MEXICANOS EN BUSCA DE ASILO

Buscaron asilo en Canadá más de 5 mil mexicanos en 2007; rechazan a la mayoría
La cerrazón del gobierno de Harper preocupa a activistas que trabajan con los solicitantes. El fenómeno, “reflejo de un país donde las instituciones no garantizan la seguridad”

Blanche Petriche / I
Toronto. La cifra de mexicanos que solicitan asilo en Canadá –cerca de 5 mil 500 en 2007– supera hoy en día a los fugitivos de Colombia y Afganistán, que son países en guerra, y China. “¿Por qué?”, se pregunta el abogado Donald Summers, especializado en casos de inmigración y refugio. “¿Qué realidad están evidenciando estos números? ¿Qué está pasando en México?”
Reflejo de un país donde las instituciones son incapaces de garantizar la seguridad de ciudadanos en riesgo, las historias individuales de estos solicitantes de asilo responden a la pregunta de Summers con más fidelidad y detalle que los informes oficiales sobre México que utilizan las autoridades migratorias canadienses como contexto para juzgar y rechazar la mayor parte de sus solicitudes.
El asilo provocado por persecución política hace tiempo que dejó de estar entre las primeras causas de quienes llegan a territorio canadiense en busca de un lugar seguro. Hoy son otros los motivos que empujan esta migración forzada.
Hay, por ejemplo, un arquitecto que alguna vez recibió un inusual encargo: construir una casa sin ventanas. El cliente resultó ser un narcotraficante. Concluida la obra, el profesionista se convirtió en testigo involuntario de una organización criminal que había que eliminar.
También está el caso de un policía que recibió una jugosa oferta de un cártel del narcotráfico. O la aceptaba o sería ejecutado. No había opción. O el de un trabajador gay despedido de su empleo por discriminación sexual.
Está la historia de una familia –él, abogado; ella, empleada de una delegación estatal de la Secretaría de la Función Pública– que descubrió la desviación de fondos de un alto funcionario del gobierno de Arturo Montiel, en el estado de México. Lo que siguió fueron presiones laborales y después amenazas de muerte.
O la de una mujer golpeada y violada por su marido. Intentó demandar al agresor, pero desde el momento en que se sentó ante el Ministerio Público el hombre la llamaba al celular para amenazarla. Desde la oficina responsable de protegerla la habían delatado. Al salir de la delegación fue brutalmente golpeada por policías amigos del esposo.
O el caso de una joven que, después de sufrir la experiencia límite de un secuestro, se decidió levantar un acta. Dos semanas después recibió una sentencia de muerte de sus secuestradores, puntualmente informados por la propia policía a la que acudió.
De todos los mexicanos solicitantes de asilo entrevistados en Toronto, sólo dos –Luz Gutiérrez Gasca y Anayelli Aguilar– se atreven a dar su nombre y acceden a que sus historias sean publicadas. Para la mayoría, el miedo es parte inseparable de su equipaje. “Por favor, no diga que me vio. No publique nada”, suplica un hombre que figuró en un sonado caso de corrupción gubernamental del sexenio foxista. Pugna por controlar un sollozo.
Como regla no escrita, en los colectivos que trabajan con solicitantes de asilo nadie pregunta nombres, lugares de origen o motivos de su presencia en Canadá.
Mexicanos, los más rechazados
En 2005, la División de Protección al Refugiado de la Junta de Inmigración y Refugio de Canadá, especie de tribunal especializado, recibió 3 mil 500 peticiones de asilo de mexicanos; el número había “brincado” respecto de las 2 mil 500 solicitudes presentadas un año antes, 2004. Pero fue en 2006 cuando el flujo realmente se disparó: casi cinco mil mexicanos pidieron asilo.
Aunque estos mexicanos alegan “temor fundado de persecución” al pedir asilo –como ordena la Convención de Ginebra–, las autoridades canadienses han cerrado las puertas. Las negativas y las consecuentes deportaciones son abrumadoras. En 2007 sólo fueron recibidos nueve de cada 100 solicitantes. México es el segundo país en cuanto al índice de rechazo de refugiados –12 por ciento–, solamente después de Estados Unidos, de donde sólo se aceptan 3 por ciento de las solicitudes. Le sigue la India, con 13 por ciento. En el extremo opuesto están Burundi, Sri Lanka, Etiopía, de donde se aceptan más de 80 por ciento de las peticiones.
Los jueces de la Junta de Inmigración y Refugio (JIR) alegan que el gobierno de México ha hecho “esfuerzos” y “progresos” por “hacer más confiables” los cuerpos policiacos. Señalan que los solicitantes de asilo no “aprovechan plenamente” el sistema de procuración de justicia y la “notable infraestructura” de protección a los derechos humanos.
Sectores progresistas y defensores de derechos humanos critican frontalmente estos criterios. Jim Hodgson, coordinador de un programa que trabaja con estos grupos en la iglesia Unión de Iglesias de Canadá, asegura que su gobierno niega la “clara evidencia” de que las estructuras policiacas, de justicia y de derechos humanos del Estado “están fallando en su capacidad de proteger a los ciudadanos” mexicanos.
La creciente cerrazón del gobierno canadiense preocupa a los colectivos que trabajan con los solicitantes de asilo. A finales de enero el centro de estudios latinoamericanos de la Universidad de Toronto y la Universidad Ryerson realizaron en esta ciudad dos seminarios bajo el título: ¿Por qué refugiados de México?, convocados por la Iglesia Anglicana, la Unión de Iglesias de Canadá, el Servicio Jesuita para Migrantes y Refugiados, y la Casa Romero.
La preocupación de los activistas y los propios asilados y solicitantes gira en torno a la definición del gobierno conservador de Stephen Harper hacia México, quien, en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad privilegia la relación comercial y económica, abandonando lo que, en opinión de estas organizaciones, es también responsabilidad de su gobierno: el enfoque humanitario y el apego a la tradición canadiense como tierra de asilo y refugio.
Se trata, según asentó Judith Teichman, de “un problema ideológico” que entiende la democratización de México en el contexto de la cadena de “más comercio, más prosperidad y, por tanto, solución a los problemas”, sin considerar que México, dados los problemas de corrupción institucional y penetración del narcotráfico, se acerca más al modelo “de las democracias mínimas, al Estado fallido”.
Juega también la presión xenófoba de sectores de derecha, que perciben el creciente número de solicitantes de asilo como un tsunami que amenaza con invadirlos; aseguran que los mexicanos “abusan” como socios del TLCAN que no requieren visas y se “aprovechan” del sistema de bienestar social y refugio de su país. En opinión del articulista Jeffrey Simpson, en un artículo de The Globe and Mail, el solo hecho de que Canadá considere dar asilo a un mexicano es “una bofetada a nuestro amigo y socio comercial”.
A esto, Kevin Sylvester, popular comentarista de la Radio y Televisión Canadiense (CBC por sus siglas en inglés), responde: “En ocasiones hay que darle una bofetada al amigo para hacerlo enfrentar la realidad”. Y en este caso la realidad, agregó, es hacer ver “que nuestro gobierno está faltando a su responsabilidad al restringir el asilo a mexicanos que son víctimas de las fallas de su propio sistema”.
Abogados que asesoran a los solicitantes de asilo, representantes de albergues y defensores de derechos humanos destacaron que la JIR y la Corte Federal canadienses traicionan los principios del asilo al negar protección a víctimas de persecución en México bajo la “premisa errada” de que tienen la alternativa de acogerse al sistema de derechos humanos que ofrecen las instituciones mexicanas y a la opinión del “vuelo interno”, es decir, cambio de ciudad y de entidad federativa para eludir a sus victimarios.
Crítica, la situación laboral en México; las violaciones a la LFT, una constante
Más de 3 millones de niños mexicanos trabajan ante las condiciones de pobreza que viven. Elabora la CSI un informe sobre el tema en el país: el derecho de huelga, limitado

La autonomía sindical no se respeta
Muchos gremios son controlados por empleadores
Patricia Muñoz Ríos
En México, las violaciones laborales son una constante, el derecho de huelga está limitado, hay más de 3 millones de niños que deben trabaja a casua de la pobreza y la desigualdad que viven, hay casos en que no se respeta la autonomía sindical y las diferencias en las remuneraciones entre trabajadores hombres y mujeres son elevadas.
Además, las personas con discapacidad y los indígenas sufren discriminación laboral abierta, el acoso sexual es un problema serio en los centros de trabajo y no está adecuadamente tratado por el gobierno mexicano, según señala un informe elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), la central obrera más grande del mundo, representa a 166 millones de trabajadores afiliados en 309 organizaciones de 156 países.
El diagnóstico de la situación laboral en México elaborado por la CSI será entregado esta semana al Consejo General de la Organización Mundial del Comercio, en Ginebra, Suiza, y en él se detalla que nuestro país no ha ratificado algunos convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT), uno de los cuales se refiere a protección de la niñez contra la explotación laboral.
El documento que se hizo llegar a La Jornada indica que la OIT ha hecho múltiples recomendaciones a México por las constantes denuncias sobre violación de la autonomía sindical.
También denuncia que gran número de niños en México tienen que trabajar; muchos abandonan la escuela antes de finalizar la enseñanza obligatoria y que menores de origen indígena se ven privados de seguir estudiando debido a que no tienen acceso a enseñanza en otro idioma que no sea español. Y advierte que el país es un sitio “de origen, tránsito y destino de tráfico de personas para fines de explotación sexual”.
Añade que en México las violaciones a la autonomía sindical son una constante y la creación de gremios independientes es una “carrera de obstáculos”, ya que una organización obrera que no esté controlada por los empleadores tiene muchas dificultades para tener personalidad reconocida por las autoridades laborales, y “esto es aprovechado por el gobierno para negar el registro de un sindicato o para favorecer a un dirigente frente a otro”.
En este país, hay organizaciones sindicales “fantasmas”; el mismo gobierno viola su autonomía y nombra o destituye dirigentes de los gremios; e incluso “la ley impone un monopolio sindical” para los servidores públicos y “obliga a los trabajadores a afiliarse a las organizaciones pertenecientes a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), y también hay un monopolio con respecto a la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios”.
Según explica la Confederación Sindical Internacional –cuya sede se encuentra en Bruselas, Bélgica–, en México las carencias de la Ley Federal del Trabajo han sido explotadas para generar falsos contratos colectivos denominados “de protección”; además de que muchos de los trabajadores de los medios informativos; de los investigadores, como los del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de las maquiladoras, son empleados mediante contratos civiles o de servicios profesionales y los hacen firmar documentos en los que aceptan que no tienen derecho a constituir ni afiliarse a sindicatos, no pueden realizar huelgas ni llevar a cabo negociaciones colectivas.
“Cada año se contabilizan en este país miles de emplazamientos a huelga, de los cuales se llevan a cabo menos del 0.3 por ciento. El secretario del Trabajo afirma que es síntoma de paz laboral. En realidad se debe a lo complicado de los mecanismos y a la falta de confianza de los trabajadores en que el Estado cumplirá con su obligación de defender el derecho de huelga. Además, los empleadores recurren a menudo a solicitar la declaración de ilegalidad de las huelgas fundamentándose en la violación de los estatutos de los propios sindicatos”, plantea el informe del CSI.

Eventuales, 20% de los empleos en el país, según cifras del IMSS
Este tipo de puestos de trabajo aumentó 18% en un año, al pasar de 2.4 a 2.9 millones de casos.
Son el doble de los que había hace 10 años; 2.9 millones en el primer año de Calderón
La tasa en relación con los desocupados es la más alta desde 1994, según el INEGI
Susana González
El 20 por ciento de los 14.5 millones de empleos formales del país son de tipo eventual, es decir dos de cada diez, proporción que duplica la registrada hace una década, de acuerdo con estadísticas laborales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
En el primer año de gobierno del presidente Felipe Calderón hubo 2.9 millones de trabajadores eventuales registrados ante el IMSS, aunque en noviembre se alcanzó la cifra récord de 3.1 millones de personas que no tienen garantizada la permanencia en el trabajo donde están contratadas y que, por lo mismo, corren el riesgo de incorporarse a las filas del desempleo.
Tal cantidad prácticamente representa más del doble de la registrada en 1998, cuando había 1.2 millones de eventuales, que representaban 10 por ciento de los 11.2 millones de empleos formales registrados entonces en el instituto.
Además, el número de trabajadores eventuales del país es 70 por ciento mayor al 1.7 millones de personas que actualmente se encuentran desocupadas y que representan 3.72 por ciento de la población económicamente activa (PEA), la tasa más alta registrada desde 1994, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
El incremento del trabajo eventual, según advierten investigadores y organismos del sector privado como la Confederación Patronal de la República Mexicana, ha venido a apuntalar las cifras gubernamentales sobre la creación de empleos, calculada en 750 mil puestos de trabajo nuevos el año pasado, y 600 mil previstos para 2008.
Los empleos permanentes aumentaron apenas 3.4%
Si se comparan las cifras del empleo formal correspondientes al primer año del gobierno calderonista, resulta que el total de trabajadores asegurados en el IMSS creció 6 por ciento entre 2006 y 2007, al pasar de 13.7 a 14.5 millones. Pero si se toma en cuenta sólo a los asegurados permanentes el aumento fue de apenas 3.4 por ciento, ya que pasaron de 11.29 a 11.68 millones de personas. En contraste, los empleos eventuales registraron un aumento de 18 por ciento, al pasar de 2.4 a 2.9 millones de casos en el periodo.
Las estadísticas oficiales revelan cómo se ha incrementado la proporción de trabajadores eventuales respecto al total de empleos formales: de representar el 10 por ciento en 1998, pasaron a ser el 12 por ciento en 1999; el 13 por ciento entre 2000 y 2003; 14 por ciento para 2004; 15 por ciento en 2005; 17.8 por ciento en 2006, y 19.98 por ciento en 2007.
Sobre el año en curso, la STPS sólo reporta que el número de trabajadores eventuales registrados en la primera quincena de enero de 2008 ascendió a 2.89 millones de personas, lo que representa 19.7 por ciento de los 14.66 millones de trabajadores asegurados en esa fecha en todo el país. La Secretaría del Trabajo difunde dicha información a partir de las estadísticas el IMSS, aunque éste mantiene suspendido el portal sobre las estadísticas mensuales sobre los trabajadores asegurados.

Michoacán, más abusos del Ejército
jorge carrasco araizaga
México, D.F. (apro).- De nueva cuenta, el Ejército Mexicano actuó en Michoacán no contra quién se la hizo, sino contra quién se la pudo pagar.

La noche del miércoles, horas después del asesinato –a manos de dos sicarios– del coronel de Infantería Fortino Castillo León, en el poblado de Úspero, del municipio de Parácuaro, un grupo de militares actuó en contra de la población civil en Morelia Michoacán.

De acuerdo con la denuncia de las víctimas, al menos una treintena de efectivos militares allanaron, sin ninguna orden judicial y en plenas labores de policía, 14 departamentos de un edificio de la colonia Manantiales, en la capital michoacana.

Con el argumento de que iban a capturar a una banda de secuestradores en el momento en que cobraría un rescate, el personal militar cateó los domicilios y, según reportes de prensa, detuvo a tres presuntos estudiantes bajo los cargos de posesión de droga, dinero y armas de alto poder.

Ante la movilización de los periodistas locales, los elementos del Ejército no sólo impidieron el trabajo de los comunicadores sino que golpearon, incluso, a algunos de ellos.

Los militares entregaron a los tres detenidos a las autoridades ministeriales y en su reporte aseguraron que les incautó un rifle de asalto AR-15, una pistola Mágnum 357, así como 20 kilos de marihuana, 200 gramos de cocaína, un automóvil BMW 325I y Audi A4.

Los hechos no fueron incluidos por la Secretaría de la Defensa (Sedena) en sus reportes cotidianos sobre los resultados de “la campaña permanente contra el narcotráfico y la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”.

En cambio, los afectados por el ilegal allanamiento denunciaron ante el Ministerio Público el robo de parte de sus bienes, entre ellos dinero en efectivo y equipo electrónico, como resultado de la acción de los militares.

El hecho ocurrió la noche del miércoles, el mismo día en que el coronel Castillo León fue arrollado por dos sicarios en la zona de Tierra Caliente.

Castillo fue el segundo coronel de Infantería asesinado, en menos de un año, por narcotraficantes en el desarrollo del operativo permanente de la Sedena contra el tráfico de drogas en Michoacán.

El primer jefe militar ultimado fue el coronel de Infantería, Antioco Hernández, quien en mayo de 2007 murió en un ataque de narcotraficantes en el municipio de Carácuaro, también en la zona de Tierra Caliente.

Horas después de esa baja, un grupo de militares se desplazó al lugar y, en venganza, arremetió contra la población civil. No sólo mantuvo retenidos a los hombres del lugar, sino que algunos de los efectivos cometieron abusos y violaciones sexuales contra cuatro mujeres.

Lo ocurrido el pasado miércoles en Morelia, aunque están lejos de la represalia de Carácuaro, no deja de constituir un abuso a las garantías individuales establecidas en la Constitución.

En particular se violó el artículo 16, según el cual “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

El respeto a los derechos humanos por parte del Ejército, por más que Felipe Calderón diga lo contrario, está supeditado en la guerra contra el narco que, según el secretario técnico del Consejo de Seguridad, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, ya “está debilitado”.