CONTRA LA REFORMA FASCISTA

Llama Rosario Ibarra a frenar la ley Gestapo
Sólo faltan cuatro votos en contra, asegura
Protestan contra la reforma judicial integrantes de la APPO, el FNCR, la CND, la otra campaña y varios grupos
Jaime Avilés
“Todavía se puede frenar la reforma judicial”, aseguró anoche la senadora Rosario Ibarra de Piedra durante un mitin frente al Palacio Legislativo de San Lázaro, al que asistieron varios miles de personas para exigir que sea desechada la que se conoce también como ley Gestapo, que permitiría a la policía ingresar a un domicilio en cualquier momento y sin permiso escrito de un juez.
Faltan “sólo cuatro votos en contra”, expresó la legisladora perredista, dirigente del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), oradora central de un acto en el que participaron campesinos de Atenco, militantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), de la Convención Nacional Democrática (CND), de la otra campaña y de otras organizaciones.
Para sorpresa de los asistentes, doña Rosario explicó que todos los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP), incluso los 44 del PRD que se habían manifestado inicialmente en favor del proyecto, decidieron rechazarlo en bloque y negocian con otras fuerzas políticas para impedir que la mayoría formada por PRI, PAN y PVEM reúna las dos terceras partes de votos que se necesitan para aprobar esa reforma constitucional.
Luego de subrayar que, ayer por la mañana, Amnistía Internacional (AI) envió una carta al Congreso de la Unión para solicitar que no se apruebe la reforma judicial, porque “es contraria a las disposiciones de la Convención de Ginebra”, ya que autoriza hasta por 80 días la incomunicación de los detenidos y propicia la tortura, entre otras violaciones graves a los derechos humanos, doña Rosario dijo que “el gobierno de Felipe Calderón debe emitir un decreto de amnistía general para todos los presos políticos del país”.
La menuda e incansable luchadora social regiomontana alertó que mañana, jueves, la Cámara de Diputados conocerá en primera lectura la minuta de reforma judicial que le envió el Senado, y que el pleno la votará el martes de la próxima semana.
“Todavía se puede frenar, compañeras y compañeros, pero debemos seguir movilizándonos y aumentar la presión para que los diputados entiendan que no pueden aprobar una ley que eleva la represión a rango constitucional”, abundó.
Edgar Sánchez, dirigente del PRT, explicó, en entrevista para La Jornada, cómo se están cocinando los acuerdos entre los partidos antes de la votación definitiva del martes venidero. Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del PRD, “propondrá una moción suspensiva para que el proyecto no se vote, porque nunca fue discutido suficientemente en el seno de la sociedad”, dijo el antiguo colaborador de doña Rosario Ibarra.
En tanto, los diputados de PRD, PT y Convergencia, que integran el FAP, resolvieron votar en contra y “están en conversaciones con los del Partido Alternativa, de Patricia Mercado, por lo que, si éstos aceptan sumarse, faltarían sólo cuatro votos más, por supuesto en contra, para evitar que el PRIAN y el Verde reúnan la mayoría constitucional”, señaló.
Tampoco se descarta, agregó, que “de las filas del PRI pudieran surgir los votos en contra que faltan, porque en los sectores liberales de ese partido han hecho mella las críticas de juristas como Sergio García Ramírez, Diego Valadés y Raúl Carrancá y Rivas, que han expresado que esta reforma es un retroceso gravísimo, porque eleva a rango constitucional una serie de violaciones a los derechos humanos”.
Desde el templete en el que acababa de tomar la palabra doña Rosario, un orador anónimo leyó la posición oficial del FNCR; destacó que si la Cámara de Diputados y los congresos estatales aprueban la reforma judicial, “nadie podrá ampararse contra ella, y la última instancia que tendremos para derogarla sería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Síntoma de la preocupación que la llamada ley Gestapo ha causado en todos los sectores y colores de la izquierda, fue la participación –tanto en la marcha que a las cinco de la tarde salió del Hemiciclo a Juárez como en el mitin frente a la mole de San Lázaro– de militantes de todas las fuerzas, desde los travestis adscritos a Brigada Callejera, que apoyan al subcomandante Marcos, hasta los de los círculos de estudio de Coapa, El Ajusco, Tlalpan, Ciudad Satélite y otros, que pertenecen a la CND.
Y entre ambos extremos, además de los campesinos de Atenco y de los indígenas de la APPO, había colonos de Zimapán, Hidalgo –que luchan contra la instalación de un depósito de residuos tóxicos en sus tierras–, el Partido de los Comunistas Mexicanos, la Alianza de Tranviarios, el Comité Eureka y familiares de presos políticos de Cintalapa, Chiapas, y de otros lugares del país.
Desde hoy, estas organizaciones intensificarán sus labores de propaganda para que el martes próximo, cuando la ley se discuta, haya un mitin más nutrido que el de ayer, que pasadas las siete de la noche se disolvió pacíficamente.


Indígenas guerrerenses narran abusos cometidos por soldadosSergio Ocampo Arista (Corresponsal)
Chilpancingo, Gro., 19 de febrero. Durante la celebración del Día del Ejército, el coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, afirmó que “el hostigamiento, así como los abusos, maltratos, matanzas, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales de mujeres indígenas” son algunas de las consecuencias que ha traído consigo la militarización en Guerrero; por ello, dijo, se hace necesario evaluar el papel que han tenido los militares y las nuevas atribuciones que se les han dado para combatir al narcotráfico.
Vía telefónica resaltó que la institución armada ha cometido “las más graves violaciones a derechos humanos contra pueblos y comunidades indígenas en el estado. Desde los años 70, el Ejército ha tenido una fuerte y constante presencia en la Montaña, Costa Chica y Costa Grande, con campamentos que instalan a las orillas o entradas principales de las comunidades, y con retenes de revisión que colocan sobre los caminos y carreteras”.
Recordó que en 1997 los militares masacraron a indígenas mixtecos que se encontraban en una escuela primaria de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, y en 2002 un grupo de soldados violó tumultuariamente a dos indígenas en este mismo lugar.
Dijo que en la actualidad el Ejército Mexicano ha tenido acciones hostiles contra indígenas, como es el caso de Obtilia Eugenio Manuel, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa, quien ha sido amenazada por personas vinculadas con la milicia.
“Otros pueblos indígenas que sufren represión son el nahua de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, en la Montaña, donde se instaló un campamento militar; en Juanacatlán, municipio de Metlatónoc, uno de los más pobres de México, el mes de agosto pasado un grupo militar irrumpió y encañonó a los pobladores, cuando pretendían detener a un menor de edad.”

Calderón, sin verdadero interés en los derechos humanos: Observadores internacionalesjosé gil olmos
* La situación en México, “extremadamente crítica”

México, D.F., 19 de febrero (apro).- La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) recomendó a la Unión Europea (UE) desplegar mecanismos que permitan vigilar el cumplimiento de la “cláusula democrática”, incluida en el Acuerdo Global firmado con el gobierno de Felipe Calderón.

Al culminar su sexta visita al país, la ONG internacional reiteró que la situación de los derechos humanos en México es “extremadamente crítica”.

Un grupo de observadores de varios países realizó visitas a Oaxaca, Chiapas y Atenco, en el Estado de México, para dar seguimiento a casos de violación de derechos humanos.

Concluyeron además que no hay interés del gobierno de Felipe Calderón por resarcir los daños y castigar a las autoridades que han cometido delitos como tortura y desaparición de líderes sociales.

La ONG, que realizó 280 entrevistas a 596 personas, sostuvo que “independientemente del ámbito que afecten, la magnitud de las vulneraciones y la falta de respuestas concretas convierten al gobierno de Felipe Calderón en plenamente responsable de las mismas”.

Destacó que pudo constatar que persiste el clima de hostigamiento contra las organizaciones sociales y que nuevos presos políticos y de conciencia han sido recluidos en las cárceles.

“Más allá de declaraciones, de intenciones y de determinados gestos diplomáticos, la CCIODH no ha detectado en el Ejecutivo federal un verdadero interés en situar el pleno respeto de los derechos humanos como prioridad de su acción de gobierno”.

La comisión ejemplificó con el caso de la escritora y periodista Lydia Cacho, a quien la alta comisionada de Naciones Unidas para derechos humanos, Louise Arbour, recomendó salir del país para preservar su seguridad.

La CCIODH denunció que, aparte de las policías locales y federales, ahora son los militares quienes juegan un papel más activo en la represión y hostigamiento a los grupos sociales.

También manifestó su preocupación por la reforma judicial que empuja el gobierno calderonista, pues sólo alentará la detención de personas o el ejercicio de cateos en domicilios sin una orden del juez.

Deploró que después de una década de su primera visita a México, siguen intactas las causas estructurales que están detrás de las graves vulneraciones de los derechos humanos.

“Las regiones visitadas presentan todas ellas una situación social grave atravesada por profundas dinámicas de exclusión y de desigualad. Tales dinámicas son especialmente intensas en el caso de las mujeres y de la población indígena y campesina, cuya situación de marginación social, económica, política y cultural dibuja el contexto en el que se reproducen las violaciones de derechos”, señaló la CCIODH.

En el caso de Oaxaca, recomendó una presencia permanente tanto del gobierno federal como de la oficina de la alta comisionada de ONU para los derechos humanos.

Urgió así mismo a la reparación de daños individuales y colectivos en los casos de Acteal, Chiapas; el municipio mexiquense de Atenco, y finalmente Oaxaca.


Cuestiona el PRD allanamientos sin orden de la autoridad
Inminente, la aprobación de la reforma judicial
Roberto Garduño y Ciro Pérez Silva
La aprobación de la reforma judicial es inminente, porque en las comisiones unidas de Justicia y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron la minuta con el voto en contra del Partido de la Revolución Democrática (PRD), razón por la cual prevalecerá la aplicación de allanamientos y cateos a domicilios, sin orden judicial.
Al realizarse la reunión, el PRD solicitó más tiempo para revisar el documento devuelto por el Senado, porque fue distribuido a discreción entre algunos legisladores de ambas comisiones. “¿Cómo podemos tener certeza, sin haber leído, de que en estas 26 cuartillas se expresa lo que se votó en la minuta? Lo que se deja ver es un trato distinto entre los que somos diputados de esta legislatura”, reclamó Andrés Lozano, coordinador de Seguridad y Procuración de Justicia del grupo perredista.
Enseguida, Aleida Alavez Ruiz, diputada del sol azteca, demandó que antes de que los integrantes de las comisiones votaran fueran distribuidas las cartas con observaciones que el alto comisionado de Naciones Unidas en México y Amnistía Internacional enviaron con respecto a la reforma judicial.
“Las cartas hacen alusión a cómo se trasgreden tratados internacionales y el artículo 133 constitucional con estas reformas. Yo no comparto esta percepción de los diputados de que (como) ya viene del Senado… nada más es de trámite, ya que es una violación a la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, expuso.
A esa posición se sumó Alfonso Suárez del Real, quien recordó que desde 1814 se prevé en México la inviolabilidad del domicilio particular, y “con la redacción del dictamen lo que se está facilitando es que quienes la ejecuten violen los derechos humanos, porque el problema es la policía, no confiamos en ella, y prueba de ello es que para la lucha contra el narcotráfico se utiliza al Ejército”.
La negativa perredista fue endurecida por Humberto Zazueta Aguilar, quien preguntó a los diputados priístas y panistas: “¿Vamos a dejar que decidan las policías –a las que se está desarmando hoy por el vínculo con el crimen organizado–, que sean ellas las que decidan cuando hay amenaza para entrar a las casas? Compañeros, están cometiendo un grave error, porque estamos dando marcha atrás a conquistas históricas de la sociedad en lo referente a las garantías individuales”.
Por el contrario, el coordinador del tricolor, Emilio Gamboa, consideró lacónica e infundada la visión perredista en torno a los allanamientos. “Hay jurisprudencia de la Suprema Corte, ya se hace; es una preocupación del PRD que respetamos, pero infundada. El jueves se le va a dar primera lectura y el martes ustedes estarán pendientes de lo que decida el pleno. Necesitamos dos terceras partes y si no se dan no vamos a lograrlo. Mi impresión es que la gran mayoría de los 500 diputados sí están de acuerdo con esta modificación al paquete de justicia”.
–¿Ya está la decisión tomada?
–Ya. El grupo parlamentario del PRI, en su gran mayoría, apoyará esta iniciativa que se convertirá en ley.
En ese tono, el presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho, justificó legalmente el tema. “El allanamiento o el ingreso a domicilio sin autorización judicial, sólo se puede dar cuando haya peligro inminente o actual, es decir, que está por ocurrir o está ocurriendo, que afecte la vida de una persona o su integridad física, o tratándose de una persecución de un delito flagrante, es decir, una persecución que desemboca en el ingreso de una persona perseguida a un domicilio particular e ingresar allí. La idea en el fondo es evitar la pérdida de eficacia, que esos minutos preciados que van desde el momento en que se tiene ese conocimiento y que se actúa, se pueden, insisto, perder, y podría ser fatal esa pérdida”.
No obstante, Alejandro Chanona, coordinador de Convergencia, emitió un criterio distinto. “Ellos lo llaman ingreso a los domicilios sobre la base de que hay una amenaza inminente o determinada; es un absurdo. La subjetividad de quién va a determinar la amenaza implica que si alguien pasa por tu casa y tiene agravio contigo, y le dice a un policía que cree que adentro hay un delito (sic) porque hay tres personas asociadas, y porque además en la definición de Palermo dicen que la delincuencia organizada es la asociación delictiva de dos o tres individuos que se unen para un fin ilegal. En ese sentido, estoy muy preocupado con el tema de los derechos humanos; los datos duros nos dicen que la segunda y tercera causas de las quejas en derechos humanos emanan de allanamientos y cateos, y en particular de visitas domiciliarias ilegales; este asunto, en mi opinión, va a generar una espiral sin fondo de futuros agravios a la sociedad, porque ni las policías ni el Ministerio Público están preparados” para ello.

Golpean militares a cura tamaulipeco y 3 colaboradores
José Antonio Román
El obispo de la diócesis de Matamoros, Tamaulipas, Faustino Armendáriz Jiménez, denunció que el sacerdote Guadalupe Barbosa Cruz, de San Fernando, junto con tres colaboradores, fueron “brutalmente golpeados” y despojados de sus pertenencias por elementos del Ejército Mexicano en un retén, “sin causa alguna”.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) condenó el hecho y pidió abrir una investigación. “El combate al crimen organizado no justifica los crímenes que se cometen contra ciudadanos inocentes por parte de quienes deberían velar por su seguridad”, dijo el secretario general, José Leopoldo González.
Según las primeras versiones de la diócesis tamaulipeca, los cuatro fueron bajados del automóvil donde viajaban y los golpearon “por largo tiempo”, hasta que uno de los agredidos le dijo a los soldados que había un sacerdote entre ellos.
En su denuncia, Armendáriz Jiménez dice que los obispos han expresado su apoyo al Ejército y cuerpos policiacos contra el narcotráfico y el crimen organizado, esperando que esas acciones contribuyan a la seguridad de la población.
Sin embargo, agrega, junto con estos esfuerzos se ha suscitado el acto denunciado, y lo que los salvó fue que uno de ellos es sacerdote. “Son hechos que esperamos y pedimos no se vuelvan a repetir con ningún ciudadano, y las fuerzas armadas hagan lo correspondiente contra los elementos que cometen estos atropellos”.
La CEM condenó los hechos, recordó el apoyo que ha dado la Iglesia católica a los gobiernos federal y estatal, y a las policías que han trabajado en los operativos contra el narcotráfico. También expresó la necesidad de una estricta vigilancia para que haya respeto a la vida, la dignidad y los derechos de las personas.
“Hoy queremos manifestar nuestra condena a estas acciones, y hacer un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen las medidas necesarias para que hechos como éstos no vuelvan a ocurrir. Expresamos nuestra solidaridad a las personas afectadas, y brindamos nuestro apoyo a la diócesis de Matamoros, de manera particular al padre Guadalupe Barbosa Cruz, y a la comunidad a la que sirve en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en San Fernando”