EXIGENCIA DESAFORADA

Editorial de la Jornada:
Calderón: delincuencia y despropósitos.

En una inopinada reiteración de sus exhortaciones para el combate a la delincuencia, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, exigió ayer a la sociedad en general, a los medios informativos, y a los poderes Judicial y Legislativo, respaldo a sus estrategias de seguridad. Entre otras cosas, “exigió” a los ciudadanos que “no sean cómplices de la ilegalidad” y que denuncien los delitos; dijo que el Judicial “tiene” que emprender una transformación para “cerrarle el paso a la impunidad”, sugiriendo que es responsabilidad exclusiva de ese poder el hecho de que delincuentes como el presunto asesino material del jefe policiaco Edgar Millán se encuentren fuera de la cárcel a pesar de su trayectoria criminal.
Por añadidura, el gobernante “exigió” a los medios informativos que “manifiesten y divulguen las acciones” gubernamentales que “están deteniendo la estructura de los criminales, que es una estrategia que busca sembrar terror, es una estrategia compartida por los propios medios de comunicación” (sic), y a renglón seguido lanzó una acusación absurda e inaceptable: “quienes insinúan que el gobierno se haga para atrás en esta estrategia son, precisamente, quienes buscan que nosotros abandonemos a periodistas, a ciudadanos, a empresarios, a agricultores, a jóvenes, a la suerte y a las garras de la delincuencia”.
Lo que podría ser una fundada expresión de nerviosismo ante los dudosos resultados de las acciones policiaco-militares en curso –dudosos según las propias cifras oficiales, que apuntan a un deterioro sostenido de la seguridad pública y a un incremento de la violencia delictiva en lo que va de la administración calderonista– adquirió, en el discurso presidencial, el tono de órdenes –contrarias a la elemental lógica republicana– a los otros poderes de la Unión, de imperativos a los pocos medios que ostentan posturas críticas para que se hagan eco, sin chistar, del optimismo del discurso oficial, y de reparto de acusaciones por el avance de la delincuencia organizada, fenómeno que se explica, en buena medida, por las falencias e ineptitudes –improvisación, triunfalismo, desconocimiento– con las que el propio Ejecutivo federal emprendió su cruzada contra la criminalidad y la inseguridad.
El exhorto a la población a que denuncie el delito pasa por alto que la infiltración y la descomposición de las corporaciones policiales generan una inevitable desconfianza entre los ciudadanos, quienes en muchos casos se preguntarán, y con razón, qué cabe esperar de instituciones que no pueden garantizar ni la seguridad de sus propios mandos.
Las demandas al Legislativo para que endurezca las penas carcelarias y al Judicial para que deje de excarcelar a criminales atentan contra el principio de separación de poderes e ignoran que muchas de las excarcelaciones y las absoluciones se originan en acusaciones mal construidas desde instancias del Ejecutivo, y que de todos modos nueve de cada 10 delitos cometidos en el país no se traducen ni siquiera en una orden de aprehensión cumplida.
Por lo que hace a las “exigencias” a los medios y a los informadores de que acepten y difundan de manera acrítica las versiones oficiales sobre el combate a la delincuencia, resulta inevitable recordar que el gobierno federal carece de cualquier atribución legal para formularlas, y que la declaración misma es, además de un amago a la libertad de expresión, un despropósito de tintes autoritarios y hegemónicos.
Por añadidura, la insinuación de que la crítica a las políticas de seguridad en curso denota complicidad con el crimen organizado constituye un barrunto de chantaje, inaceptable e impresentable en un entorno democrático; una presión orientada a inducir la autocensura y, a fin de cuentas, la manifestación de una creencia inadecuada y peligrosa para el ejercicio del poder: los problemas se resuelven si se deja de mencionarlos, y para que las estrategias gubernamentales tengan éxito basta con que los medios las celebren y se abstengan de expresar señalamientos críticos en torno a ellas.
La acusación de que las discordancias ante la política de seguridad en vigor buscan que el poder público “abandone a periodistas” es particularmente agraviante cuando viene de un gobierno que en materia de garantías a los informadores está catalogado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) “entre los peores del mundo”, junto con los de Colombia, Irak, Sierra Leona, Somalia, Afganistán, Nepal, Rusia, Bangladesh, Pakistán, Filipinas e India, naciones en las que “buena parte de la violencia es perpetrada por los mismos estados, sin voluntad política para combatir la violencia de la sociedad”.
En suma, las palabras pronunciadas ayer por Calderón Hinojosa ante el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, fueron improcedentes, preocupantes e incluso ominosas, y rectificarlas sería lo mejor que podría hacer en favor de su propia investidura.

El “¡ya basta!” exige “a todos” no ser cómplices de la ilegalidad: Calderón

■ Demanda a los medios de comunicación no “compartir la estrategia de sembrar el terror”
■ Llama al Congreso y a jueces a cerrar el paso a la impunidad
■ Asegura que él no se sumará al “abandono, cobardía o complicidad que permitieron que México llegara a esta situación”
Claudia Herrera Beltrán
Golpeando el atril con la mano, el presidente Felipe Calderón advirtió que su expresión “¡ya basta!” es una exigencia a “todos”: a los ciudadanos, para que no sean cómplices de la ilegalidad; al Congreso y a los jueces, para que cierren el paso a la impunidad; a los medios de comunicación, a fin de que divulguen las acciones contra la delincuencia en vez de “compartir con los criminales la estrategia de sembrar el terror”.
Acompañado por el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, el michoacano –en conferencia de prensa conjunta– declinó dar su opinión sobre si su estrategia contra la inseguridad ha fracasado, pero dijo que él no se sumará al “abandono, a la cobardía o a la complicidad que permitieron que México llegara a esta situación”.
En su llamado incluyó a los estados, pues dijo que la seguridad pública no es tarea de competencia exclusiva del gobierno federal, “antes bien, es tarea que compete fundamentalmente a las autoridades locales” y debe ser asumida en su conjunto con los poderes locales.

Soldados matan en Michoacán a un joven y lesionan a otro.
francisco castellanos j.
* Los muchachos se acercaron al campo de tiro de la 12 Zona Militar

Morelia, Mich., 12 de mayo (apro).- Sin motivo aparente, soldados de la 12 Zona Militar dieron muerte a balazos a Iván Calderón, de 16 años, y lesionaron de gravedad a Giovanni Fuerte Jaimes, de 18, años, cuando ambos jóvenes se acercaron al campo de tiro.



Los hechos ocurrieron cerca de las 17:00 de este lunes, en la carretera Morelia-Mil Cumbres, frente a un Centro de Adiestramiento Básico de Infantería (CABI) de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicado a menos de diez kilómetros de la capital michoacana.

Según algunas versiones minutos antes de las cinco de la tarde un joven identificado Giovanni Fuerte, se acercó hasta un costado de las instalaciones militares con el fin de abastecer de gasolina una camioneta propiedad de su familia.

El vehículo se quedó sin combustible la noche del domingo y fue hasta la tarde de este lunes cuando Giovanni pretendía recuperarlo.

Entonces Iván Calderón, quien cotidianamente acudía al centro de adiestramiento militar, se acercó para ayudar al Giovanni a abastecer de combustible la camioneta.

De repente se escucharon varios disparos de arma de fuego y Giovanni cayó herido, mientras que Iván corrió hacia la puerta principal del inmueble de la Sedena, pero justo antes de entrar se desplomó sin vida.

El lesionado fue trasladado a un hospital de Morelia, donde su estado de salud se reporta como grave.

Trascendió que Iván Calderón cotidianamente acudía a las instalaciones militares a recolectar fruta y verduras que los soldados ya no consumían.
El EPR reivindica la lucha armada y rechaza una rendición incondicional
■ Condena la postura gubernamental de imponer condiciones para emprender el diálogo
■ Critica que se dé a los miembros del grupo mediador el simple papel de “testigos presenciales”
Alonso Urrutia
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) condenó la postura gubernamental de imponer condiciones para un acercamiento y advirtió que no habrá “diálogo ni negociación que signifique la rendición incondicional, y mucho menos que implique dejar la lucha armada para incorporarse a la vida institucional”.
En un comunicado censuró que se pretenda convertir a quienes convocó como mediadores entre las partes en “mudos testigos presenciales”.
El EPR reivindica su papel de grupo guerrillero, pues “las armas y las acciones de autodefensa son y siguen siendo una medida política legítima ante el derroche de la violencia que viene del Estado contra el pueblo y sus organizaciones”.
En este contexto, llamó a organizar e impulsar “la lucha por todos los medios y formas contra la privatización de Pemex”.
En un extenso documento dirigido a defensores inependientes de los derechos humanos y a organizaciones sociales, políticas y revolucionarias, se descalifica el papel del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, al cual se identifica como alguien que se “quiere presentar con ínfulas de político y estadista, investidura que no alcanza a cubrir por ser un empresario arribista que ha acaudalado fortuna por medio del tráfico de influencias”.
Negación de la realidad
El EPR afirma que “sólo un esquizofrénico –mal recurrente de los panistas– puede negar la realidad que vive el país, donde prevalece la pobreza; hay un marco jurídico oligárquico; hay presos políticos y desapariciones forzadas, al mismo tiempo que prevalece una la represión selectiva y masiva”.
El EPR señala que las amenazas y chantajes para “arrodillarnos o que capitulemos por las ‘buenas’ no detendrán la voluntad de combatir del pueblo”. Subraya que hasta ahora el gobierno sólo ha ofrecido una tentativa de diálogo que va condicionado “con prepotencia y formateado con alevosía y ventaja, que enjuicia a priori”.
Más adelante advierte que la pretensiones de esas amenazas –sustentadas en la “superioridad del Estado”– están condenadas al fracaso, porque sólo buscan la “paz de los sepulcros y las mazmorras de sus cárceles de exterminio”.
En una parte medular de su comunicado el EPR destaca la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez a manos de los gobiernos federal y de Oaxaca.
Para los eperristas, la responsabilidad del Ejecutivo federal en estas desapariciones se da “por omisión o comisión”, razón por la cual insisten en su denuncia de la redición de la guerra sucia por los gobiernos de “Ulises (Ruiz) y (Felipe) Calderón”.
El EPR critica las descalificaciones que ha sufrido a manos del gobierno y sus “voncingleros” por los reclamos de presentar con vida de las desaparecidos, por lo que concluye que en realidad la violencia proviene del Estado.
Asimismo, cuestiona la “negación de facto” de la existencia de desaparecidos, porque en los hechos esto presupone la cancelación de una salida política al problema de las desapariciones forzadas.
Más adelante insiste en su demanda de liberación de los dos desaparecidos en una lógica de defensa de los derechos humanos, pero sostiene que “se equivocan, señores del gobierno y vocingleros del sistema, en sus juicios y sesudos análisis: no estamos pidiendo negociación alguna producto de debilidad o acorralamiento político, o porque sentimos pasos en la azotea ante el gran despliegue policiaco-militar”.
Rechazo a amenazas
La petición de crear una comisión intermediadora, explica, obedecía a crear mínimos espacios legales “acotados por un Estado que todo criminaliza”. Se trataba de buscar con la participación de esas personalidades la presentación con vida de los desaparecidos.
Sin embargo, añade, a esta iniciativa el gobierno respondió con amenazas, descalificaciones y estigmas, “por lo que en los hechos a la violencia institucionalizada contra los luchadores sociales se anexa más violencia estatal para tratar de imponer una salida policiaco-militar”.
Posteriormente pone en duda la democracia que reivindica el gobierno federal, al señalar que no es concebible si se refiere “¿al asesinato de más de 600 perredistas en Guerrero? ¿A las masacres de Aguas Blancas, Acteal, El Bosque, El Charco y Agua Fría? ¿A las brutales represiones en Sicartsa o San Salvador Atenco? ¿Al estado de sitio en Oaxaca, que cobijó crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Ulises Ruiz? ¿A la militarización del país que anula de facto garantías individuales?”