioescuchas en el horario matutino.
Negocios son negocios, mi estimado, y los mercados mexicanos del petróleo, de la electricidad, del agua potable, de las telecomunicaciones, justifican el sacrificio de una audiencia, y no se diga de la libertad de expresión de una informadora metiche o del derecho a la información de unos indios insumisos. Los consorcios peninsulares pueden permitirse en su propio país el discurso de la democracia, el decoro informativo y los derechos humanos, pero para ellos México no es una sociedad, sino, ante todo, un mercado a conquistar, y para ello hay que tejer las alianzas con los saqueadores en turno.
Es extraoficial: el proceso sucesorio ha concluido y los Zavalas han remplazado a los Sahagunes en el manejo de los contratos. Uno de los primeros, Juan Ignacio, antiguo fabulador de la Procuraduría General de la República –¿o no fue en sus tiempos de vocero de esa dependencia que se pretendió tomar el pelo a la gente con la historia de La Paca?–, funge ahora como delegado de los intereses de Grupo Prisa, copropietario, con Televisa, de W Radio.
No debe perderse de vista que tras las mentiras mediocres, la censura mediocre y la represión mediocre, hay la apuesta estratégica de acabar con lo que queda de propiedad pública, de derechos laborales, de soberanía, de libertades ciudadanas, de garantías individuales. En lo corporativo y en lo institucional vivimos el tiempo de la indecencia.
Y, a propósito de indecencia, señores magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Margarita Luna Ramos, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero y Sergio Valls Hernández: por favor sean piadosos con ustedes mismos, tengan un mínimo de consideración con la ciudadanía, ahórrenle más náuseas, renuncien a sus cargos y gánense el olvido.