LOS TRASFONDOS.

Se escribe Uribe, se lee petróleo
Guillermo Almeyra
Una breve declaración de la Shell, la compañía petrolera angloholandesa, una de las Siete Hermanas, que fue publicada en Estados Unidos para los especialistas, nos da la clave de interpretación del ataque criminal contra el territorio ecuatoriano lanzado por el ejército de Colombia. Según ella, dada la previsible disminución constante de la producción petrolera mexicana, es esencial para la seguridad de Estados Unidos contar permanentemente con el abastecimiento en petróleo venezolano. Ahora bien, precisamente ése es el que está en peligro ante los intentos repetidos del gobierno de Washington de desestabilizar y derribar al de Hugo Chávez. Éste, en efecto, declaró ya con todas las letras –y no es hombre de fanfarronear– que si la agresión continuase y se agravese podría cortar el suministro petrolero a su principal cliente actual –Estados Unidos–, que es, además, el que ofrece más ventajas (un gran mercado, diferencias en los fletes, por ejemplo) que los demás.
Por eso, si el presidente derechista colombiano Álvaro Uribe provoca una situación bélica con Ecuador no es tanto para golpear militarmente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sino para dar un fuerte golpe político a la oposición de izquierda colombiana, que crece sin cesar, que no se identifica con las FARC ni con los métodos de éstas, que ya ha ganado las elecciones en Bogotá, Medellín, Cali, y que repudia los lazos de Uribe y del ejército con los paramilitares y, por medio de éstos, con el narcotráfico. Una de las razones de la incursión militar en Ecuador para asesinar a Raúl Reyes, es la necesidad de cortar de raíz el movimiento por la liberación de los rehenes (incluidos entre éstos los que tiene en sus manos el gobierno, que ascienden a más de 500) y por un acuerdo político de paz entre el gobierno y las FARC. Este movimiento es mucho más peligroso que la fuerza militar del enemigo, tanto para los fascistas militares respaldados por Estados Unidos que quieren continuar la guerra y esperan ganarla utilizando una mayor represión, como también para los aventureros militaristas en las propias FARC.
Pero la razón esencial reside en el acatamiento a la voz del amo, la del gobierno de Estados Unidos. Porque el equipo estadunidense gobernante no puede entrar en una fase de recesión, que provocará inquietud social, con el abastecimiento petrolero dependiente del radicalismo de Chávez y con la perspectiva de que el precio del combustible sea cada vez más caro y no disminuya ni siquiera en el caso de que cayese el consumo. Además, la combinación de su crisis de hegemonía (el empantanamiento en Irak), de su crisis económica y de la crisis política (posibilidad de triunfo de los demócratas) crea una mezcla explosiva que la chispa venezolana podría ayudar a detonar. La Casa Blanca no se cansa de repetir en todos los tonos delenda est Caracas, delenda est La Habana. Como Catón, con su Carthaginem est delenda, no hay discurso de Bush en el que no hable de la necesidad de destruir la revolución cubana y, ahora, la bolivariana. Uribe es simplemente el instrumento de esa política provocadora y busca crear una situación de guerra en la región para justificar golpes de mano fronterizos, bombardeos (de aviones estadunidenses disfrazados de colombianos) e infiltraciones de saboteadores con el objetivo de ayudar a la burguesía venezolana, incluida la boliburguesía nueva y a la derecha de las fuerzas armadas de Venezuela para que den un golpe contra Chávez. Independientemente de los errores de la política económica de Caracas, las dificultades que enfrenta Venezuela, desde el desabastecimiento hasta el mercado negro y el aumento de la delincuencia, tienen su principal base en la desestabilización provocada e inducida, tal como sucedió desde la Revolución Francesa hasta hoy en todo proceso revolucionario.
En la OEA –¡nada menos que en esa organización que siempre ha sido el ministerio de colonias latinoamericanas de Washington!– el repudio al dúo Bush titiritero-Uribe marioneta descascarada ha sido demasiado grande como para que Bogotá pueda seguir adelante con sus matanzas y provocaciones. En lo inmediato, al hacer imposible la liberación de Ingrid Betancourt, ya resuelta por las FARC, Bogotá incluso se opone al gobierno francés, que es de derecha, pero de la derecha nacionalista, y su oposición al intercambio de rehenes alimentará la protesta militante de la oposición. Washington, que ha aplaudido el bombardeo a Ecuador, se mantiene incluso con una política de perfil bajo y podría dejar a Uribe como chivo expiatorio, contentándose con el reforzamiento del ala fascista del ejército colombiano. Una guerra en la que éste debiese combatir a la vez contra las FARC, contra Venezuela y contra el ejército ecuatoriano, fogueado hace poco en los combates victoriosos contra Perú, es muy poco probable. En cambio es previsible que siga la desestabilización del gobierno de Chávez (y también de los de Evo Morales y Rafael Correa) con otros medios más sutiles, y que el interlocutor de Washington en Colombia, mucho más que un Uribe desenmascarado y debilitado, sea la alianza militar-paramilitar-narcotraficantes, que es el factor de poder real en Bogotá. La lucha de la oposición civil colombiana por la paz, por una solución política al problema de los secuestrados por las FARC y de los presos políticos que tiene el gobierno en su poder, al concentrarse contra Uribe, podría permitir un recambio en el gobierno, para que todo siga igual, o sea, para que el bloque de clase político y social que hoy es representado por Uribe pueda seguir en el poder incluso sin éste, si las papas quemasen demasiado.


Mario Di Costanzo*
De Iván el terrible a Iván el culpable
Es bien sabido que los amigos cercanos de Juan Camilo Mouriño lo llaman Iván el terrible. Muchos, desde luego, desconocemos los motivos que tienen esas personas para llamarlo así. Quizá sea un asunto relacionado con los exitosos negocios que realiza con sus empresas familiares o bien por su vertiginosa y exitosa carrera política, que lo ha llevado en poco más de 10 años a ocupar el cargo de secretario de Gobernación en un gobierno sobre el cual millones de mexicanos estamos convencidos de que no ganó la elección.
El hecho es que desde el 24 de febrero Andrés Manuel López Obrador entregó una serie de documentos a los coordinadores legislativos del Frente Amplio Progresista, que incluyen contratos con Pemex firmados por Iván el terrible como apoderado legal de la empresa Ivancar.
Después de casi dos semanas de ambigüedades, Iván el terrible aceptó haber firmado los contratos entre las empresas familiares y Petróleos Mexicanos, señalando que dichos contratos eran auténticos, pero legales.
Más aún, se atrevió a señalar que no hay ninguna responsabilidad de su parte ya que según la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos “jamás he participado en la toma de decisión de Pemex, no nada más sobre este contrato, sobre ninguno” y tampoco ha estado en un Consejo de Administración de Pemex.
Esto lo señaló en virtud de que dicho ordenamiento, en su artículo 8, fracción XI, establece que los servidores públicos deben excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes v consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.
De hecho, el mismo artículo en su último párrafo añade que: El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos.
Es obvio que aquí pasó de Iván el terrible a Iván el culpable, ya que su curriculum establece que durante 2003 fue asesor en la Secretaría de Energía y durante 2004 subsecretario de Electricidad de la misma dependencia.
Es pertinente recordar que Felipe Calderón ocupó el cargo de secretario de Energía desde septiembre de 2003 a mayo de 2004.
Aquí conviene mencionar que por ley, el secretario de Energía funge también como presidente del Consejo de Administración de Pemex, por lo que resulta inverosímil que el “asesor del secretario” no estuviese enterado de lo que se discutía, aprobaba o firmaba en Pemex.
La situación se complica si recordamos que al menos dos contratos están fechados en los meses de septiembre y diciembre de 2003, ya que Iván debió haber avisado de esta situación a su jefe inmediato; según lo dispuesto por el último párrafo del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativa de los Servidores Públicos.
Por ello Calderón, siendo secretario de Energía y jefe inmediato de Iván, debió estar al tanto de esta situación que sin lugar a dudas no objetó, en virtud de que se concretó la firma del contrato.
Conviene recordarle al presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, que el artículo 3 de la Ley de Responsabilidades faculta para su aplicación tanto a las cámaras de Diputados y Senadores como a la Auditoría Superior de la Federación, como a la Procuraduría General de la República, entre otros, para que deje de actuar como uno de los más fuertes defensores de Iván el culpable.


Más de 50 denuncias por violencia del ejército y policía en Michoacán
Púlsar

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de México (CEDH) recibió 56 quejas en lo que lleva el 2008 por los abusos violentos cometidos por el ejército y la policía mexicana en el marco de la Operación Conjunta Michoacán.

El Defensor del Pueblo, Víctor Manuel Serrato Lozano, manifestó su preocupación la "práctica indebida" del uso del pasamontañas durante operativos y cateos, así como el ocultamiento de placas de automóviles.
La Operación Conjunta Michoacán es un programa de operaciones militares y policiales puesto en práctica en diciembre de 2006 por el gobierno federal mexicano con el objetivo de "enfrentar el narcotráfico y la delincuencia organizada", según explicó la presidencia.
Se trata del despliegue de más de 5 mil agentes de seguridad, de los cuales 4 mil 260 son efectivos militares, en el estado mexicano de Michoacán para erradicar plantaciones ilegales, instalar puestos de control del narcotráfico y realizar actividades de reconocimiento aéreo.
En el marco del operativo, el ejército y la policía federal ocuparon al menos cinco comunidades del estado en mayo de 2007, mientras militares en pasamontañas allanaron con violencia departamentos de un edificio en Morelia el pasado mes de febrero.
Además, en enero último, un joven de 17 años fue asesinado en Huetamo por soldados que dispararon contra la camioneta donde viajaba porque el conductor no obedeció la orden de detenerse.