LA TIERRA DE LA IMPUNIDAD.

Impunidad, el mayor reto para México, advierte Louise Arbour
La funcionaria se reunió con organizaciones civiles que denunciaron desapariciones por la guerra sucia y la criminalización de la protesta social
Critican la reforma judicial que propuso Calderón
El sistema no protege a las mujeres, dice la alta comisionada de la ONU sobre feminicidios en Juárez

Víctor Ballinas
Ante los nulos avances en las investigaciones de los feminicidios en Ciudad Juárez, de los casos de más de 500 desaparecidos de la guerra sucia y la denuncia de la criminalización de la protesta social, la titular de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH), Louise Arbour, aseveró: “En México el tema de la impunidad es el mayor reto que hay que enfrentar y derrotar. Es preocupante el caso de los feminicidios, donde el sistema de justicia no protege a las mujeres”.
Durante una reunión de trabajo con casi un centenar de organizaciones civiles, sociales y de defensa de los derechos humanos, donde se denunció que la reforma en materia de justicia penal que propuso el presidente Felipe Calderón es “violatoria de los derechos humanos porque eleva a rango constitucional el arraigo, permite los allanamientos sin orden judicial y crea un subsistema de excepción para las personas acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada”, Arbour destacó:
“Aquí, el tema fundamental es un diálogo, insistir en la necesidad de una reforma al sistema de justicia penal que realmente garantice los derechos humanos y le ponga límites a la impunidad.”
Antes, en una entrevista televisiva, la alta comisionada señaló que “la participación de militares en tareas policiales no es apropiada en el largo plazo e incluso podría ser peligrosa, ya que los soldados son entrenados para el uso excesivo de la fuerza”.
La visita de trabajo de Arbour se llevó a cabo en medio de exageradas medidas de seguridad que impedían a la prensa acercarse a la funcionaria; inclusive, por instrucción de la oficina en México del ACNUDH, personal del hotel donde se realizó la reunión corrió a un fotógrafo del lugar y amenazó a los reporteros con sacarlos del sitio, porque “ustedes no son invitados”.
A su vez, las organizaciones civiles expusieron que “hay una falta de compromiso y voluntad política del gobierno mexicano para poner un alto a las violaciones de derechos humanos, aunado a la ineficacia y parcialidad de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia; además, el aumento de la actividad de las fuerzas armadas en la vida civil, la participación de miembros del Ejército en las labores de seguridad pública, la insurgencia armada y el crimen organizado, han generado un clima de incertidumbre e inseguridad en la sociedad y ello ha contribuido a la impunidad”.
Sobre ello, la alta comisionada dijo: “Tomo con mucho interés y preocupación los temas que me han informado, y le plantearé al gobierno las preocupaciones planteadas”.
Precisó: “Me preocupa el tema del arraigo, porque son largos procesos de detención, y yo he señalado mucho esto ante los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, que son adictos a detener primero a la gente y después a investigarla; desde esa perspectiva insistiré ante el gobierno mexicano”.
Tras escuchar que en el país ha crecido la protesta social como expresión del descontento ciudadano, y que los gobiernos federal, estatales y municipales han asumido una política de represión y criminalización de la protesta, que se traduce en detenciones arbitrarias, medidas excepcionales de régimen carcelario, violaciones al debido proceso, tortura y reformas legales contrarias a los estándares internacionales de los derechos humanos, Arbour manifestó:
“Estoy preocupada por esta situación de criminalización de la protesta social; se lo señalaré al gobierno, porque una democracia siempre debe proteger los derechos de las minorías, de los sectores más desprotegidos, de los marginados y discriminados.”
Entre los temas que se trataron estuvieron el caso de las violaciones de mujeres en San Salvador Atenco, a manos de la policía; los altermundistas reprimidos en Jalisco; la violencia en Oaxaca; la situación que se vive en Tamaulipas por la presencia intensiva de militares; Pasta de Conchos, en Coahuila, y Chiapas, así como los desaparecidos de la guerra sucia, entre otros.
Más tarde, Arbour se entrevistó con la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, quien dijo que el presidente Felipe Calderón y la alta comisionada firmarán este miércoles un convenio para que la oficina de representación de la ACNUDH en México continúe sus actividades, con lo que se pretende abrir un nuevo capítulo de cooperación en la materia.
Por otra parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, y Louise Arbour sostuvieron una reunión de trabajo en la que el funcionario invitó al organismo multilateral a tomar parte “en la capacitación de elementos de la policía federal en materia de derechos humanos”, informó la dependencia a través de un comunicado de prensa.
La SSP federal indicó que durante el encuentro “se planteó la importancia de que en México se legitime y reglamente el uso de la fuerza policial, así como la aplicación de parámetros internacionales de capacitación sobre derechos humanos en las corporaciones policiales”.

Une a los sectores del PRD la lucha en contra de la privatización de Pemex
La batalla implica ejercer presión en el Congreso de la Unión y en las calles, afirman
Alma E. Muñoz

Por separado, grupos internos del PRD y sus candidatos a presidir el partido a escala nacional y en el Distrito Federal se sumaron a la lucha contra la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En el Zócalo capitalino, la Convención Nacional Democrática (CND) hizo pública una carta donde pide la firma de ciudadanos que se comprometan a defender la industria petrolera y participar en las actividades que al respecto impulse el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo. Ello incluye acudir a la Cámara de Diputados el día que PRI y PAN presenten la iniciativa al respecto, además de asistir el 18 de marzo a la conmemoración del 70 aniversario de la nacionalización de ese sector.
Jesús Ortega, durante una reunión con legisladores de su corriente, Nueva Izquierda, así como de algunos representantes de otros grupos que le respaldan para encabezar al sol azteca, llamó a conformar comités de defensa de los recursos energéticos en los estados, seguro de que el “combate” al respecto no debe hacerse con “cañonazos de aire ni con retórica”, pues los primeros, afirmó, son “inefectivos e ineficaces”.
Sin pregunta de por medio, dejó en claro que su corriente no está en contra de Andrés Manuel López Obrador. “Se equivocan, nosotros no estamos en contra mecánicamente de nadie y luchamos por una convicción”.
Ortega sentenció: “nos vamos a oponer con todos nuestros recursos y con toda nuestra fuerza a la privatización de los energéticos”. Es más, indicó, “queremos liberar los energéticos de quienes los tienen secuestrados, por ejemplo: del gobierno en turno, de la Secretaría de Hacienda, de los contratistas, de una dirigencia sindical corrupta, de los gobernadores de los estados”.
El coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, reafirmó la decisión de los legisladores del sol azteca por luchar juntos en esta causa dentro del Congreso de la Unión y desde los “territorios” de cada uno.
Advirtió que ya se encuentran vigilantes, y más cuando, afirmó, en el PRI “han crecido las voces que alertan sobre el grave error de acompañar a (Felipe) Calderón en una iniciativa desde las cámaras”. Hemos hablado con diputados y senadores de ese partido y “empiezan a ubicar el peligro y la trampa” que les implicaría convertirse en “amanuenses del Ejecutivo”, pues existe la intención de quitar de la propuesta de reforma correspondiente el nombre del panista para sacarla como un “producto de comisiones legislativas”.
En tanto, Alejandro Encinas, junto con Claudia Sheinbaum –secretaria del patrimonio nacional del “gobierno legítimo”– y Porfirio Muñoz Ledo –coordinador nacional del Frente Amplio Progresista– advirtieron que la batalla en esta materia implica ejercer presión en el Congreso de la Unión y en las calles.
Por su parte, Alfonso Ramírez Cuéllar y su compañera de fórmula, Rosalbina Garavito, se pronunciaron –por medio de un comunicado– por que se dote al sector petrolero de “una arquitectura institucional y de mecanismos de control y regulación estatales, que permitan una eventual autonomía técnica, presupuestal y de gestión, que “efectivamente tenga como resultado una empresa petrolera más eficiente, transparente y con un alto sentido de la rendición de cuentas”.


Plantea Rosario Ibarra referéndum sobre la privatización de Pemex

“Cimientos del Estado pueden ser socavados por parlamentarios inescrupulosos”
Ciro Pérez Silva y Georgina Saldierna
La senadora Rosario Ibarra de Piedra presentó ayer una iniciativa para que se someta a referéndum la privatización de Petróleos Mexicanos, luego de advertir que postulados constitucionales, como la facultad exclusiva del Estado en materia de energéticos, “se ven amenazados por el poco respeto que las mayorías autoritarias sienten por la rigidez constitucional”, y que cimientos del Estado mexicano “pueden ser socavados a espaldas del pueblo, como fuente de la soberanía nacional, por parlamentarios irresponsables e inescrupulosos que actúan más como testaferros de oligarquías políticas y económicas que como mandatarios populares”.
Una vez que legisladores del PRI y del PAN se han manifestado abiertamente por una reforma que permita la participación de la iniciativa privada, Ibarra de Piedra presentó una iniciativa de reformas constitucionales para enfatizar que es una decisión política fundamental del Estado mexicano su propiedad originaria sobre el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.
Corresponde también de modo exclusivo al Estado la extracción y transformación del petróleo y demás hidrocarburos, así como la generación, conducción, transformación, distribución y abastececimiento de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público.
Otras de las “decisiones fundamentales que constituyen la esencia de nuestra comunidad política son la residencia inalienable de la soberanía nacional en el pueblo mexicano; la forma de Estado federal, así como la forma de gobierno republicana y democrática y el reconocimiento, protección y tutela de los derechos humanos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales firmados por el Ejecutivo y aprobados por el Senado”.
La separación Iglesia-Estado en los ámbitos político, económico, social y cultural, así como la rectoría económica del Estado que garantice el desarrollo nacional para que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
“Para modificar, alterar o suprimir cualquiera de las decisiones políticas fundamentales señaladas, excepto aquella que dice que tendrá el carácter de inmodificable, se requerirá, además del procedimiento previsto en el artículo 135 de esta Constitución, que las mismas se aprueben mediante un referéndum” que se realizará en los términos que señale la ley.
De acuerdo con el artículo 27 constitucional, “…corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.
Es decir, subrayó la legisladora, “el petróleo y sus derivados son propiedad exclusiva de la nación y que la expropiación de la industria petrolera fue el resultado de la lucha del pueblo mexicano por su soberanía e independencia, sin dejar de lado que la industria petrolera nacionalizada representa el sentimiento arraigado del nacionalismo mexicano”.


Declinan campesinos diálogo y “migajas” del gobierno

Insisten en demandas centrales de la marcha pasada
Matilde Pérez U.
Cobijados por el acuerdo de unidad y el compromiso de sostener la fuerza del movimiento campesino, las más de 40 organizaciones que participaron en la marcha del pasado 31 de enero, incluyendo la priísta Confederación Nacional Campesina (CNC), resolvieron no asistir al diálogo convocado por el gobierno federal.
Ayer, tras una reunión de cinco horas, los dirigentes campesinos cerraron filas en torno a lo que consideraron las tres demandas principales de la movilización: revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); cese de la campaña gubernamental en favor de ese pacto, y que cumpla con el acuerdo colegiado que en diciembre pasado asumieron la mayoría de las organizaciones campesinas y los secretarios de Desarrollo Agropecuario de los gobiernos estatales en la Comisión Mexicana para el Desarrollo Rural Sustentable en torno a las reglas de operación para los programas rurales de 2008.
Tras una larga discusión, en la que hubo rispidez por las declaraciones del dirigente de la CNC, Cruz López Aguilar, de que sí acudiría al diálogo con el gobierno, los dirigentes de las organizaciones agrupadas en los consejos nacionales de Organizaciones Campesinas (Conoc), de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp), CNC, Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, entre otras, asentaron que no hay una respuesta clara y directa del gobierno federal en torno a sus demandas.
La mesa de diálogo en la que estarán los titulares de las secretarías del Trabajo, Economía y Agricultura “no es el espacio idóneo para abordar la agenda de la marcha. Este asunto corresponde al Ejecutivo federal y al Legislativo; además tendrían que participar los secretarios de Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores”, puntualizó Max Correa Hernández, líder de la Central Campesina Cardenista.
Recordó que el año pasado el titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, trató de que sus pares de Agricultura, Alberto Cárdenas, y Economía, Eduardo Sojo, respondieran a las exigencias campesinas y el único avance fue la adenda del Acuerdo Nacional para el Campo, que no ha firmado el Ejecutivo. Por ello, resumió, el acuerdo fue no asistir a “un espacio que ya está desgastado y cuyos temas no han avanzado”.
Los dirigentes de las organizaciones que conformaron la comisión coordinadora que convocó a la marcha del 31 de enero desmintieron que haya fracturas en el frente nacional campesino que conformaron. “La lucha campesina es justa y por eso logró la solidaridad de múltiples agrupaciones sindicales, defensoras de derechos humanos, sociales, ecologistas, de académicos y de la ciudadanía en general; ahora no podemos defraudarlos acudiendo a un diálogo infructuoso”, abundó Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).
En la reunión hizo un llamado a la unidad del movimiento campesino y a “mantener la mira elevada para lograr los cambios en la política agropecuaria. Busquemos los cambios de fondo y no sólo las migajas de los recursos federales; no hay que favorecer las estrategias mediatizadotas de presunto beneficio que está promoviendo el gobierno federal ni caer en la inmovilidad”, dijo.
José Narro Céspedes, de la dirección colectiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, destacó que los asuntos de la agenda campesina no han sido atendidos y menos resueltos por el gobierno de Felipe Calderón; “los problemas se han agudizado y por eso no podemos regresar a una mesa que se denomina de negociación pero que resulta ser de sordos y ciegos”.
Sostuvo que la movilización del pasado 31 de enero es el inicio de una acumulación de fuerzas y el debate no se centra sólo en el cambio de las reglas de operación para los programas del campo, quienes así lo piensan están equivocados, acotó.
Hoy, las agrupaciones campesinas, en voz del representante de la CNC, darán a conocer un comunicado conjunto en el que insistirán en un nuevo interlocutor, ya que Cárdenas Jiménez “no ha mostrado capacidad ni apertura”.
Un autoinvitado
Minutos antes de la reunión que se celebró en un hotel del centro del Distrito Federal, Rubén Vázquez Martínez, dirigente del Comité Pro Mejoramiento del Agro de Guanajuato, pretendió participar en la discusión del comité organizador de la marcha campesina. Se le dijo que esperara a asuntos generales, ya que no había sido de las organizaciones que convocaron a la marcha.
Vázquez Martínez se unió a Agrodinámica Nacional, encabezada por Armando Villarreal Marta, para demandar la siembra inmediata de maíz transgénico, acción a la que se oponen las más de 40 organizaciones que se sumaron a la campaña Sin maíz no hay país.
También el Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con Campesinos y Colonos (Consucc) descalificó que el gobierno sostenga un diálogo con las organizaciones que participaron en la marcha y asentó que el único foro para avalar resolutivos a favor del campo es el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.