CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑA
14 feb 2009
Suspensión provisional a 60 personas vs reemplacamiento
Sayra Cruz
Alrededor de 60 personas recibieron de la justicia federal una suspensión provisional, que los protege de no pagar el canje de placas (reemplacamiento), hasta que se dé una controversia constitucional y la resolución de la misma. El Movimiento Vial Ciudadano, dijo que ayer se cumplió con la fecha permitida para interponer amparos con el objetivo de evitar el cobro de este impuesto que es ajeno a la Norma Oficial nacional, con la cual pretenden escudarse. Lucila Fernández Ruiz, integrante del movimiento y en contra del programa estatal, sostuvo que existe inconformidad porque los ciudadanos están renuentes a pagar por el canje de las placas como lo dispuso la autoridad estatal. En este caso, ella participará en la campaña casa por casa, una serie de visitas domiciliarias y la colocación de módulos de información las cuales encabezará la asociación y el Partido Convergencia, dentro de la resistencia civil pacífica en contra del reemplacamiento. Además colocarán módulos de información en diferentes puntos de la ciudad en donde se dé a conocer el por qué los ciudadanos no deben pagar este concepto; las actividades darán inicio a las 11 horas del domingo 15 de febrero. En el recorrido que realizarán estarán a las 14 horas en el fraccionamiento Zaachila, al poniente de la ciudad, posteriormente en Viguera, en Volcanes y en el Infonavit, dando información a las personas que lo solicitaron. Por su lado, Mario Mendoza Flores, dirigente estatal del partido naranja, calificó como “un capricho”, del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el seguir con este programa, cuando por norma oficial Oaxaca no está obligada a realizar este canje. En el recuento, 60 personas han logrado la suspensión provisional del pago de placas, por lo cual, hasta que se dé una determinación final, ellos podrán seguir circulando sin cubrir este pago que supera los 500 pesos. Ayer concluyó el plazo para la interposición de los amparos, y cabe recordar que el magisterio también interpuso un paquete de al menos 80 casos que pretenden la protección de la justicia federal.
Alrededor de 60 personas recibieron de la justicia federal una suspensión provisional, que los protege de no pagar el canje de placas (reemplacamiento), hasta que se dé una controversia constitucional y la resolución de la misma. El Movimiento Vial Ciudadano, dijo que ayer se cumplió con la fecha permitida para interponer amparos con el objetivo de evitar el cobro de este impuesto que es ajeno a la Norma Oficial nacional, con la cual pretenden escudarse. Lucila Fernández Ruiz, integrante del movimiento y en contra del programa estatal, sostuvo que existe inconformidad porque los ciudadanos están renuentes a pagar por el canje de las placas como lo dispuso la autoridad estatal. En este caso, ella participará en la campaña casa por casa, una serie de visitas domiciliarias y la colocación de módulos de información las cuales encabezará la asociación y el Partido Convergencia, dentro de la resistencia civil pacífica en contra del reemplacamiento. Además colocarán módulos de información en diferentes puntos de la ciudad en donde se dé a conocer el por qué los ciudadanos no deben pagar este concepto; las actividades darán inicio a las 11 horas del domingo 15 de febrero. En el recorrido que realizarán estarán a las 14 horas en el fraccionamiento Zaachila, al poniente de la ciudad, posteriormente en Viguera, en Volcanes y en el Infonavit, dando información a las personas que lo solicitaron. Por su lado, Mario Mendoza Flores, dirigente estatal del partido naranja, calificó como “un capricho”, del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el seguir con este programa, cuando por norma oficial Oaxaca no está obligada a realizar este canje. En el recuento, 60 personas han logrado la suspensión provisional del pago de placas, por lo cual, hasta que se dé una determinación final, ellos podrán seguir circulando sin cubrir este pago que supera los 500 pesos. Ayer concluyó el plazo para la interposición de los amparos, y cabe recordar que el magisterio también interpuso un paquete de al menos 80 casos que pretenden la protección de la justicia federal.
Sin protección, el Periodismo en Oaxaca:
Sayra Cruz
[01:46] Oaxaca es uno de los estados más vulnerables a la agresión contra periodistas y en este panorama, el Estado sigue incumpliendo con el deber de garantizar la libertad de expresión, situación que se refleja en la impunidad que se da en los casos, dijo ayer Gabriela Morales Martínez, de la Oficialía de Programa de Acceso a la Información de Artículo 19. La organización cuya sede estén en Londres, propone que haya una legislación que proteja el derechos a la libertad de expresión, así también que la Procuraduría General de la República (PGR) tenga facultades de conocer los delitos contra periodistas, y fortalecer a la Fiscalía Especializa para la protección de los trabajadores de los medios de comunicación. Abundó que la sugerencia es que los grupos de los medios de comunicación, “estén unidos que haya seguridad, que se comuniquen que estén relacionadas con las redes de protección como Centro Nacional de Comunicación Social, Asociación Mundial de Radios Comunitarias para acudir y pedir apoyo”. La responsabilidad es del Estado, el garantizar el libre ejercicio periodístico, pero también garantizar desde el lado institucional que no haya impunidad en el caso de los periodistas que han sido agredidos, “esta no se está cumpliendo”, sostuvo. Consideró necesario y urgente la creación de órganos de legislación, primero un marco jurídico, que proteja el derechos a la libertad de expresión, en este sentido Article 19 ha promovido que la PGR tenga facultades de conocer los delitos y en otro trabajo fortalecer a la Fiscalía Especializa para la Protección de Periodistas, “esta ya existe pero hay que peinarla, darle los dientes, recursos”. Oaxaca es uno de los estados más vulnerables, y en ese sentido diferenció las situaciones, “las mujeres viven las agresiones de diferentes maneras, en ella se relaciona con su familia, hijos con su cuerpo, cosa que no ocurre con un hombre”. En este sentido, aun cuando la agresión está marcada en ciertos periodistas con fuentes determinadas como quienes cubren los recursos del estado, policíacas, las fuentes de gobierno entre otras, la mayoría está en riesgo de ser víctima de agresiones, dijo. “Ya son presas de agresiones, ya forman parte de estas estadísticas”. En cuanto a la libertad de expresión, dijo que pese a contar con la Ley de Acceso a la Información considerada como mejor en términos constitucionales, incumple en los estándares internacionales y nacionales. En este sentido, incumple en regular a los partidos y sindicatos, “Oaxaca no logró incluirlos como sujetos directos, así como el otro punto es la designación de los comisionadas que todavía es por el órgano del Poder Ejecutivo, con lo cual se puede decir que no hay pluralidad”. Consideró importante regular a todos aquellos que cuenten con recursos públicos. Gabriela Morales, de la Oficialía de Programa de Acceso a la Información de Artículo 19, estuvo en la entidad para participar con el Instituto de Acceso a la Información Pública, en el diplomado que impulsó en los servidores públicos, jueces, periodistas y esta instancia que lleva un trabajo de 20 años, está coadyuvando con su experiencia en el ámbito internacional.
[01:46] Oaxaca es uno de los estados más vulnerables a la agresión contra periodistas y en este panorama, el Estado sigue incumpliendo con el deber de garantizar la libertad de expresión, situación que se refleja en la impunidad que se da en los casos, dijo ayer Gabriela Morales Martínez, de la Oficialía de Programa de Acceso a la Información de Artículo 19. La organización cuya sede estén en Londres, propone que haya una legislación que proteja el derechos a la libertad de expresión, así también que la Procuraduría General de la República (PGR) tenga facultades de conocer los delitos contra periodistas, y fortalecer a la Fiscalía Especializa para la protección de los trabajadores de los medios de comunicación. Abundó que la sugerencia es que los grupos de los medios de comunicación, “estén unidos que haya seguridad, que se comuniquen que estén relacionadas con las redes de protección como Centro Nacional de Comunicación Social, Asociación Mundial de Radios Comunitarias para acudir y pedir apoyo”. La responsabilidad es del Estado, el garantizar el libre ejercicio periodístico, pero también garantizar desde el lado institucional que no haya impunidad en el caso de los periodistas que han sido agredidos, “esta no se está cumpliendo”, sostuvo. Consideró necesario y urgente la creación de órganos de legislación, primero un marco jurídico, que proteja el derechos a la libertad de expresión, en este sentido Article 19 ha promovido que la PGR tenga facultades de conocer los delitos y en otro trabajo fortalecer a la Fiscalía Especializa para la Protección de Periodistas, “esta ya existe pero hay que peinarla, darle los dientes, recursos”. Oaxaca es uno de los estados más vulnerables, y en ese sentido diferenció las situaciones, “las mujeres viven las agresiones de diferentes maneras, en ella se relaciona con su familia, hijos con su cuerpo, cosa que no ocurre con un hombre”. En este sentido, aun cuando la agresión está marcada en ciertos periodistas con fuentes determinadas como quienes cubren los recursos del estado, policíacas, las fuentes de gobierno entre otras, la mayoría está en riesgo de ser víctima de agresiones, dijo. “Ya son presas de agresiones, ya forman parte de estas estadísticas”. En cuanto a la libertad de expresión, dijo que pese a contar con la Ley de Acceso a la Información considerada como mejor en términos constitucionales, incumple en los estándares internacionales y nacionales. En este sentido, incumple en regular a los partidos y sindicatos, “Oaxaca no logró incluirlos como sujetos directos, así como el otro punto es la designación de los comisionadas que todavía es por el órgano del Poder Ejecutivo, con lo cual se puede decir que no hay pluralidad”. Consideró importante regular a todos aquellos que cuenten con recursos públicos. Gabriela Morales, de la Oficialía de Programa de Acceso a la Información de Artículo 19, estuvo en la entidad para participar con el Instituto de Acceso a la Información Pública, en el diplomado que impulsó en los servidores públicos, jueces, periodistas y esta instancia que lleva un trabajo de 20 años, está coadyuvando con su experiencia en el ámbito internacional.
