¿LA CORTE, QUE INTERESES REPRESENTA?
10 feb 2009
La Corte inicia una discusión light del dictamen sobre el caso Atenco
■ No se prevé un señalamiento sobre probables responsabilidades civiles, penales, políticas o administrativas, ni reparación de daño a víctimas
■ Ninguna mención sobre presos del FPDT
Jesús Aranda
En medio de grandes expectativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comienza hoy la discusión pública del caso San Salvador Atenco, en la que no se prevé que el pleno se refiera a formas de reparación de las “violaciones graves a las garantías individuales” cometidas por autoridades estatales y federales, como tampoco un señalamiento expreso sobre probables responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas de los involucrados.
De acuerdo con información obtenida en el máximo tribunal, los 11 ministros centrarán su labor en identificar el cargo y nombre de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal y de la Agencia Estatal de Seguridad y Procuraduría del estado que hubieran violado gravemente las garantías, pero nada más.
El dictamen que discutirán tampoco hace referencia alguna a los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que aún se encuentran presos y que fueron sentenciados por la justicia mexiquense con un rigor que llama la atención, como es el caso de Ignacio del Valle, quien está en el penal de máxima seguridad del Altiplano, con una condena de 112 años de prisión.
Tampoco plantea el documento que los ministros aprueben un pronunciamiento concreto sobre la reparación de daños a las víctimas, por considerar que el Estado mexicano estaría obligado a hacerlo de acuerdo con el compromiso asumido ante instancias internacionales.
Trascendió que ante lo limitado de los alcances del resolutivo que adopte la Corte sobre los hechos violentos que provocaron dos muertos (Alejandro Benumea y Javier Cortés Santiago), más de 200 detenciones (31 de las mujeres denunciaron agresiones sexuales a manos de los policías mexiquenses durante su aprehensión y traslado al penal de Santiaguito), el pleno centrará su atención en demostrar la necesidad de que los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión y del estado de México aprueben reglamentos y protocolos sobre el uso de la fuerza pública para evitar que a nivel local y nacional se repitan abusos policiacos en contra de la sociedad.
A pesar de que el texto documenta suficientemente la existencia de agresiones sexuales en contra de mujeres –mexicanas y extranjeras– en Atenco, al final el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo señala que las averiguaciones están en proceso y que corresponde a las autoridades locales sancionar a los responsables.
Ello a pesar de que en el dictamen elaborado por el ministro Gudiño se expresa que los días 3 y 4 de mayo de 2006 fueron violados gravemente los derechos constitucionales a la vida, la integridad de la persona, libertad sexual, no discriminación por género, inviolabilidad del domicilio, libertad personal, de debido proceso, trato digno a los detenidos y derecho a la justicia. El documento se limita a “identificar” el cargo y nombre de los funcionarios que participaron en los hechos.
Cabe señalar que en el texto se menciona la reunión que sostuvieron la noche del 3 de mayo mandos policiacos estatales y federales para analizar la situación en San Salvador Atenco, la cual estuvo encabezada por el actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. A pesar de ello, el documento no atribuye responsabilidad alguna a nadie.
Es más, el texto de 924 cuartillas –de acuerdo con la versión pública del dictamen que fue subido a la página de Internet de la Corte– reconoce que, a pesar de haberle solicitado a la Agencia de Seguridad Estatal los nombres y cargos de los policías que participaron en la detención de mujeres y que las escoltaron desde su detención hasta su llegada al penal, ésta argumentó no tener esos datos.
En cambio, el dictamen de la SCJN –que recoge el sentir de la mayoría de los ministros– señala “omisiones legislativas” en materia de uso de la fuerza pública, que se traducen en carencias y deficiencias con que operan los cuerpos de seguridad; la inexistencia de legislación sobre el uso de la fuerza pública, a nivel legal y reglamentario y la inexistencia de protocolos en materia de policía que permitan prever y automatizar acciones y reacciones de los cuerpos de seguridad y sus elementos.
Esos problemas, enfatiza el texto, tienen alcance nacional y por lo mismo generan un estado delicado de vulnerabilidad de las personas frente al Estado.
El proyecto de la Corte sobre Atenco puede otorgar impunidad a funcionarios
■ De aprobarse como está favorecería a Peña Nieto y Medina Mora, entre otros: Bárbara Zamora
■ Se deja la responsabilidad a policías mal instruidos e incompetentes, sostiene la abogada
Alfredo Méndez y Víctor Ballinas
La abogada Bárbara Zamora, representante legal de varias de las personas que fueron detenidas durante los operativos policiacos de San Salvador Atenco, efectuados en mayo de 2006, y una de las promoventes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que desde el máximo tribunal se investigara a las autoridades federales y estatales que ordenaron y participaron en esas acciones, sostuvo en entrevista que “de aprobarse como está el proyecto de resolución que comenzará a discutirse por el pleno de ministros este lunes, la Corte estaría otorgando una carta de impunidad”.
Tal como está el proyecto elaborado por uno de los 11 ministros, “terminaría por protegerse al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, así como a Miguel Ángel Núñez, Humberto Benitez Treviño, Héctor Guevara Ramírez, Eugenio Alonso Chombo, Irineo Monroy, Abel Villicaña, Sergio Macedo López, Alberto Castrejón Muñoz, Hipólito Treviño Licea, Natividad Carrera Santiago, Nazario Gutiérrez Martínez, Wilfrido Robledo, Ardelio Fosado, Gudmero Rodríguez Leyva y a más de 3 mil policías federales, estatales y municipales, todos ellos participantes en las graves violaciones a los derechos humanos que la Corte constató en su investigación”.
Por su parte, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) destacó que el dictamen del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, en caso de aprobarse como está, “omite una conclusión que limita el alcance de la declaración y favorece la impunidad a los altos funcionarios federales y estatales, al decir que esas violaciones graves no obedecieron a una estrategia estatal, por no haberse demostrado instrucciones expresas y órdenes ilícitas de altos funcionarios, dejando toda la responsabilidad a la libre voluntad de unos policías mal instruidos e indisciplinados.
“Esto contrasta con el hecho de que la propia comisión investigadora determinó que el 3 de mayo de 2006, por la noche, se reunieron Enrique Peña Nieto, Wilfrido Robledo, Abel Villicaña, Humberto Benítez Treviño, Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Miguel Angel Yunes para definir el operativo Rescate Atenco, lo que implica una planeación y dolo para aterrorizar a la población y tratar de exterminar al FPDT.”
En tanto, Zamora, que encabeza el despacho jurídico Tierra y Libertad, puntualizó que “a pesar de que el proyecto señala a los funcionarios que están involucrados en los delitos cometidos en contra de más de 200 ciudadanos detenidos con motivo de esos hechos, como son homicidios, violaciones sexuales, lesiones que ponen en peligro la vida, detenciones arbitrarias, robos, cateos ilegales y tortura, no hay pronunciamiento alguno respecto a la sanción penal, civil, administrativa y política que corresponde a cada funcionario según su grado de participación”.
Asimismo, Zamora indicó en un comunicado que el ministro ponente, José de Jesús Gudiño, “aduce que la Corte no tiene facultades para determinar la responsabilidad de los mencionados funcionarios; sin embargo, esto es falso, en virtud de que la propia Corte había determinado en febrero de 2007, en el pleno, que la investigación tendría también como objetivo hacer llegar a las autoridades competentes su opinión sobre las formas de reparación de la violación de las garantías, ya sean jurídicas o civiles, así como también, en su caso, la opinión sobre posibles responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas. Por lo que esta decisión del pleno implicaba la facultad de la Corte de pronunciarse respecto de las responsabilidades de los funcionarios”.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra señaló que con la publicación del dictamen que se discutirá esta semana, “omitiendo los nombres de las víctimas, autoridades y policías, así como el no incorporar los puntos resolutivos de la declaración, no se protege a los agraviados, porque nuestras denuncias han sido públicas; por el contrario, se despierta la sospecha de la impunidad para los altos funcionarios, cuya responsabilidad parece consistir –según este dictamen– en excederse en el uso de la fuerza y no como violadores de derechos humanos, dejándoles la responsabilidad política en la reglamentación posterior”.
Astillero
Julio Hernández López
■ La Suprema, Corta de Justicia
■ Resolución Chimoltrufia
■ Atenco: salvar a Peña Nieto
El mundillo de los expedientes y las formalidades ha sido convertido en el caso Atenco en tapaojos de lujo por los miembros (con las sabidas excepciones de los ministros Genaro Góngora Pimentel y Ramón Cossío Díaz) de una Corte corta que se autodefine como Suprema en función de su lazo políticamente consanguíneo con lo superior, la elite, las altitudes del poder. Comedia de enredos en que ciertos personajes de vestimentas ceremoniales aparecen supuestamente sabios, ceñudos, solemnes e infranqueables, para recitar pasajes jurídicos varios y pre- sentar argumentos de supuesta convicción formal para convencer a una sociedad, justificadamente escéptica, de que los directamente responsables de la barbarie cometida en mayo de 2006 no son los jefes políticos y administrativos supremos, sino los mandos policiales incontrolados. La Doctrina Chimoltrufia emitida entre togas y maderas finas: como dicen los máximos jurisperitos oficiales que sí hubo violaciones graves a los derechos humanos, también dicen que no hay por qué llegar a niveles tan presidenciablemente altos, surcados por Quiques Gaviotones influyentes y pajarracos adjuntos, como el almirante Wilfrido Robledo o el entonces gran jefe Pefepo Ardelio Vargas (luego aparecido con igual aureola represiva en Oaxaca, quien ahora busca ser diputado priísta por la heroica Puebla del góber pernicioso).
Atenco es una dolorosa confirmación de que la realidad palpitante (incluso televisada) puede ser diluida en cuanto entra al proceso de falsificaciones institucionales llamado “justicia”. Centenares de ciudadanos mexicanos fueron víctimas de un excesivo uso de la fuerza pública y el saldo por todos conocido consistió en muertos, heridos, secuestrados, desaparecidos y perseguidos en su propio país (como América del Valle). Los días terribles de Atenco (no sólo los dos en que la Corte pretende centrar sus indagaciones, sino los posteriores; en realidad, hasta la fecha) significaron el terrible y escandaloso abatimiento del largamente cacareado estado de derecho: asesinatos, agresiones directas a personas indefensas, detenciones sin orden judicial ni flagrancia en la comisión de delitos, agresiones sexuales a mujeres, allanamiento de moradas, torturas y el encarcelamiento en centros de alta seguridad de los líderes del movimiento social y su penalización insostenible, con una sentencia cuya dimensión refleja el interés de castigar ejemplarmente a dirigentes no manipulables. Sentencia desproporcionada y dolorosamente irónica si se le contrasta con el diario deambular impune de las bandas de criminales extremos, con credenciales oficiales y sin ellas, que han sumido al país en un baño de sangre y han instalado una auténtica ley de la selva (el término fue usado ayer por el ministro Góngora), sin autoridad que valga, sin leyes que sean respetadas y sin justicia para nadie.
¿Estado de derecho, legalidad, justicia?
Ayer mismo, para no ir tan lejos, fue baleada la casa del director del diario sinaloense El Debate de Guasave, Moisés García Castro, en una más de las acciones violentas contra el periodismo mexicano que se despliegan desde ese monstruo bicéfalo que forman el narcotráfico y el aparato policiaco-militar. De inmediato comenzó la farsa de las investigaciones (si el asunto creciera, hasta podría ser nombrada una comisión de la Suprema Corta de Vista, o Visible a partir de una Corta, para que indagara a fondo y emitiera algún proyecto de dictamen que luego los Hombres de Negro votarían para decir que sí, pero siempre no, o que sí hubo violaciones, pero tantitas y por culpa de mínimas ánimas anónimas). En Chihuahua, la capital de la entidad más dañada por la guerra oficial de reacomodo del negocio del narco, arrojaron un par de granadas, que no estallaron, a las oficinas de la subprocuraduría estatal de “justicia”. Todo en el contexto del profundo deterioro de esa institucionalidad caricatural, en la más completa colusión de gobernantes, funcionarios y presuntas fuerzas del orden con los grupos de criminalidades múltiples que compran, doblegan y, en caso de traición, exterminan a las instancias que deberían procurar o suministrar justicia.
Lágrimas y risas en el país llamado Estamos Hundidos Mexicanos, con el profeta del desastre redituable, Carlos Slim, que retoma la estafeta del catastrofismo, estigmatizada por el gerente general de Calderolandia, Felipe el Tristemente Optimista, y suelta dosis preventivas de realismo para que pueda ser entendida la gravísima dimensión de la crisis en curso, misma que irá más allá de los catarritos previstos por el antes alegre Carstens y de las pretensiones de falsa ecuanimidad e infantil fanfarronería de su jefe Calderón. En medio de la tempestad económica, el Poder Televisor de la Federación sigue vacilándose a quienes creen tener poder electoral, los muñequitos que los partidos impusieron como condicionados consejeros del IFE. Primero fue el exceso de propaganda, en paquete y en momentos intencionalmente seleccionados para causar irritación social; ahora fue la abstinencia contrastante. Primero todos, luego nada. El juego del gato programador con el ratón dizque regulador.
Y, por si fuera poco, que dice el obispo de Celaya, Lázaro Pérez, que no es para tanto el argüende armado porque policías habían detenido a monjas y las habrían desnudado en Dolores Hidalgo. Tales abusos no merecen rechazo ni enojo de los jerarcas del rito que es mayoritario en México, pues las mujeres “son unas farsantes, ladronas y sinvergüenzas”; “sí son monjas, de algún modo, pero pertenecen a la congregación de monseñor Marcel Lefebvre, obispo tradicionalista”. En la ruda pelea por el mercado religioso, el poseedor de la franquicia católica en la tierra de las cajetas desdeña a la competencia, pues “pertenecen a un grupo sectario”.
Y, mientras el general secretario Galván llama a la unidad nacional, ¡hasta mañana, con Calderón tratando de abrir las puertas de los fondos de crédito y ahorro del IMSS y el Infonavit para que el desempleo consuma desde ahora el de por sí maltrecho futuro!
■ No se prevé un señalamiento sobre probables responsabilidades civiles, penales, políticas o administrativas, ni reparación de daño a víctimas
■ Ninguna mención sobre presos del FPDT
Jesús Aranda
En medio de grandes expectativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comienza hoy la discusión pública del caso San Salvador Atenco, en la que no se prevé que el pleno se refiera a formas de reparación de las “violaciones graves a las garantías individuales” cometidas por autoridades estatales y federales, como tampoco un señalamiento expreso sobre probables responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas de los involucrados.
De acuerdo con información obtenida en el máximo tribunal, los 11 ministros centrarán su labor en identificar el cargo y nombre de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal y de la Agencia Estatal de Seguridad y Procuraduría del estado que hubieran violado gravemente las garantías, pero nada más.
El dictamen que discutirán tampoco hace referencia alguna a los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que aún se encuentran presos y que fueron sentenciados por la justicia mexiquense con un rigor que llama la atención, como es el caso de Ignacio del Valle, quien está en el penal de máxima seguridad del Altiplano, con una condena de 112 años de prisión.
Tampoco plantea el documento que los ministros aprueben un pronunciamiento concreto sobre la reparación de daños a las víctimas, por considerar que el Estado mexicano estaría obligado a hacerlo de acuerdo con el compromiso asumido ante instancias internacionales.
Trascendió que ante lo limitado de los alcances del resolutivo que adopte la Corte sobre los hechos violentos que provocaron dos muertos (Alejandro Benumea y Javier Cortés Santiago), más de 200 detenciones (31 de las mujeres denunciaron agresiones sexuales a manos de los policías mexiquenses durante su aprehensión y traslado al penal de Santiaguito), el pleno centrará su atención en demostrar la necesidad de que los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión y del estado de México aprueben reglamentos y protocolos sobre el uso de la fuerza pública para evitar que a nivel local y nacional se repitan abusos policiacos en contra de la sociedad.
A pesar de que el texto documenta suficientemente la existencia de agresiones sexuales en contra de mujeres –mexicanas y extranjeras– en Atenco, al final el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo señala que las averiguaciones están en proceso y que corresponde a las autoridades locales sancionar a los responsables.
Ello a pesar de que en el dictamen elaborado por el ministro Gudiño se expresa que los días 3 y 4 de mayo de 2006 fueron violados gravemente los derechos constitucionales a la vida, la integridad de la persona, libertad sexual, no discriminación por género, inviolabilidad del domicilio, libertad personal, de debido proceso, trato digno a los detenidos y derecho a la justicia. El documento se limita a “identificar” el cargo y nombre de los funcionarios que participaron en los hechos.
Cabe señalar que en el texto se menciona la reunión que sostuvieron la noche del 3 de mayo mandos policiacos estatales y federales para analizar la situación en San Salvador Atenco, la cual estuvo encabezada por el actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. A pesar de ello, el documento no atribuye responsabilidad alguna a nadie.
Es más, el texto de 924 cuartillas –de acuerdo con la versión pública del dictamen que fue subido a la página de Internet de la Corte– reconoce que, a pesar de haberle solicitado a la Agencia de Seguridad Estatal los nombres y cargos de los policías que participaron en la detención de mujeres y que las escoltaron desde su detención hasta su llegada al penal, ésta argumentó no tener esos datos.
En cambio, el dictamen de la SCJN –que recoge el sentir de la mayoría de los ministros– señala “omisiones legislativas” en materia de uso de la fuerza pública, que se traducen en carencias y deficiencias con que operan los cuerpos de seguridad; la inexistencia de legislación sobre el uso de la fuerza pública, a nivel legal y reglamentario y la inexistencia de protocolos en materia de policía que permitan prever y automatizar acciones y reacciones de los cuerpos de seguridad y sus elementos.
Esos problemas, enfatiza el texto, tienen alcance nacional y por lo mismo generan un estado delicado de vulnerabilidad de las personas frente al Estado.
El proyecto de la Corte sobre Atenco puede otorgar impunidad a funcionarios
■ De aprobarse como está favorecería a Peña Nieto y Medina Mora, entre otros: Bárbara Zamora
■ Se deja la responsabilidad a policías mal instruidos e incompetentes, sostiene la abogada
Alfredo Méndez y Víctor Ballinas
La abogada Bárbara Zamora, representante legal de varias de las personas que fueron detenidas durante los operativos policiacos de San Salvador Atenco, efectuados en mayo de 2006, y una de las promoventes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que desde el máximo tribunal se investigara a las autoridades federales y estatales que ordenaron y participaron en esas acciones, sostuvo en entrevista que “de aprobarse como está el proyecto de resolución que comenzará a discutirse por el pleno de ministros este lunes, la Corte estaría otorgando una carta de impunidad”.
Tal como está el proyecto elaborado por uno de los 11 ministros, “terminaría por protegerse al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, así como a Miguel Ángel Núñez, Humberto Benitez Treviño, Héctor Guevara Ramírez, Eugenio Alonso Chombo, Irineo Monroy, Abel Villicaña, Sergio Macedo López, Alberto Castrejón Muñoz, Hipólito Treviño Licea, Natividad Carrera Santiago, Nazario Gutiérrez Martínez, Wilfrido Robledo, Ardelio Fosado, Gudmero Rodríguez Leyva y a más de 3 mil policías federales, estatales y municipales, todos ellos participantes en las graves violaciones a los derechos humanos que la Corte constató en su investigación”.
Por su parte, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) destacó que el dictamen del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, en caso de aprobarse como está, “omite una conclusión que limita el alcance de la declaración y favorece la impunidad a los altos funcionarios federales y estatales, al decir que esas violaciones graves no obedecieron a una estrategia estatal, por no haberse demostrado instrucciones expresas y órdenes ilícitas de altos funcionarios, dejando toda la responsabilidad a la libre voluntad de unos policías mal instruidos e indisciplinados.
“Esto contrasta con el hecho de que la propia comisión investigadora determinó que el 3 de mayo de 2006, por la noche, se reunieron Enrique Peña Nieto, Wilfrido Robledo, Abel Villicaña, Humberto Benítez Treviño, Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Miguel Angel Yunes para definir el operativo Rescate Atenco, lo que implica una planeación y dolo para aterrorizar a la población y tratar de exterminar al FPDT.”
En tanto, Zamora, que encabeza el despacho jurídico Tierra y Libertad, puntualizó que “a pesar de que el proyecto señala a los funcionarios que están involucrados en los delitos cometidos en contra de más de 200 ciudadanos detenidos con motivo de esos hechos, como son homicidios, violaciones sexuales, lesiones que ponen en peligro la vida, detenciones arbitrarias, robos, cateos ilegales y tortura, no hay pronunciamiento alguno respecto a la sanción penal, civil, administrativa y política que corresponde a cada funcionario según su grado de participación”.
Asimismo, Zamora indicó en un comunicado que el ministro ponente, José de Jesús Gudiño, “aduce que la Corte no tiene facultades para determinar la responsabilidad de los mencionados funcionarios; sin embargo, esto es falso, en virtud de que la propia Corte había determinado en febrero de 2007, en el pleno, que la investigación tendría también como objetivo hacer llegar a las autoridades competentes su opinión sobre las formas de reparación de la violación de las garantías, ya sean jurídicas o civiles, así como también, en su caso, la opinión sobre posibles responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas. Por lo que esta decisión del pleno implicaba la facultad de la Corte de pronunciarse respecto de las responsabilidades de los funcionarios”.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra señaló que con la publicación del dictamen que se discutirá esta semana, “omitiendo los nombres de las víctimas, autoridades y policías, así como el no incorporar los puntos resolutivos de la declaración, no se protege a los agraviados, porque nuestras denuncias han sido públicas; por el contrario, se despierta la sospecha de la impunidad para los altos funcionarios, cuya responsabilidad parece consistir –según este dictamen– en excederse en el uso de la fuerza y no como violadores de derechos humanos, dejándoles la responsabilidad política en la reglamentación posterior”.
Astillero
Julio Hernández López
■ La Suprema, Corta de Justicia
■ Resolución Chimoltrufia
■ Atenco: salvar a Peña Nieto
El mundillo de los expedientes y las formalidades ha sido convertido en el caso Atenco en tapaojos de lujo por los miembros (con las sabidas excepciones de los ministros Genaro Góngora Pimentel y Ramón Cossío Díaz) de una Corte corta que se autodefine como Suprema en función de su lazo políticamente consanguíneo con lo superior, la elite, las altitudes del poder. Comedia de enredos en que ciertos personajes de vestimentas ceremoniales aparecen supuestamente sabios, ceñudos, solemnes e infranqueables, para recitar pasajes jurídicos varios y pre- sentar argumentos de supuesta convicción formal para convencer a una sociedad, justificadamente escéptica, de que los directamente responsables de la barbarie cometida en mayo de 2006 no son los jefes políticos y administrativos supremos, sino los mandos policiales incontrolados. La Doctrina Chimoltrufia emitida entre togas y maderas finas: como dicen los máximos jurisperitos oficiales que sí hubo violaciones graves a los derechos humanos, también dicen que no hay por qué llegar a niveles tan presidenciablemente altos, surcados por Quiques Gaviotones influyentes y pajarracos adjuntos, como el almirante Wilfrido Robledo o el entonces gran jefe Pefepo Ardelio Vargas (luego aparecido con igual aureola represiva en Oaxaca, quien ahora busca ser diputado priísta por la heroica Puebla del góber pernicioso).
Atenco es una dolorosa confirmación de que la realidad palpitante (incluso televisada) puede ser diluida en cuanto entra al proceso de falsificaciones institucionales llamado “justicia”. Centenares de ciudadanos mexicanos fueron víctimas de un excesivo uso de la fuerza pública y el saldo por todos conocido consistió en muertos, heridos, secuestrados, desaparecidos y perseguidos en su propio país (como América del Valle). Los días terribles de Atenco (no sólo los dos en que la Corte pretende centrar sus indagaciones, sino los posteriores; en realidad, hasta la fecha) significaron el terrible y escandaloso abatimiento del largamente cacareado estado de derecho: asesinatos, agresiones directas a personas indefensas, detenciones sin orden judicial ni flagrancia en la comisión de delitos, agresiones sexuales a mujeres, allanamiento de moradas, torturas y el encarcelamiento en centros de alta seguridad de los líderes del movimiento social y su penalización insostenible, con una sentencia cuya dimensión refleja el interés de castigar ejemplarmente a dirigentes no manipulables. Sentencia desproporcionada y dolorosamente irónica si se le contrasta con el diario deambular impune de las bandas de criminales extremos, con credenciales oficiales y sin ellas, que han sumido al país en un baño de sangre y han instalado una auténtica ley de la selva (el término fue usado ayer por el ministro Góngora), sin autoridad que valga, sin leyes que sean respetadas y sin justicia para nadie.
¿Estado de derecho, legalidad, justicia?
Ayer mismo, para no ir tan lejos, fue baleada la casa del director del diario sinaloense El Debate de Guasave, Moisés García Castro, en una más de las acciones violentas contra el periodismo mexicano que se despliegan desde ese monstruo bicéfalo que forman el narcotráfico y el aparato policiaco-militar. De inmediato comenzó la farsa de las investigaciones (si el asunto creciera, hasta podría ser nombrada una comisión de la Suprema Corta de Vista, o Visible a partir de una Corta, para que indagara a fondo y emitiera algún proyecto de dictamen que luego los Hombres de Negro votarían para decir que sí, pero siempre no, o que sí hubo violaciones, pero tantitas y por culpa de mínimas ánimas anónimas). En Chihuahua, la capital de la entidad más dañada por la guerra oficial de reacomodo del negocio del narco, arrojaron un par de granadas, que no estallaron, a las oficinas de la subprocuraduría estatal de “justicia”. Todo en el contexto del profundo deterioro de esa institucionalidad caricatural, en la más completa colusión de gobernantes, funcionarios y presuntas fuerzas del orden con los grupos de criminalidades múltiples que compran, doblegan y, en caso de traición, exterminan a las instancias que deberían procurar o suministrar justicia.
Lágrimas y risas en el país llamado Estamos Hundidos Mexicanos, con el profeta del desastre redituable, Carlos Slim, que retoma la estafeta del catastrofismo, estigmatizada por el gerente general de Calderolandia, Felipe el Tristemente Optimista, y suelta dosis preventivas de realismo para que pueda ser entendida la gravísima dimensión de la crisis en curso, misma que irá más allá de los catarritos previstos por el antes alegre Carstens y de las pretensiones de falsa ecuanimidad e infantil fanfarronería de su jefe Calderón. En medio de la tempestad económica, el Poder Televisor de la Federación sigue vacilándose a quienes creen tener poder electoral, los muñequitos que los partidos impusieron como condicionados consejeros del IFE. Primero fue el exceso de propaganda, en paquete y en momentos intencionalmente seleccionados para causar irritación social; ahora fue la abstinencia contrastante. Primero todos, luego nada. El juego del gato programador con el ratón dizque regulador.
Y, por si fuera poco, que dice el obispo de Celaya, Lázaro Pérez, que no es para tanto el argüende armado porque policías habían detenido a monjas y las habrían desnudado en Dolores Hidalgo. Tales abusos no merecen rechazo ni enojo de los jerarcas del rito que es mayoritario en México, pues las mujeres “son unas farsantes, ladronas y sinvergüenzas”; “sí son monjas, de algún modo, pero pertenecen a la congregación de monseñor Marcel Lefebvre, obispo tradicionalista”. En la ruda pelea por el mercado religioso, el poseedor de la franquicia católica en la tierra de las cajetas desdeña a la competencia, pues “pertenecen a un grupo sectario”.
Y, mientras el general secretario Galván llama a la unidad nacional, ¡hasta mañana, con Calderón tratando de abrir las puertas de los fondos de crédito y ahorro del IMSS y el Infonavit para que el desempleo consuma desde ahora el de por sí maltrecho futuro!
