SEMANA POLITICO CULTURAL.

Santiago Chepi Da Por Iniciada Semana Político Cultural
Verónica Villalvazo. 16/02/09.
Listos los trabajos de la asamblea popular.
Esta tarde aproximadamente a las 16 horas con 20 minutos el secretario general de la sección 22 Azael Santiago Chepi dio por inaugurada la semana político cultural que se estará llevando a cabo en el zócalo de la ciudad de Oaxaca. Invitando nuevamente a la unidad en marco del segundo congreso de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, el dirigente refirió sobre lo que se vivió durante 2006 durante el conflicto, recordó el 14 de junio cuando fueron desalojados los maestros, dijo Ulises Ruiz pensó que acabaría con el movimiento, pero se equivoco ahora somos más" Detallo que esta semana será para consolidar el próximo congreso de la APPO. La semana cultural se llevará a cabo del 16 al 19 de febrero, para culminar con el congreso del 20 de febrero.
Tardía, la recomendación sobre los dos eperristas desaparecidos
Víctor Ballinas y Octavio Vélez
Enviado y corresponsal. La Jornada.
Oaxaca, Oax., 16 de febrero. La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la detención y desaparición forzada de los oaxaqueños Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en la que se responsabiliza al Estado, está fuera de tiempo; qué bien que lo diga, pero por qué no lo señaló antes, cuestionó la senadora Rosario Ibarra de Piedra, en relación con los dos años que han pasado desde dichas desapariciones.
Al respecto, Nadín Reyes Maldonado, hija de uno de los eperristas, expresó que esta recomendación es muy importante, porque evidencia los obstáculos presentados por los gobiernos para la realización de sus investigaciones. Ahora esperamos que digan dónde están y presenten a mi papá y al señor Alberto, señaló.
En tanto, Felipe Canseco Ruiz, ex militante del Partido Obrero Campesino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres (Procup-Pdlp) y ex compañero de lucha de los desaparecidos, indicó que la exhortación, es sólida y concluyente de que los gobiernos federal, estatal y municipal tienen una responsabilidad clara en la desaparición.
El ahora miembro de la Comisión Jurídica del Frente Nacional contra la Represión, con representación en la Comisión de Mediación, Canseco Ruiz exigió que el gobierno federal, así como los gobiernos estatal y municipal de Oaxaca de Juárez, acepten la recomendación y atiendan lo reclamado por la CNDH para que se esclarezca el paradero de los eperristas. Se necesita saber dónde están o cuál fue su destino, y que sean castigados los militares y policías que participaron en la comisión de este delito, remarcó.
Explicó que la recomendación 7/2009 de la CNDH robustece las denuncias de que el Estado mexicano sigue recurriendo a la detención y desaparición forzada dentro de su catálogo de represión contra luchadores sociales y opositores políticos. De no ser así, se preguntó, ¿por qué entonces la Procuraduría General de la República y otras instancias incurrieron en actos de entorpecimiento para esclarecer la verdad de los hechos, además de presentar informes falsos?
Después de conocerse la recomendación, la subsecretaria de Gobierno del estado de Oaxaca, Rosario Villalobos Rueda, señaló que la administración estatal está revisando el texto y en 15 días determinará si acepta la recomendación. Lo que decimos es que (los eperristas) no estuvieron aquí, pero si la CNDH sostiene otra cosa, eso nos tiene que ocupar, asentó.
A su vez, el presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, aseguró que la agrupación no fue consultada por la CNDH para la emisión de la recomendación, y dijo que normalmente a los familiares y quejosos nos deben consultar sobre los mecanismos y la manera en que se presenta una dicha recomendación. Pero además, ésta es insuficiente, porque no responsabiliza al Presidente de la República ni a la Secretaría de la Defensa, de la desaparición.

Se recrudece caso San Felipe; amenazan a madre del menor
Sayra Cruz
[01:49] Leticia Valdés Martell, madre del menor presuntamente violado en el Instituto San Felipe, denunció que se han intensificado las amenazas en su contra, que incluyen advertencias de muerte, como consecuencia del pleito penal que tiene en contra de la institución educativa. Denunció que por un medio de comunicación nacional se hizo público la injerencia del titular del Ejecutivo en el caso, “quien me difama, me descalifica, y me tacha de muchas cosas por estar defendiendo a mi hijo”, dijo. La afectada, en conferencia de prensa, pidió al gobierno saque las manos de las instancias jurisdiccionales y deje de proteger a los prófugos, Gabriel Hugo Constantino García, esposo de la directora del plantel y Salvador Pérez Ramírez, ex maestro de computación y quien ejercía el abuso contra el menor. Acusó al Juez Tercero Penal, Miguel Hernández Bautista de permitir pruebas extemporáneas, así como ordenar una inspección ocular en la zona, cuando los hechos llevan más de dos años de haber sucedido. Valdés Martell sostuvo que únicamente se entrevistó en una ocasión con el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, y en esa fecha, el mandatario garantizó una investigación imparcial, “en ese entonces me dijo que buscara al entonces, director de la Policía Ministerial, Daniel Camarena Flores en caso de que necesitara ayuda”. Aseguró que en ningún momento pidió auxilio, porque “lo único que pretendo es que se dé justicia sobre este caso, y que el gobierno estatal deje de proteger a los culpables de este hechos en contra del menor”, señaló.

Caso de pornografía infantil continúa impune en Ocotlán
Sayra Cruz
[01:49] Afectados de la escuela preescolar “Colegio Guadalupe”, ubicada en Ocotlán de Morelos, denunciaron que a cinco meses de iniciarse el proceso penal en contra de dos personas inculpadas de pederastia en agravio de dos menores de edad, sigue en la impunidad. La madre de un menor de 4 años que fue presunta víctima de hechos de pornografía infantil, corrupción de menor y abuso sexual, refirió que el caso lo atrajo una sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, luego de que el juez mixto de primera instancia de Ocotlán negara la orden de aprehensión. Verónica Isela Martínez Torres, madre de unos de los afectados narró que luego de la denuncia de los hechos registrados el 29 de mayo del 2008, cuando el fotógrafo Norberto Dionisio Martínez Luis, y su asistente Minerva Díaz Torres, fueron contratados para tomar la foto de fin de curso a los estudiantes de la escuela. Esas personas llevaron a los menores al aula audiovisual, en donde pasaron a cada uno de los niños, sin la presencia de ningún maestro o padre de familia, y fue cuando se presume que luego de tomarles la fotografía procedieron a desnudarlos y volver a retratarlos e inclusive se analiza la posibilidad de que fueron filmados. Los hechos fueron corroborados por el menor, en su declaración ministerial ante el agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, de la Procuraduría General de Justicia. La madre del menor, mencionó que de los 13 niños presuntamente violentados, sólo dos presentaron sus denuncias “porque los demás fueron callados con recursos económicos”. Pidió la intervención de todas las instancias, así como de los encargados de defender los derechos humanos ya que existe la impunidad en este caso.
Se afilian a la APPO ex trabajadores
José Carlos Fuentes Ordaz
Ciudad Ixtepec, Oax.Ex trabajadores del Ayuntamiento de esta ciudad se afiliaron el día de ayer a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) con el fin de movilizar a la sociedad y a otros grupos de oposición para conseguir su reinstalación en la administración pública local.Reunidos ayer por la tarde en el domicilio del señor Uriel Lázaro, Secretario de Trabajo del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento jeromeño, recibieron a líderes de la APPO de la capital del estado en donde realizaron el acto protocolario para la conformación de dicha organización política y social en este municipio.“Nosotros nos estamos uniendo a la APPO para estrechar lazos, contar con el apoyo de esta organización tan importante y luchar para que seamos reinstalados en el Ayuntamiento porque lo que nosotros estamos persiguiendo es una causa justa. Vamos a tener el respaldo de la APPO en todas nuestras movilizaciones “, informó Noé Toledo Güendolay, quien desde ayer ocupa el cargo de representante de la APPO en ciudad Ixtepec.Asimismo, señalaron que a pesar de entablar 27 demandas laborales en contra del Presidente Municipal Gabino Guzmán Palomec, no han tenido una respuesta favorable de la Junta de Conciliación y Arbitraje.“La Junta de Conciliación y Arbitraje no está agilizando este proceso, por eso cuando estuvimos en la ciudad de Oaxaca hicimos fuertes declaraciones contra Gabino Guzmán por ser un mentiroso y ladrón, ya estando en Oaxaca se nos invitó a formar parte de la APPO y aceptamos para que con su ayuda podamos lograr esta reinstalación”, abundó Toledo Güendolay.En la misma reunión en donde se constituyó la citada agrupación, también acudieron el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra y representantes de grupos que desean la introducción de mototaxis en la ciudad, quienes en los próximos días tendrán una audiencia con el edil.Finalmente, Toledo Güendolay adelantó que a fines del mes acudirán a la ciudad de Oaxaca para participar en la asamblea general de la APPO en donde idearán las estrategias para movilizarse contra Gabino Guzmán Palomec.


Simular, robar, reprimir
Pedro Miguel
Todos los efectos especiales imaginables, toda la capacidad histriónica del Estado, fueron puestos en juego a partir del 2 de julio de 2006 para imponer la percepción del juego limpio, la imagen de la honestidad, el valor (aspiracional, por supuesto) de la democracia. Simular un triunfo electoral, robar una Presidencia, reprimir a quien se opusiera a la toma de posesión: no fue casual el dislate de poner la banda presidencial, literalmente, en una manu militari ni las primeras decisiones calderónicas de sacar los Ejércitos a las calles y de colocar, en el palacio de Cobián, a un conocido apapachador de torturadores. En aquel momento el grupo en el poder simuló y robó, pero se quedó con las ganas de reprimir a una ciudadanía indignada, sí, pero no tonta, que supo encontrar en los cauces pacíficos el camino de su resistencia.
El siguiente capítulo fue simular algún interés por un aspecto específico del estado de derecho –roto desde Fox, o desde mucho antes–, robar cámara con operativos espectaculares que alarmaron más que reconfortaron a la sociedad en general, pero que no intimidaron a los narcos, y reprimir al sector no alineado de la delincuencia. No usemos la palabra catástrofe para no incomodar a Calderón, pero el resultado de su empeño es de los que no pueden (di)simularse: las funerarias, junto con los negocios de los clanes Mouriño y Zavala, son de las pocas empresas (ah, sí: junto con Repsol, Iberdrola y los bancos españoles) que prosperan descaradamente en tiempos del calderonato, y por algo será: es que el mercado de los contratos gubernamentales y el de los fallecimientos se han hinchado en forma tal vez inexplicable, toda vez que no ha ocurrido ni un incremento decisivo en el gasto público ni una epidemia mortífera.
¿Y qué ha venido después? Pues simular el interés nacional (¿alguien se acuerda de aquella suprema urgencia patria de perforar en aguas profundas?), robar recursos naturales propiedad de la nación, reprimir con toda la fuerza mediática del Estado (en ese capítulo, los concesionarios privados de la tele guardaron los agravios de la clase política, a la espera de cobrarlos con intereses, y se lanzaron al denuesto de la sensatez) y destacar contingentes de pefepos disfrazados de soldados de cienca ficción para hacer frente al descontento ciudadano.
Simular el principio de gobernabilidad para colocar en puestos clave a los allegados que traficaban con influencias; robar sin antifaz, y con la Ley de Transparencia en la mano, mediante la (auto) concesión de salarios y prestaciones de las Mil y unas Noches (tipo Kuwait o Qatar, o tipo Alí Babá, como prefieran) en un país de hambrientos; reprimir todo intento de esclarecer las maniobras cochinas en las cúpulas de la felicidad.
Simular justicia y exonerar de toda sospecha a Mario Marín, a Peña Nieto, a Medina Mora, a García Luna, a Ulises Ruiz, a Elba Esther, a Fox y a sus cachorrastros; robarse los excedentes de la exportación petrolera, los sobrantes de obras contratadas, las migajas de los robos del sexenio anterior; robarse los recursos públicos para financiar ceremonias de autoglorificación en un país con déficit de servicios de salud. Reprimir a los funcionarios que denuncian la pudrición, someterlos a arraigos domiciliarios, simular acusaciones en su contra, reprimir a dirigentes sociales, robarles su libertad, simular preocupación por los derechos humanos.
Robarse la verdad y simular que no pasa nada, que la crisis es una tontería por la que no hay que preocuparse; escamotear la obligada autocrítica por la imprevisión inaceptable; reprimir, con una ceja levantada que prefigura el golpe de un tolete y el impacto demoledor de una averiguación previa, a los profetas de la catástrofe, a los que le apuestan al fracaso de México, a los... poco faltó para recuperar del ancestro, junto con las alabanzas inescrupulosas al Fobaproa, aquella expresión gloriosa del pequeñito grupo de malosos.
Simular, robar, reprimir: ya van casi tres años, pero catástrofe, lo que se llama catástrofe hipercatastrofiquísima, no se ve por ningún lado.