LA RENUNCIA DE FIDEL

Editorial de "La Jornada"
Fidel: renuncia y calma
Tras casi medio siglo de concentrar en su persona los máximos poderes del gobierno cubano, Fidel Castro Ruz dio a conocer su decisión, en un mensaje publicado en el diario Granma, de no aspirar a la presidencia del Consejo de Estado, cargo que desde julio de 2006 había delegado en su hermano Raúl, hasta entonces ministro de Defensa. En una carta llana y precisa, el líder histórico justificó, por motivos de salud y ante la imposibilidad de “ocupar una responsabilidad que requiere movilidad y entrega total”, el fin formal de uno de los más prolongados ejercicios de poder en la historia.
El anuncio fue festinado por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, quien en el contexto de una gira por África afirmó que “el cambio de Fidel Castro debería dar inicio a un periodo de transición democrática”, y que ésta debería conducir a elecciones “realmente libres y realmente justas”; también manifestó su júbilo el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien afirmó que la renuncia de Castro a la presidencia de Cuba implicará “un cambio grande en América Latina”, y confió en que la isla se reintegrará al organismo regional de naciones, del cual fue expulsada en 1962.
A esas voces se sumaron las de la Unión Europea, en colectivo, y las de varios de sus socios individuales, como España y Francia. Todas ellas coincidieron en resaltar la noción de que la formalización del retiro de Castro abrirá perspectivas para una transición a una economía de mercado y a una “democratización” en la isla.
El anuncio de ayer contrasta con las proyecciones que auguraban y propiciaban el derrocamiento violento del dirigente y hasta una guerra civil como resultado de la muerte de Castro o de su salida del poder. La realidad fue convirtiendo tales augurios en pronósticos de un ejercicio vitalicio de las funciones del comandante. Prácticamente nadie que asumiera esa lógica previó el retiro voluntario y pacífico de Fidel Castro en el contexto de un proceso institucional, como a la postre ocurrió.
El yerro se explica por el empecinamiento de Occidente y sus aliados en ignorar lo que puede percibirse ahora como solidez y estabilidad políticas del régimen cubano, y por la torpeza de confundir a las instituciones con la persona que detentaba su máxima conducción. Esa misma falta de criterio impidió a Washington, Bruselas, Madrid y París, así como a la OEA, comprender que la transición en Cuba no comenzó ayer, sino incluso antes de que Fidel Castro se retirara provisionalmente, hace más de año y medio, y que, de acuerdo con los elementos de juicio disponibles, los procesos políticos cubanos no dependen, en lo esencial, del estado de salud de quien fue, hasta ayer, el máximo dirigente del país.
Más aún, en el momento presente los adversarios y críticos de la Revolución Cubana se niegan a aceptar que la transición en curso no necesariamente avanza en la dirección que a ellos les habría gustado. Pero, en los 20 meses transcurridos desde que Castro se vio obligado por razones de salud a ceder el mando gubernamental, los hechos indican que la institucionalidad cubana es lo suficientemente sólida y estable como para sobrevivir a su fundador.
Ello no necesariamente significa que Raúl sucederá en automático a Fidel en todas las funciones que el segundo desempeñó durante años. Un dato significativo al respecto es que el hasta ayer comandante en jefe declinó a sus cargos gubernamentales, mas no a su carácter de primer secretario del Partido Comunista, organización que tiene un calendario propio y diferente al de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento).
El terreno político cubano del futuro próximo se configurará, en gran medida, el domingo 24 de febrero, cuando la asamblea se reúna para designar al Consejo de Estado, máxima instancia gubernamental. Las decisiones que se adopten allí el último día de esta semana darán más elementos para análisis posteriores.
Con todo y el encono agresivo que ha padecido desde sus inicios, con sus problemas internos y externos, con sus carencias y sus excesos, así como con sus logros extraordinarios en lo social, especialmente en los terrenos de la educación y la salud, el régimen emanado de la Revolución Cubana no ha sido, ni es, un reducto del inmovilismo, como lo han imaginado sus enemigos, sino una institucionalidad política con capacidad para la renovación y el cambio. La renuncia de Fidel Castro al gobierno de la isla es una prueba fehaciente de ello.

Pemex: la presa sitiada
Luis Linares Zapata
Las elites decisorias del país han llegado a un acuerdo para la apertura de Pemex a la inversión privada. Por tal referencia se entiende, en verdad, la entrada del capital externo que, se alega, portan las empresas de energía internacionales que por años le han dado la vuelta a la noria de las presiones, los consejos y hasta los sobornos con tal de hacerse con una parte de la jugosa renta petrolera. El PAN y el gobierno federal, auxiliados por un conjunto de gobernadores ávidos de meterle el diente a los remanentes petroleros, han jalado a los dirigentes cupulares del PRI a este tinglado de intereses. Juntos, quieren modernizar a Pemex, eufemismo que trata de ocultar, ante los mexicanos de banqueta, las crudas intenciones que los empujan a trastocar o darle la tramposa vuelta a la misma Constitución.
Frente a ellos se mueve una fuerza popular de la magnitud suficiente para detener tan inicuo proyecto. Es la fuerza de los clasificados, con la malicia de los colmilludos, como duros, intransigentes, los trasnochados nacionalistas, los opositores irredentos. Pero lo que estos mexicanos sienten, saben por negativa y hasta trágica experiencia, es que sin el total control de los energéticos, tal como hoy ordena la Constitución en su artículo 27, México perderá la capacidad de decidir su destino. Sin el apego al espíritu nacionalizador que rescató los hidrocarburos nacionales de manos extranjeras, allá por el lejano 38 del siglo pasado, el futuro económico, tecnológico, industrial y hasta cultural del país entrará en un túnel sin salida. La cruzada para evitar la catástrofe planeada desde el poder no se detendrá hasta lograr el propósito que la anima. Se cuenta, para ello, con la lucidez de muchos mexicanos que van aportando análisis, estudios, experiencia pero, sobre todo por la creciente movilización del pueblo.
La compulsión privatizadora, entreguista, de esa elite burocrática es entendible. Lo es porque las personas que la integran cuidan, en primerísimo lugar, sus propias biografías. Carreras políticas que pretenden sean de éxitos continuos, asegurados desde las cúspides. Son hombres y mujeres timoratos, con muy pocos arrestos para enfrentar dificultades, para defender lo que los de abajo requieren. Siempre están atentos a los que sucede arriba de ellos, a veces voltean a sus lados pero sólo en raras ocasiones atisban abajo, menos aún hacia adelante para otear un futuro que siempre está plagado de incógnitas e inseguridades. Carecen de grandeza para emprender aventuras transformadoras, las de gran aliento que exigen la imaginación de la que carecen, duras luchas que esquivan a toda costa, desgastes y, en especial, solicitan perseverancia y trabajos múltiples difíciles de adoptar como cotidiana práctica.
Por estos días de pasiones e ilegitimidades angustiantes, las presiones de sus patrocinadores se han robustecido. Sostienen que el momento ha llegado. No se puede esperar más. Alegan que las reservas se agotan, los recursos escasean, la tecnología no se domina, la administración es deficiente, el sindicato asfixia, la necedad de algunos estorba y se alienta la resistencia al cambio. Han estudiado con detenimiento el tiempo preciso para actuar. Las encuestas de opinión les dicen que, a pesar de que la mayoría de los mexicanos no quieren abrir Pemex al capital trasnacional, la conciencia de la muchedumbre es débil, puede afectarse con una efectiva campaña publicitaria. Una donde se diga que no se puede aguantar más el declive de la empresa, que las alianzas no son contratos de riesgo, que no se privatizará ni un tornillo. Llegan a citar, con toda la alarma del enterado, que los estadunidenses recurrirán al estúpido método del popote para chuparse los veneros de chapopote de este lado de la frontera marítima. Y esto lo anuncia, con voz de salvador, un hombrecito del priísmo más decadente (Labastida) que pretende salvar a Pemex. Sin verse como un simple favorecido por la gracia de amistades, por la ayuda de subordinados encumbrados para terminar con una carrera sin lustre, sin logros, llena de escaladas inmerecidas y sonadas derrotas, ayuna de aportaciones a favor del pueblo o de cualquier causa noble.
La interesada compulsión privatizadora de esa clase de personajes que integran la elite oficialista actual sigue adelante, ahora con ímpetu renovado por las fuertes presiones que reciben de aquellos empresarios de gran calado que, para hacer negocios, para incrementar sus enormes fortunas, requieren del manto gubernamental. O por aquellas empresas y hasta gobiernos a los que les urge asegurar sus atentos proveedores confiables. Trasnacionales que desean, con ahínco, aprovechar los altos precios de los energéticos para engrosar sus obscenas utilidades a costa de los desprevenidos mexicanos que no saben cuidar y defender sus tesoros. Los legisladores del PRIAN, el presidente formal, con sus asesores y demás acompañantes de los medios, no pueden resistir las ambiciones del gran capital, ya sea éste local o foráneo. Es un peso enorme sobre sus timoratos espíritus.
El capital insaciable es la palanca que mueve al aparato establecido y no, como se sostiene con fingida veracidad, las intenciones de mejorar a la más importante empresa de los mexicanos, tal como difunden los preclaros líderes del momento burocrático. Pero tampoco se pueden descartar las complicidades individuales de los que intervienen en el diseño de la ruta privatizadora.
Las ambiciones de los que extienden sombras y tratan de ocultar las reales intensiones de la reforma energética y suavizan sus consecuencias flotan inocultables. Se trasluce el cinismo de los proponentes, los apoyos repletos de malicia sorprenden, la enjundia difusiva y las opiniones de enterados que ponen sus prestigios en la balanza abundan sólo para caer después en el vacío de los extraviados. El petróleo y la energía en general (eléctrica) es un tesoro que debe quedar bajo el dominio de la nación sin injerencia externa o privada. Se trata, en última instancia, de decidir quién manda: el capital externo o los mexicanos.


Quién manda en México

Adolfo Gilly
La Jornada

La nacionalización del petróleo fue decidida el 9 de marzo de 1938, caminando por los campos de Morelos, por dos generales del Ejército Mexicano formados en las batallas guerreras de la revolución y en las batallas jurídicas de la Constitución de 1917: Lázaro Cárdenas del Río y Francisco J. Múgica. De esa decisión fue informado el gabinete presidencial en la tarde del 18 de marzo, y la aprobó. Nadie sospechaba hasta la noche de ese día –ni las compañías petroleras ni sus gobiernos– la magnitud y los alcances de la medida expropiatoria.
El gobierno del general Cárdenas supo escoger el terreno del enfrentamiento con las compañías extranjeras y tomarlas por sorpresa. No planteó la nacionalización como cuestión de beneficios económicos o de derechos laborales, sino como un dilema sobre quién manda en México: el gobierno de la nación o los dueños del petróleo.
Se debe recordar, recordar bien, que el presidente Cárdenas decretó la nacionalización cuando las empresas petroleras se negaron a acatar un laudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el contrato colectivo con sus trabajadores. No era una argucia legal para tener el apoyo del movimiento obrero, que de antemano estaba asegurado. Fue utilizar lo que las empresas creían un incidente jurídico menor para plantear una cuestión de fondo: quién manda, quién decide sobre los cielos, el suelo y el subsuelo de este territorio que se llama República Mexicana, si un grupo de empresas extranjeras subsidiarias de sus gobiernos, que prestos salieron en defensa de ellas, o si los poderes del gobierno de la República elegido y apoyado por su pueblo.
Los tiempos son otros, los gobiernos mexicanos y su relación con el pueblo de esta República también. Pero ante la amenaza de privatizar Pemex en todo o en parte, con capital extranjero o nacional pero siempre capital privado –es decir, que en tanto capital no puede por definición responder al interés de la nación sino al suyo propio, si no dejaría de ser capital–, los fundamentos de la disputa deben plantearse sobre el mismo terreno: quién manda en México.
Es absurdo, para no usar palabras mayores, plantear la cuestión de Pemex como un problema económico o tecnológico, aunque hoy en ambos aspectos la situación de la empresa flaquee. Aceptar la discusión en ese terreno es perderla de antemano.
Por la contigüidad territorial con Estados Unidos, en México, más que en cualquier otra nación del continente, la propiedad estatal del petróleo es una cuestión geopolítica que hace al mando y a la soberanía sobre el territorio nacional. La continuidad del territorio y por ende del subsuelo de ambos países es marca indeleble en la historia mexicana. Hoy más que nunca Estados Unidos, su mando político en la Casa Blanca y su mando militar en el Pentágono, necesitan asegurar el petróleo mexicano como un componente indispensable de su estrategia militar global, tanto hacia los poderes que están al otro lado del Atlántico como hacia aquellos al otro lado del Pacífico.
Estados Unidos necesita –necesitó siempre– subordinar las fuerzas armadas mexicanas a sus fines estratégicos, a sus tecnologías, a su entrenamiento y a sus doctrinas militares y de seguridad, que son lo mismo. Hasta la Segunda Guerra Mundial no lo había logrado. Después vino el largo y paulatino cedimiento y por fin, desde Salinas de Gortari en adelante, las cesiones y concesiones en cascada.
Estados Unidos se ha propuesto, y en buena medida lo ha logrado, recorrer hasta el Canal de Panamá lo que considera su frontera geográfica de seguridad. El Plan Puebla-Panamá, como es bien sabido, es parte de esa vasta operación geopolítica, para la cual ha contado con la colaboración de los gobiernos mexicanos al menos desde Carlos Salinas hasta el presente. Pero no le basta recorrer de hecho esa frontera. Necesita la sumisión de los gobiernos nacionales de esos territorios y el control de sus recursos naturales y económicos –no la propiedad total, por supuesto, sí el control y la subordinación. Frente a las potencias asiáticas y a las potencias europeas, cualesquiera sean sus relaciones con ellas en cada momento, ésta es su zona de seguridad continental, su territorio amurallado. Esa doctrina no sólo no ha cambiado con la globalización. Por el contrario, se ha fortalecido con razones y exigencias nuevas, antes inexistentes.
Esa estrategia histórica de dominación y subordinación (que no de simple dependencia económica) tiene hoy componentes materiales e ideales que en conjunto conforman una renovada operación de ablandamiento de las resistencias nacionales mexicanas y latinoamericanas en nombre del libre comercio y la libre circulación de capitales (que no de personas, como debería ser el corolario).
Uno de esos componentes es haber logrado que el narcotráfico pasara a ser asumido por las autoridades mexicanas, ya no como una cuestión policial de primera importancia, que lo es, sino como una supuesta cuestión de seguridad nacional; mientras en modo alguno lo es tal para el ejército y el gobierno del país receptor y consumidor de la droga, Estados Unidos. Cualquiera sea su origen, una evidente operación de desestabilización política se esconde en los vericuetos y las guerras del narcotráfico, una buena parte de cuyos capitales y mandos, como diversos estudios lo han mostrado, están al otro lado de la frontera norte de México. En este contexto la Iniciativa Mérida es una de las varias facetas de la operación general de ablandamiento de las resistencias y las defensas de esta nación.
El 12 de febrero pasado Pedro Miguel escribía en estas páginas: “La Iniciativa Mérida es un acuerdo para que un gobierno incapaz de acabar con el trasiego de estupefacientes reciba asistencia de otro que tampoco puede o quiere erradicar el narcotráfico. [...] El hecho es que los gobernantes gringos no han podido o no han querido acabar con el narcotráfico. Con todos sus radares, sus satélites, tan precisos que pueden discernir a la distancia la marca de un bolígrafo; con sus aparatos de intercepción de conversaciones, sus sensores de infrarrojos, sus bases de datos y sus sistemas en tiempo real; con sus Hummers artillados con calibres de guerra, sus aviones espía, sus efectivos de la DEA, el FBI, y la Migra, sus marines, sus boinas verdes, sus rangers, sus mercenarios, sus portaviones, sus guardacostas, sus cárceles concesionadas a empresas de excelencia y su sistema judicial que presumen como si fuera eficiente y bueno, los centenares de toneladas de cocaína siguen fluyendo sin problemas hacia las fosas nasales de los consumidores”.
Aparte de los grandes intereses económicos involucrados en la industria de la droga, la estrategia del llamado combate al narcotráfico asume los rasgos de una redición de lo sucedido en Colombia, con las funestas consecuencias allá registradas para la soberanía nacional y la democracia. En un mundo de estados nacionales como en el que vivimos pese a todas las teorizaciones acerca de la disolución o el desvanecimiento de dichos estados, pocas cosas convienen tanto a las ambiciones de dominación de un vecino poderoso sobre uno de esos estados como el que las fuerzas armadas de tal nación se vean envueltas en tareas policiales –y además, en tareas de represión contra su propio pueblo, llámese éste Chiapas, Guerrero o Oaxaca.
¿Es que este cuento va a proseguir? ¿Es que se va a insistir en discutir la cuestión de Pemex y del petróleo como un problema exclusivo de recursos económicos y tecnológicos? ¿Es que no es evidente la operación de dominación emprendida sobre México –y su timing preciso– por una nación hoy desequilibrada por su propio poderío y por la ineptitud patológica de sus actuales gobernantes junto a la desmesura de sus obsesiones y ambiciones? ¿Es que no se ve el peligro que significa hoy, precisamente hoy, la dinámica geopolítica de ese país vecino?
¿Y las ambiciones de privatizar Pemex, de un modo u otro, en todo o en parte, con uno u otro subterfugio legal, con capital nacional o extranjero, nada tienen que ver con esa situación?
Es además insensato, absolutamente insensato, entrar a discutir y resolver con inusitada premura una cuestión vital de soberanía y geopolítica de la nación mexicana precisamente en los momentos en que ese vecino, Estados Unidos, componente ineludible de las decisiones sobre dicha cuestión, está envuelto en su controvertido y cercano cambio de gobierno; atrapado militarmente en Irak y Afganistán; desbalanceado por las crisis de su economía; y habiendo descubierto por fin que la globalización no significa su dominación mundial indiscutida, sino también el ascenso de las ambiciones y los desafíos de las grandes potencias de Europa y de Asia.
Es preciso cambiar de raíz el terreno y los tiempos de la cuestión petrolera mexicana. No es sino en segundo nivel una de financiamiento y tecnología. Tanto lo han dicho que fatiga repetirlo: si se modifica el régimen impositivo que succiona todos los recursos de Pemex y le impide financiar su crecimiento tecnológico, la empresa petrolera nacional tiene amplio campo de afirmación, exploración y crecimiento. Ese régimen por el cual Pemex es el sostén principal del presupuesto del Estado tiene un solo beneficiario: el capital privado. Gracias a Pemex, los niveles impositivos sobre los capitales privados están entre los más bajos que hoy existan. No es verdad que si se permite a Pemex capitalizarse no habría recursos en el presupuesto para los rubros de salud, educación, infraestructura y otros. Esto es chantaje puro. Esos recursos deben salir de los impuestos normales a las ganancias del capital, terminando con la condición de semiparaíso fiscal que se le ha impuesto al territorio nacional. Tampoco es verdad que habría fuga de capitales. Demasiado codiciado para la inversión es este país, por razones similares a las que lo hacen codiciable para las ambiciones de la nación del Norte.
El debate y las decisiones sobre el estatuto jurídico de Pemex y los recursos para su eficiencia y su modernización tienen que partir de esta plataforma. No es una cuestión ante todo económica y técnica. Es una cuestión de geopolítica y de soberanía nacional: quién manda en México.
En caso contrario, el gobierno nacional –y gobierno son los tres poderes, no sólo el Ejecutivo– se vería colocado en la paradójica situación de cumplir con la consigna zapatista: mandar obedeciendo. Pero obedeciendo al mando establecido en el Pentágono, la Casa Blanca y Wall Street, dueños una vez más, por sí mismos o por interpósitos capitales privados mexicanos, del control de los recursos petroleros de la República Mexicana.