UN DICTAMEN "FANTASTICO".

MÉXICO: Corte Suprema reconoce brutalidad policial en Atenco.
Por Diego Cevallos
MÉXICO, 12 feb (IPS) - La Suprema Corte de Justicia de México dictaminó este jueves que la policía cometió graves violaciones de derechos humanos en un operativo ejecutado hace casi tres años contra pobladores de la localidad de Atenco.
Pero el dictamen del más alto tribunal de este país no asegura el fin de la impunidad en que han permanecido esos actos perpetrados el 3 y el 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco en el estado de México, al oriente de la capital, y que terminaron con cientos de personas heridas y detenidas y decenas de mujeres abusadas sexualmente. "Este recurso extraordinario (la intervención de la Corte) ha dejado claro que la justicia ordinaria no está funcionando, que es inaccesible a los ciudadanos y en muchos casos inútil", dijo a IPS el activista Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 55 organizaciones humanitarias. El dictamen de los 11 ministros del máximo tribunal, que no es vinculante y por tanto no define sanciones ni ordena investigaciones, indica que en los operativos policiales se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Cortez espera que este pronunciamiento sea considerado por las autoridades pertinentes para que reabran las investigaciones. "Sabemos que aquí no se emitió una sentencia, pero sí una resolución de carácter moral", señaló el portavoz de la Red, cuyos miembros han realizado decenas de pronunciamientos en los últimos años exigiendo justicia en el caso de Atenco. Rupert Knox, investigador para México de Amnistía Internacional, consideró que de no reabrirse las investigaciones contra las autoridades "que incurrieron en graves violaciones, sin importar su nivel, se perderá el peso moral y legal del pronunciamiento de la Suprema Corte". Trece personas de las casi 200 detenidas en los operativos de Atenco siguen presas en diferentes cárceles, la mayoría dirigentes comunitarios acusados de motín y del secuestro de policías, que podrían recibir penas de más de 60 años de reclusión. Sus familiares y activistas sociales consideran que son presos de conciencia. Pero sólo seis de los 2.000 policías que actuaron en Atenco fueron encausados por abuso de autoridad y "actos libidinosos". Los procesos continúan, pero los uniformados están libres. La Suprema Corte señaló que fueron únicamente policías, de forma individualizada, los culpables de los delitos de Atenco. "Me parece injusto que nos culpen de todo sólo a nosotros que fuimos a ese infierno por órdenes de los jefes", declaró un ex policía que estuvo en el operativo, pero que pidió a IPS no dar su nombre. Si bien nunca fue acusado, reconoce que él y algunos de sus compañeros actuaron de forma violenta y hasta vengativa. La Corte estimó que "de ninguna manera", puede señalarse responsabilidad a las autoridades superiores, como el gobernador en funciones del estado de México, Enrique Peña, y el entonces ministro de Seguridad del gobierno y hoy fiscal general, Eduardo Medina, ni a las corporaciones de policía como instituciones. Según la mayoría de los magistrados, está acreditado que esas autoridades y los máximos funcionarios policiales jamás ordenaron violar los derechos humanos de la gente de Atenco. Durante las audiencias, iniciadas el lunes y transmitidas en vivo por el canal de televisión judicial, algunos magistrados exhibieron documentos acreditando que las autoridades ordenaron a los uniformados ser prudentes en los operativos, no llevar armas de fuego y negociar con quienes protestaban. Pero aclararon los magistrados que esta actitud se refiere sólo a los hechos del 3 y el 4 de mayo, y que el dictamen no debe interpretarse como una exoneración por actos posteriores a los operativos, como ocultamiento de pruebas, presiones a jerarcas intermedios o negativa a sancionar a los agentes desplegados en Atenco. La exculpación de las autoridades contrasta con denuncias de grupos humanitarios de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, del opositor Partido de la Revolución Democrática y de la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que responsabilizaron inclusive al ex presidente Vicente Fox (2000-2006). En su pronunciamiento, la Corte estima justificada la intervención policial en Atenco, pues era necesario frenar a pobladores violentos que, portando machetes, palos y bombas incendiarias, habían cerrado carreteras y secuestrado a varios agentes de policía. Pero en casi 2.500 páginas del reporte redactado por una comisión del tribunal, se indica que los policías golpearon con saña y sin justificación a detenidos, allanaron casas y abusaron sexualmente de mujeres. De unos 200 detenidos en los dos operativos, entre 80 y 90 por ciento presentaron lesiones. En ese grupo había 50 mujeres, y 30 de ellas fueron sometidas a algún tipo de abuso sexual, indica el documento. "Es que nos provocaban, tenían machetes y habían golpeado a los compañeros, fue una reacción de muchos de nosotros, pero yo no toqué a ninguna mujer, aunque sí daba ganas de golpearlas pues nos insultaban", confesó a IPS el ex policía. En el informe judicial se consigna que los uniformados actuaron sin ningún profesionalismo y con ánimo vengativo. El 3 de mayo de 2006, la policía trató de obligar a un grupo de floricultores de Atenco --una comunidad semi rural habitada por unas 40.000 personas--, a cumplir un acuerdo para cambiar la ubicación de sus pequeñas tiendas ambulantes. Los floricultores se negaron y pidieron apoyo de una organización de pobladores que, en conjunto, repelieron a la policía, golpearon a varios agentes y lograron retener a algunos. Una parte de los pobladores eran miembros del Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra de Atenco, una organización de base que en 2002 impidió con manifestaciones callejeras la construcción de un aeropuerto en sus tierras y se transformó en actor cercano a activistas sociales y a organizaciones altermundistas. En la refriega del 3 de mayo se pudo ver a policías caídos e inconscientes que eran golpeados en el suelo. Además, un joven de 14 años murió de forma confusa y muchos pobladores y agentes resultaron heridos. Tras ese choque, el Frente del Pueblo bloqueó vías de acceso a la comunidad y ocupó edificios públicos. Al día siguiente, arribaron al lugar cientos de policías para enfrentar y desalojar a los manifestantes. En la violenta operación, cometieron las violaciones de derechos humanos que siguen impunes.

SUPREMA CORTE BIZANTINA.
Milenio.
Así, pues, terminada la investigación la SCJN no puede fincar ninguna responsabilidad penal, civil ni administrativa
Son bizantinas las discusiones baldías, intempestivas, o demasiado sutiles. Eso ocurre con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la investigación de los hechos ocurridos en mayo de 2006 en San Salvador Atenco:
vendedores de flores de Texcoco violaron las leyes y fueron sometidos por la policía, a quien se acusa de haber cometido diversos delitos.
Aclaro, los hechos no son bizantinos, sino la dudosa fundamentación e importancia de la investigación de la SCJN; el artículo 97 constitucional le otorga facultades potestativas para investigar violaciones graves a las garantías individuales, o al voto popular; dicha disposición es imperfecta, contradictoria, inútil y no está reglamentada.
La facultad indagatoria es imperfecta porque no señala quién, cómo y con qué medios se practique y no contempla los derechos de los investigados; es contradictoria en virtud de que el 21 constitucional encomienda exclusivamente al ministerio público la investigación y persecución de los delitos; y es inútil porque no prevé las consecuencias de los resultados; sólo en el caso de violaciones al voto dispone que se de vista a la autoridad competente.
Para que las facultades de investigación puedan ponerse en práctica, se necesita que el Congreso de la Unión elabore la ley reglamentaria del artículo 97; y que en dicha ley se desarrollen los aspectos antes enunciados.
Sin la ley reglamentaria la Corte tiene facultades constitucionales, pero no debe ejercerlas porque no existe un procedimiento legal para hacerlo.
Así, pues, terminada la investigación la SCJN no puede fincar ninguna responsabilidad penal, civil ni administrativa; y su dictamen vale como condena, o señalamiento moral; materia que con mayor amplitud es competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); en efecto, el artículo 102 “B” constitucional dispone que la Comisión investigará las violaciones a los derechos humanos, formulará recomendaciones públicas, no vinculatorias, y denunciará los hechos ante las autoridades respectivas.
La SCJN el 29 de agosto de 2006 atendió la petición de investigar los sucesos; el 17 de febrero de 2007 inició la indagatoria; ahora, en febrero de 2009, el Ministro Gudiño Pelayo anuncia que la investigación ha concluido; pero, adelanta, que la SCJN no puede fincar ninguna responsabilidad. Así, después de más de dos años la Corte terminará con un dictamen, cuyo valor jurídico será menor a una resolución de la CNDH.
Sin duda, la exposición de los hechos, la argumentación y el dictamen, que en más de mil hojas conforman la indagatoria, serán solamente un monumento más a las prácticas bizantinas que, lamentablemente, abundan en el país.
Ejidatarios de Atenco lamentan fallo de la Corte.
Expresan desacuerdo con la SCJN, cuyo fallo no señala como responsables de los abusos que se cometieron el 3 y 4 de mayo del 2006 al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y al procurador Eduardo Medina Mora
Emilio Fernández Román El Universal El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco lamentó la decisión que tomaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al no señalar como responsables de los abusos que se cometieron el 3 y 4 de mayo del 2006 al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y al actual procurador de la República, Eduardo Medina Mora.Al conocer la decisión oficial de los magistrados de que tampoco se señalarán como responsables a otros funcionarios federales y estatales que ordenaron los operativos en Texcoco y San Salvador Atenco, Heriberto Salas Amat, uno de los líderes del FPDT, advirtió que la determinación "abre la puerta a la impunidad en México".Esa decisión, dijo, es una clara señal que se envía a la sociedad de que cualquier gobernante puede reprimir a las organizaciones sociales sin recibir castigo.Heriberto Salas, quien es uno de los vínculos que tiene el FPDT con organismos internacionales, criticó al sistema de justicia que existe en México que sólo protege intereses políticos y económicos."Es difícil que haya justicia en México porque los ministros teniendo las pruebas de los abusos que se cometieron contra las mujeres, ancianos y niños el 3 y 4 de mayo no hayan señalado a los culpables de la represión que sufrió el pueblo de Atenco", acusó.Para la sociedad, aseguró, es claro quienes son los responsables de las violaciones a las garantías individuales que sufrieron los que estuvieron en los enfrentamientos y en la ocupación de la fuerza pública en San Salvador Atenco."Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, Wilfredo Robledo - ex titular de la Agencia de Seguridad Estatal- Nazario Gutiérrez- ex alcalde interino de Texcoco- y Miguel Ángel Yunes- ex titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública- son los verdaderos culpables de los hechos violentos", afirmó.Los ministros, expresó, son juez y parte y sólo se dedican a proteger a Peña Nieto, quien es uno de los presidenciables para el 2012, por lo que no pueden tocar intereses económicos y políticos, manifestó.Salas Amat anticipó que el FPDT al no encontrar la justicia que esperaban en México, recurrirá a organismos internacionales para que conozcan cómo se trato el asunto en el país.Las movilizaciones, advirtió, no pararán y por el contrario aumentarán "porque el gobierno federal pretende reactivar el proyecto aeroportuario en la región de Texcoco porque ya está comprando tierras a los ejidatarios de la zona y no permitiremos que se salga con la suya", puntualizó.


LA TREMENDA CORTE, ENEMIGA DE LOS MEXICANOS.

Lilia Arellano
Togados sirven a políticos y empresarios.Intereses, pensiones, pederastia, sus defendidosPeña y Marín, protegidos por magistrados
“Al que juró hasta que nadie confió en él, mintió tanto que ya nadie le cree y pide prestado sin que nadie le dé, le conviene irse a donde nadie lo conozca”.-Ralph Waldo Emerson

En México los tres poderes constitucionales parecen tener como fin último no lo que señala nuestra Carta Magna, sino todo lo contrario, pues sus acciones, decisiones y determinaciones en su gran mayoría más que beneficiar perjudican a los ciudadanos. Para los integrantes del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo pareciera que los mexicanos comunes y corrientes, los que pagan los impuestos que cubren sus altísimos sueldos y prestaciones, son sus enemigos y no los individuos a los que juraron servir porque, un día si y otro también, se dedican a golpear a la población.
El presidente de la República, los secretarios de Estado y funcionarios de primer nivel del gobierno federal, los senadores y diputados federales y, sobre todo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, devengan unos salarios altísimos que realmente no corresponden a su desempeño. Estos señores ejercen un gasto corriente impresionante que cubre todas sus necesidades sin tener la molestia de utilizar su propio dinero. A pesar de eso, tal parece que les pagamos para que nos peguen, no para que nos sirvan como debería ser.Ejemplo destacable de lo anterior lo encontramos en el Poder Judicial de la Federación. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los últimos años han reafirmado su posición no como la institución garante del Estado de Derecho y la Justicia en nuestro país, sino con un ente colegiado gestor y garante de los designios de la clase político-empresarial que gobierna y detenta el poder. Muchas de sus determinaciones, las más importantes, han puesto en tela de juicio el principio de la separación de poderes y, si por eso fuera poco, han asestado golpes durísimos a los derechos laborales de los trabajadores gubernamentales, sin mencionar el enorme daño que han causado a las instituciones nacionales.Por desgracia, los ejemplos para corroborar lo anterior sobran: apenas este jueves, la mayoría de los ministros de la SCJN votaron a favor de declarar que ni el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, ni el actual procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, son responsables de las violaciones graves a las garantías que se registraron en la comunidad de Atenco, durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, donde hubo agresiones físicas, abusos sexuales, detenciones y allanamientos ilegales y la muerte de dos personas, entre otras. Únicamente el ministro Genaro Góngora Pimentel solicitó que al gobernador mexiquense y al actual titular de la PGR se les declarara responsables de la violencia generada en Atenco, “por la omisión de vigilar” lo que hicieron las fuerzas públicas. Además, sostuvo que los enfrentamientos en ese lugar fueron un acto de violencia planeada y las autoridades de rangos “superiores” fueron los autores intelectuales de las agresiones, mientras que, por el contrario, ocho de los once ministros afirmaron que las violaciones sólo se pueden atribuir a los cuerpos policíacos que ejecutaron materialmente los operativos, así como a los mandos encargados de la coordinación y supervisión. Así, los ministros de la SCJN limpian de toda culpa de los hechos en Atenco al gobernador Enrique Peña Nieto, principal precandidato del PRI a la Presidencia de la República hasta el momento, y al Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, uno de “los hombres del presidente”“Intereses moratorios”.
La semana pasada se dio a conocer que la “Tremenda Corte” -como la llaman los ciudadanos comunes y corrientes en referencia a un viejo programa cubano cómico radiofónico- resolvió que los arrendadores tienen derecho a demandar judicialmente el pago de intereses moratorios y no sólo el saldo de las rentas vencidas, a pesar de que el contrato correspondiente no contemple esa posibilidad. El pasado 14 de enero, la Primera Sala resolvió una contradicción de tesis entre tribunales y fijó jurisprudencia que será aplicable a todos los juicios de arrendamiento inmobiliario en el Distrito Federal, que por analogía podría ser utilizado en otros Estados.Esa determinación pareciera el tiro de gracia hacia cientos de miles de ciudadanos que al estar en pobreza patrimonial, es decir no contar con casa propia por lo que se ven en la necesidad de rentar una, no sólo tendrán que preocuparse por los meses que deben sin también por los intereses moratorios. Muchos de esos ciudadanos, padres y madres de familia, ven así aumentar sus ya muchos pesares, por no poder contar con medios de subsistencia. Y es que tan sólo en los últimos tres meses, es decir noviembre y diciembre del año pasado y enero de este 2009, más de 600 mil personas perdieron su trabajo a consecuencia de la crisis financiera y la contracción económica, y ahora, en muchos casos, a sus preocupaciones habrá de agregarse el tener que pagar intereses moratorios por el saldo de las rentas de sus casas-habitación vencidas, todo eso gracias a los ministros de la SCJN.“Anatocinismo”.
También, a los togados de “Tremenda Corte” los ciudadanos mexicanos deben de “agradecerles” que hace ya más de 10 años, en 1998, determinaran por mayoría que el cobro por intereses estipulado en los contratos bancarios es legal en todas las particularidades que se presentan, es decir el llamado “anatocismo”, que no es otra cosa que un asalto en despoblado autorizado por el poder Judicial. Esta decisión, por supuesto, fue aplaudida a rabiar por líderes empresariales y sobre todo banqueros, que vieron así, ante sus ojos y a su disposición, otra mina de oro para seguir acrecentando sus fortunas a costillas de los deudores. A pesar del repudio y rechazo de las organizaciones de deudores, de dirigentes y partidos de oposición y de diversos segmentos de la población, el “anatocismo” llegó para quedarse y convertir en hombres aún más acaudalados a los banqueros que operan en el país, la mayoría de ellos extranjeros.La “Ley Gordillo”
Otro caso lamentable lo constituye su aval a la llamada “Ley Gordillo”. En efecto, luego de las reformas a la Ley del ISSSTE, el Poder Judicial de la Federación debió de crear dos juzgados especiales para recibir los miles de recursos de amparo que promovieron contra esas disposiciones casi 2 millones de trabajadores de diversos estados. Pasando sobre la inconformidad de los burócratas, de su amplia movilización y del escándalo nacional generado, el 21 de junio de 2008 la SCJN avaló el régimen de pensiones previsto en la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al declarar únicamente la inconstitucionalidad de cinco artículos, de los 254 y 47 transitorios que fueron impugnados en los amparos presentados. De esa forma, los ministros de la SCJN hicieron prevalecer la necesidad de garantizar la viabilidad económica y financiera del ISSSTE por encima de las demandas de los trabajadores. Por mayoría, los togados rechazaron la propuesta presentada por el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitía, quien había argumentado y sostenido la inconstitucionalidad del nuevo sistema de retiro porque, dijo, pone “limites a la responsabilidad del Estado en materia de pensiones; afecta de manera retroactiva los derechos de los burócratas; y vulnera “de manera directa” el principio de solidaridad de la seguridad social”. A pesar de todo esto, la “Tremenda Corte” avaló una reforma que resulta sumamente benéfica para, otra vez, los intereses financieros privados que operan en el país, la mayoría trasnacionales, los cuales administran los fondos de pensiones. Investigadores, académicos y abogados de los trabajadores al servicio del Estado lamentaron profundamente su decisión, y sostuvieron que la reforma constituía un atropello a los derechos adquiridos por los trabajadores, por cuanto altera fundamentalmente el régimen de jubilación que habían pactado, el cual estaba basado en principios de solidaridad de reparto y respaldo económico por parte del Estado. Así, los burócratas se vieron obligados por la fuerza del Estado a elegir entre dos opciones: una cuenta de retiro individual, o el sometimiento a un régimen que plantea un aumento de cuotas, años de servicios y edad de retiro para gozar de una pensión. “El gober precioso”.
Un caso totalmente vergonzoso se dio en noviembre de 2007, cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras una votación dividida, dejaron libre de señalamientos al gobernador del Estado de Puebla, Mario Marín Torres, mejor conocido desde entonces como “el gober precioso”, a pesar de la evidencia de sus conversaciones con el empresario Kamel Nacif, que revelan sin lugar a dudas un acuerdo para afectar a la periodista Lydia Cacho. Una vez más, el gran escándalo que generó este hecho no sirvió absolutamente para nada y, lo que es peor, evidencias posteriores confirmaron que había la necesidad de tapar muchas colas, de personajes de primer nivel en la política nacional, expuestas por este caso.Sobre el particular cabe recordar que apenas tres meses después de la nefasta decisión de la SCJN, en febrero de 2008, Alicia Elena Pérez Duarte, ex fiscal de Delitos contra Mujeres de la Procuraduría General de la República, confirmó públicamente que su ex jefe, Eduardo Medina Mora, le ordenó en 2007 que detuviera la consignación de cinco policías judiciales que presuntamente torturaron a Lydia Cacho durante su detención en Cancún, Quintana Roo, y en su traslado a un penal de la Ciudad de Puebla. Pérez Duarte declaró a diversos medios de comunicación que renunció a la fiscalía especial para evitar ser secuaz de, dijo, “estos protectores de las redes de pornografía infantil”, en las cuales el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitía y sus cómplices protegieron no nada más a Kamel Nacif y a Jean Succar Kuri, sino a toda la red completa, que incluye y abarca ciudades de Chihuahua, Tijuana, Mexicali y Cancún.Otros casosDurante el 2007 hubo una serie de determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sumamente cuestionables, entre los que se puede destacar su pronunciamiento sobre la jerarquía de los Tratados Internacionales. Los ministros establecieron que éstos se encuentran por debajo de la Constitución, pero por arriba de las Leyes Federales, Estatales y del Distrito Federal.También a finales del 2007, por segunda ocasión, la “Tremenda Corte” resolvió no atraer el amparo de revisión contra el levantamiento de la prisión domiciliaria al ex presidente Luis Echeverría Álvarez decretada por un juez federal, y retornó el caso a un Tribunal Colegiado. Los togados decidieron no atraer la revisión del amparo que permitió al ex mandatario mexicano obtener su libertad y ser exonerado del delito de genocidio, y determinaron que dicho juicio debería resolverlo el Quinto Tribunal Colegiado que había enviado el caso a la Corte por considerarlo de trascendencia nacional.