MAGISTERIO EN DEMANDA DE CONVOCATORIA.

MARCHA ESTATAL.

Hoy 22 de febrero el magisterio democrático oaxaqueño marcha en la ciudad capital de Oaxaca en demanda del cumplimiento de exigencias y peticiones.

Trabajadores de la educación realizan cuatro marchas desde otros tantos puntos de la ciudad de Oaxaca para concluir concentrándose en el Zócalo, donde realizarán un mitin.

La demanda inmediata es la emisión de la convocatoria de parte del Comité Nacional de SNTE para la renovación de la dirigencia estatal, a ella se suman otras, entre las cuales destacan la liberación de los presos políticos y la devolución de escuelas en manos de esquiroles priístas.

Así mismo, expresan su repudio a la Ley del ISSSTE y las reformas judicial y energética. Se estima que marcharán unos 40 000 trabajadores de la educación.


Se deslinda el EPR de la muerte del jefe policiaco Barrita Ortiz
También rechaza ser parte del crimen organizado.
Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)
Oaxaca, Oax., 21 de febrero. El Ejército Popular Revolucionario (EPR) se deslindó de cualquier responsabilidad en el asesinato del director de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), Alejandro Barrita Ortiz, a quien acusó de haber operado la detención-desaparición de dos de sus integrantes: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el 25 de mayo de 2007 en esta ciudad.
“Nos deslindamos totalmente de la muerte del señor Alejandro Barrita Ortiz quien, como es sabido, fue un torturador y represor de luchadores sociales que gozaba al producir dolor a sus víctimas y disfrutaba de la impunidad”, señala un comunicado signado por la Comandancia General del EPR.
Considera que el jefe policiaco muerto por disparos de arma de fuego el 30 de enero pasado, junto con un guardaespaldas y dos civiles en una unidad deportiva, fue asesinado porque se convirtió en “personaje incómodo para el gobierno de Ulises Ruiz”.
Agrega: “coincidimos en este caso con la versión que Julio Hernández López, en su columna Astillero del diario La Jornada del lunes 4 de febrero, en la que dice que esta muerte (…) se dio en el marco de pugnas internas del poder oaxaqueño”. Opinión que comparten “brillantes analistas”.
Falta, subrayó, “que también acallen a (José Manuel) Vera Salinas (ex director de Seguridad Pública del Estado, acusado también de represor), quien hoy se ha refugiado en Cancún, Quintana Roo, como jefe de policía y tránsito”.
Además, el EPR cuestiona el nombramiento de Juan Camilo Mourino como secretario de Gobernación, en sustitución de Francisco Ramírez Acuña, porque no modifica la política del gobierno.
“Esta sustitución no tendría mayor relevancia si no fuera porque a la ilegitimidad y al fraude del gobierno de Felipe Calderón se agrega la falta de transparencia que despierta suspicacias en torno al tema de la nacionalidad del actual secretario, que no sería relevante si no constituyera una nueva y flagrante infracción al estado de derecho imperante y una burla más para la sociedad mexicana.”
Afirma que la política del actual gobierno “seguirá protegiendo los intereses de la oligarquía (y), por ende, continuará violando constantemente los derechos humanos”. Indica que Calderón “ha pervertido de tal manera al Ejército Mexicano que ha hecho que nuevamente (como en 1968 y la guerra sucia de los años 70) reprima y cometa atrocidades contra nuestro pueblo con toda impunidad”.
También rechaza ser parte del crimen organizado, porque los integrantes del EPR son “luchadores sociales con una moral diferente a la del gobierno. Nosotros tenemos nuestros tiempos y nuestras formas, no amagamos ni amenazamos, pero estamos atentos para que se cumplan las demandas del pueblo”, indicó.

Deslinde Federal por escuelas en conflicto; “asunto estatal”Iván Castellanos / Tiempo
[06:41] El titular de los Servicios Federales de Apoyo a la Educación del Estado de Oaxaca, Jorge Mario Olin Balderas, afirmó que el problema de las escuelas en disputa entre la Sección 22y 59, es de competencia estatal, por lo que deberá ser Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y las autoridades oaxaqueñas las que resuelvan esta situación.
Afirmó que la Federación apoya al gobierno estatal en el ámbito de su competencia, pero reconoció que la situación es difícil de resolver, pero se puede llegar a una salida sin poner en riesgo la integridad de estudiantes, maestros y padres de familia.
Indicó que las autoridades federales son respetuosas del federalismo y la educación básica es atendida por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
La cuestión laboral, causa de los conflictos, es de competencia directa de las autoridades estatales, y hasta donde tiene conocimiento, lo están revisando a través de las áreas correspondientes del IEEPO, sostuvo.
Manifestó que la SEP no puede intervenir en los movimientos de plaza y todo lo que sucedió en el 2006.

Crisis de agua; desabasto y desperdicio
Citlalli López / Tiempo
[06:45] La región de los Valles Centrales enfrenta un serio escenario de contaminación, desabasto y desperdicio de agua que ocasionará un déficit de más del 50 por ciento del líquido en menos de 10 años.
Al encabezar el Foro Oaxaqueño del Agua, el presidente del Instituto de la Naturaleza y Sociedad de Oaxaca, Juan José Consejo Dueñas, manifestó que existe un problema severo en todo el ciclo del agua.
Entrevistado previo a su ponencia en el Foro celebrado en el Auditorio de Rectoría de la UABJO, Consejo Dueñas afirmó que más de la mitad de todas las fuentes de Valles Centrales están contaminadas.
Esta afirmación se desprende de la inspección hecha a las diversas vertientes hidrológicas de esta región la cual además arroja que la contaminación en los ríos y pozos ha afectado todo el ciclo del agua.
La problemática se debe al incremento de la población. Este aumento ocasionó un déficit más o menos permanente de abasto de agua. Consejo Dueñas manifestó que se tiene en la red entre un 20 y un 50 por ciento menos del agua que se requiere para la temporada en todo el estado.
Los Valles Centrales dijo, es considerada una región de veda para la extracción de agua del subsuelo, lo que significa que se extrae más líquido de lo que se recarga.
Las cuencas presentan impacto negativo, agregó, las ollas como Etla y Zaachila tienen problemas severos de deforestación y han perdido agua; a esto se suma a que han sido sujetos a proceso de cambio de suelo a uso habitacional.
Los datos de uso en cada uno de los habitantes en Valles Centrales varía dependiendo de las actividades diarias y el grado de opulencia; los rango de uso van de los 40 litros a los 100 por persona y se duplica en donde están asentadas viviendas lujosas.
En el esquema actual de uso, desabasto y contaminación es necesario y urgente la entrada en labor de la planta de tratamiento de aguas residuales, pues sólo son el mínimo de los municipios que cuentan con una.
El presidente del Instituto de la Naturaleza y Sociedad de Oaxaca señaló que las plantas grandes de tratamiento, como la asentada en el Tequio que aún está afinando detalles para comenzar a trabajar, tienen problemas de mantenimiento, por su tamaño.
Enlistó el desperdicio de agua como otro problema serio. Entre el líquido que se pierde en el sistema potable y el uso irracional diariamente se desperdicia la mitad de agua que se libera
Por desgracia, en menos de 10 años se tendrán problemas serios si la dilapidación del líquido se mantiene, indicó.

Estado mexicano incumple recomendaciones de la CIDH
Tienen tribunales militares vinculación política
Lourdes GODÍNEZ LEAL/CIMAC
El Estado mexicano ha incumplido todas las recomendaciones emanadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y más cuando hay militares involucrados, afirma Soraya Long, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organismo con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos.

En entrevista con Cimacnoticias durante su tercera visita a México, Soraya Long dijo que uno de los temas de la agenda de Cejil es la violación sexual cometida por militares, la cual debe ser juzgada por el fuero civil y no militar, ya que cuando este tipo de casos se turnan a sus tribunales, lo que se investiga y se “juzga” es si los soldados incurrieron en indisciplina al abandonar los puestos para los que fueron asignados, pero no si violaron a mujeres.

La abogada de Cejil informó que, como parte de su visita, sostendrán una reunión con diputados y senadores mexicanos donde se discutirá la modificación al Artículo 57 del Código de Justicia Militar, referente a los delitos contra la disciplina militar.
En el caso de violaciones a derechos humanos y en particular de violaciones sexuales contra mujeres, la Directora de Cejil criticó que los juzgados y tribunales militares no sean tribunales independientes sino con una vinculación política.

“Son nombrados directamente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y estos son nombrados directamente por el Presidente, entonces no hay ninguna independencia, hay una vinculación política”, aseveró.

Grave, que calderón marque línea

Cuestionada sobre el caso de Ernestina Ascencio Rosario, indígena de 73 años violada en febrero de este año por militares en Soledad Atzompa, Veracruz, que está en vías de turnarse a la CIDH, Soraya Long consideró que es “muy preocupante” que Felipe Calderón diera “línea”, porque le dio confiabilidad y credibilidad al Ejército en detrimento de los hechos que “hablan por sí solos”.

“Para nosotros demuestra que no hay una verdadera voluntad política de este gobierno de Calderón de acatar sus compromisos internacionales de cumplir con las obligaciones de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y, tratándose de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres menos”.
Manifestó que en un encuentro sostenido con diputados, Cejil manifestó esta preocupación, toda vez que aún cuando estos casos llegan a la CIDH, en la jurisdicción militar tampoco se investigan los hechos violatorios, es decir, no se investiga si una mujer fue violada o no por un militar.

Lo que hacen, apuntó, es “investigar” si el militar se movió o no de su sitio y cuestionó quién investigará entonces la violación de las mujeres.

“Entonces, una mujer que es violada por miembros del Ejército va a una autoridad civil, como lo es una procuraduría, a meter su denuncia y ésta muy fácilmente se lava las manos y dice no me toca, porque aquí hay participación de un militar, váyase para allá”.

Lo más lamentable, sostuvo, es que las mujeres no tienen cabida ahí porque no son víctimas según los militares y entonces no acceden a la justicia civil, pero tampoco a la militar ¿Quién da justicia a estas mujeres?, cuestionó.

Soraya Long fue enfática: “si no encuentran justicia a nivel nacional, tendrán que encontrarla en el internacional”.

Por ello, insistió, la “urgencia” de modificar el Artículo 57 del Código de Justicia Militar, porque es más fácil que reformar la Constitución, para que estos casos no se repitan y para que “cese esta interpretación”.

México no cumple recomendaciones

Soraya Long evidenció que en todos los casos presentados ante la CIDH por México, incluidos los de violaciones sexuales a mujeres por militares y donde ésta ha acreditado la responsabilidad del Estado, el nivel de cumplimiento es cero.

Lo que en su opinión significa “una falta absoluta de buena fe del Estado y autoridades mexicanas” para cumplir con sus obligaciones internacionales y un “desconocimiento de la autoridad interamericana de derechos humanos, así como de las conclusiones que arroja un proceso que es llevado ante esta instancia máxima de derechos humanos internacional que acredita una responsabilidad del Estado”.

Soraya Long señaló que salvo el caso del General brigadier José Francisco Gallardo, en el cual sí hubo un cumplimiento a un punto de las recomendaciones hechas por la CIDH, los otros que están en cumplimiento de recomendaciones, como Aguas Blancas, el de las hermanas tzeltales del ejido Morelia y el de Miguel Orlando Muñoz, “en ninguno ha habido un cumplimiento de las recomendaciones”.

Deuda con los derechos humanos

“Desde nuestra perspectiva, México tiene muchísimos pendientes en materia de derechos humanos y muchas de las violaciones que ya no se escuchan en el resto de los países como la tortura y la desaparición forzada”.

Lo que en opinión de Soraya Long significa que México no ha dado pasos sustanciales para frenar las violaciones graves a los derechos humanos.
“Este gobierno no ha dado muestras efectivas de preocupación, por lo menos en relación con esta situación y mucho menos en resolverla”.

Lo mínimo que hablaría de una “buena voluntad de Calderón” en la materia sería incidir para modificar el Artículo 57 del Código de Justicia Militar; priorizar el tema de la tortura y aceptar que existe en México, así como tomar medidas para evitarla y revisar los compromisos que México ha signado a nivel internacional y empezar a cumplirlos, dijo.

Por otra parte, resaltó que el reconocimiento al trabajo de los defensores de derechos humanos hablaría de “una luz en su gobierno y de que éste será realmente respetuoso de los derechos humanos y de un compromiso con éstos”.


Podría ir a CoIDH caso de tlapanecas violadas por militares

Lourdes GODÍNEZ LEAL/CIMAC

Los casos de las mujeres indígenas tlapanecas violadas por militares en 2002 tienen todas las posibilidades de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), ya que reúnen todos los requisitos para que así sea, sostuvo en entrevista con Cimacnoticias Soraya Long, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

En el marco de su tercera visita a nuestro país, con una agenda centrada en el tema de la violación sexual ejercida por militares y la propuesta para modificar el Artículo 57 del Código de Justicia Militar, Long precisó que ésta “sería la oportunidad ideal para que la Corte “obligue al Estado mexicano” a reformar su legislación interna y que los casos de violaciones de derechos humanos no sean juzgados por éstos.

Soraya Long recordó que ambos casos, cuyas audiencias se celebraron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre pasado con presencia ambas mujeres tlapanecas, ya fueron admitidos por esta instancia, por lo que ahora se discute si el Estado “es responsable o no de las violaciones que fueron denunciadas”.

Anunció: “nosotras esperamos que en cualquier momento la CIDH rinda su informe de fondo sobre estos casos declarando la responsabilidad del Estado”.

Lo cual significaría que el Estado estaría obligado, a partir de una sentencia de la Corte, a acatar sus recomendaciones jurídicamente vinculantes.

Long aclaró que, si bien no hay una sanción en caso de que el Estado mexicano y el gobierno no acaten la sentencia que emitiera la Corte porque ésta no tiene “poder coercitivo”, sí existe una obligación ética, moral y jurídica de los Estados de cumplir con esas obligaciones”.

El negarse a cumplir con una sentencia de la Corte, sostuvo Long, “implicaría un costo político internacional muy alto para México”.
A la fecha, indicó, no hay ningún Estado que haya manifestado que no va a cumplir con lo que mandata la Corte.

Aberración a los derechos humanos

Soraya Long indicó que en el caso de las mujeres tlapanecas, la “investigación” realizada por el fuero militar determinó que no hubo participación de militares en estas violaciones sexuales y por lo tanto el caso fue turnado al fuero civil.

En este caso, como en todos en los que ha habido soldados involucrados en violaciones sexuales, se turnan al fuero civil para que las autoridades respectivas (las procuradurías) investiguen, porque la autoridad militar determina que sus elementos no participaron en estos delitos.

¡Ésa es una aberración a los derechos de las mujeres!, enfatizó la activista, quien además precisó que se ignoran todos los elementos probatorios que existen, así como los propios testimonios de las mujeres, quienes no son siquiera citadas dentro de la jurisdicción militar para escucharlas.

“Al tener tanto tiempo el fuero militar el conocimiento de estos casos se hace más difícil la investigación de los hechos y entonces lo que uno se pregunta ahora es qué va a investigar la Procuraduría, a qué civiles, si las mujeres han dicho que fueron militares quienes las violaron”.

Justicia mínima

Soraya Long señaló que en el caso de las tlapanecas, las diligencias realizadas por el Estado fueron mínimas, insuficientes y era evidente que constituyeron graves violaciones a los derechos y garantías procesales de las víctimas.

Lo único que se investigó, insistió, es si los soldados incurrieron en faltas a la disciplina militar y según sus investigaciones, éstos no abandonaron el lugar al que fueron comisionados.

“Por ende, si no lo abandonaron no pudieron haber participado en la violación, lo que a su vez significa que no son responsables de ella”, denunció.
Por ello, sostuvo, México tendría que adelantarse a una sentencia de la Corte que además lo evidenciaría a nivel internacional, empezando a tomar medidas en estos casos.

¿Por qué México tiene que esperar a tener una sentencia en contra para hacer estas reformas cuando, de hacerlas, podría salvarse de ir a la Corte en algunos de estos casos?, concluyó.