DEFENDIENDO UN BIEN NACIONAL.

Defender Pemex es más que gritos y sombrerazos
El domingo estarán listos los comités estatales: AMLO
Reitera en Coahuayutla, Guerrero, que se impedirá cualquier intento de privatizar la empresa paraestatal
Andrea Becerril (Enviada)
Coahuayutla, Gro., 17 de febrero. Andrés Manuel López Obrador anunció aquí que se avanza en la integración de 32 comités estatales para la defensa del petróleo, los que estarán listos el próximo domingo 24, fecha en que se llevará a cabo en la ciudad de México la primera gran movilización en contra de la entrega de Pemex a extranjeros.
“Esto es algo más que gritos y sombrerazos, es un movimiento nacional que no permitirá la privatización de la riqueza energética. ¡Que no imaginen en el gobierno usurpador que va a ser un día de campo!”, dijo el ex candidato presidencial en este municipio de la sierra guerrerense, tan marginado y olvidado como hace 200 años, cuando Vicente Guerrero, en plena guerra de Independencia, instaló aquí un cuartel inaccesible para el bando opositor.
Dos siglos después, sigue siendo difícil llegar a Coahuayutla. A López Obrador le llevó ayer tres horas desde Zihuatanejo, donde pernoctó, a través de un camino agreste serpenteando entre montes secos y terrosos al borde de precipicios.
Ya en este lugar, además de escuchar quejas y demandas, el “presidente legítimo” llamó a los pobladores a estar alerta para movilizarse en el momento en que se concrete la intención de abrir Petróleos Mexicanos al capital trasnacional.
En entrevista posterior, López Obrador dijo que cuenta con el apoyo de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, que integran el Frente Amplio Progresista (FAP), “ya que podemos tener diferencias en otras cosas, pero está tomada la decisión: bajo ninguna circunstancia se permitirá la privatización de Pemex”.
Agregó que hay además mucho apoyo de la sociedad civil, ya que tanto trabajadores, técnicos y especialistas de la industria petrolera como sindicalistas, comunicadores, intelectuales y gente de la cultura están participando. “De modo que no estén imaginando los entreguistas del gobierno usurpador que va a ser un día de campo, que va a ser fácil que modifiquen la ley para privatizar Petróleos Mexicanos”.
Esto “va más allá de gritos y sombrerazos”, insistió, porque se trata de un movimiento nacional de resistencia pacífica con capacidad para hacer sentir la voluntad del pueblo. Incluso, consideró que el movimiento podría ser mayor al que se dio luego del “fraude electoral” del 2 de julio de 2006, porque es algo que tiene que ver con el futuro de la nación. “Desde luego el fraude fue un agravio, pero la entrega del petróleo significa dejar a México sin posibilidades de desarrollo; dejaríamos de ser país libre y soberano.”
Exigió luego al “gobierno usurpador” que actúe con responsabilidad, “que no estén pensando que es un asunto fácil. Estamos decididos a impedir que el petróleo regrese a manos extranjeras, ahora de compañías trasnacionales. Y mucha gente está en la misma postura”.
Durante la concentración en Coahuayutla informó que el próximo domingo 24 se dará a conocer el plan de resistencia civil pacífica contra la privatización petrolera. “Nos vamos a reunir frente a la torre de Pemex; ese día estarán ya presentes los integrantes de los 32 comités para la defensa del petróleo en los estados”.
Explicó que cada comité contará con un representante del “gobierno legítimo”, tres de los partidos (PRD, PT y Convergencia) y tres dirigentes sociales y ciudadanos. En total, siete integrantes, mismo número de quienes integran el Comité Nacional de Defensa del Petróleo.
Los habitantes de Coahuayutla, a su vez, le pidieron ayuda, ya que unas 25 comunidades de esa región olvidada carecen de electricidad y de agua, a pesar de que están muy cerca de la presa Infiernillo. López Obrador caminó acompañado por gran parte de la comunidad por una larga y polvosa vereda para conocer las condiciones en que se encuentra la única escuela de la cabecera municipal. “Vea, vea, no hay ni dónde se sienten los niños”, le insistía un grupo de mujeres.
Belester Campos, quien es técnico radiólogo, le informó que no hay equipo ni medicinas en el centro de salud; para esos momentos muchos ancianos se arremolinaban en torno a López Obrador para quejarse porque no reciben la pensión para adultos mayores.
El tabasqueño se apoyó de inmediato en los senadores Lázaro Mazón y Luis Walton, del PRD y de Convergencia, respectivamente, y en el diputado federal Cuauhtémoc Sandoval, para atender las peticiones y se comprometió a hablar directamente con el gobernador Zeferino Torreblanca para que se pavimente la carretera que lleva a Coahuayutla, que es prácticamente intransitable.
Al final, pese a encontrar una vía alterna –en tan mal estado como la anterior– que comunica con la autopista a Zihuatanejo, el retorno llevó dos horas. En ese trayecto, el perredista Cuauhtémoc Sandoval bromeó: “Ahora entiendo por qué Vicente Guerrero instaló un cuartel en Coahuayutla; era muy difícil que alguien lo encontrara aquí”.
Así, del casi desértico Coahuayutla y La Unión, la caravana llegó al verdor de Petatlán y Zihuatanejo; de las tierras secas, al mar y los complejos turísticos. Como colofón, Andrés Manuel López Obrador insistió en prepararse para la batalla que se avecina en defensa de Pemex.


Empleados del IMSS-Oportunidades denuncian graves violaciones laborales
Aseguran que deben trabajar en muchas ocasiones sin equipo médico ni medicamentos
En unidades localizadas en zonas marginadas no se cuenta con especialistas, afirman
Patricia Muñoz Ríos
Trabajadores de IMSS-Oportunidades denuncian violaciones a sus derechos laborales, ya que no les respetan su jornada de ocho horas, no les pagan horas extras, son obligados a dar un promedio de entre 35 y 45 consultas diarias, laboran sin material suficiente, medicamentos, equipo ni capacitación, no están incluidos plenamente en el contrato colectivo de trabajo y muchos ni siquiera están basificados.
La serie de violaciones fue denunciada por los trabajadores ante organizaciones de derechos humanos y ante la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social, e incluso pidieron la intervención del propio sindicato de la institución.
En un escrito, en el que documentan su situación laboral, los trabajadores señalan que padecen “simulación laboral” y que son víctimas de violaciones a sus derechos humanos desde que se inició este programa. Mencionan que los hospitales rurales de IMSS-Oportunidades carecen de personal en diferentes áreas como son: médicos especialistas, ginecólogos, internistas, anestesiólogos, cirujanos, pediatras, así como personal directivo como médico supervisor regional, e incluso en algunas zonas no hay directores de hospitales.
Señalan que su situación laboral es preocupante, ya que ante la falta de personal no se respetan sus jornadas de trabajo, realizan actividades fuera de sus funciones, y no se les dan incapacidades por accidentes o enfermedades. En octubre del año pasado el instituto y el sindicato fijaron un plazo de 180 días para resolver esa problemática laboral.
Según esta denuncia, los médicos y enfermeras trabajan en horarios discontinuos, lo que implica que están disponibles las 24 horas del día, sin recibir pago extra; tienen sobrecarga de trabajo, ya que las unidades médicas se componen apenas de un doctor y una asistente y sólo en algunas ocasiones tienen una auxiliar, pero llegan a realizar hasta 35 o 45 consultas diarias.
Pero además, debido a los programas de la Secretaría de Desarrollo Social y del IMSS-Oportunidades, también tienen que realizar dentro de su horario de trabajo diversos talleres, como de sexualidad, para los cuales ni siquiera son capacitados y no se les destina un salario específico.
“Carecen del material necesario para realizar su trabajo, es decir, no cuentan con medicamentos ni con equipo de laboratorio, tienen serios faltantes en instrumental médico para urgencias incluso tanques de oxígeno, nebulizadores, aspiradoras, guantes, lo que pone en riesgo tanto la vida y la salud de los pacientes, como la integridad física de galenos y enfermeras”, señala la información.
Añade que se dan casos de pacientes que son referidos por los médicos de las localidades de alta marginación por alguna urgencia de cirugía y a las unidades a las que llegan no cuentan con el personal para realizar una operación, “por lo que los familiares tienen que irse a otro lado, en busca de un cirujano o anestesiólogo para resolver el problema, teniendo que pagar en muchas ocasiones un monto de alrededor de 15 mil pesos, aun cuando no cuentan con recursos y precisamente están en este programa por esta situación”, lo que contrasta con lo que dicen los anuncios oficiales en televisión.
También detalla que en algunos casos, como en Oaxaca, los trabajadores de este programa advierten que hay acoso laboral, incluso “extorsión” económica porque para que les paguen, por ejemplo, el aguinaldo, tienen que dar dinero, “en este caso a la jefa de enfermeras del hospital”. Además, sufren de falta de pagos quincenales completos, así como de viáticos y otros.


Reforma judicial con sello gringo
Desde 2004, el Departamento de Estado de Estados Unidos financió la reforma al sistema judicial y penal en México prevista para aprobarse esta semana en la Cámara de Diputados, expone proceso en su edición 1633.

La figura de los juicios orales, considerada por el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara, César Camacho Quiroz, como “el corazón de la reforma”, fue admitida por el gobierno federal en tanto se respetara el régimen de excepción propuesto por Felipe Calderón para combatir la delincuencia organizada.

El jueves 21 las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PVEM aprobarán sin cambios la minuta de reforma judicial. Por su parte el PRD, PT y Convergencia anunciaron que rechazarán esa modificación a las leyes porque la consideran violatoria de las garantías individuales.

Al incorporar iniciativas del presidente de la República, del PRD y del PRI, la llamada reforma judicial trató de alcanzar un equilibrio entre las propuestas meramente policiales y autoritarias de la Presidencia y las modificaciones al sistema de justicia promovidas por Estados Unidos. Las primeras, que limitan garantías individuales, entrarán en vigor cuando la reforma se publique en el Diario Oficial de la Federación, mientras que las segundas se realizarán en el curso de los próximos ocho años.

El presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y exprocurador general de la República, Sergio García Ramírez, asegura que esa reforma tuvo “un error de planteamiento, sin debate suficiente y sin claridad en el compromiso con un sistema penal democrático”, destaca el reportaje que aparece en la edición de Proceso que circula a partir del domingo 17 de febrero.