LA CONSTRUCCION DEL ESTADO POLICIACO.

Reculan diputados en el tema de los allanamientos

Eliminan que la policía pueda catear domicilios sin orden de un juez
Legisladores inconformes del PRI, y en menor medida del PAN, obligaron a sus coordinadores a buscar una salida legal al tema
Roberto Garduño y Enrique Méndez.

La mayoría en la Cámara de Diputados aprobó la minuta de reforma constitucional en materia de justicia penal y, cobijada con la premisa de mostrarse sensible a los reclamos de la sociedad, desechó el párrafo íntegro referente a los allanamientos, que permitiría a la policía “ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas”.
La decisión de los legisladores fue considerada en San Lázaro un triunfo, pero en los hechos el pleno camaral consiguió una victoria discutible al dejar inalterada la minuta en temas tan importantes para los derechos humanos como los siguientes:
En el caso de la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale. Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada.
A pesar de que se prevé que las comunicaciones privadas son inviolables y la ley sancionará cualquier acto que atente contra la libertad y confidencialidad de las mismas, habrá una excepción cuando las conversaciones sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas.
A los internos de reclusorios que requieran de medidas especiales de seguridad y que tengan que ver con delincuencia organizada se les destinarán centros especiales. En ese caso, en el que la clasificación de delincuencia organizada queda en el limbo, se podría incluir tanto a delincuentes comunes como a luchadores sociales, y las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados, salvo cuando se trate de su defensa.
De tal forma, la determinación de excluir el párrafo referente a los allanamientos obedeció a la presión ejercida por diputados inconformes del PRI, y en menor medida del PAN, quienes obligaron a los coordinadores parlamentarios, Héctor Larios y Emilio Gamboa, a establecer un acuerdo con el líder de la bancada del PRD, Javier González Garza, con objeto de deshacerse del párrafo de marras por el cual se pretendía autorizar a las policías el allanamiento a domicilios sin orden judicial. Ese malestar no garantizaba a Larios y Gamboa conjuntar las dos terceras partes del pleno camaral para votar en favor la minuta enviada por el Senado.
El acuerdo forzado, la inconformidad de priístas y panistas y la férrea oposición del PRD, fue considerado a priori un éxito al desecharse los allanamientos. La rebelión, matizada como inconformidad, sobre todo de los priístas, cobró relevancia desde el pasado fin de semana cuando Emilio Gamboa recibió noticias del enojo que provocaba el tema de los allanamientos entre los electores priístas, y la preocupación que esto generó en la dirigencia del Revolucionario Institucional por los costos políticos que sobrevendrían sí sostenía la postura de impulsar la reforma judicial en sus términos.
Del lado panista, los reproches fueron mínimos, pero aun así la molestia persistía al considerarse las incursiones policiacas sin orden judicial un acto violatorio de la Constitución. Anteayer, al percatarse de que la mayoría de los diputados priístas votarían contra la reforma judicial, Gamboa ordenó a su compañero Raúl Cervantes se reuniera con senadores priístas y panistas para explicarles la naturaleza de una posible modificación a la minuta con la desaparición del párrafo integro referente a los allanamientos.
Cervantes terminó por convencer a los senadores, quienes se comprometieron a aceptar la modificación a la minuta y aprobarla una vez que la Cámara de Diputados la regresara.
Con esa previsión, Emilio Gamboa inició ayer una operación política tendiente a restañar todas las heridas que había provocado el PRI a sus electores con el respaldo a una reforma antipopular. Al llegar ayer a la reunión plenaria del tricolor en San Lázaro, alrededor de 80 legisladores de ese partido se oponían definitivamente a sostener el tema del allanamiento.
Al medir aquella tendencia, Gamboa Patrón consiguió que sus compañeros aprobaran un acuerdo para que César Camacho ofreciera en esos momentos una conferencia de prensa y ahí anunciara que el PRI proponía deshacerse del párrafo citado, y de esa forma empatarse con las demandas de ciudadanos y organizaciones civiles.
Camacho, quien se había constituido en el defensor de la minuta, se vio obligado a desdecirse: “Creemos que la medida es intrínsecamente buena, pero eventualmente en su instrumentación puede haber riesgos que en este momento no vale la pena correr y poner a la sociedad mexicana en una situación de eventual amago, alteración o afectación de sus derechos fundamentales”, dijo.
Y es que, desde las 9 de la mañana, el coordinador perredista, Javier González Garza, Larios y Gamboa se habían reunido para acordar una estrategia que otorgara legalidad a la devolución de la minuta al Senado. La encontraron en el inciso E del artículo 72 de la Constitución, donde se establece que “si un proyecto de ley o decreto es desechado en parte, modificado o adicionado por la cámara revisora (el Senado), la nueva discusión en la cámara de origen versará únicamente sobre lo desechado o las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones de la revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los presentes, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo federal.
“Si las adiciones o reformas hechas por la revisora fueran reprobadas por la mayoría de votos de la cámara de origen, volverán a aquélla para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos se desecharan en la segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobada por ambas cámaras, se pasará al Ejecutivo”.
De tal forma, la Cámara de Diputados sólo necesitaba aprobar por mayoría calificada la exclusión del párrafo que permitía los allanamientos domiciliarios, para que el resto de la reforma, en la minuta votada ayer, sea aprobada por el Senado. El resultado final de la votación fue de 462 votos a favor de legisladores de todos los grupos parlamentarios, seis de perredistas en contra y dos abstenciones.

Editorial de “La Jornada”:
Hacia un Estado policiaco
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer, con 462 votos en favor, seis en contra y dos abstenciones, el controvertido proyecto de reformas constitucionales en materia judicial –conocidao popularmente como ley Gestapo–, que incluye disposiciones severamente criticadas por organismos defensores de los derechos humanos y por otros sectores de la sociedad, como la extinción de dominio, la atribución de facultades extraordinarias al Ministerio Público (MP) y a los cuerpos policiacos, el acceso de las autoridades a los datos personales y bancarios de los sospechosos, y la inclusión de la figura del arraigo –que podrá ser hasta por 80 días– en el marco constitucional.
Por fortuna logró evitarse la supresión de las modificaciones al artículo 16 de la Constitución, mediante las cuales se autorizaba el allanamiento de domicilios por las policías, sin orden judicial de por medio, por más que el fracaso de esa adulteración aberrante del marco legal no obedeció a un espíritu de respeto a las garantías individuales, sino a una lógica pragmática de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), quienes, ante la oposición de los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP), decidieron eliminarla para alcanzar los dos tercios de la votación necesarios para la aprobación del proyecto en su conjunto.
Así, aunque se eliminó el allanamiento injustificado de los domicilios, se mantuvieron intactas otras disposiciones violatorias a los derechos humanos, entre las que destacan la facultad que, en lo sucesivo, tendrán las policías para realizar detenciones discrecionales y arbitrarias, así como la inclusión del arraigo en el marco legal vigente, que rompen con el principio constitucional de presunción de inocencia, abren un amplio margen para el atropello de las libertades ciudadanas y colocan a la población en su conjunto en un estado de indefensión ante la autoridad.
El combate al crimen es una de las responsabilidades irrenunciables del gobierno y, para realizarla, éste debe contar con instrumentos jurídicos adecuados y eficaces, pero no lesivos para las garantías individuales. Esto no es cosa menor en el contexto de un país en el que los derechos humanos son violentados en forma cotidiana y en el que el gobierno ha exhibido constante indiferencia al respecto. Como botón de muestra ha de recordarse que, durante la visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, aseguró que “en México no hay mayor amenaza a los derechos humanos que la que representa el crimen organizado”, como si fueran menores los atropellos que cometen las propias fuerzas públicas y que han mostrado un claro incremento en esta administración y en la pasada.
Por otra parte, la reforma judicial exhibe una terrible insensibilidad ante las causas profundas de la delincuencia, como la miseria, la desigualdad, la falta de educación, el desempleo, los ínfimos niveles de vida de grandes sectores de la población, la desintegración familiar y la descomposición del tejido social. La lucha contra la delincuencia, por tanto, no debiera centrarse en aparatosos despliegues militares ni en reformas retrógradas y autoritarias que colocan al país en la lógica de un Estado policial, sino en la atención gubernamental a los factores señalados.
Se argumenta que las alteraciones al marco constitucional operadas ayer son indispensables para garantizar la seguridad ciudadana y el Estado de derecho. Pero salta a la vista que con el incremento de atribuciones a las corporaciones policiales nacionales, cuyo grave descontrol es admitido hasta por los altos círculos del gobierno, no se logrará más que incrementar la zozobra de la población, la cual no gana nada en protección contra la delincuencia pero queda prácticamente inerme ante los abusos de la policía. Flaco favor, por último, puede hacerse al estado de derecho cuando se socava uno de sus pilares esenciales, que son de las garantías individuales. Lo aprobado ayer es una regresión a las ideas de “paz y orden” porfiristas, expresión de una mentalidad autoritaria e impermeable al entendimiento de las realidades nacionales, y resulta tan peligroso como impresentable. Debe ser revertido.

La reforma en materia de justicia todavía contiene violaciones a derechos: Soberanes
Califica de avance el que se hayan suprimido allanamientos sin orden judicial
Víctor Ballinas y Jesús Aranda
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, manifestó que “es un avance” el que la Cámara de Diputados haya suprimido de la reforma de justicia penal y seguridad pública el párrafo que “autorizaba a la policía allanar domicilios sin orden judicial”.
Sin embargo, el ombudsman nacional advirtió que los legisladores aprobaron otros temas de esa reforma que violentan las garantías individuales y los derechos humanos, como son “el constitucionalizar el arraigo y flexibilizar los requisitos para expedir las órdenes de aprehensión”, entre otros.
Abundó que lo deseable es que, una vez que la Cámara de Diputados suprimió de esa reforma un tema tan controversial como el allanamiento de los domicilios sin orden judicial, el Senado de la República pudiera hacer una revisión integral de esa reforma.
No obstante, dijo: “Me gustaría que se hiciera una revisión de los temas que han sido cuestionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la propia CNDH, por juristas y organizaciones defensoras de las garantías individuales, pero no creo que lo hagan, aunque sería lo deseable”.
Soberanes manifestó: “Si no es posible que en la reforma que revisará el Senado se hagan los cambios que se requieren, ojalá en la legislación secundaria se puedan arreglar”.
Previamente, el ombudsman nacional había comentado en entrevista –realizada en la SCJN después de presentar su informe de labores– que de concretarse la reforma tal como estaba, es decir, con el allanamiento sin orden judicial, “el domicilio deja de ser, como decía José María Morelos en Los Sentimientos de la Nación, inviolable, y pasa a ser parte de la vía pública; cualquier policía se va a poder meter a nuestras casas”.
También expuso que “es una pena que se constitucionalice el arraigo, algo que la propia Suprema Corte de Justicia había declarado inconstitucional y es una pena que ahora los requisitos para expedir las órdenes de aprehensión sean tan nimios”.
La tradición de inviolabilidad del domicilio, “que costó sangre a nuestros antepasados, y como decía Morelos, es algo sagrado, pues ahora resulta que todo eso no se vale y se lleva la violación de los derechos humanos a la Constitución”, manifestó el titular de la CNDH, antes de que la cámara suprimiera el párrafo que posibilitaba los allanamientos.
En tanto, el secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez, manifestó que el hecho de que la Cámara de Diputados haya eliminado el párrafo que permitía el allanamiento de los domicilios sin orden judicial es un ejemplo de que sí se puede hacer una revisión integral de esa reforma.
El dirigente de la Red Todos los Derechos para Todos consideró que “sin duda el haber eliminado ese punto demuestra que era contrario a derechos humanos, porque podría abrir una enorme posibilidad a abusos e irrumpir en un espacio que debiera tener la máxima protección”.
Recordó que ése no fue el único asunto que las organizaciones de defensa de derechos humanos impugnaron; quedan todavía asuntos como el arraigo, el tema de la ampliación de facultades al Ministerio Público, la serie de delitos que posibilitan aún la prisión preventiva y el régimen de excepción para la delincuencia organizada, entre otros.
Cortez insistió en que si la Cámara de Diputados modificó un punto controversial, eso demuestra que “es posible que se modifique la reforma; el Senado debiera abrir el tema y revisar otros asuntos para garantizar el respeto a las garantías individuales”.
Mientras, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, manifestó que la supresión del allanamiento a los domicilios sin orden judicial “es importante, pero lo preocupante es que subsisten en esa reforma otros puntos que hemos señalado como contrarios a la ley y los derechos humanos, como es el arraigo”.
Arriaga hizo un exhorto al Senado para que revise los puntos que han sido cuestionados por organizaciones defensoras de derechos humanos, organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas.
Cabe recordar que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, en su reciente visita al país –hace 20 días– instó al Congreso a aprobar leyes tomando en cuenta los tratados internacionales en materia de derechos humanos que México ha signado.