DE REPRESORES.

En ocho años el Ejército ha acumulado dos mil 966 quejas: Derechos Humanos
■ Acusa Soberanes que, hasta el año 2000, la comisión “hacía el trabajo sucio al gobierno”
Víctor Ballinas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que del primero de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2008 el número de quejas contra militares ascendió a 2 mil 966 (cada una puede ser por atropellos a varias garantías), y los hechos violatorios de éstos cometidos por las fuerzas castrenses fueron 6 mil 874.
Al presentar hoy ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su último informe de labores, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, destacará que el año pasado los soldados ocuparon el primer lugar en número de recomendaciones, con un total de 14.
Es largo el historial de hechos delictivos cometidos por militares contra la población civil en los últimos ocho años. Se acumularon las siguientes denuncias: 971 por cateos y visitas domiciliarias ilegales; 802 por trato cruel y degradante; 797 por ejercicio indebido de la función pública; 761 por ejercicio indebido del cargo; 708 por detención arbitraria; 433 por robo; 326 por retención ilegal, y 218 por amenazas, subraya la CNDH.
En la numeralia también hay 52 quejas por violaciones a los derechos de migrantes; 64 por ataques a la propiedad privada; 51 por atropellos al derecho a la vida; 44 por desaparición forzada; 35 por tortura; 22 por violación a garantías de indígenas; 10 por extorsión; nueve por violación; cinco por abuso sexual, y una por violar derechos de niños, entre muchas otras.
En el informe que Soberanes Fernández presentará dará cuenta de que durante 2008 se elaboraron 5 mil 921 expedientes de queja, en los cuales la Sedena ocupó el primer lugar con 633; el Instituto Mexicano del Seguro Social, segundo, con 478, y la PGR, tercero, con 303.
Destacan hechos de 2008: mil 170 casos de ejercicio indebido de la función pública; 755 por negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud; 731 por cateos y visitas domiciliarias ilegales; 655 por detención arbitraria, y 588 por trato cruel.
Además informará que en mil 431 expedientes de queja “existió violación a derechos”. Enfatizará que la Sedena ocupó el primer sitio en número de recomendaciones, con 14, de las 67 que emitió a diversas dependencias, autoridades, gobiernos y funcionarios.
En entrevista, el ombudsman nacional insistió: “la impunidad y corrupción imperantes son cánceres que están corroyendo a la sociedad” y el principal problema por el que persisten los atropellos a las garantías básicas.
Soberanes Fernández expresó ante reporteros que “sin duda hay que reconocer que en estos 10 años (al frente de la CNDH) hubo avances y retrocesos en la materia. Delitos que se creía pertenecían al pasado volvieron a presentarse y se recrudecieron, entre ellos desapariciones forzadas, torturas, detenciones ilegales y ejecuciones”.
Al hacer un recuento de su labor al frente de la comisión, reveló: “cuando entré, ésta era una dependencia de Gobernación y su trabajo estaba muy subordinado al gobierno federal. Cuando llegué, encontré varios expedientes perdidos que tenían que ver con asuntos delicados. Aquí se le hacía el trabajo sucio al gobierno.
“A mí me tocó una etapa de autonomía, y lo que me ayudó muchísimo fue la transición democrática. Me tocó otro nivel de diálogo. Si la bandera del nuevo gobierno en 2000 era la democracia, entonces el discurso de derechos humanos era parte de su discurso político.”
El ombudsman nacional reconoció que uno de sus errores “fue no ser políticamente correcto. A lo mejor, si lo hubiera, había sido terso. Fui un poco salvaje. Pero como decía aquella viejita, ‘no me importa que me digas perro, sino el perro modo en que me lo dices’”.
Durante la entrevista, Soberanes Fernández se muestra contento. Se expresa de modo coloquial. Cuando se le pregunta qué sigue después de la CNDH, responde: “No me hago ilusiones. Hay una frase española que luego me mal interpretan. Lo digo en sentido español: no me hago puñetas mentales”. Ríe y abunda: “Empezar a decir yo soy el gran defensor de los derechos humanos, el gran jurista, n’ombre. Lo que procuro decir por salud mental es que lo único que tengo es una plaza de tiempo completo en la UNAM, a la cual regresaré”.
Medina Mora, “cuhillito de palo”
De su relación con la PGR, dice: “La actitud del procurador es muy difícil respecto a nosotros. Cuando entró, optó porque no le importaba la comisión. No nos hacía caso. Él heredó cosas de la administración pasada, como el acoso que ministerios públicos hacían contra nosotros. Yo le pedía que pusiera orden, pero en lugar de ello, desde la procuraduría, los alentaban para que siguieran fastidiando. Luego vino la etapa de la ignorancia, en la cual nos negaban los expedientes y rechazaban las recomendaciones. Después la de los ataques. Por último, de la actitud de ignorarnos se pasó a la agresión. Medina Mora, como dicen, es mátalas callando, cuchillito de palo. No le gusta lo que hacemos”.
El titular de la CNDH sostiene: “con el gobierno hubo distanciamiento porque hacíamos nuestro trabajo. Si hubiésemos sido complacientes, tapaderas o alcahuetes, habríamos tenido una magnífica relación, pero nuestros nexos son ríspidos y hasta violentos”.
–Con la llegada de este gobierno, ¿notó algún cambio en el respeto a los derechos humanos?
–Con el gobierno de Fox tuvimos salida de caballo y llegada de burro. Fox hablaba de ellos, pero a la hora de la verdad no hubo tal.

Hermana del góber precioso, a San Lázaro
LA REDACCIóN
MÉXICO, DF, 26 de enero (apro).- Julieta Marín Torres, hermana del góber precioso Mario Marín, registró hoy ante el PRI estatal su precandidatura a una diputación federal por el distrito 16, con cabecera en el municipio poblano de Ajalpan. En entrevista, la hermana del gobernador poblano negó aprovecharse de la posición de su hermano y destacó que ella es militante del PRI desde 1968, tiempo en el cual ha hecho un importante trabajo por el estado.Acompañaron a Julieta Marín Torres en su registro su padre Crecensio Marín y Mario Marín García, hijo mayor del gobernador.Hasta el momento ella es la única aspirante inscrita por el distrito de Ajalpan, por lo que confió en lograr la candidatura priista de cara a los comicios del 5 de julio.El gobernador de Puebla ya tiene un hermano como diputado local, se trata de José Enrique Marín Torres, legislador por el distrito local 13, con cabecera en Tepeji de Rodríguez, y quien actualmente preside la Comisión de Migración.


Nieto de Elba Esther, próximo diputado federal
LA REDACCIóN
MÉXICO, D.F., 23 de enero (apro).- La presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, comenzó a mover sus piezas en el tablero político nacional y, por lo pronto, aseguró una curul en la Cámara de Diputados a uno de sus descendientes.Se trata de su nieto, René Fujiwara Montelongo, quien figura en el primer lugar de la lista de candidatos plurinominales del Panal que contenderá en las elecciones del próximo 5 de julio.El joven de 24 años de edad es hijo de la diputada federal por el Panal, Maricruz Montelongo Gordillo y de René Fujiwara Apodaca, quien actualmente es director de Atención al Derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), uno de los bastiones de Elba Esther en el gobierno de Felipe Calderón.El actual director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, es un expriista incondicional de la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).Fujiwara Montelongo es presidente de la organización Alianza Joven, filial del Panal. Desde esa posición, se ha encargado de promover proyectos y programas de becas y salud, entre otros, para que los jóvenes se afilien al partido.El pasado 11 de octubre, en Hermosillo, Sonora, durante el 26 Consejo Nacional Extraordinario del SNTE, Gordillo pidió a los secretarios generales del sindicato no escatimar el apoyo a los programas y proyectos de su nieto Fujiwara Montelongo.Debido a que figura en el primer lugar de la lista de candidatos plurinominales, el nieto de Gordillo Morales prácticamente tiene asegurado un lugar en la Cámara de Diputados.

El gobierno, cómplice en siembra ilegal de maíz transgénico, acusan
■ En forma deliberada, autoridades permiten la entrada del grano a México y su cultivo, apuntan
■ Falta coordinación entre las instituciones responsables de la bioseguridad nacional, afirman
Angélica Enciso L.
Organizaciones campesinas y ecologistas presentaron ayer una denuncia ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) –organismo trinacional formado en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte–, al señalar que el gobierno federal incumplió la legislación al permitir la siembra y el ingreso de maíz transgénico en Valle de Cuauhtémoc, Chihuahua.
En conferencia de prensa, informaron que se ha documentado la presencia en esa entidad de 23 razas de maíz criollo y dos de teocintle, pariente silvestre del maíz, de acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Ecología y la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, organismos desconcentrados de la Secretaría de Medio y Recursos Naturales (Semarnat).
En noviembre pasado, expertos del Instituto de Ecología de la UNAM divulgaron en la revista científica Molecular Ecology un estudio en el que confirmaron la rápida dispersión y a largas distancias de los transgenes, de un sembradío donde hay a otros donde no existen, lo cual ya ocurrió en la sierra Juárez de Oaxaca, centro de origen del grano.
Ante ese riesgo y para proteger la diversidad de maíz mexicano, El Barzón, el Frente Democrático Campesino (FDC), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Greenpeace han presentado en México diferentes recursos jurídicos, ninguno de los cuales ha prosperado.
El gobierno federal ha actuado “en complicidad” con Monsanto, empresa productora de maíz transgénico, y en forma deliberada ha permitido la entrada a México de ese grano y su cultivo, señaló Víctor Quintana, del FDC.
Agregó que esa firma tiene una estrategia de promoción de transgénicos por medio de la invitación a campesinos para asistir a ferias en granjas estadunidenses. “Hay complicidad de todas las autoridades”, señaló.
Las organizaciones explicaron que acudieron ante la CCA debido a que han agotado todas las instancias nacionales para exponer y denunciar este caso de contaminación transgénica.
Expusieron que las autoridades han violado las leyes General del Equilibrio Ecológico, de Protección Ambiental y de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, así como el Código Penal Federal y el Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología.
Quintana consideró que la omisión en la vigilancia y el incumplimiento de las leyes por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Semarnat, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y la PGR también constatan que hay “descoordinación entre los responsables de la bioseguridad en México e incapacidad para hacer muestreos adecuados. A la fecha no han integrado satisfactoriamente las averiguaciones previas ni la denuncia popular presentada por la contaminación del maíz en Chihuahua”.
Pidieron a la CCA integrar un expediente de hechos ante la falta de aplicación efectiva de la legislación mexicana y “dada la existencia de un patrón sistemático de siembras ilegales de maíz transgénico en Chihuahua, sin que las autoridades federales las detengan o sancionen”.
Desde hace 15 meses se tramitó la primera denuncia de hechos por el riesgo de contaminación transgénica en esa entidad, señaló Aleira Lara, de Greenpeace. No se han fincado responsabilidades ni impuesto sanciones o multas, acusó.
“Tampoco han detenido a los probables responsables, y no tenemos información de que las autoridades federales y locales hayan ordenado medidas de emergencia ni planes para revertir los casos de contaminación provocada por maíces transgénicos de Monsanto en la región”, aseveró por su parte Gabino Gómez Escárcega, de El Barzón Chihuahua.

Dos conceptos de familia
MARTA LAMAS
La familia es el espacio del amor y la solidaridad. También el de la violencia y el incesto. ¿Cómo preservar el sentido positivo de las familias y desactivar sus aspectos negativos? Dos visiones distintas sobre esta institución vital se expresaron hace unos días: el Congreso Mundial sobre la Familia y el seminario Familias en el Siglo XXI: Realidades Diversas y Políticas Públicas, de El Colegio de México. Ambas posturas parten de reconocer una pluralización de las formas familiares: uniones de hecho; madres solteras; lesbianas y homosexuales que se establecen como matrimonios; personas solas que adoptan niños; grupos de tres, cuatro o más amistades que viven juntas, etcétera. Mientras de un lado se teme una “degeneración” y se alerta contra dicha amenaza, del otro se acepta esta variedad como resultado inevitable tanto de los cambios culturales que introduce la modernidad globalizada como de la crisis económica que estructura nuevas maneras de sobrevivencia. Ambas posiciones lamentan el descuido en la atención a los miembros dependientes en las familias (niños, adolescentes, viejos, enfermos o discapacitados), pero también difieren respecto a la causa de este déficit: para una, la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado, que les impide hacerse cargo bien del cuidado familiar; para la otra, el Estado no asume las consecuencias de la incompatibilidad que viven hoy las mujeres entre su papel tradicional y sus nuevas exigencias como ciudadanas y trabajadoras.La indiferencia del Estado frente a las necesidades del cuidado familiar se expresa en la acuciante falta de guarderías y de centros de atención pública a enfermos y ancianos, que cargan de trabajo a las mujeres. Esta situación genera desigualdades de todo tipo e impulsa una insatisfacción creciente en ambos sexos. Hoy en día el conflicto principal entre mujeres y hombres tiene que ver con la manera inequitativa en que se reparten las responsabilidades del trabajo y la familia. Si no se concilia la vida familiar con la laboral no se van a conciliar mujeres y hombres. Por eso, más que suspirar nostálgicamente por un pasado que no volverá, hay que reducir la desmedida exigencia laboral, que introduce tensiones y desgasta a las familias. Requerimos otro arreglo social respecto a las familias, lo que difícilmente se puede lograr sin políticas públicas. Necesitamos tomar en serio el tema del trabajo doméstico, pues la manera en que éste se resuelve es central para armonizar el trabajo y la vida familiar. Urgen instancias públicas que aligeren mucho del trabajo doméstico y que faciliten el cuidado de los dependientes; modificaciones en las normas laborales para hacerlas más flexibles (“amigables”) con el papel que en sus familias desempeñan los trabajadores, hombres y mujeres; y una compatibilización de los horarios escolares y laborales. Hace rato que organismos internacionales, organizaciones feministas y grupos de la sociedad civil proponen acciones y políticas para armonizar familia y trabajo. Como la ausencia de esquemas más compartidos para el cuidado es un impedimento para la práctica de una ciudadanía social plena, ha surgido la propuesta de redefinir la ciudadanía incluyendo el cuidado familiar. Dado que para ser igualitaria la ciudadanía debe otorgar a todos los mismos derechos y exigir las mismas obligaciones, es crucial que las labores “femeninas” de cuidado familiar se vuelvan “neutrales”, como ya ha ocurrido con las labores públicas que antes se consideraban “masculinas”. En la práctica eso significa que los hombres se tienen que igualar a las mujeres respecto a la obligación humana esencial de cuidar a los seres vulnerables. Esto, junto con la imprescindible provisión de bienes y servicios a cargo del Estado para la sostenibilidad familiar de la ciudadanía.En una sociedad igualitaria todos deberían tener tiempo y condiciones para cuidar y para ser cuidados. Esto implica una profunda reestructuración social; en especial, una transformación radical de los sistemas de seguridad social. Por eso, de momento, la viabilidad de esta propuesta parece circunscrita a países desarrollados y prósperos, con ciudadanos que pagan impuestos y mecanismos eficientes de control fiscal. Sin embargo, es necesario debatir esta idea públicamente, dentro de los partidos, en los medios de comunicación y con quienes diseñan políticas públicas. Para tener mejores familias, o sea más solidarias y equilibradas, es indispensable definir nuevas obligaciones estatales, que garanticen el bienestar colectivo con respeto a la autonomía personal. Sólo así se fortalecerá el tejido social. El desafío es claro: mujeres y hombres deberían invertir más equitativamente su tiempo y energías en el trabajo, la participación cívica y el cuidado humano. Precisamente ese es el meollo de la “crisis” de la familia: que los seres humanos laboran, participan políticamente y cuidan a sus dependientes de manera desigual. Y a estas alturas de la vida, esto es no sólo absolutamente injusto, sino patentemente inoperante, a juzgar por el lamentable estado de abandono y descuido en que se encuentra la mayoría de las familias