MEDIADORES INICIAN GESTIONES.

Mediadores y Gobernación evalúan mecanismos para el diálogo con el EPR

■ Sostuvieron el primer encuentro formal; descartan contacto directo entre el grupo y autoridades
F. Martínez y P. Muñoz
La Secretaría de Gobernación se reunió ayer con los mediadores propuestos por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en lo que constituyó el primer contacto formal para avanzar en un mecanismo de diálogo entre el gobierno federal y el grupo armado.
Para ello, la Secretaría de Gobernación envió al subsecretario de Gobierno, Abraham González, y al comisionado para el Desarrollo Político, Alejandro Poiré, a conversar con los “ciudadanos” Miguel Ángel Granados Chapa, Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor y Samuel Ruiz, en las instalaciones de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
Los mediadores propuestos por el EPR y los enviados gubernamentales acordaron “consensuar procedimientos y mecanismos” para lograr el diálogo con los eperristas, cuya principal demanda es la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el año pasado.
El próximo encuentro con los mediadores, calificados por Gobernación de “ciudadanos”, será el próximo martes 20 de mayo a partir de las 6 de la tarde y en los encuentros posteriores la sede será alternada, posiblemente Bucareli y las instalaciones de Serapaz, en la colonia Del Valle, de acuerdo con fuentes consultadas.
Carlos Montemayor, vocero del grupo mediador, calificó de positiva la reunión con los funcionarios de Gobernación, porque en principio se comprueba la disposición del gobierno federal al diálogo con el EPR por medio de esta comisión.
Dijo que la de ayer constituye la primera reunión formal y es un avance importante porque ahora esta comisión mediadora definirá una agenda propia, con la colaboración de otros ciudadanos, a fin de llegar al encuentro del 20 de mayo con una agenda acorde al arranque del análisis que los ocupa en este propósito de mediación.
“Paso a paso podemos hacer un largo camino”, expresó Montemayor, al tiempo de reiterar que la comunicación de los mediadores con el EPR será a través de los medios de comunicación.
La periodicidad de los encuentros será de acuerdo con las “necesidades de trabajo” y eventualmente habrá comunicados de prensa de cada instancia, conjuntos o discrepantes; de igual forma los representantes gubernamentales serán variables, por lo que no se descarta que en alguna de las próximas citas participe el titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
“El aspecto positivo estriba en que tras esta reunión es posible hablar ahora de que la comisión de intermediación cuenta con la aceptación de las partes, aunque explícitamente no lo asevere el comunicado de Gobernación”, agregó Montemayor.
Destacó que será muy útil recibir en los próximos días la colaboración de diversos actores de la sociedad para que ayuden a los mediadores a contar con más y mejor información de los asuntos relacionados con el EPR.
En tanto, el antropólogo Gilberto López y Rivas dijo al respecto que el EPR no ha cerrado totalmente la posibilidad de negociar con el gobierno, sólo le dijo “no” al “diálogo directo”, ya que hay que recordar que otros gobiernos, como el de Ernesto Zedillo, los traicionaron.
López y Rivas planteó que lo que ahora procede es buscar acercar a las partes, y que la litis de todo el caso es la aparición con vida de los dos militantes cuya vida reclama el grupo armado.
El conflicto “está absolutamente relacionado con un delito de lesa humanidad que fue la desaparición de dos personas y es el punto crucial”, dijo al ser entrevistado a las afueras de la embajada de Bolivia, y recordó que en nuestro país, de 1947 a la fecha, ha habido “más de un millón” de asesinados y desaparecidos por motivos políticos.



“Temeraria”, la estrategia oficial contra narcos, según Ruth Zavaleta

■ Preocupa a activistas que se llame a aplicar “mano dura”.
De la Redacción
La presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, calificó ayer de “temeraria” la estrategia gubernamental contra el crimen organizado, al señalar que ha tenido resultados drásticos en términos del número de militares y de servidores públicos que han sido asesinados.
En tanto, el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, consideró que la postura asumida un día antes por Felipe Calderón lo debe llevar a iniciar una investigación sobre las presuntas complicidades entre su antecesor Vicente Fox y el narcotráfico.
En el mismo sentido, el dirigente nacional en funciones del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, consideró que si Calderón formuló declaraciones sobre un asunto tan delicado es porque tiene información de primer nivel y su obligación es investigar si hubo complicidades del gobierno anterior con los capos de la droga.
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Luis Arriaga, señaló que no es infundiendo miedo ni temor, y menos acusando sin fundamento a medios de información, a los jueces y a los integrantes del Congreso de la Unión, como se va a detener al crimen organizado. Mientras, algunos obispos lamentaron el clima de violencia generado por el narcotráfico y el crimen organizado.
En San Lázaro, Zavaleta indicó que la política temeraria del tú por tú tiene que ser más prudente: “No soy yo quien para estar enmendándole la plana a nadie, pero sinceramente si no se hace un llamado previo y un plan pactado de las cosas como se deben resolver, incluyendo al Legislativo, de nada sirve que aquí estemos haciendo las reformas de justicia penal”.
Añadió que el problema de la inseguridad no es nada más de carácter punitivo, sino también preventivo.
El coordinador de los diputados del PAN, Héctor Larios, consideró necesario revisar por qué el supuesto asesino de Édgar Millán había sido excarcelado, al tiempo que advirtió que los hechos de violencia ocurridos en los últimos días no se estarían viviendo si el jefe del Ejecutivo no hubiera tomado la decisión de combatir frontalmente a la delincuencia desde que comenzó su mandato.
Entrevistados antes del inicio del primer debate sobre la reforma de Pemex, Navarrete y Acosta Naranjo coincidieron en que ojalá el mensaje de Calderón se haya escuchado un día antes en el rancho de San Cristóbal, en Guanajuato, ya que de acuerdo con cifras de organismos estadunidenses en el anterior sexenio se duplicó el paso de drogas por México.
El primero resaltó que entre 2000 y 2006 creció enormemente el poder de los cárteles de la droga, por lo que “si el señor Calderón está consciente de ello, tiene la solución en sus manos”.
Hay que esperar, agregó, que al llamado “público y dramático” que formuló un día antes le sigan acciones para fincar responsabilidades a quien tuvo a su cargo la conducción del país en la administración pasada y que ahora “tranquilamente está dando clasesitas en Guanajuato”.
El Centro Prodh se manifestó en favor de la lucha contra la delincuencia organizada, pero aclaró que no puede ava-lar prácticas que violen los derechos humanos.
“Creemos en las tareas de seguridad pública realizadas por policías con una estrategia apegada a los derechos humanos. Es grave que el Ejecutivo apele a la estrategia de mano dura para combatir la ilegalidad, porque va en contra de las libertades civiles y del libre tránsito”, puntualizó.

La PGR, sin pruebas de que los Beltrán Leyva hayan asesinado a Édgar Millán

■ Otro de los implicados en el crimen es trasladado del hospital a una casa de arraigo de la procuraduría
Alfredo Méndez
La Procuraduría General de la República (PGR) no cuenta hasta el momento con pruebas sólidas que demuestren que los hermanos Beltrán Leyva, integrantes del cártel de Sinaloa o de La Federación, son los presuntos autores intelectuales del homicidio de Édgar Millán, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP) asesinado el pasado jueves en la ciudad de México.
El lunes pasado, en conferencia de prensa, Gerardo Garay, coordinador de la División Antidrogas de la PFP, aseguró que la principal línea de investigación apunta hacia los hermanos Beltrán Leyva como responsables directos del crimen por una supuesta venganza, tras diversos decomisos de droga hechos por policías federales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Sin embargo, en documentos del juzgado octavo de distrito que constan en el expediente 8/2008, con el que se concedió el arraigo por 90 días en contra de cinco involucrados en el homicidio, se confirma que la PGR no tiene aún pruebas para llegar a la conclusión de que fue el cártel de Sinaloa el responsable del asesinato por un presunto móvil de venganza.
En dicho expediente, consultado por La Jornada, sólo existen indicios para relacionar a un elemento en activo de la PFP como el orquestador del atentado, ya que cruzó en diversas ocasiones llamadas telefónicas con Alejandro Ramírez Báez, a quien se acusa de haber disparado nueve balazos a Millán en su casa.
Se trata de José Antonio Martín Montes Garfias, elemento de la coordinación de seguridad regional de la PFP en Culiacán, Sinaloa, quien al menos en tres ocasiones tuvo comunicación con Ramírez Báez.
En tanto, la PGR tuvo que poner en libertad con las reservas de ley a uno de los implicados en este crimen, al no acreditarse cargos en su contra.
Se trata de Josué Ortega Gallegos, a quien la SSP federal presentó el pasado lunes, en conferencia de prensa, como uno los integrantes de la banda delictiva que organizó el homicidio de Millán Gómez, supuestamente contratado por el cártel de Sinaloa.
Asimismo, ayer fue arraigado Alejandro Ramírez en el Centro Nacional de Investigaciones de la PGR. Custodiado por elementos de la PFP , fue trasladado del hospital donde convalecía, en la colonia Roma, a una casa especial ubicada en la colonia Doctores.
Junto con Ramírez se encuentran arraigados Juana Virginia González, María Teresa Villanueva, José Antonio Martínez Montes Garfias y José Ortega Gallegos, como cómplices del primero.
Son sólo “inferencias”
Según consta en el expediente 8/2008, del juzgado octavo, entre las pruebas presentadas al juez para obtener el arraigo contra cinco inculpados en el crimen destacan las fotografías del cadáver del jefe policiaco, el registro de llamadas a cuatro celulares y diversos sistemas de radiocomunicación, así como las armas que utilizó el asesino material, diversos vehículos y un juego de llaves de la casa de Millán.
Sin embargo, no aparece registro en el expediente de algún testimonio o prueba documental que demuestre, aunque sea de manera indiciaria, que los hermanos Beltrán Leyva hubieran ordenado o planeado el asesinato del coordinador de Seguridad Regional de la PFP.
“De las constancias de investigación se infiere una presunta relación delictiva entre el elementos federal José Antonio Martín Montes Garfias y la organización delictiva que comandan (los hermanos) Beltrán Leyva, que se disputan la plaza de Culiacán, Sinaloa”, dijo la PGR al juzgado octavo al solicitar el arraigo de cinco implicados en el homicidio.
Las investigaciones continuarán durante los próximos 90 días que durará el arraigo contra los inculpados.