SE ATORA INVESTIGACION.

EL FRACASO DE UNA INVESTIGACION.

Tomado de del blog Kaos en la red.


Esta es la historia de una investigación para indagar el paradero de Gabriel Alberto Cruz Sánchez (o Raymundo Rivera Bravo) y Edmundo Reyes Amaya, dirigentes del grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Pero después de 379 días de investigación y 30 diligencias para integrar un expediente penal de 5 mil fojas, las pruebas para encontrar a los desaparecidos del EPR y a los presuntos responsables de la desaparición se diluyeron.

Aunque los mantuvo en arraigo, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR no pudo consignar ante el juez al subdirector de la Policía Ministerial de Oaxaca, Pedro Hernández, y al agente ministerial Ángel Reyes Cruz, por la desaparición de los dos eperristas.

Los policías eran investigados por los delitos de desaparición forzada, secuestro y delincuencia organizada, pero el ministerio público federal no pudo fortalecer la tesis de que los agentes policíacos de Oaxaca detuvieron y desaparecieron a los dirigentes eperristas.

El expediente PGR/SIEDO/UEITA/047-08 se integró a partir de las declaraciones de un testigo protegido conocido como Luna, cuya identidad es la de José Antonio Martínez García, alias El Chuta, agente ministerial de Oaxaca, y las de Eugenio de Jesús Díaz Parada (hermano del presunto narcotraficante Pedro Díaz Parada).

A 15 meses de la desaparición de los dos eperristas, la SIEDO no pudo sostener su primer caso de desaparición forzada. Y con ello, los dos policías ministeriales que estuvieron detenidos durante 90 días en la casa de arraigo de la PGR obtuvieron su libertad y serán reincorporados a su cargo.

“Nunca existieron elementos para fincarles responsabilidad, y menos de los delitos por los que se acusaba a mis clientes”, dice el abogado Gerardo López Thomas. Precisa que la PGR no pudo sustentar las declaraciones del testigo protegido, ni del hermano del presunto narcotraficante Pedro Díaz Parada, que incriminaban a los agentes ministeriales en la desaparición de los eperristas.

Para demostrar el delito de desaparición forzada se requieren cinco elementos: detención legal o ilegal de una persona, participación del Estado o grupo político, ocultamiento de la víctima, coparticipación e intencionalidad. “Y la PGR, asegura López Thomas, no pudo demostrar ninguno de estos elementos”. En los próximos días, Pedro Hernández y su chofer serán reinstalados en el cargo que desempeñaba en la policía ministerial de Oaxaca.

Cómo se armó la indagación

1.- La clave para encontrar a Gabriel Alberto Cruz Sánchez (o Raymundo Rivera Bravo) y Edmundo Reyes Amaya, miembros del Ejercito Popular Revolucionario, se encontraba en el testigo protegido conocido como Luna. Con ese nombre se resguardaba la identidad de José Antonio Martínez García, agente de la Policía Ministerial de Oaxaca, quien por muchos años fue escolta de Héctor Anuar Mafud,
Presidente del Tribunal de Justicia de Oaxaca y gente cercana a los ex gobernadores Diódoro Carrasco y José Murat.

El agente, que se acogió al programa de testigos protegidos de la PGR, fue Víctima hace cinco años de un atentado dirigido a Anuar Mafud, entonces secretario de Gobierno y aspirante a candidato del PRI a gobernador.
Después del incidente, Anuar Mafud dejó para otra ocasión sus aspiraciones y en consecuencia Ulises Ruiz fue designado candidato.

El viernes 25 de abril de 2008 elementos del ejército mexicano, de la Policía Federal Preventiva (PFP) y agentes de la PGR ingresaron a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca para detener al subdirector operativo de la policía ministerial, Pedro Hernández Hernández. Al mismo tiempo, otro operativo se efectuaba en la Subprocuraduría Regional de la Costa, en Puerto Escondido, para detener al agente Ángel Reyes Cruz. No habían transcurrido ni 12 horas de la detención cuando una llamada ingresó al teléfono de la coordinación jurídica de
la SIEDO.

Fue la agente Rosario Azucena Sebastián Velasco quien respondió el teléfono. La llamada provenía de la ciudad de Oaxaca. Se escuchó la voz de un hombre, quien no se identifica y dice tener información sobre la desaparición de los dos miembros del EPR. Dice haberse enterado de que Pedro Hernández había sido detenido por elementos del ejército y de la Policía Federal Preventiva, y que sabía muchas cosas de él.

En su declaración ministerial, rendida a las 16 horas del 14 de noviembre del 2007, denuncia que los dos integrantes del EPR fueron detenidos por la Policía Ministerial en mayo de 2007. José Antonio Martínez García relata que le tocó registrar en el libro de control de expedientes el nombre de los desaparecidos. “Uno de ellos se apellida Pérez Amaya, siendo éstos uno de los apellidos que aparecen en la averiguación previa, que registré en el mes de mayo, en el libro de expedientes que pertenece a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca. Averiguación Previa que como ya dije se encuentra relacionada con la detención de dos elementos del grupo guerrillero denominado EPR. Razón por la cual, me encuentro compareciendo ante esta autoridad con la finalidad de que se
verifique la existencia del registro”.

El agente aporta en su declaración datos que vinculan a la Procuraduría de Oaxaca con los desaparecidos: “Así mismo, es mi deseo agregar que existe un grupo dentro de la policía ministerial, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que la reconocemos por las siglas FEPAR (sic), que significa Fuerza de Reacción Inmediata. Misma que se creó aproximadamente desde hace cuatro años para la investigación de delitos cometidos por grupos guerrilleros y que tengan relación con grupos políticos, es decir grupos que llevan actos contra el gobierno de Oaxaca”.

La declaración agrega: “Dicho grupo denominado FEPAR (sic), en el mes de mayo de 2007, era dirigido por el comandante Pedro Hernández, quien actualmente funge como jefe operativo de la Policía Ministerial del estado de Oaxaca. Dicho grupo, FEPAR, se compone aproximadamente de 60 elementos, quienes
aún en el mes de mayo del 2007 tenían sus instalaciones en un inmueble que se denominó los Pinos”.

2.- Luna incriminó al comandante Pedro Hernández y a varios de sus compañeros con el crimen organizado. “El taller mecánico, que se encuentra al lado de la FPAR (Fuerza Policial de Alto Rendimiento), es propiedad de Pedro Hernández, que existe frente a la embotelladora El Rey, y a un costado de la gasolinera aeropuerto. Y dentro de dicho taller existe un panteón clandestino, ya que dicho comandante –Pedro Hernández– ha enterrado a muchas personas que levanta”.

El testigo protegido aporta los nombres de otros policías. “El comandante Jonás Corro, quien se encuentra adscrito al Tule, protege a los policías ministeriales, quienes cometen delitos como secuestros, tráfico de personas y de drogas. Son: Albino Sánchez Osorio, alias El Babalucas, comandante regional del Istmo; Cecilio Morgan Valdivieso, alias El Chango; William Roque Alfredo, alias El Marino; Francisco Mora López, alias El Pingüino; Anselmo Toledo López, alias El Chemo;
Andrés Alberto Jiménez Rodríguez, placa 719; Nelson González Rojas”.

El 23 de octubre del año pasado un grupo armado secuestró al comandante Jonás Gutiérrez Corro, quien ocupaba el cargo de director de la policía ministerial. El EPR ha reclamado la presencia del jefe policiaco, pues lo considera “un punto clave” en la desaparición de dos de sus integrantes. En un comunicado fechado el 20 de mayo pasado, el EPR informa que integrantes de la Fuerza Policial de Alto Rendimiento (FPAR) secuestraron al comandante Gutiérrez Corro por negarse a participar en el operativo para detener a los eperristas.

El grupo armado asegura que recibió una carta de policías que integran la FPAR, quienes denuncian los hechos:

“Somos policías ministeriales del estado de Oaxaca. Pedimos al gobierno de Oaxaca que aparezca con vida el comandante Jonás Gutiérrez Corro, desaparecido al salir de su domicilio, en el fraccionamiento que se encuentra cerca de El Tule, por un grupo armado, mismo que desapareció a los miembros
del EPR”.

El escrito agrega: “El comandante no quiso participar en la desaparición y lo secuestraron por no ser corrupto como los demás comandantes, dirigidos por Manuel Moreno Rivas, director de la policía ministerial; el comandante Pedro Hernández y la ex procuradora Lizbeth Cadeza. Nosotros vimos a los miembros del EPR llegar a los Pinos, comandancia del grupo FPAR, donde los interrogaron hasta el amanecer, y de ahí ya no se supo nada. Y días después desaparecieron al comandante”.

Manuel Moreno Rivas fungió como jefe de escoltas del ex gobernador José Murat, cuando éste “sufrió” un autoatentado el 18 de marzo de 2004. La carta de los policías de la FPAR coincide con las declaraciones ministeriales del testigo protegido, quien también es un policía ministerial.

3.- La PGR incluyó en el expediente judicial la declaración de un integrante del
grupo de Los Zetas, quien relaciona a funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca en la desaparición de los dirigentes guerrilleros. Jesús Navarro Jiménez, detenido en flagrancia por la PGR el pasado 28 de abril, declara que la entonces procuradora de Justicia de Oaxaca, Lizbeth Caña Cadeza, y el jefe de la Policía Auxiliar, Alejandro Barrita –asesinado el 30 de enero pasado por un comando armado – formaron un grupo de choque para desarticular el movimiento social de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

El testimonio, fechado el 21 de abril, indica: “Que la licenciada Lizbeth y el teniente Barrita tuvieron y formaron un grupo de choque en contra de la APPO. Que después de la toma de la APPO a la Procuraduría, se inició investigación en contra de Manuel Moreno Rivas, por la pérdida de armas de la Policía Ministerial”.

La declaración de Navarro Jiménez –detenido junto con 11 personas con 17 rifles AK-47, 28 granadas y más de 3 mil cartuchos útiles – menciona que Barrita contrató a un grupo de golpeadores para reprimir a los integrantes de la APPO.

4.- El rompecabezas judicial contiene también la declaración de Eugenio de Jesús Díaz Parada, hermano del presunto narcotraficante Pedro Díaz Parada. A las 12 horas del día 22 de febrero de 2008, Eugenio de Jesús fue secuestrado por un
grupo de policías ministeriales. El hermano del presunto narcotraficante narra en su declaración que permaneció secuestrado en una casa de seguridad vigilada por un sujeto a quien llamaban El Chicharrón.

“Puede investigar que el nombre de mi cuidador… es el de Ángel Reyes Cruz, chofer del comandante de la ministerial, Pedro Hernández, quien trabaja para Manuel Moreno Rivas. Quien en fechas de mi secuestro era jefe de la policía ministerial del estado y jefe de la policía en el sexenio del gobernador José Murat”.
Eugenio Díaz Parada menciona que cuando obtuvo su libertad recibió la visita de su compadre, José Antonio Martínez García, testigo protegido de la PGR. “Llegó a mi domicilio con la finalidad de felicitarme por mi liberación. Pero le comenté que apenas estaba saliendo de lo de mi secuestro, y ya tenía problemas. Esto, porque supuestamente mis secuestradores estaban diciendo que mis hijos habían participado en la desaparición de los del EPR”.

La declaración agrega: “A lo cual me dijo que no me preocupara, que mis hijos no tienen nada que ver. Ya que él, cuando todavía estaba en la Procuraduría logró ver cuando dichos integrantes del EPR fueron entregados y recibidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado. Y que incluso él tuvo los papeles de la entrega, y que quien los había detenido había sido el comandante Pedro Hernández, mismos que posteriormente los desaparecieron. Siendo todo lo que mi
compadre me dijo”.

El 25 de abril de 2008 se toma otra declaración de Eugenio de Jesús en la que acusa al comandante Pedro Hernández de haber desaparecido a los integrantes del EPR. Los agentes ministeriales enseñaron a Díaz Parada una fotografía de Pedro Hernández, y de manera inmediata lo reconoció como la persona que secuestró y desapareció a los guerrilleros. Estas fueron las principales líneas de investigación que la PGR abrió en contra de los dos agentes policíacos para indagar el paradero de los miembros del EPR. Pero algo ocurrió porque nada pudo avalar. Hoy están en libertad.


EL COMUNICADO DEL EPR.


AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLITICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

El gobierno federal, así como el estatal de Ulises Ruiz se mantienen en negar la existencia del crimen de lesa humanidad que significa la desaparición forzada, al pretender diluir su responsabilidad en estos delitos imprescriptibles que quieren presentar como simples casos del fuero común al tipificarlos como secuestro y a lo sumo castigar a sus peones, que aunque son piezas desechables cuentan con el manto protector del Estado que los mantiene en la impunidad, procurando su pronta liberación por temor a que estos denuncien a los responsables intelectuales. Sin duda todos los hilos conducen a Ulises Ruiz y Felipe Calderón

Los diferentes sectores de la sociedad y nosotros seguimos esperando una respuesta oficial clara y concreta sobre el caso de la detención-desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, a pesar de la actitud irresponsable y cínica de Ulises Ruiz que quiere eximirse de responsabilidad siendo reiterativo al decir que "quien los tenga los presente vivos". ¡Cuánto cinismo!
Por muchas declaraciones que dé Ulises Ruiz, su gobierno no deja de ser represivo, sanguinario y corrupto, en él se han cometido 5 desapariciones forzadas documentadas, ejecutadas por los cuerpos policíacos y paramilitares que cuentan con su aquiescencia. Que de acuerdo al derecho internacional el responsable de estos crímenes es quien gobierna el territorio donde suceden, en este caso el Ejecutivo estatal.

Si verdaderamente tuviera la certeza de que en el estado que gobierna sanguinariamente no aconteció tan aborrecible delito ¿Por qué razón dice que no mete las manos al fuego por nadie?, es decir, por ninguno de la caterva de sus funcionarios. ¿Hasta dónde llegan los compromisos con el gobierno de Felipe Calderón para mantenerse en el puesto? Lo que queda claro es el compromiso mutuo de complicidad entre represores y asesinos.

¡Ulises miente! Nuestros compañeros se reportaban cada vez que terminaban una de sus tareas, el día 24 de mayo del año próximo pasado se reportaron antes de iniciar una reunión de trabajo y al terminar hicieron lo mismo por la tarde para iniciar otra actividad, fueron dejados en un punto de la ciudad por la tarde cerca del Hotel del Árbol a eso de las 5 p.m. porque a las 7 p.m. tenían un compromiso por esos rumbos para trabajar por la noche. Para el 25 por la mañana que deberían de reportarse, ya no lo hicieron ni respondieron a los mecanismos de enlace y comunicación establecidos. Es más, las cosas personales que tenían que recoger en un buzón el día 25 ya no llegaron por ellas.

Necesario es aclarar que nuestros compañeros NUNCA estuvieron hospedados en el Hotel del Árbol, esa es una versión policíaca, como tampoco su interior lo usaron como punto de reunión, lo mencionamos como un punto de referencia del lugar donde compañeros de nuestro partido los dejaron por última vez.

Su detención-desaparición se da en territorio oaxaqueño, ellos son oriundos del estado, por lo tanto participaron como muchos otros compañeros en el desarrollo de los acontecimientos del descontento popular hacia el gobierno de Ulises Ruiz. No tenemos duda de quiénes los detuvieron, ni tampoco Ulises Ruiz que sabe quién los detuvo y a quienes se los entregaron, fue en el contexto de los operativos policíaco-militares que se instrumentaron contra el movimiento magisterial popular, en esos meses Ulises Ruiz y el gobierno federal estaban empeñados en exterminar la protesta popular al costo que fuera como parte de su alianza para apuntalarse mutuamente en el poder.

Si bien es cierto que a partir de la presión popular y las acciones de autodefensa de nuestro PDPR-EPR, la PGR tuvo que aceptar a medias la denuncia que presentaron los familiares de nuestros compañeros, esto no libera al gobierno de Ulises ni al de Calderón de la responsabilidad de este delito. Hay que recordar que sus instituciones y funcionarios no dieron curso a las denuncias que promovieron los familiares de nuestros compañeros, el trato fue de prepotencia y amenazas a sus personas.

¿Qué se puede esperar de un gobierno en donde "aparecen" cuerpos de ciudadanos con signos de tortura y tiro de gracia y que son exhumados sin mayor trámite? ¿Qué se puede esperar de este gobierno que es amenazado por el crimen organizado por no cumplir con sus pactos? Todo puede suceder menos el esclarecimiento de la verdad, sus declaraciones recientes se dan con toda la intensión de proteger a los grupos policíacos-militares y paramilitares en donde Jorge Franco, ex secretario general de gobierno, es señalado por diferentes fuentes como cabeza de estos anticonstitucionales grupos que asesinaron y desaparecieron impunemente a participantes del movimiento magisterial popular.

Señor gobernador, su gobierno está manchado de sangre y rebasa todo cinismo, fueron decenas de asesinatos políticos cometidos por su gobierno durante las protestas del 2006-2007, si dice estar limpio de estos crímenes responda ¿Dónde está el comandante Jonás Gutiérrez detenido-desaparecido por un grupo policíaco-paramilitar? Su respuesta también la espera el pueblo de Oaxaca y sus familiares. Hacemos esta pregunta porque es un punto clave en la averiguación del paradero de nuestros compañeros, porque es conocedor físico de quienes detuvieron y desaparecieron a nuestros compañeros.

El gobierno federal es responsable de la política que determina los asesinatos a los luchadores sociales, la tortura, las desapariciones forzadas por motivos políticos, que ejecutan los gobiernos estatales con tal de recibir partidas presupuestarias extraordinarias para seguir enriqueciéndose como individuos y poder pagar a elementos importantes del ejército para que en nombre de los cacicazgos locales y empresariales como el de los Ramírez en Michoacán intimiden y torturen a los luchadores sociales. ¿Es a este tipo de incidentes a los que se refería el subsecretario de gobernación González Uyeda y que sin ningún recato han empezado para tratar de provocarnos y justificar así un baño de sangre?

Insisten en amenazar y torturar a los luchadores sociales que suponen son de nuestro partido en el país, pero sean o no, si dan continuidad a estos hechos nos veremos en la necesidad de revalorar nuestras tácticas, lo que no deseamos; porque nuestro pueblo exige dar una respuesta contundente ante la continuidad de estos agravios.

Lo advertimos, porque muchos de los gobernadores de la Conago, en sus reuniones deberían reflexionar y considerar que sus estados son blancos perfectos de acciones de respuesta de autodefensa desde el momento en que permiten que el ejército sirviendo a particulares agravien a nuestro pueblo. La misma reflexión debieran hacer los presuntos representantes de nuestro pueblo que son los diputados y senadores porque continúan siendo cómplices de todos los agravios que en el país se han suscitado.

Principalmente son estados donde gobierna la derecha en los que su política contra nuestro pueblo la han hecho en base a triquiñuelas y robo a la nación, con una conducta de doble moral, como lo han hecho Ulises Ruiz, Carlos Marín, Juan Manuel Oliva y otros que están preparando a sus policías para darles un trato bestial y fuera de toda dignidad humana a los luchadores sociales y demás gente que por accidente o por necesidad atraviesan retenes donde están militares que ya intoxicados con enervantes, porque a eso los acostumbran los mandos, por eso asesinan a gente de nuestro pueblo.

El gobierno a través de la CNDH, se lava las manos de manera sutil con el envío de tibias recomendaciones a "quien corresponda" simulando que van a acatarlas, esto lo hace como si fuera un juego para mediatizar al pueblo y darle credibilidad a su existencia, quedando claro que un organismo de ese tipo no sirve para nada. La mayoría de comisiones de derechos humanos estatales están supeditadas por temor o por dinero al ejecutivo y a los deseos de los empresarios y también actúan como la CNDH.

Tampoco necesitamos los "borregos" o supuestas filtraciones del gobierno, procuraduría o CISEN, que algunos periodistas dan por válidas, como dijimos antes, es necesario que se presente la investigación que está llevando la institución a la que le corresponde que es directamente la secretaría de gobernación a la cual está supeditada la PGR,

Si el plan del gobierno federal es mediatizar nuestra exigencia de presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros mediante argucias legaloides y falsas promesas, así como neutralizar las acciones de autodefensa con la supuesta atención a nuestra demanda está equivocado. Nuestra palabra está empeñada con el pueblo y con quienes dignamente asumieron coadyuvar en la búsqueda de nuestros compañeros, pero toda la opinión pública también sabe que el gobierno federal no se ha comprometido oficialmente a nada. Si le han apostado al olvido y a la impunidad es un grave error y esperemos que verdaderamente asuman los costos que se deriven de sus actos.

Si este es el panorama de nuestro país respecto a los derechos humanos, ¿Cómo se le ocurre a la moderna "heroína" de la ultraderecha Ingrid Betancourt después de su teatral liberación pedir que Felipe Calderón intervenga para lograr la liberación de los prisioneros de guerra que viven exactamente igual que los insurgentes farianos?, cuando que Calderón mantiene a los luchadores sociales, desaparecidos, muertos, torturados o en cárceles de exterminio, donde son humillados, torturados a más no poder, tratando de despersonalizarlos orillándolos al suicidio, mientras los guardias gozan de más privilegios entre más sadismo usen contra ellos.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!

COMITÉ CENTRAL
DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA GENERAL
DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

República Mexicana, a 13 de julio de 2008.