¿A QUIEN SIRVE LA "TREMENDA CORTE"?

Ampliar investigaciones, penoso colofón de la Corte sobre Atenco.
■ Se consumó el carpetazo del máximo tribunal sin que altos funcionarios sean molestados
■ Sólo se emitirán “lineamientos y consideraciones” a las autoridades correspondientes
■ Exhortan ministros a aprobar leyes y reglamentos que normen el uso de la fuerza pública
Jesús Aranda
Una vez que exoneró (por ocho votos contra tres) al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; al actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y a los altos mandos policiacos federales y estatales de la violación grave de garantías ocurrida en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminó por emitir “lineamientos y consideraciones” a las instancias correspondientes para que amplíen las investigaciones sobre abuso de autoridad y agresiones sexuales.
También quedaron libres de culpa los mandos que planearon el operativo, Ardelio Vargas Fosado, entonces coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo, y el almirante Wilfrido Robledo Madrid, quien dirigía la Agencia Estatal de Seguridad, así como otros funcionarios de alto nivel que elaboraron la estrategia de las acciones en Atenco.
Así, sólo los policías ejecutores de las lesiones y agresiones sexuales, sus jefes inmediatos y comandantes sectoriales fueron señalados como los responsables de violar los derechos humanos.
Los ministros exhortaron a los congresos y ejecutivos, federal y de las entidades del país, a aprobar leyes, reglamentos y protocolos para normar el uso de la fuerza pública, además de proponerles que adopten medidas administrativas y políticas públicas para hacer más aficientes y profesionales los cuerpos policiacos.
En el catálogo de buenas intenciones, los juzgadores reconocieron que las víctimas tienen derecho a obtener la reparación del daño por parte del Estado mexicano, pero no precisaron la forma de lograrlo, como tampoco convocaron abiertamente al gobierno a asumir dicha responsabilidad.
A diferencia de las anteriores sesiones, la de ayer fue muy atropellada y apresurada; en sólo tres horas se votaron los puntos pendientes e incluso en temas en los que no había total claridad se acordó que las diferencias fueran subsanadas por el ministro instructor, cuando elabore el documento definitivo de la decisión.
Al dar por finalizado el asunto, el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia resaltó la importancia de la resolución para el país y aclaró que ésta será entregada a los congresos federal y estatales, al gobierno del estado de México, a las procuradurías General de la República y de los estados, entre otras autoridades; la Corte busca con ello que el uso de la fuerza pública tenga un fundamento que la legitime, que la sociedad cuente con los “límites y referentes” que garantizan su protección en contra de abusos y excesos, “que bajo ninguna circunstancia son admisibles”.
Ante la comisión de ciudadanos de San Salvador Atenco, encabezada por Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle (líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, FPDT, quien se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano), lo mismo que secretarios y funcionarios que colmaron el salón de sesiones, impidiendo así el acceso a los medios de comunicación, Ortiz Mayagoitia subrayó que el trabajo desarrollado por la Corte “no tiene por objeto desalentar el uso de la fuerza pública so pretexto de temores de quienes deban tomar esas difíciles decisiones”.
Al conocerse el fallo, la indignación de los representantes del FPDT presentes en el salón estalló. El tono de voz comenzó a subir en la medida que eran desalojados por el personal de seguridad, que los copó de inmediato. Gritos de “¡ministros corruptos, asesinan la justicia!”, “¡estamos de pie, no nos han vencido!”, “¡Atenco vive, la lucha sigue!” y “libertad a los presos!”, retumbaban en los pasillos. Su demanda de justicia no había sido escuchada en el máximo tribunal.
Al inicio de la sesión, Salvador Aguirre Anguiano, Sergio Valls, Margarita Luna, Fernando Franco, Olga Sánchez Cordero, Mariano Azuela, José Ramón Cossío y Ortiz Mayagoitia determinaron que no había elementos para inculpar a ningún alto funcionario ni a los jefes policiacos. En todo caso, señalaron que hubo agentes que violaron la ley, y que éstos tenían que responder por sus hechos de manera individual, mientras que sus superiores directos fueron señalados por permitir los abusos.
Esta misma mayoría se opuso al informe de Gudiño que enumeraba a todos los funcionarios involucrados –desde Peña Nieto hasta los policías que pudieron ser identificados–, pero que no fincaba responsabilidades; en cambio, consideraron que era mejor señalar con nombre y cargo a los que violaron garantías, aunque fueran policías y mandos operativos únicamente.
Genaro David Góngora, Juan N. Silva Meza y José de Jesús Gudiño Pelayo dijeron que, en todo caso, todos los funcionarios involucrados tenían un grado de responsabilidad. El más directo fue Góngora, quien censuró que ni Peña Nieto ni Medina Mora, como máximos responsables, tomaran las medidas correctivas para frenar los abusos.
“Era muy sencillo advertir los excesos que se estaban cometiendo, bastaba con prender la televisión para ver las imágenes”. Agregó que tampoco investigaron cabalmente las denuncias de abuso de autoridad ni las agresiones sexuales a 31 mujeres que fueron detenidas.
Cuando se leían los resolutivos, Góngora reflexionó en voz alta: “El hoy procurador debe seguir investigando los hechos de sus subordinados cuando fue secretario de Seguridad Pública federal. Hacer investigaciones a estas alturas parece casi imposible; el dios Cronos, junto con otras personas y otros factores, han dispersado las evidencias, pero en fin, eso ya será problema del procurador”, ironizó.

El ministro Aguirre, pozolero de la justicia: epitafio de atenquenses
■ Uno a uno “desestimó asesinatos, golpizas, torturas y violaciones”
■ Satisfechos, asesores de Peña Nieto; miembros del FPDT, a la calle
Blanche Petrich
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, declaró ayer a mediodía, con un gran gesto, el fin de la sesión del pleno: cuatro días, poco más de 20 horas de debates jurisconsultos que concluyeron que, si bien hubo “violaciones graves a las garantías individuales” en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, ningún funcionario de alto o medido nivel, ni del estado de México ni del gobierno federal, fue responsable de estos hechos que provocaron la muerte de dos jóvenes, agresiones sexuales de policías contra una treintena de mujeres arrestadas, centenares de detenciones arbitrarias y torturas.
En los asientos de las primeras filas del recinto de plenos se ponen de pie seis hombres bien trajeados, muy sonrientes. Vienen del área jurídica del gobernador Enrique Peña Nieto.
En las últimas filas, los representantes de las víctimas tardan en asimilar el trago amargo. Sólo unos segundos. De pronto, irrumpen sus gritos indignados: “¡Ministros, corruptos, asesinan la justicia!”, “¡Peña Nieto ordenó y ejecutó la represión!” Una de las mujeres saca la manta de su bolso. Un agente de seguridad intenta arrebatársela. Trinidad del Valle –esposa del dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), sentenciado a 112 años de cárcel– detiene con fuerza el brazo del oficial: “¡Déjala!” Y los atenquenses despliegan sus mantas, gritan hasta desgañitarse, bajan la escalinata de la Corte en una pequeña marcha indignada y se desahogan dos horas más en la explanada. Total, ya nadie los escucha.
Tres años de investigaciones de la SCJN sobre los hechos de Atenco, contenidas en las 900 cuartillas del dictamen del ministro José de Jesús Gudiño, se habían ido diluyendo, en particular cada vez que tomaba la palabra el ministro Sergio Aguirre Anguiano. El documento, con descripciones que resultaban tan dolorosas que el ministro Genaro Góngora confesó que con frecuencia tenía que detener su lectura, a nadie más le quitaría el sueño. Se había convertido ya en papel mojado.
¿Violaciones graves en Atenco? Aguirre, juez de militancia panista, emitió el único voto negativo. ¿Determinar cuáles policías, de los que llevaban armas calibre 38 mm, dispararon contra el adolescente Javier Cortés? Inaceptable para Aguirre. “La bala pudo haber salido del arsenal de los atacantes subversivos.”
¿Fincar responsabilidades por la muerte del joven Alexis Benhumea entre los agentes que dispararon gases lacrimógenos a corta distancia? Tronaba el magistrado bajo su toga: “¿Cómo se puede atribuir a la policía la muerte de ese muchacho? ¡Qué barbaridad!”
¿Dar crédito a la palabra de las mujeres que rindieron testimonio de agresiones sexuales y violaciones tumultuarias por agentes de seguridad pública mexiquenses durante su traslado al penal de Santiaguito?
Aguirre arremete contra testimonios de las víctimas, que ya están bajo la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Con soltura, declaran algunas señoras que fueron objeto material de diversos manipuleos atentatorios a su libertad sexual. Pero resulta que todos los dictámenes médicos no nos conducen a eso. Incluso hay filmaciones muy dramáticas de una señora, de perfil, mostrando una gran cantidad de hematomas en su anatomía. ¿Y quien nos dice que éstos no se produjeron en la contienda?”
A los ojos de los manifestantes que desde el lunes se mantienen en plantón ante la gran puerta de bronce de la Suprema Corte, cerrada y resguardada por la policía antimotines, el abogado se ha ganado su epitafio en un féretro de cartón. “El magistrado Aguirre se quemó las pestañas estudiando para convertirse en el pozolero de la justicia.”
Distantes están ya las palabras del ministro Góngora, solitarias en su representación de las víctimas: “Atenco –había dicho– fue un acto de venganza. Es verdaderamente terrible que los ciudadanos estemos a expensas del ánimo de desquite de los policías y los gobernantes.”
Inútil su esfuerzo. Fue la ministra Margarita Luna quien colocó el último clavo de la impunidad, cuando deslindó de toda responsabilidad, citándolos por nombre y apellido, al actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, ex secretario de Seguridad Pública; al gobernador Peña Nieto; al ex comisionado de la policía estatal en esas fechas, Wilfredo Robledo Madrid, a Miguel Ángel Yunes, ex delegado del Cisen, y a Ardelio Vargas, de la Policía Federal Preventiva, entre otros.