LA TAREA, ENAJENAR BIENES A LA NACION.

Demanda AMLO espacios para la defensa de Pemex“Espero que se abra un debate que impida la privatización”, sostiene
El despojo dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta, dice
Enrique Méndez

Andrés Manuel López Obrador envió ayer cartas a los presidentes y directores de empresas de radio, televisión y periodísticas para solicitar tiempos y espacios en los que él y los colaboradores del “gobierno legítimo” ofrezcan los argumentos en el sentido de que no existe ninguna justificación técnica o financiera para privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex).
Afirmó que la reforma energética tiene como única motivación “el afán de lucro de una minoría rapaz que quiere apropiarse de bienes y recursos de todos los mexicanos”, y que “el despojo del petróleo dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta” o de que se afecte la estabilidad política y social del país.
En conferencia de prensa, el ex candidato presidencial leyó –y posteriormente firmó– la carta que directamente le envió al presidente del Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, y confió en que los concesionarios y propietarios de los medios le brinden tiempos y espacios “para hacer uso del derecho a la información y dar a conocer al pueblo de México nuestros argumentos técnicos, económicos, políticos y sociales”.
Bien de la nación, en riesgo
En las misivas, López Obrador asegura que, de conformidad con la Constitución, el petróleo no es del Estado ni del gobierno, sino que pertenece a la nación y no puede ser entregado con una reforma a la legislación secundaria.
“De imponerse esta reforma, se perdería la posibilidad de utilizar el petróleo para industrializar a México, generar empleos y convertir al país en una potencia energética”, señala.
Considera que si se entrega la renta petrolera a particulares, nacionales y extranjeros, no habrá forma de mejorar las condiciones de vida y de trabajo y se cancelaría la posibilidad de transformar al país por la vía pacífica.
“El despojo del petróleo dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta, lo cual nos puede llevar a más sufrimiento, inestabilidad política y social, el predominio del uso de la fuerza y no necesariamente a la emancipación del pueblo”, afirma.
Hasta el momento, aseguró, los promotores de la reforma se han negado a discutir el asunto “y con gran irresponsabilidad” están decididos a votarla en el Congreso e imponerse “mediante la cooptación, los acuerdos cupulares, el control de los medios y el mayoriteo legislativo”.
Por esa razón, expuso, se solicitan los espacios informativos, de debate y análisis en radio, televisión y periódicos. “Queremos que la gente asimile, cada vez más, que las acciones de resistencia civil pacífica tienen como propósito impedir que se cometan injusticias y violaciones a la Constitución, y evitar a toda costa la violencia”, indica.
López Obrador designó a su vocero, César Yáñez Centeno, encargado de concertar las entrevistas con aquellos medios de comunicación que respondan a las cartas. “Espero que se abra el debate en los medios”, dijo en respuesta a una pregunta de si con esta estrategia espera que se rompa el “cerco informativo”.
Porque, dijo, no se trata de un tema menor y todos los mexicanos tienen derecho a expresar su punto de vista sobre una reforma “que no se puede manejar en sigilo, en las cúpulas; se tiene que ventilar”.
Insistió en que es evidente la existencia de un acuerdo “arriba, entre PRI y PAN”, que sólo esperan “el mejor momento para cometer este acto de traición a la patria”.
–¿De dónde vendría el riesgo de la violencia? –se le preguntó.
–En la carta está bastante claro lo que planteamos. Nosotros no queremos la violencia, éste es un movimiento pacífico.
–¿Existe esa posibilidad?
–Es que si se entrega el petróleo a extranjeros no habría la posibilidad de mejorar las condiciones de vida del pueblo y, como aquí lo expresamos, quedaría latente el riesgo de la confrontación violenta, que desde nuestro punto de vista no conduciría a nada bueno.
“Por eso debemos evitar que se lleve a cabo esta acción totalmente irresponsable. No puede ser que, por el afán de lucro de unos cuantos, se ponga en riesgo la estabilidad política y social del país.”


Desde el gobierno se sigue un plan para acabar con Pemex
Israel Rodríguez
La administración gubernamental de Felipe Calderón va por las “alianzas estratégicas” en Petróleos Mexicanos (Pemex), pomposo título que encubrirá concesiones o contratos de riesgo que abrirán los campos petroleros y pondrán los hidrocarburos en manos de unos cuantos, alertó Víctor Rodríguez Padilla, investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Destacó, que la naturaleza del modelo empresarial que los gobiernos neoliberales le han impuesto a Pemex es autodestructiva. Paralelamente, el gobierno aplica mecanismos presupuestales, fiscales, regulatorios y contables, para conducir deliberadamente a Pemex al borde de una crisis financiera que justifique una costosa capitalización por parte del Estado o, la verdadera intención, una reforma legal con carácter aperturista y privatizador.
En suma, los gobiernos neoliberales han llevado a cabo un proceso paulatino pero constante para transferir al sector privado, nacional y extranjero, funciones, responsabilidades, decisiones y ganancias asociadas a la explotación del petróleo, gas natural y los demás hidrocarburos.
En un amplio análisis que da cuenta pormenorizada de las acciones de los gobiernos neoliberales en los últimos 25 años para descapitalizar a Pemex, el experto en materia energética señala que como parte de la estrategia de apertura, recomendada por el Banco Mundial, se encuentra la voz de alarma y el temor a la escasez.
“Vivimos bajo la amenaza de escasez, racionamientos, importaciones masivas, cuando esos resultados son producto del accionar gubernamental en manos de neoliberales desde 1982. Los medios masivos de comunicación ligados a intereses empresariales han jugado un papel central en la estrategia de desinformación, desasosiego e intimidación”.
Rodríguez Padilla aseguró que la crisis a la que el equipo gobernante está llevando a la petrolera no es producto del agotamiento de recursos, de los vaivenes económicos o de la insolvencia de su personal. “Es el resultado de un plan diseñado específicamente para liquidar el patrimonio y entregar las actividades productivas al sector privado”.
Explicó que este plan consiste en hacer que Pemex se dedique sólo a la extracción y exportación de crudo, pero transfiriendo los trabajos petroleros a trasnacionales, al amparo de amplísimos “contratos de servicios integrales”, que resultan ilegales porque el contratista realiza actividades reservadas al Estado.
Además, se impide a Pemex ejercer el oficio de petrolero. En el plan de negocios para Pemex Exploración y Producción las operaciones serán transferidas paulatinamente a trasnacionales, mediante innovadoras “modalidades de ejecución”.
Adicionalmente se le quitan o niegan actividades operativas, como la regasificación de gas natural licuado, la distribución de gas natural, la cogeneración y venta de excedentes para el servicio público de energía eléctrica, las actividades en el extranjero, entre otras.
Asimismo, se favorece a sus competidores en el mercado nacional. Pemex está convertida en una agencia comercializadora de los carburantes, combustibles y petroquímicos importados de Estados Unidos y Canadá. También esta sometida a controles y restricciones asfixiantes de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública.
En tanto, el Instituto Mexicano del Petróleo, brazo tecnológico de Pemex, es sometido a un proceso de liquidación silenciosa, mediante la eliminación de áreas de acción y reducción de su presupuesto. Dentro del plan de debilitamiento deliberado de Pemex, se desmontan equipos técnicos y se despide selectivamente al personal. Jóvenes administradores sin experiencia pero ligados al PAN sustituyen con salarios desproporcionados a ingenieros y técnicos que acaban siendo contratados por las compañías privadas, en precarias condiciones laborales.
Se darán permisos para producir y comercializar biocombustibles
La Secretaría de Energía expedirá permisos para realizar actividades relacionadas con la producción, almacenamiento, transportación, distribución por ductos y comercialización de biocombustibles con base en la ley de promoción y desarrollo de los bioenergéticos, que entró en vigor el fin de semana pasado. La Sener también establecerá lineamientos, especificaciones y normas oficiales mexicanas que establezcan la calidad y características de los biocombustibles para su mezcla con la gasolina y el diesel, así como las correspondientes a las mezclas de etanol con gasolina.

Avanza la entrega de la generación eléctrica al capital privado: SME
Se han otorgado 142 autorizaciones en lo que va de este gobierno
Patricia Muñoz
En poco más de un año, el gobierno de Felipe Calderón ha otorgado 142 autorizaciones al capital privado para la generación de energía eléctrica, señala un informe del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Detalla que al inicio de este sexenio había 529 permisos otorgados a particulares y esa cifra se elevó a 671 autorizaciones en apenas 13 meses.
Conforme al documento, hoy 35 por ciento del total de generación eléctrica instalada en México está controlado por capital trasnacional, e incluso en octubre del año pasado se permitió a la empresa Gas Natural México adquirir cuatro plantas de generación de la multinacional Electricidad de Francia y otra de Mitsubishi, todas ubicadas en México; es decir, se inicia también la concentración de bloques del sector.
El análisis, titulado Las tres hermanas españolas se reparten el pastel de la generación de electricidad en México, indica además que desde el inicio de los gobiernos panistas ha crecido sin medida y de manera inconstitucional e ilegal el proceso de privatización de la industria eléctrica mexicana, a tal grado que antes de que arribara el Partido Acción Nacional a la Presidencia sólo existían 59 permisos de generación eléctrica, cifra que contrasta con los 671 que se han autorizado a la fecha al capital privado.
Los beneficarios de este proceso privatizador han sido la trasnacional Iberdrola, la cual tiene 38 por ciento de toda la generación privada de energía, seguida por Unión Fenosa y Gas Natural, las dos también de capital español. Por esta razón, estas tres empresas ibéricas detentan casi 70 por ciento del mercado de energía privada del país, además de las firmas de capital francés EDF y de capital japonés, como Mitsubishi.
La información del SME detalla que en octubre del año pasado a la empresa Gas Natural México le permitieron incluso la compra de cuatro plantas, tres de la firma multinacional EDF y una de Mitsubishi.
Con ello, Gas Natural se coloca en segundo lugar entre los operadores privados de generación eléctrica de México.
El costo para Gas Natural por la compra de estas plantas fue de mil 448 millones de dólares; la operación le permitió colocarse entre las empresas trasnacionales que de manera ilegal generan electricidad en México, a pesar de que el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución prohíbe entregar concesiones en materia eléctrica a particulares. Gas Natural tiene como accionistas a Repsol, La Caixa y la empresa francesa Suez.
Para el SME, toda esta apertura del sector eléctrico demuestra la violación a nuestra Carta Magna.


“Terrorismo y crímenes de lesa humanidad” en caso Acteal
isaín mandujano
* Conferencia en San Cristóbal de la comisión de observadores internacionales

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 4 de febrero (apro).- Observadores internacionales denunciaron hoy que una estela de impunidad envuelve las indagatorias sobre la matanza de Acteal, desatada el 22 de diciembre de 1997 durante una incursión paramilitar en la zona de Los Altos y que dejó un saldo de 45 muertos, todos indígenas tzotziles miembros de la organización Las Abejas.

En conferencia de prensa, Joan Baucells, portavoz de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODHG), sostuvo que todavía hay responsables de la masacre que aún no enfrentan la justicia.

En su tercer día de visita en la entidad, los activistas enlistaron una serie de irregularidades sobre el caso: las indagatorias fueron limitadas y no alcanzaron a destacados políticos locales y federales; aún faltan por ejecutarse varias órdenes de aprehensión; los jueces carecen de independencia y autonomía, y nunca se reparó el daño a las víctimas.

Y pese a que se documentó la relación entre el Ejército Mexicano y grupos de civiles armados, abundaron, “nunca se valoró la asociación ilícita de esos grupos paramilitares”.

Fueron “crímenes de lesa humanidad” en que incluso se evidencia la participación de organizaciones criminales en “actos de terrorismo”, apuntaron Baucells e Ignacio García en San Cristóbal de la Casas.

Los 51 activistas de la CCIODH lamentaron que el caso Acteal se mantenga en el mismo punto desde su primera visita en 1998, “estancado y en la impunidad”.

Baucells, un profesor de derecho penal en la Universidad Autónoma de Barcelona, aclaró que “hay elementos suficientes para asegurar y demostrar evidencias de la responsabilidad de funcionarios públicos en la matanza”.

Recordó que pese a que la matanza duró más de siete horas y había una comandancia policiaca a escasos 200 metros del templo en que se encontraban rezando los integrantes de Las Abejas, “no se hizo nada para repeler el ataque”.

El también magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Tarragona, en Cataluña, destacó que el secretario técnico estatal del entonces Consejo de Seguridad Pública, Jorge Enrique Hernández Aguilar, “invadió en su momento competencias propias de un ministerio fiscal, ordenando el levantamiento de cadáveres y eliminando evidencias y pruebas que debieron ser importantes para poder imputar hechos a sus responsables".

Según la CCIODH, existen también testigos directos de cómo operaron los grupos de civiles armados en esa zona y su responsabilidad en la matanza. “Son testimonios de los propios grupos paramilitares y de grupos disidentes.

“Para nosotros, lo evidente es que se ha demostrado toda esa estructura política, esa colaboración entre los grupos paramilitares, el Ejército y autoridades políticas”. Se trató de apoyos económicos, armas, uniformes e instrucción militar, acusó Baucells.

Se evidenció, abundaron los observadores, toda una estrategia política, “toda una estrategia militar en la lucha contrainsurgente y que el Estado mexicano ha ignorado”.

Cabe destacar que Proceso reseñó, el 3 de enero de 1998, el Plan Campaña Chiapas 94, elaborado por la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y en que se definían las líneas de esa estrategia contrainsurgente.

“Obviamente todo ello con el conocimiento de las altas esferas del gobierno y ordenado por el entonces presidente de México, ideado por el general Miguel Ángel Godínez y ejecutado por el general Mario Renán Castillo Fernández, ambos en retiro de las fuerzas castrenses”, aseguró Baucells.