OTRO AUTOR DE "FANTASIAS"

Un torturador, al frente de la policía estatal de Guanajuato
■ Admite ombudsman que la procuraduría archivó recomendaciones
Carlos García (Corresponsal)
León, Gto., 11 de febrero. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) confirmó que Miguel Ángel Aguilar Nanni, nombrado el martes coordinador general de la policía ministerial del estado, estuvo implicado en la tortura de siete personas entre 2007 y 2008.
En un comunicado, el organismo defensor de las garantías individuales detalló que en su momento emitió dos recomendaciones sobre este caso y la Procuraduría General de Justicia del Estado las aceptó, pero finalmente las archivó.
Ante Daniel Chowell Arenas, procurador de Justicia del estado, Aguilar Nanni rindió protesta el martes como coordinador general de la PME, en sustitución de Alfonso Enrique Zaldívar Blanco. El gobierno estatal no aclaró la razón de este cambio.
Hoy se informó que el 12 de marzo de 2007 la PDHG emitió una recomendación porque comprobó que 11 agentes de la policía ministerial, entre ellos Aguilar Nanni, torturaron en Silao a seis presuntos integrantes del grupo delictivo Los Poderosos.
El 17 de septiembre de 2008, el ex ombudsman hizo otra recomendación porque se demostró que Aguilar Nanni torturó a Valentín Gómez Martínez, acusado de asesinar al comandante de la policía ministerial Concepción Corona.
La PDHG recomendó que se sancionara administrativamente a Aguilar Nanni y se le iniciara una averiguación por “hechos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”. La PGJE aceptó la petición, pero archivó el procedimiento y la averiguación.
Francisco Aguilera Rivera, coordinador de promoción e imagen de la PDHG, no quiso proporcionar los detalles de las recomendaciones que emitió la institución e incluso criticó que en su momento Vidaurri Aréchiga diera información a los medios sobre este caso, a pesar que el artículo 58 de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos estipula que las recomendaciones son públicas.
Aguilera Rivera, quien trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública federal, consideró que “está mal” entregar información a los reporteros.
Para la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, los casos de tortura en que estuvo involucrado Aguilar Nanni “están concluidos y resueltos”; por eso “respeto las decisiones, cambios y nombramientos” que realice el procurador de Justicia.
Chowell Arenas dijo que la dependencia a su cargo no encontró elementos que demuestren que el coordinador general de la PME haya torturado a detenidos, como determinó en su momento la PDHG.
Recordó que el ombudsman estatal recomendó que se iniciara una averiguación previa y un procedimiento administrativo contra Aguilar Nanni, los cuales no prosperaron.
En cuanto a las razones por las que Zaldívar Blanco dejó de ser jefe de la PME, extraoficialmente se informó que fue porque ocultó o falseó información al procurador Chowell Arenas sobre la tortura y el homicidio del agricultor Vicente Palomo Rodríguez.
El 20 de enero, en el municipio de San Felipe, Palomo Rodríguez fue torturado con toques eléctricos y asfixiado con una bolsa de plástico en la cabeza hasta que murió.
Dos días después Chowell Arenas informó que “esta persona forcejeó y al momento de ser sometida se le privó de la vida”. Durante ocho días negó que la víctima hubiera sido torturada, pero al final tuvo que admitirlo.

Reviven andanada judicial contra la revista Contralínea
GLORIA LETICIA DíAZ
MÉXICO, D.F., 11 de febrero (apro).- Por segunda ocasión, en los últimos siete meses, las oficinas de la revista Contralínea fueron ocupadas por policías del Distrito Federal y abogados del empresario gasero, Jesús Zaragoza López, quien ha sido favorecido con contratos en la actual administración. La acción, en supuesto cumplimiento de un exhorto del Juzgado 13 de lo Civil de Guadalajara y ejecutado por un actuario del Juzgado 39 del Distrito Federal, fue respaldada por 25 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, encabezados por Eduardo Yáñez, quien se ostentó como "representante" de la dependencia policíaca. De acuerdo con información proporcionada por la reportera Ana Lilia Pérez Mendoza, la intervención ocurrió a las 15:20 horas de este miércoles, justo en el momento en que ella y el director de la publicación, Miguel Badillo, participaban en un encuentro bimestral de la Comisión de la Cámara de Diputados que da seguimiento a los agravios contra periodistas. Los hechos ocurrieron un día después de que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, afirmara ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, que la mayor amenaza en materia de derechos humanos contra los periodistas en México y contra la población en general, provenía del crimen organizado.El acoso judicial contra la revista Contralínea, su dueño, Miguel Badillo, y la reportera Ana Lilia Pérez –quien exhibió los contratos de Pemex firmados por Juan Camilo Mouriño a favor de su familia— fue turnado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, a la oficina de la Relatoría de las Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión, en demanda de medidas cautelares para ambos periodistas.Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez aseguran que el asunto es una persecución política del gobierno de Felipe Calderón contra la revista Contralínea, en venganza por las revelaciones que hizo la reportera sobre los negocios de Juan Camilo Mouriño y que fueron retomadas por el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (Proceso 1682). Este miércoles, durante 40 minutos, Diego Romero Velasco, abogado del Grupo Zeta, que concentra 72% del mercado nacional de gas, con el apoyo del actuario Juan Manuel Aguilar Maya, del Juzgado 39 de lo Civil del Distrito Federal, irrumpió en las oficinas de Contralínea para "revisar los libros contables de la empresa", contó Ana Lilia Pérez Mendoza. El director de la revista fue informado telefónicamente e inmediatamente denunció el caso ante los legisladores del PRI, PAN y PRD, presentes en la reunión de la comisión parlamentaria. "¿Qué esperan para actuar? ¿Qué maten a uno de nuestros compañeros?", reclamó Badillo a legisladores y funcionarios públicos presentes. En la reunión, estaban presentes funcionarios de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, de la PGR."Esta dependencia --apuntó Pérez Mendoza--, recientemente declinó dar seguimiento a una denuncia que interpusimos en contra de Felipe Calderón, César Nava y Juan Camilo Mouriño, así como contra otros funcionarios de Pemex, a los que responsabilizamos de las amenazas y el acoso que hemos recibido." El mismo juez de Jalisco emitió el mes pasado un exhorto al Juzgado 49 de lo Civil en la capital del país, para que arrestara a Pérez Mendoza y a Badillo, por no haber atendido una notificación, de la cual no tuvieron conocimiento con antelación.Sin embargo, el juez octavo de Distrito en Materia Civil, los amparó y solicitó a los jueces de Jalisco y del Distrito Federal que exhibieran el expediente que motivó el arresto de Badillo, durante 11 horas. "Hasta ahora –afirmó Pérez Mendoza— no se nos ha negado el acceso al expediente que nos abrió otra de las empresas del Grupo Zaragoza, Multigas, a pesar de que nuestro abogado, Horacio Gómez Mendieta, se ha trasladado al Juzgado 13 de Jalisco para conocerlo." El 5 de agosto del año pasado, ocurrió una irrupción policíaca similar, en la que participaron agentes de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), también de la SSP del Distrito Federal, por órdenes del mismo juzgado de Guadalajara y aplicada por el Juzgado 30 de lo Civil de esta ciudad. En esa ocasión, contó el abogado Gómez Mendieta en la entrevista publicada en el número 1682 de la revista Proceso, los abogados de Zaragoza López pretendían "ejecutar una pesquisa" en los libros contables de la empresa que publica Contralínea, Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, para detectar "supuestos pagos de empresas competidoras del Grupo Zeta que, según ellos, estarían financiando lo que consideran una campaña de desprestigio", medida que, según el abogado, es considerada ilegal por el Código Mercantil. Por ese caso, el abogado Gómez Mendieta consiguió el amparo de la justicia federal, al considerar que los jueces de Jalisco y del Distrito Federal incurrieron en "una violación de la garantía de audiencia del peticionario de amparo (Contralínea), toda vez que nunca fue notificado de manera previa de la tramitación de los medios preparatorios a juicio". Después de está última incursión, apuntó Ana Lilia Pérez, "nos queda claro que a pesar del escándalo que ya representa nuestro caso, a nivel nacional e internacional, Calderón sigue en lo mismo, y que va a seguir operando en contra nuestra a través de Jesús Zaragoza. No sabemos hasta dónde quiera llegar, porque lo que nos han dicho es que nunca nos va a perdonar haber publicado los contratos que firmó Juan Camilo".

Sectores políticos, académicos y religiosos respaldan a Slim
■ Llama el rector de la UNAM a reconocer la dimensión de los problemas
■ Quienes lo critican son los más mediocres del gabinete: arquidiócesis
(Andrea Becerril, Enrique Méndez, Roberto Garduño, Gabriel León, Laura Poy y Alma E. Muñoz)
Frente a las descalificaciones del gobierno federal a Carlos Slim, por sus opiniones sobre la gravedad de la crisis, otras voces intervinieron ayer. Desde San Lázaro, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Javier González Garza, rechazó cualquier intento de censura como el que hiciera el secretario del Trabajo, Javier Lozano. Los legisladores no aceptan “que quien sea o quien se sienta ser nos diga qué sí y qué no se puede decir”, dijo.
A su vez, el rector de la UNAM, José Narro Robles, consideró que la problemática que atraviesa el país no es resultado de un “estado de ánimo, de ver quién es catastrofista y quién es optimista, sino de actuar con realismo y reconocer la dimensión de los problemas”. Asimismo, calificó de “error histórico” el incremento en la tasa de desempleo de los jóvenes, así como su falta de acceso a la educación.
Por su parte, la arquidiócesis de México dijo que es “intolerante” la andanada mediática del gobierno para responder a Slim. Al grupo que enarboló la posición oficial, señaló, “si los calificáramos serían reprobados en su quehacer, (porque) son de los funcionarios más mediocres del gobierno. Si tuvieran la eficiencia del señor Slim, ciertamente el país no mostraría la situación de zozobra e inseguridad que estamos viviendo”, puntualizó.
“Demagogia barata”
Sobre el tema, el obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera, consideró “demagogia barata” la reacción de funcionarios de la administración de Calderón a los señalamientos de Slim Helú.
Por su lado, legisladores de PRI y PRD propusieron ayer una tregua entre el empresario y la administración calderonista y enfrentar juntos la crisis económica. “Hay que sumar esfuerzos y no pelearnos; confiamos en que no sea un pleito entre el Ejecutivo y Slim”, manifestaron Emilio Gamboa y Juan Guerra.
Pero el presidente de la mesa directiva de San Lázaro, César Duarte, fue más enérgico para caracterizar la actitud de funcionarios como el titular del Trabajo, Javier Lozano; el director del IMSS, Juan Molinar, y el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, quienes hicieran señalamientos públicos contra Slim.
“El Congreso invitó al señor Carlos Slim a hacer un planteamiento; (y) lo hizo con gran capacidad, con conocimiento y no creemos que sea lo lógico o lo prudente descalificar, y mucho menos tratar de acallar una voz que a todas luces está calificada en materia económica”.
Por su lado, el dirigente de los telefonistas y líder de la Unión Nacional de Trabajadores, Francisco Hernández Juárez, dijo que el titular del Trabajo es un “golpeador”, e ironizó: “Entiendo su posición (de Lozano) porque está cumpliendo instrucciones. Me acuerdo cuando como encargado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones él le mandó una carta a Telmex, que en su momento tuve oportunidad de ver, para que subiera las tarifas y la competencia no perdiera dinero”, comentó.
En Xicoténcatl, al continuar ayer los trabajos del foro México ante la crisis, el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), Ismael Plascencia, reivindicó los planteamientos del presidente del Grupo Carso y sostuvo que si bien es cierto que no son admisibles posturas negativas, “tampoco debemos cerrar los ojos ante la difícil realidad de la planta productiva nacional que día con día se va agravando”.
A su vez, Porfirio Muñoz Ledo, coordinador del Frente Amplio Progresista (FAP), se refirió al papel de “porro” que el gobierno federal dio a Javier Lozano para responderle al empresario Carlos Slim por sus predicciones en materia económica. “Es el pistolero verbal del gobierno. Un hombre cuya trayectoria está más que dudosa. Nos parece lamentable la reacción totalitaria del gobierno de Calderón frente, ya no digo a cualquier crítica, sino a cualquier visión de país que no corresponda a la limitada concepción que tiene el gobierno. Es una especie de diazordacismo enano”, concluyó.