IFE, MAR DE TURBIEDAD.

IFE: arreglo turbio
Editorial de “La Jornada”

Tras meses de jaloneos, en los que se vulneró el decoro institucional, las fracciones partidistas de San Lázaro designaron a un nuevo presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) y a dos consejeros de recambio. El hecho, que a primera vista podría parecer un primer paso para remontar el descrédito de ese organismo, en realidad lo ahonda, habida cuenta de la manera tan poco transparente –es decir, turbia– en que se alcanzó el acuerdo correspondiente: en negociaciones nocturnas, a espaldas de la sociedad y sin tomar en cuenta las trayectorias de los candidatos.
Habría sido deseable, y hasta exigible, que el proceso de renovación del instituto electoral y la selección de sus nuevos funcionarios hubiese pasado por una discusión, de cara a la ciudadanía, de los perfiles idóneos para los cargos a ocupar y de los lineamientos que deben regir a esa institución en los próximos años a fin de restituirle su credibilidad y su autoridad moral, demolidas por el mal desempeño del Consejo General pasado durante las campañas y las elecciones presidenciales de julio de 2006. En cambio, la selección de los nuevos funcionarios electorales se caracterizó por las exclusiones sin argumentación, las postulaciones arbitrarias y los vetos inexplicados.
Debe recordarse que el Consejo General que operó el IFE hasta el año pasado fue integrado en el marco de una componenda entre los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), de la que se excluyó al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Unos años más tarde, en las campañas y en las elecciones presidenciales de 2006, el IFE toleró la descarada intromisión presidencial para favorecer a su candidato y perjudicar al opositor; consintió la ilegal incursión propagandística de las cúpulas empresariales en contra del aspirante de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador; sesgó la difusión de los resultados de la jornada del 2 de julio; se negó en redondo a esclarecer las fundadas sospechas en torno a tales resultados y a permitir un recuento de los sufragios y, para colmo, el entonces presidente del Consejo General, Luis Carlos Ugalde, se excedió en sus facultades legales al proclamar a un vencedor de los comicios, con lo que dejó al descubierto su parcialidad y su supeditación al Poder Ejecutivo.
De noviembre del año pasado a ayer se llevó a cabo una redición de la componenda, con la única diferencia de que en esta ocasión se permitió participar en ella a los legisladores perredistas y hasta se terminó por aceptar a la persona propuesta por ellos para la presidencia del IFE. Los excluidos, en esta ocasión, fueron los ciudadanos en su conjunto. Sin dar oportunidad al debate y a la exposición de programas por parte de los posibles, y sin recabar el sentir de la sociedad sobre las trayectorias que mejor podrían garantizar el regreso de la independencia y la imparcialidad al organismo electoral, los partidos políticos se dieron a sí mismos un arbitraje tan dudoso como el anterior.
En suma: si la designación de los tres nuevos funcionarios electorales, incluido el consejero presidente, no se decidió con base en las capacidades personales y en el debate público, cabe sospechar que se haya fundado en el cálculo de lealtades de los postulados a los postulantes, en intercambios de posiciones de poder por apoyos parlamentarios y en concesiones en materia de programa político. Es real e inevitable, por ello, el riesgo de que los funcionarios recién designados no se conduzcan con la imparcialidad necesaria y que actúen no con el propósito de cumplir la ley sino para pagar favores. Más allá del organismo electoral, cabe preguntarse qué habrá comprometido la bancada del sol azteca a cambio de que los diputados panistas y priístas aceptaran entregar la presidencia del organismo electoral a una persona propuesta por el PRD. Más aún, hay margen para dudar de que este “nuevo IFE” sea capaz de remontar la sima de desprestigio a la que lo condujo el anterior Consejo General, encabezado por Luis Carlos Ugalde.


Los tres son la misma cosa: AMLO
Ciro Pérez
Yecapixtla, Mor., 7 de febrero. Andrés Manuel López Obrador expresó su desconfianza en Leonardo Valdés Zurita, Benito Nacif y Marco Antonio Baños, quienes fueron designados sustitutos del presidente y dos integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), ya que, dijo, están vinculados con el PRI y el PAN.
“Ni los consejeros del IFE actuales ni los anteriores me dan confianza; todos tienen que ver con el PRI y con el PAN”, aseveró el ex candidato presidencial, luego de señalar que los consejeros electos este jueves “son la misma cosa, no hay cambio”.



¿Democracia? ¡No, por favor...!

Jorge Camil.
Creí escuchar una descripción atrasada de los comicios mexicanos de 2006. Pero cuando puse atención al televisor supe que quien hablaba era el comisionado de derechos humanos de Kenia. El hombre explicaba a la conductora de Democracy Now las causas del enorme conflicto electoral que ha destruido la gobernabilidad y ocasionado la muerte a más de mil personas (incluyendo la de un conocido maratonista internacional, ¡que murió alcanzado por una flecha envenenada!)
El comisionado comentó que durante todo el proceso electoral las encuestas favorecieron a Raila Odinga, líder de la oposición, sobre el presidente Mwai Kibaki, que buscaba relegirse. Cuando comenzaron a fluir los resultados de la Comisión Electoral, a nadie sorprendió que Odinga tuviese una ventaja de más de un millón de votos. De pronto, la Comisión Electoral suspendió de improviso el flujo de resultados, y cuando sus funcionarios asomaron finalmente la cabeza reportaron sorprendentes avances de Kibaki, que reducían la enorme ventaja del líder opositor a sólo 50 mil votos. Después, concluyó el comisionado, la autoridad electoral declaró en forma inesperada el triunfo del presidente Kibaki, quien tomó posesión apresuradamente en presencia de sólo un puñado de parlamentarios. La guerra civil no se hizo esperar. Y así comenzó la matanza étnica entre kikuyus (seguidores de Kibaki) y luos (coterráneos de Odinga).
“Aquí se disputa agresivamente la presidencia –explicó, deshaciéndose en disculpas el comisionado– porque el presidente tiene poder sobre vidas y haciendas. Es la fuente de toda riqueza: los ricos lo persiguen, para ser más ricos, y los pobres, para dejar de serlo. La mayoría de los políticos son ricos. Kibaki y Odinga son multimillonarios”.
Días después, complaciendo mi adicción a las noticias internacionales, escuché en la radio el reporte del corresponsal de la BBC en Italia. Me interesó, por las fotos recientes de legisladores sexagenarios dándose bofetadas y forcejeando en el Parlamento como niños de escuela. “Aquí –reportó el corresponsal– en medio del caos político que prevalece, los políticos son incapaces de fijar siquiera metas alcanzables para resolver los más sencillos problemas nacionales. Están dedicados exclusivamente al juego del transformismo, que consiste en moverse a la derecha o a la izquierda, en un esfuerzo por permanecer en el poder. Son incapaces de reciclar la basura, pero muy hábiles para reciclar sus carreras”.
Mientras escuchaba al corresponsal no podía dejar de sonreír, pensando que el transformismo italiano equivalía al juego mexicano de la partidocracia. Recordé también mi colaboración de hace dos semanas en La Jornada, en la que advertí que nuestro país se había convertido en “la república del cambalache”: un mundo sin propuestas políticas, en el que ha desaparecido la ideología, y se han desvanecido las diferencias entre izquierdas y derechas. ¿Alguien puede negar que el cinismo político es hoy una epidemia universal?
En la mesa redonda de periodistas que organiza domingo a domingo la NBC con el nombre de Meet the Press, Peggy Noonan, galardonada columnista del Wall Street Journal, lamentaba el domingo pasado que la política estadunidense se hubiese convertido en un juego de dinastías: los Kennedy, los Bush, y ahora los Clinton. Noonan, no siendo mexicana, desconoce por supuesto el tema de nuestra pareja presidencial, que extinguió la llama de la esperanza democrática, y pudo conducirnos a la ruina de haberse prorrogado seis años más. Ahora Estados Unidos se enfrenta a un problema similar, que ha traído a la superficie la ambición desmedida de Bill y Hillary (“Billary”, les llama el Washington Post), y los extremos a los que están dispuestos a llegar para volver a gobernar en pareja.
Bill gobernó ocho años y terminó su mandato, pese al desafuero iniciado por el affaire Lewinski, con uno de los mayores porcentajes de popularidad de los tiempos modernos. Pudo seguir como estadista respetado, impartiendo conferencias, publicando libros y ganando millones. Pero no: la ambición lo hizo regresar con la excusa de “dirigir” la campaña de Hillary, con quien compartió el poder durante su mandato. (El 8/01/99 publiqué en La Jornada un artículo titulado “Los Clinton”. En él concluí que “Bill era la figura pública que cautivaba al electorado femenino con su voz meliflua de caballero sureño, mientras Hillary, fría y calculadora, desempeñaba tras bambalinas, y sin haber sido elegida, la delicada tarea de diseñar la estrategia y escoger las prioridades nacionales”. Hoy se han revertido los papeles.)
Y Bill, antiguo bastión del Partido Demócrata, venerado como “el primer presidente negro”, pone en peligro a su partido al dedicarse a la deleznable tarea de sabotear la campaña de Barack Obama, el primer afroestadunidense con verdadera posibilidad de llegar a la Casa Blanca. Decepcionada de la política, la misma Peggy Noonan se preguntó el año pasado: “¿llegará el día en que los votantes contemplen la política como un enorme río contaminado, que arrastra en su cauce llantas ponchadas y zapatos viejos?”

Acusan a Zeferino Torreblanca de criminalizar la lucha social
Escucha alta comisionada de la ONU quejas en Guerrero
Rubicela Morelos Cruz (La Jornada Guerrero)

Chilpancingo, 7 de febrero. Una larga lista de denuncias presentaron hoy organizaciones sociales e indígenas en el municipio de Huamuxtitlán, en la zona de la Montaña Alta, y en Chilpancingo, a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Loiuse Arbour. La más insistente: que el gobernador perredista Zeferino Torreblanca Galindo ha “criminalizado la lucha social”. Arbour les respondió que en Guerrero, “al igual que en otras partes, ha habido una larga historia de exclusión, de pobreza y de violación de derechos humanos”.
Recordó que el miércoles pasado firmó un convenio con el gobierno federal para fortalecer en México el trabajo de esa oficina de la Organización de Naciones Unidas, “se tiene presencia desde el año 2002, pero no se había trabajado a escala estatal”. Apuntó que el diagnóstico y plan de acción a seguir en el país deberá incluir a Guerrero.
Se dijo “impresionada” por el trabajo desarrollado por la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. “Al poner sobre la mesa sus puntos de vista tuve la oportunidad de entrevistarme con las ONG y saber lo que les preocupa”.
Javier Monroy, del Taller de Desarrollo Comunitario, denunció que el gobierno estatal está criminalizando la lucha social, y al mismo tiempo recordó que continúan las desapariciones en la entidad. “Se han cerrado los canales de interlocución entre la sociedad y el gobierno, que por cierto ha pasado de la cerrazón a la represión, y finalmente a la criminalización de la lucha social; hay algunas acciones urgentes que nos interesa señalarle, como es el caso de la asignación de las plazas de maestros a los egresados de la Normal de Ayotzinapa”.
Durante la reunión, el ejidatario César Sabino Palma denunció que el gobierno estatal pretende arrebatarle 78 hectáreas de tierra en la zona exclusiva de Punta Diamante. “Son el patrimonio familiar, que data de hace 100 años”.
También el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, pidió la intervención de la alta comisionada ante los gobiernos federal y estatal para que se desistan de las órdenes de aprehensión en contra de 28 jóvenes que fueron detenidos el año pasado durante el desalojo ocurrido el 14 de noviembre en la caseta de cobro de La Venta, en el puerto de Acapulco.