REPRESORES, "BLANCAS PALOMAS".

Exonera la Corte a Medina Mora y Peña Nieto por caso Atenco.
El ministro Genaro Góngora Pimentel, los identificó como "autores intelectuales" de las violaciones.

JORGE CARRASCO ARAIZAGA
MÉXICO, D.F., 11 de febrero (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió liberar de toda responsabilidad al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, en torno de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006.Sin que se votara aún la resolución, 10 de los 11 ministros de la SCJN aseguraron que a ambos funcionarios no se les puede atribuir responsabilidad por el hecho de haber autorizado, en una reunión entre funcionarios federales y estatales, los operativos en San Salvador Atenco, en el estado de México.De acuerdo con esa mayoría de ministros, Peña Nieto y Medina Mora, quien en ese momento era secretario de Seguridad Pública y, como tal, responsable de la Policía Federal Preventiva (PFP), ordenaron los operativos en ejercicio de sus facultades para el uso legítimo y justificado de la fuerza.El único que pidió responsabilizar a Peña Nieto y Medina Mora, así como al secretario de gobierno del estado de México, Humberto Benítez Treviño, fue el ministro Genaro Góngora Pimentel, quien los identificó como "autores intelectuales" de las violaciones.En su intervención, Góngora Pimentel se refirió también al exjefe del Estado Mayor de la PFP, Ardelio Vargas Fosado, actual titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y Ramón Pequeño, exdelegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el estado de México, entre otros. La mayoría de los ministros acordó que la responsabilidad sólo se puede atribuir a los cuerpos policiales encargados de los operativos y a los mandos responsables de la coordinación y supervisión.El ministro José Ramón Cossío propuso que la responsabilidad llegue hasta el almirante Wilfrido Robledo Madrid, quien en ese momento era el director de la Agencia de Seguridad del estado de México (ASE).Con distintos argumentos, los ministros eximieron a los altos funcionarios. El presidente de la Corte, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, señaló: "Decir que en esta reunión hubo una estrategia para vengarse de los pobladores de Atenco… no tiene ningún apoyo jurídico". El ministro Sergio Valls aseguró: "Las autoridades involucradas en las violaciones graves que se cometieron no comprenden a los altos mandos federal y estatal que decidieron usar la fuerza pública".La responsabilidad, dijo, "compete a quienes al pretender cumplimentarlas, no actuaron dentro del marco constitucional y legal".La decisión final se tomará en la sesión del jueves, cuando los ministros establezcan en votación oficial qué funcionarios de nivel medio son los responsables y si procede a la reparación del daño de las víctimas.En su proyecto, Gudiño Pelayo señaló que hubo 2 mil 700 funcionarios participantes en los hechos, incluidos Peña Nieto y Medina Mora.De acuerdo con la investigación realizada por la Corte, en los operativos policiales del 3 y 4 de mayo de 2006 hubo 207 detenidos. De ellos, 198 presentaron lesiones; 27 tuvieron que se hospitalizados, seis de ellos con fracturas; 57 de los detenidos denunciaron amenazas, y hubo dos muertes, una por arma de fuego y otro por lesión craneoencefálica. Además, durante su traslado al penal de Santiaguito, varias de las mujeres detenidas sufrieron distintas agresiones sexuales.En su proyecto de resolución, el ministro Jesús Gudiño Pelayo propone que la Corte emita criterios sobre el uso de la fuerza pública. Los ministros también deberán resolver a qué autoridad entregan el dictamen, que no tiene vinculación jurídica.En una votación previa, por diez votos a uno, la Corte ya estableció que los operativos sí representaron violación grave de garantías como consecuencia de las agresiones físicas, abusos sexuales, detenciones y allanamientos ilegales y la muerte de dos personas. El único ministro que se opuso a esa determinación fue Sergio Salvador Aguirre Anguiano.La tarde del 4 de mayo, Medina Mora, Peña Nieto y Miguel Ángel Yunes, quien entonces era subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública, decidieron usar la fuerza pública para acabar con las manifestaciones de los pobladores de San Salvador, que el día anterior se habían enfrentado con la PFP, la policía estatal y la municipal.Los pobladores de Atenco habían tomado la carretera Texcoco-Lechería en protesta por la negativa de la autoridad municipal de permitir la instalación en la calle del mercado de flores.En el operativo concertado, en el que participaron 155 elementos de la PFP y 190 de la ASE, los policías arremetieron contra la población y catearon domicilios sin orden judicial.La acción desmedida fue en reacción al enfrentamiento de un día anterior, cuando los pobladores detuvieron e hirieron a varios policías.


Licencia para el crimen.
Gustavo Esteva
Con el deterioro progresivo del estado de derecho, con las libertades civiles sitiadas, en medio de la incertidumbre económica y un grado obsceno de desigualdad social, entramos sin remedio en el reino del crimen.
Vivimos en un régimen en que la fuerza pública actúa “de manera excesiva, desproporcionada, ineficiente, improfesional e indolente”. Como el Estado utiliza a las corporaciones policiacas de manera irresponsable y arbitraria, se sostiene en la Suprema Corte, “de nada sirve que se reconozcan, en leyes, en tratados, en discursos, que nuestro país admite y respeta los derechos humanos, si cuando son violados… las violaciones quedan impunes y a las víctimas no se les hace justicia”.
Hoy se estará discutiendo en sesión pública este dictamen del ministro Gudiño sobre los hechos de Atenco, que se queda irremediablemente corto. Si se mantiene esta tónica, podemos ya imaginar cuál será el dictamen el día que se examine el desastre oaxaqueño.
El asunto no se reduce a la impunidad. Mientras los inocentes padecen cárcel, además de toda suerte de vejaciones y violaciones, los culpables son promovidos y recompensados y reciben toda suerte de apoyos.
“La arbitrariedad del tirano es un ejemplo para los criminales posibles e incluso, en su ilegalidad fundamental, una licencia para el crimen. En efecto, ¿quién no podrá autorizarse a infringir las leyes, cuando el soberano, que debe promoverlas, esgrimirlas y aplicarlas, se atribuye la posibilidad de tergiversarlas, suspenderlas o, como mínimo, no aplicarlas a sí mismo? Por consiguiente, cuanto más despótico sea el poder, más numerosos serán los criminales. El poder fuerte de un tirano no hace desaparecer a los malhechores; al contrario, los multiplica.”
Se trata de algo peor aún. Hay un momento, piensa Foucault (Los anormales, FCE, 2006, pp.94-5), en que los papeles se invierten. “Un criminal es quien rompe el pacto, quien lo rompe de vez en cuando, cuando lo necesita o lo desea, cuando su interés lo impone, cuando en un momento de violencia o ceguera hace prevalecer la razón de su interés, a pesar del cálculo más elemental de la razón. Déspota transitorio, déspota por deslumbramiento, déspota por enceguecimiento, por fantasía, por furor, poco importa. A diferencia del criminal, el déspota exalta el predominio de su interés y su voluntad; y lo hace de manera permanente... El déspota puede imponer su voluntad a todo el cuerpo social por medio de un estado de violencia permanente. Es, por lo tanto, quien ejerce permanentemente… y exalta en forma criminal su interés. Es el fuera de la ley permanente.”
Foucault labra así, cuidadosamente, el perfil del monstruo jurídico, “el primer monstruo identificado y calificado”, que “no es el asesino, no es el violador, no es quien rompe las leyes de la naturaleza; es quien quiebra el pacto social fundamental”. De este gran modelo que identifica Foucault a fines del siglo XVIII “se derivarán históricamente, por medio de toda una serie de desplazamientos y transformaciones sucesivas, los innumerables pequeños monstruos” que pueblan el mundo desde entonces.
Como la Corte está en funciones –aquí mismo la cito–; como existen aún leyes y juzgados y hay límites de toda índole al poder de los tiranos que padecemos, se hace posible alzarnos de hombros. “No es tan grave”, se pensaría; “pura exageración. Se han cometido algunos excesos, pero ya se irán corrigiendo”. Esta ceguera peculiar, sorprendente, parece corresponder al conocido mecanismo sicológico de la negación: es la resistencia a aceptar aquello cuyo reconocimiento generaría angustia inmanejable: crearía una sensación tal de desgracia e impotencia a la vez, que parece preferible cerrar los ojos, negarse a ver la evidencia.
Pero no podemos seguirlos cerrando. Veamos sin temor esta situación que iguala y equipara, sorprendentemente, a Ulises Ruiz con Felipe Calderón y Peña Nieto y con quienes mataron el miércoles pasado al general Tello, en Quintana Roo, o unos días antes a Aristeo Toledo, el represor de tan infausta memoria en Oaxaca, o quienes siguen asesinando en Ciudad Juárez. Ajustes de cuentas entre ellos, unas veces; otras veces, delincuentes aficionados o profesionales con la adicción de violar el pacto social y ejercer la violencia con la lógica del poder. Ya no es posible distinguir a unos de otros. Ésa es la condición a la que hemos llegado. Digámoslo con claridad.
Como sostiene John Berger, “nombrar lo intolerable es en sí mismo la esperanza. Cuando algo se considera intolerable ha de hacerse algo… La pura esperanza reside, en primer término, en forma misteriosa, en la capacidad de nombrar lo intolerable como tal: y esta capacidad viene de lejos: del pasado y del futuro. Ésta es la razón de que la política y el coraje sean inevitables”.

Solicita AI a la Suprema Corte respaldar informe sobre abusos en Atenco.

Se enviaría mensaje sin precedente al reconocer la gravedad de las faltas, afirma
Notimex / La Jornada.
México, DF. La oficina en México de Amnistía Internacional (AI) pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) su respaldo al informe sobre presuntos abusos cometidos en el operativo de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, porque “sólo así terminará la impunidad”.
La directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, Kerrie Howard, consideró fundamental que la SCJN respalde el informe.
De acuerdo con la representante de AI, el apoyo al informe de Atenco “será vital para garantizar que las instituciones mexicanas finalmente empiecen a enjuiciar a los responsables y garanticen el acceso a la justicia”.
En un comunicado recordó que, según el informe, en el operativo policial se configuraron abusos a derechos humanos tales como tortura, abuso sexual, arrestos arbitrarios, maltrato, y negación de acceso a la justicia y al debido proceso.
Kerrie Howard señaló que de respaldar el informe la Corte enviaría un mensaje sin precedentes al reconocer la gravedad de las faltas y la obligación del Estado de esclarecer la verdad y de reparar el daño.
La representante del organismo defensor precisó que el informe de más de 900 cuartillas detalla que hubo actos violatorios a diversos derechos, como a la vida, la integridad personal, la libertad sexual y la no discriminación, entre otros.