DENUNCIAN A ARTÍFICES DE LA COMPLICIDAD.

Bartlett califica de “vergonzosa” la postura de Beltrones y Gamboa

■ Urge que el Congreso integre la comisión para investigar a Mouriño, advierte el ex senador
■ El secretario de Gobernación está metido de lleno desde el sexenio pasado en la política privatizadora de los energéticos
■ Ha sido pieza clave en el otorgamiento de concesiones y permisos ilegales, dice
Andrea Becerril
Es urgente que el Congreso integre de inmediato una comisión investigadora sobre el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, ya que no sólo ha beneficiado a sus empresas familiares, sino que “está metido de lleno desde el sexenio pasado en la política privatizadora de los energéticos” y ha sido pieza clave en el otorgamiento de concesiones y permisos ilegales para generar energía eléctrica a trasnacionales, principalmente españolas, sostuvo el ex senador Manuel Bartlett Díaz.
En entrevista con La Jornada, expresó que “da vergüenza” la postura asumida por los coordinadores parlamentarios priístas, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón, al obstaculizar que se investigue desde el Legislativo a Mouriño. Aclaró, sin embargo, que “el PRI no son estos dos personajes convertidos en comparsas y asociados de Felipe Calderón en la privatización de los energéticos”.
Con datos de primera mano, ya que fue actor principal de la batalla por detener la privatización de la electricidad y el petróleo, debate que se dio en el Senado la pasada legislatura, Bartlett insiste en que a Mouriño se le debe investigar a fondo porque es uno de los responsables de “la creación de enclaves extranjeros en el país”.
Lo anterior, referido a empresas españolas como Repsol e Iberdrola, que concentran una fuerza enorme en el sector eléctrico y operan con base en “una violación tras otra a la Constitución”, pero producen ya 40 por ciento de la electricidad que se consume en el país, además de que están también ya en el sector petrolero a través de los contratos de servicios múltiples.
A esos consorcios extranjeros, en su mayoría españoles, se les dieron permisos y privilegios exorbitantes al otorgarles subsidios encubiertos, gas importado para sus generadores y permitirles que vendan energía directamente a los municipios, además de obligar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a comprarles toda su producción.
Recordó que esas “graves violaciones” al artículo 27 constitucional, cometidas por el propio Felipe Calderón, Mouriño y César Nava, a su paso por la Secretaría de Energía, fueron documentadas por la Auditoría Superior de la Federación, pero no se les fincaron responsabilidades debido a maniobras del gobierno foxista y la decisión de la Suprema Corte de no ir al fondo del asunto en una controversia constitucional.
Los involucrados en las denuncias quedaron en la impunidad y uno de ellos, el cuestionado secretario de Gobernación, es ahora el responsable directo de la reforma energética, de un proyecto inicial para abrir al capital privado la explotación de petróleo en aguas profundas, que dejará a las empresas trasnacionales 300 mil millones de dólares –según datos de la propia secretaria de Energía, Georgina Kessel–, tan sólo por la instalación de las plataformas.
“Ése es el gran negocio, porque los 300 mil millones de dólares son sólo por la maquinaria que habrán de instalar –y cuyo costo ya amortizaron en otros países–, además de que se llevarán luego 50 por ciento del petróleo que encuentren”, agregó Bartlett. Hizo notar que seguramente Mouriño buscará que participen también las empresas de su familia.
El político priísta insistió: “Es urgente que se integre la comisión especial del Congreso para investigar a Mouriño, porque es claro que actuó de manera dual, como representante de las empresas de su familia y al mismo tiempo como funcionario público, y eso está claramente prohibido en la ley”.
El propio Mouriño reconoció que los contratos con Pemex que dio a conocer Andrés Manuel López Obrador son auténticos, “aunque de manera cínica” asegura que son legales, que no hay conflictos de interés, añadió. De entrada, dijo, tendría que probar su dicho de que renunció a las acciones que tenía en 80 empresas.
–Pero parece que se salvó gracias a la intervención de Beltrones y Gamboa Patrón…
–No sé si se salvó, pero me parece una vergüenza lo que está ocurriendo con esos dos personajes, a los que también se sumó Francisco Labastida. Y creo que tanto los senadores como los diputados están obligados a deslindarse de esas actitudes de tapaderas de corruptelas.
“¿Qué todos los legisladores del PRI son comparsas se Mouriño?, ¿están de acuerdo en que se tape con argumentos pueriles, de contubernio, la investigación de un delito que salta a la vista?”
Él mismo responde que conoce al PRI “de toda la vida” y ni Beltrones ni Gamboa son el partido, además de que en los recorridos que ha hecho por todo el país ha encontrado gran indignación en las bases del Revolucionario Institucional por “la determinación de esos personajes de ir impúdicamente a proteger a un asociado y de sumarse a la apertura energética”.
En ese sentido consideró que los priístas deben exigir a los coordinadores parlamentarios y a Francisco Labastida, quien preside la Comisión de Energía en el Senado, que informen del contenido de todas las conversaciones que han sostenido con Calderón y otros funcionarios, como la secretaria Kessel, en torno a la reforma energética.
La insistencia de Beltrones en que Pemex debe buscar alianzas estratégicas con empresas extranjeras coincide con el proyecto de Calderón y con la campaña de espots que ya comenzó a difundirse en televisión para engañar al pueblo de México, para hacerle creer que tenemos que ir rápidamente a explotar el petróleo en aguas profundas del Golfo de México, agrega.
Hace notar que ello es falso, ya que expertos petroleros han insistido en que México lo que debe hacer es explorar y explotar petróleo en tierra y en aguas someras, mientras se abarata la tecnología para ir a aguas profundas.
“En los propios planos de Pemex están ubicados los lugares en aguas someras del Golfo de México, donde hay miles de millones de barriles de crudo, además de que hay pozos abandonados a los que sólo se les sacó 11 por ciento del petróleo contenido. ¿Por qué entonces la locura de perforar en aguas profundas de Calderón y sus asociados Beltrones y Gamboa, cuando se sabe que es caro, delicado, y que llevará diez años sacar el crudo?”
El ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Puebla resaltó que en esa “obsesión” por explotar en aguas profundas en el Golfo de México hay fuertes intereses de trasnacionales que quieren mantener el trato de privilegio que los panistas les han dado desde 2000, año en que llegaron al poder.
Bartlett Díaz terminó el libro El petróleo y Pemex, un despojo a la nación, en el que recuenta la lucha dieron un grupo de legisladores de PRI y PRD de 2000 a 2006 para frenar la privatización de los energéticos, batalla no sólo contra los panistas en el poder, sino muchas veces también contra sus propios coordinadores parlamentarios.

Tengo más contratos que involucran a Mouriño y los voy a presentar: AMLO■ “Gran desfachatez”, que diga no tener nada que ver con la Secretaría de Energía
■ “Yo nada más le recuerdo que el presidente del consejo de administración de Pemex era Calderón”
Ciro Pérez Silva (Enviado)
Teloloapan, Gro., 9 de marzo. En el caso del presunto tráfico de influencias del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, “tengo más documentos, otros contratos que voy a entregar”, sostuvo aquí Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que con “gran desfachatez” el responsable de la política interior “dice que no tiene nada que ver con la Secretaría de Energía, donde él fue asesor de (Felipe) Calderón.
“Yo nada más le recuerdo que el presidente del consejo de administración de Petróleos Mexicanos era en ese entonces Felipe Calderón y Mouriño era asesor de Calderón. ¡Cómo que no tiene nada que ver! Además, en ese entonces también César Nava, quien es secretario particular de Calderón, era el responsable jurídico de Pemex, es decir, es el mismo grupo”, apuntó.
Al continuar su gira por la entidad, López Obrador sostuvo que luego de presentar los primeros contratos firmados por Mouriño, siendo al mismo tiempo funcionario de la Secretaría de Energía, “en beneficio de la empresa de su familia”, el ahora secretario de Gobernación pretendió desvirtuar las acusaciones en su contra aduciendo que se trataba de un ataque personal; los nuevos documentos que presentará esta semana, adelantó, son contratos firmados por Mouriño con Pemex; se trata, dijo, de contratos adjudicados directamente, sin licitación.
“Él dice que así es como se hace en Pemex. Entonces ¿para qué son las leyes? ¿Quiénes son entonces los que licitan, quiénes son los que concursan?, ¿por qué hay un grupo de empresarios que tienen el privilegio de que se les asignen los contratos sin que haya concurso, sin que haya licitación, como lo establece la ley? Todo eso lo vamos a ir aclarando poco a poco”, sostuvo.
Interrogado sobre la respuesta que dio el secretario de Gobernación, primero por televisión y luego en diversos diarios, en los que acusa a quienes lo señalan por “meterse” con su familia, López Obrador respondió que no cuestiona a Mouriño como él sostiene. “No nos metemos a cuestionar si es mexicano o que es español, ni nos metemos a cuestionar la nacionalidad de su mamá, no, a nosotros no nos importa eso. Independientemente de ello, lo que nos importa es que es un traficante de influencias al amparo del poder público; eso es lo que nos importa, no sus orígenes”, enfatizó.
El político tabasqueño lamentó que el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, “esté jugando el papel de alcahuete, quién sabe a cambio de qué, para proteger a Mouriño”, ya que tras haber aceptado integrar una comisión legislativa para investigarlo, “ahora, junto con los priístas en la Cámara de Diputados que encabeza Emilio Gamboa, se están echando para atrás”, aunque, recordó, el PRD, junto con el PT y Convergencia, cuentan con los votos necesarios en esa cámara para conformar esta comisión y solicitar una auditoría a todo el sector energético, “porque esto huele a corrupción, ése es el asunto de fondo”.
Recordó que el próximo 18 de marzo, en el Zócalo, va a conmemorar el 70 aniversario la expropiación petrolera en su 70 aniversario con una asamblea nacional, “donde vamos a reafirmar que por ningún motivo vamos a permitir que se entregue el petróleo a extranjeros; yo tengo información de que están pensando que ya se arreglaron arriba, ya lo sabía, porque así lo hacen el PRI y el PAN. Nada más van a esperar que pase Semana Santa y el martes siguiente van a presentar ya la iniciativa junto con el dictamen (para la reforma al sector energético), porque quieren hacerlo fast track, como lo hicieron con la reforma del ISSSTE.
“Pero nada más que yo ya tengo esa información y vamos a estar velando, vamos a estar pendientes, porque cuando presenten esa iniciativa empezamos el movimiento de resistencia civil pacífica en todo el país y, si es necesario, vamos a convocar a un paro nacional, a un paro patriótico, pero no vamos a permitir que se entregue el petróleo a extranjeros”, aseveró.

CADHAC acusa de abusos a la policía de Monterrey
arturo rodríguez garcía
* 10 menores, detenidos y vejados por la policía municipal:

Monterrey, N.L., 10 de marzo (apro).- Los abusos de la policía de esta ciudad son extremos: detenciones de menores; irrupciones en viviendas sin orden judicial, y trato denigrante a detenidos por faltas administrativas, a los que, además de desnudar y revisar exhaustivamente, se les deja incomunicados.

Así lo afirmó el organismo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos de Nuevo León (CADHAC), para el que las denuncias contra los cuerpos de seguridad pública y el Ejército son resultado de la política errática con la que los gobiernos pretenden hacer frente a la delincuencia.

La coordinadora de ese organismo, Consuelo Morales Elizondo dijo que lo mismo en el exclusivo sector Cumbres que en el centro de la ciudad o en las colonias precaristas, los policías de esta ciudad parecen tener carta abierta para abusar y mantenerse impunes.

Junto con Morales Elizondo, unas 10 madres de familia que viven en la colonia Cumbres, una zona exclusiva de la ciudad, denunciaron que, el 29 de febrero pasado, patrullas de la policía municipal llegaron a una casa ubicada en la calle Cerro del Topo, donde detuvieron a una decena de adolescentes que convivían ahí.

Afirmaron que los menores, siete hombres y tres mujeres, fueron recluidos en los separos la delegación de Seguridad Pública, donde fueron sometidos a tratos vejatorios.

Por ejemplo, dijeron, uno de los jóvenes fue despojado de su ropa, pues los oficiales de policía le practicaron una revisión para detectar si no llevaba drogas en el ano.

Esa práctica se ha vuelto común en la policía regiomontana, según testimonios obtenidos por Apro de la Asociación Ángel, que agrupa a comerciantes semifijos del centro de la ciudad. La comunidad gay también ha denunciado esas revisiones, en las que inclusive, dijo, se cometen violaciones.

De acuerdo con Morales Elizondo, la policía de esta ciudad violó ordenamientos internacionales y federales, entre los que destaca el trato digno, que se agrava con el hecho de que sean menores de edad, “porque, de acuerdo con la Convención Interamericana, son niños y niñas de menos de 18 años”.

La defensora de derechos humanos dijo que, en caso de que no hubiera quedara más remedio que detener a los jóvenes, éstos debieron haber sido mantenidos en una oficina o en un área de menores, llamar a sus padres y entregarlos, no encerrarlos con adultos en estado de ebriedad o intoxicados.

“Pero eso no sucedió, y las jovencitas, una de ellas mayor de edad, fueron objeto de tocamientos, burlas y exhibiciones corporales desde las celdas contiguas”, agregó.



Denuncias que no proceden

El pasado 29 de febrero, a las 11 de la noche, una fiesta terminaba. Jóvenes de entre 14 y 16 años, acompañados por algunos padres de familia, habían roto una piñata y jugaban cuando una patrulla llegó al lugar. Tras llamarlos desde la calle, los policías les pidieron que salieran para una revisión de rutina.

“Guille, Dany y yo acabábamos de llegar a la fiesta. Luego llegaron dos camionetas. Nos dijeron que era un chequeo. Y como a mi nunca me habían parado, pensé que era algo normal y que me iban a revisar a ver si traía armas o droga”, relató Gaby, una de las jovencitas detenidas, que cree ya tiene antecedentes penales y está fichada porque le tomaron sus huellas digitales.

Fue cuando a empujones y ante la protesta de Gloria Garza, madre de la anfitriona que se encontraban en el lugar, los adolescentes fueron llevados a la comandancia de la policía.

Ahí, se les despojó de sus pertenencias y se les encarceló junto con mayores de edad durante seis horas.

No tuvieron tiempo de llamar por teléfono a sus casas. Fue Gloria Garza quien se comunicó con otros padres de familia, que poco a poco fueron llegando a los separos. A ninguno se les permitió ver a sus hijos hasta cerca de las 5 de la madrugada, cuando empezaron a ser liberados.

De acuerdo con el recibo de Tesorería Municipal, folio 155113, una de las jóvenes tuvo que pagar 500 pesos por concepto de “multa de seguridad pública”. La misma cantidad pagaron los demás padres de familia.

Para Consuelo Morales, lo ocurrido es un reflejo del fracaso de los gobiernos que pretenden crear un clima de seguridad, pero que están fomentando que la sociedad se sienta más insegura.

Añadió que, desde hace semanas, han solicitado que los reciba el alcalde de Monterrey, Adalberto Madero, y el director de la policía del municipio.

Apro solicitó una entrevista con el alcalde Adalberto Madero desde el pasado 18 de febrero y hasta ahora no hay respuesta.

“Nuestra experiencia es que las áreas de quejas y denuncias del propio ayuntamiento no funcionan. Vamos a buscar a los regidores para hacerles ver la irresponsabilidad y la ilegalidad con la que se está manejando la policía y, si no hay resultados, acudiremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a otros organismos internacionales”, añadió la coordinadora de CADHAC.


Vueltas a Pemex
León Bendesky
Pemex cumple 70 años de existencia. Hay quien dice que uno es tan viejo como se siente, y hoy esta empresa pública, que tiene un lugar central en la economía y la política nacionales, parece un ente vetusto, conectado para subsistir al oxígeno de los altos precios internacionales del crudo.
Esto le permite ahora hasta sobrexcitarse con los ingresos extraordinarios que recibe por las ventas de crudo, sin olvidar que así ocurre con una plataforma de exportación estancada, con el principal yacimiento, el de Cantarell, en plena decadencia. El entusiasmo es sólo pasajero y no cambia en nada la crítica condición de la empresa, de la industria petrolera y sus derivados, y del conjunto del sector de la energía.
El Estado mantiene con Pemex una relación doble, una especie de amor y odio. La necesita, pues de ella extrae recursos que representan casi 40 por ciento de los ingresos del gobierno federal. La repudia porque se ha convertido en una estructura anquilosada que requiere de grandes inversiones para reciclarse y ponerse en una posición capaz de recrear las condiciones de productividad de la industria a escala mundial.
Son muchas las restricciones que enmarcan la operación de Pemex. Incluyen las de índole político, administrativo y de lo que actualmente se conoce como gobernanza y que se refiere a la organización, funcionamiento y responsabilidades corporativas. Esto define su ineficiencia interna. A ello se añade la alta y crónica dependencia fiscal del Estado con respecto a los recursos derivados de la exportación de crudo, a los que es adicto. Estos factores están en la base de la incapacidad de reconversión que padece el monopolio estatal cuyas precarias inversiones se hacen con más deuda.
De la misma manera, la situación prevaleciente se vuelve un obstáculo para una reforma fiscal en serio –que no mediante el infausto IETU– y que finalmente imponga una racionalidad en las finanzas públicas y no esta especie de disfraz a la que suelen llamar en Hacienda y el resto del gobierno como salud fiscal. A pesar del reducido déficit primario de los años recientes, no hay tal sanidad en las cuentas públicas.
Pero, más allá de ideologías nacionalistas, neoliberales o simplemente de un pragmatismo sin sustento material al que muchos se arriman, prescindir de la línea de alimentación fiscal de Pemex sin antes reparar la anemia recaudatoria del Estado mexicano y preparar con tiempo y perspectiva las finanzas públicas, sería absurdo económica y financieramente, y un suicidio político. Ése es el límite real del debate sobre la privatización. Pero es al mismo tiempo, y no puede pasar inadvertido, la llave para promover una reforma a modo de los intereses privilegiados. Una reforma de ese tipo provocará altos beneficios privados, pero sin atacar el problema social de uso de la renta petrolera.
Pemex es una entidad plagada de distorsiones en su funcionamiento empresarial y laboral. Ha sido por mucho tiempo una extensión del largo brazo de los distintos gobiernos, sean del PRI o del PAN. Está ligada estrechamente con los intereses de la más rancia burocracia estatal que se reproduce sexenio tras sexenio sin rendir nunca cuentas de los resultados, y también a un sindicalismo corporativo muy atrasado. Todo eso es campo fértil para la falta de productividad y la corrupción. Es, además, una herramienta del sistema de control político.
Aunque Pemex es el eje de la producción de energía en el país, no forma parte de una estrategia de crecimiento económico y desarrollo social de largo plazo. Es más, el horizonte de largo plazo ha desaparecido prácticamente de la gestión gubernamental. Tampoco es parte de una política pública articulada en términos de sus normas de operación y su arreglo institucional que oriente a este sector de la economía.
Esa estrategia y dichas políticas no existen. Por ello, su modo actual de funcionamiento afecta adversamente a la competitividad general del sistema económico y al bienestar colectivo. En este contexto son enormes los riesgos reales de una reforma que se haga conforme a las experiencias de las últimas dos décadas en el país.
Cualquier reforma energética y, para el caso, una reforma fiscal que de verdad sea de naturaleza estructural, pasa necesariamente por la empresa petrolera. No será fácil el ajuste para el gobierno federal, ni para los estados y municipios, de dejar de succionar los recursos petroleros. Eso significa un reordenamiento profundo en el orden social, político y legal. La falta de convergencia entre la reforma que se intenta promover y el sustrato institucional es un asunto prioritario.
Hasta ahora el proceso de discusión de la reforma energética está incrustado en el modo convencional y poco efectivo de hacer política en México: desde el Ejecutivo y en el Congreso. Demasiadas declaraciones y muchas contradicciones chocan con la falta de proyectos claros, de información y de transparencia, ante lo cual muchos temen ser sorprendidos. La falta de confianza es aún un elemento clave del quehacer político y de la relación entre los ciudadanos y quienes gobiernan, hacen y aplican las leyes.