EL GOBIERNO, LA PORQUERIZA.

Editorial de “La Jornada”:
Crisis de gobierno
En su calidad de presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, como coordinador de asesores del secretario de Energía, y en tanto que subsecretario de Electricidad, Juan Camilo Mouriño actuó en representación de una empresa de su familia para firmar contratos con Pemex, como reconoció recientemente él mismo. El que pueda hallarse, o no, una rendija legal para exonerar al actual secretario de Gobernación de los posibles delitos en que pudo incurrir (artículos 47 y 88 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y artículos 214 y 221 del Código Penal, entre otros), dependerá, en primer lugar, de la voluntad del gobierno del que forma parte, y de las bancadas priístas en las cámaras de Diputados y de Senadores, para esclarecer ésas y otras transacciones. En caso de que las pesquisas tengan lugar, y en tanto no culminen en el hallazgo de responsabilidades específicas, el funcionario estará protegido, en lo jurídico, por el principio de presunción de inocencia.
En el ámbito de la opinión pública, en cambio, las reacciones defensivas del secretario de Gobernación y de sus entornos institucionales, partidistas, parlamentarios y mediáticos, no han hecho más que alimentar una presunción de culpabilidad y de inmoralidad que se incrementa conforme se multiplican los intentos por blindarlo ante procesos administrativos, políticos y penales. Las sospechas se han expandido mucho más allá del movimiento lopezobradorista y han desembocado en una crisis de gobierno que se hará más profunda mientras más tiempo tarde en reconocerla el grupo en el poder.
El propio Mouriño ha fallado en el fondo y en la forma de sus respuestas. Una vez divulgados los contratos que firmó en su doble calidad de funcionario público del sector energético y de apoderado de sus propias empresas del ramo de hidrocarburos, el secretario de Gobernación se limitó a ensayar, sin pruebas, una descalificación de su impugnador, y posteriormente, en vez de comparecer ante el conjunto de la opinión pública, se limitó a presentarse en algunos medios electrónicos –afectados, a su vez, en la percepción pública por su tendencia a favorecer al discurso oficial–, desde los que tampoco desvirtuó con documentos los señalamientos en su contra. En cambio, se exoneró a sí mismo y pidió a la sociedad creer que la divulgación de los contratos sospechosos es parte de “una apuesta por el fracaso de nuestro país”. Así, de paso, las réplicas del funcionario han sembrado dudas sobre su capacidad para ejercer en forma adecuada el cargo que ostenta y para manejar crisis que vayan más allá de las impugnaciones a su persona.
De manera inexorable, la circunstancia por la que atraviesa el secretario de Gobernación genera severos impactos en el conjunto del Ejecutivo federal. La contundencia de los cuestionamientos a su paso por la Cámara de Diputados y por la Secretaría de Energía coloca a Mouriño ante el dilema de defenderse, en la forma que sea, o dedicarse a procurar una gobernabilidad que, paradójicamente, tiene uno de sus principales desafíos inmediatos en la situación del propio funcionario impugnado. Por añadidura, el estrecho colaborador del titular del Ejecutivo viene a ser, en su calidad de coordinador del gabinete presidencial (el que “tramita lo relacionado con los nombramientos, remociones, renuncias y licencias de los secretarios de Estado” e “interviene en los nombramientos, aprobaciones, designaciones, destituciones renuncias y jubilaciones de servidores públicos que no se atribuyan expresamente por ley a otras dependencias del Ejecutivo”), el superior jerárquico de quienes tendrían que analizar sus posibles responsabilidades administrativas y penales: el procurador federal y el secretario de la Función Pública.
Así, a menos de dos meses de su llegada al Palacio de Cobián, Juan Camilo Mouriño ha dejado de ser un activo y se ha convertido en un pesado lastre para el gobierno federal, cuyo titular tendría que evaluar la conveniencia de mantenerlo en un cargo para el que perdió buena parte de su margen de maniobra –particularmente como operador de la privatización petrolera eufemísticamente llamada “reforma energética”–, no sólo porque la Presidencia tendría que operar por sí misma, sin mediaciones ni parapetos políticos, en la resolución de difíciles conflictos, sino también porque las sospechas ciudadanas sobre la moralidad y la legalidad de los contratos de Mouriño se convertirían en percepciones de inmoralidad, opacidad e ilegalidad del Ejecutivo federal en su conjunto, y con ello se incrementaría gravemente el déficit de legitimidad que padece de origen la actual administración.



Exhibe AMLO otros dos contratos firmados por Mouriño con Pemex

■ El ex candidato presidencial reta a Felipe Calderón a “dar la cara” en este asunto
■ Los convenios fueron otorgados sin licitación y corresponden al 20 de diciembre de 2000 y la misma fecha de 2001
■ Transporte de productos derivados del petróleo, el rubro del negocio
Alma E. Muñoz
Andrés Manuel López Obrador exhibió ayer dos contratos más firmados por Juan Camilo Mouriño como apoderado legal de su empresa familiar, Transportes Especializados Ivancar, con Petróleos Mexicanos Refinación, cuando era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
El ex candidato presidencial emplazó al secretario de Gobernación a demostrar, con documentos en mano, que cuando ingresó al servicio público dejó de ser socio o apoderado legal de la empresa y por tanto no incurrió en tráfico de influencias. Asimismo, a Felipe Calderón lo retó a “dar la cara” en este asunto.
Dio a conocer, en conferencia de prensa, que los convenios fueron otorgados sin licitación y signados por Mouriño e Irma Alejandra Rodríguez Baeza, gerente de Transporte Terrestre de Pemex Refinación, el 20 de diciembre de 2000 y la misma fecha de 2001, para que Ivancar transportara productos derivados del petróleo por año, en cada caso. Eso representó para la familia del funcionario montos contratados, en conjunto, por un mínimo de 5 millones 893 mil 851 pesos y hasta 14 millones 709 mil 627.
Por otra parte, López Obrador aseguró que ya se cuenta con más de los 125 diputados necesarios para integrar la comisión investigadora en el Congreso y que se realicen auditorías a todo el sector energético, porque los documentos se firmaron –indicó– violando flagrantemente las leyes mexicanas, y porque detrás está “el interés concertado de este grupo con empresas extranjeras para apropiarse de la renta petrolera”. Aunque Mouriño quisiera –expuso– que fuese una dependencia que “ellos controlan” la que investigara, para que “no pasara nada”.
Pasadas las 11 de la mañana, el dirigente se presentó ante los medios en sus oficinas ubicadas en la calle San Luis Potosí, en la colonia Roma, para engrosar la carpeta que entregó el 24 de febrero pasado a los coordinadores parlamentarios del Frente Amplio Progresista –PRD, PT y Convergencia–, la cual contenía tres convenios signados por Mouriño como diputado y subsecretario de Energía, cuando Calderón era titular de esta secretaría. En todos los casos, los contratos fueron otorgados sin licitación, es decir, por el procedimiento de adjudicación directa, y abarcan cuatro años, de 2001 a 2004.
Con la exhibición de los documentos se demuestra –aseguró– el tráfico de influencias “que han ejercido quienes ahora están promoviendo la privatización de Pemex. Además de que ya entregué minutas de la compra de gas a la empresa española Repsol, por 15 mil millones de dólares, en 2007”.
López Obrador insistió en que detrás de la firma de los convenios “está ese afán privatizador, los negocios tanto del grupo del que forma parte Mouriño como de petroleras extranjeras”. Advirtió que tiene información sobre un acuerdo entre las cúpulas del PRI, Calderón y el secretario de Gobernación para presentar la reforma energética, “regresando de Semana Santa, el martes 25 de marzo”.
Parte del acuerdo entre el senador priísta Manlio Fabio Beltrones con Mouriño, agregó, “no es sólo para darle protección, porque (el segundo) está confeso como traficante de influencias, sino para llegar a este acto de traición a la patria, que sería reformar las leyes para permitir la asociación con empresas extranjeras en todo lo que tiene que ver con la explotación del petróleo”.
Por eso “es muy importante que todos los mexicanos que queremos que se mantenga el petróleo como propiedad de la nación nos reunamos el 18 de marzo, a las 5 de la tarde, en el Zócalo capitalino y reafirmemos nuestra decisión, además de conmemorar el 70 aniversario de la expropiación petrolera”.
El artículo 108 de la Constitución, resaltó, establece “con mucha claridad la responsabilidad de los funcionarios públicos que hacen negocios con su cargo, como él hizo”, y queda demostrada su actuación en una cláusula contenida en todos los convenios que firmó como transportista, y que dice así: “manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos que establece el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.
Ese artículo plantea a su vez que “las dependencias o entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta ley con las personas siguientes: uno, aquellas en que el servidor público intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación, tenga intereses personal, familiar o de negocios”. Así que él tiene que demostrar –retó– “que renunció a sus acciones en 80 empresas, incluyendo Ivancar, porque ha incurrido en una mentira del tamaño del mundo, al afirmar que, como el trámite dura muchos meses, no se pudo acreditar. ¿Con cuál notario público fue? Yo conozco a los notarios y no se tardan tanto, basta con hacer una reunión ante uno y en un día o dos se resuelve”, dijo.
En este punto, López Obrador aclaró que no está en contra del origen o la nacionalidad de Mouriño, sino “contra la riqueza mal habida, que éste es el caso. Que nadie se confunda con eso”.
–El silencio de Felipe Calderón, ¿cómo se puede interpretar?
–Sí, el presidente usurpador debería dar la cara, pues es de dominio público que son socios; él debería dar una explicación. Le recuerdo que el presidente del consejo de administración de Pemex es el secretario de Energía, y en la firma de contratos (exhibidos), ¿quién era el secretario de Energía? Calderón, y ¿quién era su asesor? Mouriño.
“De modo que él tiene que informar sobre este asunto, dar la cara sobre éste y otros temas. Porque estamos recibiendo más información, mucha gente está contribuyendo y estamos haciendo la investigación a fondo sobre la compra de gas a Repsol.” Inclusive, añadió, “queremos calcular la utilidad y la ganancia de este jugoso contrato por 15 mil millones dólares, en el cual intervino el gobierno de Perú, cuando lo encabezaba Alejandro Toledo”.
López Obrador exhibió ayer los contratos –ambos por adjudicación directa– GTT-0142-01/2001, con monto contratado entre 2 millones 750 mil y 6 millones 850 mil pesos, con vigencia de enero 2001 a diciembre del mismo año, y el GTT-0142-01/2002, por un monto mínimo de 3 millones 143 mil 851 pesos, y hasta un máximo de 7 millones 859 mil 27, a partir del primero de enero y hasta el 31 de diciembre de 2002.
También hizo referencia a la publicación de un medio de comunicación por Internet, donde se informa que el secretario de Gobernación colocó a sus amigos cercanos en áreas claves de Pemex.

Mouriño colocó gente de su empresa en Pemex: Navarrete

■ El gerente de Ivancar es hoy contralor general de la paraestatal
■ El perredista entregará hoy a Beltrones expediente con “nuevas pruebas’’
Víctor Ballinas
El coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete, aseveró que este martes entregará al priísta Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los senadores priístas, un expediente completo “con las nuevas pruebas” sobre el presunto tráfico de influencias del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Por otra parte, en entrevista con una cadena de televisión, Navarrete dio a conocer que Mouriño “colocó gente de su empresa en Petróleos Mexicanos. Es el caso del gerente de Ivancar, quien ahora es contralor general de la paraestatal. Como vemos, hay una apropiación de Pemex para hacer negocios y cuidar la privatización que pretenden. Quieren colocar su negocio en la primera lista de los beneficiarios de la posible apertura al capital privado”, dijo.
A su vez, el también senador perredista Ricardo Monreal, en conferencia de prensa dijo que “nos han llegado más documentos que resultan comprometedore y que podrían representar el inicio de una cloaca de intereses muy claros para perjudicar a Pemex y al país, y muestran cómo existía una delincuencia organizada al interior de la Secretaría de Energía y de la propia paraestatal”.
Monreal dijo que el PRD no acudirá a la Secretaría de la Función Pública (SFP), “porque ésta ha servido de tapadera y ya debía haber actuado al tener conocimiento público de las graves irregularidades”.
El perredista sostuvo que hay total impunidad, que esto es vergonzoso y un caso más de inexplicable protección de presuntos delincuentes del gobierno federal. Insistió en que “los legisladores del FAP exigimos espot por espot, promocional por promocional, el mismo trato para difundir nuestra versión; qué bueno que el gobierno salga del clóset para promover su proyecto privatizador, así habremos de exigir el mismo espacio y el mismo tiempo, porque necesitamos informar a la ciudadanía que es falso que Pemex no tenga recursos para modernizarse”.
Mientras, también en conferencia de prensa por separado, el senador Graco Ramírez manifestó que por lo menos seis subdirectores de la paraestatal deben ser citados por la Comisión de Energía del Senado para que revelen el número de contratos que firmó Juan Camilo Mouriño, y expliquen cómo en corto plazo pasó de ser concesionario de 28 gasolineras a 38.
Los funcionarios que deben ser citados son José Antonio Ceballos Soberanes, del área de Refinación, así como los subdirectores de Almacenamiento y Reparto, Isaías Nicolás Navarro; el gerente del mismo rubro para la región norte, Rafael Serna Sánchez; Héctor Javier López Rodríguez, subdirector de la zona centro; Arnulfo Treviño Ramos, gerente de la zona Pacífico, y Gustavo Ateneas Romero.


Presenta Convergencia dos contratos entre Pemex e Ivancar por 42 millones de pesos

■ Uno fue firmado por el actual secretario de Gobernación como apoderado de TEISA
■ El primero fue para transportar turbosina y gasavión y el otro tiene vigencia a diciembre de 2008
Enrique Méndez
El grupo parlamentario de Convergencia presentó hoy copias de dos nuevos contratos de adjudicación directa entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Transportes Especializados Ivancar, SA (TEISA), por un monto total de 42 millones de pesos, y uno de ellos firmado en 2001 por el actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, como apoderado legal de la empresa.
El primero de los contratos fue para el transporte de turbosina y gasavión, por 2 millones 100 mil pesos, y el otro, si bien no fue firmado por Mouriño, se suscribió el 25 de enero de 2005 y tiene vigencia a diciembre de 2008, por un total de 39 millones 646 mil 477.27 pesos.
En este caso, explicó el diputado Elías Cárdenas Márquez –quien presentó los documentos en conferencia de prensa–, persiste el conflicto de interés porque el funcionario se benefició de un contrato transexenal, como poseedor de 10 por ciento del paquete accionario de TEISA, y lo mismo hizo con sus hermanos, que forman parte de la sociedad anónima.
Cárdenas entregó copias del convenio GTT-00142-CM/2005-2008, donde Pemex Refinación se comprometió a pagar a la empresa, que forma parte del corporativo Grupo Energético del Sureste (GES), los 39 millones de pesos en cuatro años. En 2005, 6 millones 420 mil 612.27 millones; en 2006, año de las elecciones presidenciales que ganó el PAN, 10 millones 314 mil 126; en 2007, 11 millones 152 mil 665 pesos.
Mientras que, para el año en curso, el contrato aún vigente indica que se entregarán 11 millones 759 mil 74 pesos. El contrato inició su vigencia el primero de junio del año 2005, fecha que coincidió con la renuncia de Santiago Creel Miranda a Gobernación, de quien entonces el aspirante presidencial Felipe Calderón Hinojosa dijo que como persona fue un “bombón, pero como secretario fue malísimo”.
En entrevista posterior a la conferencia, Cárdenas Márquez, quien preside la comisión especial que investiga a los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, explicó que dicho convenio forma parte de un “convenio marco de prestación de servicios de transporte terrestre” entre la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) y Pemex, que permitió adjudicar el contrato sin licitación a TEISA.
Refirió, la cláusula 32 detalla que se trata de un “acuerdo de voluntades”, esto es, que se otorgó “por encima de la ley de adquisiciones, como una forma muy amplia de discrecionalidad sin fundamento legal”.
A diferencia de los otros contratos que fueron firmados por Mouriño Terrazo, este convenio fue firmado por el contador Luis Fernando Coyoc Ramírez, como apoderado general de la empresa, pero el legislador de Convergencia exhibió también copias de dos actas de asamblea de accionistas en las cuales se asignaron al actual secretario de Gobernación 100 de las mil acciones en que se divide el capital social de la empresa. “Como el contrato aún está vigente, y si el señor Mouriño como secretario de Gobernación recibe beneficios como accionista de Transportes Especializados Ivancar SA, probablemente incurre en conductas sancionadas por la Ley de Servidores Públicos, el Código Penal y la Ley de Adquisiciones del Sector Público”, expresó.
Finalmente informó que Convergencia procesará la información obtenida por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de las cuentas públicas de los años en que se han encontrado contratos entre Transportes Especializados Ivancar y Pemex Refinación, esto es, entre 2001 y 2005, para determinar si el órgano fiscalizador encontró irregularidades en la asignación de contratos a esa empresa.


Persisten abusos contra migrantes, pese a denuncias ante Derechos Humanos: CEM

■ Militares, policías y criminales, entre los agresores, informa al relator Jorge Bustamante
Víctor Ballinas
El área Pastoral de Migrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) denunció ante el relator especial de Naciones Unidas para los Migrantes, Jorge Bustamante, la violación de los derechos de extranjeros que atraviesan el país en busca de llegar a Estados Unidos.
“Vemos con preocupación las violaciones y vejaciones que sufren los migrantes, en su mayor parte centroamericanos, en su travesía por México hacia Estados Unidos: son secuestrados, se les detiene de manera arbitraria y los agentes pastorales de movilidad humana son agredidos por policías de todas las corporaciones”, aseveró.
Durante la reunión con organizaciones civiles defensoras de los derechos de los migrantes, Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana de la CEM, en voz de Leticia Gutiérrez, expuso a Bustamante que en Tierra Blanca, Veracruz, es frecuente y creciente el secuestro contra migrantes en las rutas que utilizan los centroamericanos.
“Esta situación es del conocimiento de las autoridades, y a pesar de las quejas interpuestas de manera reiterada ante las comisiones Nacional de los Derechos Humanos y la estatal de Derechos Humanos de Veracruz, así como ante el Ministerio Público, los migrantes que transitan por Tierra Blanca siguen siendo víctimas del secuestro en su modalidad de delincuencia organizada”.
La CEM expuso ante el relator que agentes de la pastoral, personas afectadas y periódicos de circulación nacional han dado cuenta de diversos plagios, y testigos de los hechos “argumentan que los autores del delito pertenecen a un grupo llamado Los Zetas, al que se ubica como brazo armado del cártel del Golfo. Y en información periodística se habla de complicidad de la policía auxiliar del estado y de la ausencia de las autoridades.
“Un sinnúmero de extranjeros son objeto de detenciones arbitrarias por policías municipales en diversas ciudades del país, con el pretexto de que los migrantes se encuentran cometiendo una falta administrativa o han mostrado alguna actitud sospechosa.”
Leticia Gutiérrez denunció que sistemáticamente intervienen en las detenciones y los abusos “miembros del Ejército, las policías estatales, judiciales, sectoriales y los guardias de seguridad privada que trabajan en los ferrocarriles; estos últimos, al interceptar a los migrantes para extorsionarlos y robarlos les han ocasionado daños irreparables, como la mutilación de brazos y piernas”.
También ante el relator, la organización civil Sin Fronteras expuso el caso de los menores de edad no acompañados.
Destacó que en los dos años anterios se ha observado un aumento considerable en el número de migrantes adolescentes no acompañados “que han sido detenidos en las estaciones migratorias de la ciudad de México y Tapachula. Se les detuvo mientras migraban hacia Estados Unidos y/o a Canadá.
“Durante su viaje son sujetos de actos de discriminación, violencia y extorsión por bandas delictivas, traficantes, tratantes y autoridades, y son además objeto de violaciones a sus derechos humanos durante su detención, deportación y recepción.”
Sin Fronteras refirió que en el monitoreo realizado durante 2006 y 2007 “los abusos y las violaciones manifestados por los migrantes de nacionalidad centroamericana son robo de pertenencias, abusos físicos y verbales, intimidación, extorsión y engaño, entre otros. La mayoría de estos actos se efectuó durante el viaje y en el momento de la verificación” de la identidad.
Añadió que los adolescentes detenidos en las estaciones migratoria de Iztapalapa y de Tapachula manifestaron no tener información sobre el proceso al que eran sujetos.
Las organizaciones sociales propusieron al relator que en el caso de los secuestros de migrantes “realice una visita a la región de Tierra Blanca para conocer más a fondo la problemática que se vive en el Golfo de México, solicitar al Instituto Nacional de Migración una presencia más constante de los grupos Beta donde se cometen los secuestros y que solicite a la Procuraduría General de la República su intervención para detener estas agresiones contra migrantes”.
Encuentros con funcionarios
Por otra parte, Bustamante se reunió ayer con la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Gobernación, Ana Teresa Aranda, y en los próximos días lo hará con altos funcionarios de las secretarías de Seguridad Pública y del Trabajo y Previsión Social.
También tendrá encuentros con funcionarios del Instituto Nacional de Migración y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. De igual forma, se entrevistará con representantes de gobiernos estatales, organismos autónomos y organizaciones de la sociedad civil.


Calderón: El autismo del cómplice
Álvaro delgado
México, D.F., 10 de marzo (apro).- Durante dos semanas, exactamente quince días a partir del 24 de febrero y hasta este martes 10, Felipe Calderón ha guardo silencio sobre las conductas confesas y constitutivas de delitos derivadas de la entrega de contratos millonarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la empresa Ivancar, S.A. de C.V., propiedad de Juan Camilo Mouriño Terrazo, el futuro exsecretario de Gobernación.

El mismo día en que Andrés Manuel López Obrador acusó a Mouriño de ser un traficante de influencias y adelantó que presentaría documentos para probarlo, el domingo 24 de febrero, Calderón se hallaba en Iguala, Guerrero, en una ceremonia con motivo del Día de la Bandera, resguardado por un impresionante aparato de seguridad, muy mayor al que se vio, más tarde, cuando fue recibido como uno de los suyos en la sede de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Pero desde ese día, el autismo de Calderón sobre el escándalo del empresario Mouriño --que ha desesperado hasta a los habituales amanuenses del poder-- ha sido manifiesto.

El martes fue a San Luis Potosí y se reunió con empresarios de México y Estados Unidos. El miércoles apenas salió de Los Pinos, donde encabezó dos actos públicos, y por la noche inauguró una exposición en el Museo de Antropología.

El jueves estuvo en Querétaro, y fue durante esa gira que Mouriño se refirió, por primera vez, a los contratos de Pemex que firmó como apoderado legal de Ivancar, S.A., siendo ya diputado federal y funcionarios de la Secretaría de Energía, ambos tendiendo como jefe a… Felipe Calderón.

Pero éste siguió mudo sobre un asunto que involucra no sólo al principal funcionario de su gobierno, sino a su delfín, quien precisamente la víspera de su fallida defensa desde Los Cabos, Baja California, bebió hasta muy tarde su bebida favorita, ron Matusalem, que explica por qué tenía barba crecida y vestía el mismo saco al día siguiente.

El silencio de Calderón se mantuvo toda la semana, cuando ya era escándalo nacional, y aun el viernes 29, cuando se reunió con los gobernadores de la Conago en Campeche, justamente donde Mouriño y su clan instalaron el Grupo Energético del Sureste (GES), del que Ivancar, S.A. de C.V., es sólo una de las 80 empresas que lo integran y que se llamó así en honor al apelativo con el que los amigos y cómplices se refieren al funcionario: Iván.

El sábado 1 y el domingo 2 de marzo Calderón descansó --¡nomás eso faltaba!-- y aguantó pronunciarse sobre el escándalo de Mouriño otro día y medio: El lunes, por la mañana, se congració con la iniciativa privada dándole los subsidios a los que es tan afecto --eso no es populismo-- y por la tarde dio el arranque de la colecta de la Cruz Roja.

Antes de irse a una gira de toda la semana, primero a Centroamérica y luego a Dominicana, se reunió con empresarios de Canacintra y puso en marcha el operativo de Semana Santa. Y regresó a México, el fin de semana, para seguir en el limbo.

El mutismo de Calderón es, sin embargo, muy elocuente. Tantas oportunidades para emitir una posición sobre un asunto tan delicado, que en cualquier democracia habría ya implicado una recomposición del gobierno, sólo obedece a un ánimo de encubrimiento.

En efecto, Calderón colocó a Mouriño como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y por tanto es cómplice de las conductas ilegales y antiéticas que cometió para favorecer a las empresas de su propiedad, de las que se separó --según él mismo reconoció-- sólo hasta que ingresó a la Secretaría de Energía, en octubre del 2003.

Calderón fue jefe de Mouriño en esa secretaría cuando se asignaron otros contratos de Pemex, cuyo abogado general era César Nava Vázquez, actual secretario particular de Calderón, quien precisamente era… presidente del Consejo de Administración de la paraestatal.

Hay un dato exquisito: El funcionario que en representación de César Nava Vázquez hizo la revisión jurídica para el contrato de Pemex a Ivancar, S.A. de C.V., y cuya firma aparece al lado de Mouriño, es José Antonio Prado Carranza, amigo y compañero de la Universidad Panamericana de… César Nava.

(Dicho sea de paso, ahora Prado Carranza es el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, cuyo sindicato ha emplazado a huelga. Se trata del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) al que, apenas este sábado, Mouriño identificó como un gremio con grandes “privilegios laborales” y que sostiene un “falso sentido nacionalista”. Sí, ya se sabe que murió Marx y se vino abajo el Muro del Berlín, pero los sindicatos, antes y después de esos acontecimientos, tenían y tienen un objetivo, si es que no se niegan a sí mismos: Luchar por mejores condiciones salariales y de vida de sus agremiados. Y lo del falso sentido nacionalista, queda mejor en el caso de Mouriño, confusa su auténtica nacionalidad.)

El silencio de Calderón es, entonces, un recurso para ganar tiempo y liquidar el escándalo: Ha comenzado ya, y se hará más evidente en unos días, la estrategia de desaparecer de los medios el tema –particularmente de la radio y la televisión-- y sustituirlo por cualquier cosa, sobre todo la urgencia de “sacar el tesoro de aguas profundas”.

En ése, como en cualquier otro asunto que tienen que ver con la corrupción y la impunidad, el PAN cuenta con un socio: El priismo en cualquiera de sus expresiones. Beatriz Paredes, Mario Marín, Ulises Ruiz, Emilio Gamboa, Manlio Fabio Beltrones. Da lo mismo, porque cobran igual.

Por eso el sonsonete de Germán Martínez de discutir los grandes temas, como la reforma energética y evadir el tráfico de influencias… en el sector energético. Como si fueran cosas separadas.

Apuntes

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) puede constituirse en un gran apoyo para Calderón y Mouriño, así como para toda la derecha: Dar, el próximo domingo, el espectáculo esperado de trinquetes que ahogue, además, las acciones contra la privatización de Pemex el próximo 18 de marzo, cuando se conmemorará otro aniversario de la expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas, cuyo hijo no ve intentos de privatización por ningún lado.