¿JUSTICIA? AL MEJOR POSTOR.
10 mar 2009
Vergüenza nacional.
Editorial de La Jornada.
Con la instalación de una comisión binacional para revisar el caso de la secuestradora francesa Florence Cassez, el gobierno mexicano se ha plegado a la lógica racista y discriminatoria impuesta por el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y ha establecido un estatuto de privilegio absolutamente inaceptable en el marco legal de nuestro país, agraviante para los ciudadanos mexicanos y repudiable desde una perspectiva ética.
Ha de considerarse que la instancia anunciada ayer de manera conjunta por Felipe Calderón y el mandatario francés es ajena al marco legal nacional y que impone, por el solo hecho de su creación, una circunstancia de excepción para los delincuentes convictos de origen extranjero, por graves que sean los crímenes que se les atribuyen. Tal circunstancia contrasta con el trato que los acusados y sentenciados mexicanos reciben de las autoridades, es decir, con las arbitrariedades y las injusticias que las instancias de procuración e impartición de justicia cometen contra reos comunes y contra presos políticos.
Es inevitable contrastar la deferencia que el calderonismo brinda a Cassez, convicta por 10 secuestros, y el atropello que perpetró contra Ignacio del Valle, líder atenquense condenado por la privación ilegal de la libertad de un funcionario, hecho que ocurrió cuando Del Valle se encontraba ya en la cárcel.
Igualmente grotesca resulta la concesión hecha al gobierno de Francia si se coteja con la indefensión jurídica que padecen ciudadanos mexicanos al norte del río Bravo. Es de notar que el Ejecutivo federal de México nunca ha pedido la creación de una comisión binacional para revisar los casos de connacionales condenados a muerte por un sistema judicial no menos distorsionado y aberrante que el nuestro, y cabe preguntarse si, llegado el caso, Washington aceptaría la propuesta. Es pertinente cuestionar, asimismo, por qué las autoridades mexicanas nunca han formado comisiones de esta clase para los centro y sudamericanos que delinquen en nuestro territorio y que son sancionados por las instituciones nacionales.
En los hechos, se ha impuesto una diferencia institucional para abordar los casos de los mexicanos acusados ante la justicia –en el país o en el extranjero– y los infractores latinoamericanos en México, por una parte, y los delincuentes que posean un pasaporte francés o rasgos físicos europeos. Estos últimos, de acuerdo con el precedente asentado, podrán reclamar el auxilio de instancias extralegales encargadas de analizar y dar celeridad a sus casos y de supervisar que no se cometan irregularidades.
Se trata de una distinción que contraviene postulados esenciales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluidos la igualdad ante la ley, consagrada en su artículo primero, y el principio de separación de poderes, toda vez que el Ejecutivo no tiene por qué revisar el trabajo del Judicial, en cuyo ámbito se encuentra, hoy, el destino de la secuestradora francesa.
En otros sentidos, la decisión de transigir ante las presiones abiertas e injerencistas de Sarkozy no sólo vulnera la soberanía nacional, sino resulta contraproducente contra el empeño calderonista de persuadir a la sociedad de que en las esferas gubernamentales hay voluntad política real para perseguir a los delincuentes y castigarlos con todo el rigor que permite el derecho. Sí, podrá decirse en lo sucesivo, siempre y cuando los infractores no tengan nacionalidad francesa. En suma, el establecimiento de una comisión binacional para revisar la situación jurídica de Florence Cassez es, por donde quiera que se le vea, una vergüenza nacional.
Planes de educación indígena, afectados por la baja de fondos
Actualización y acceso a tecnologías de la información, entre los programas detenidos. Los recursos se desplomaron de 400 a 261 millones de pesos, explica la titular de la DGEI
Karina Avilés
El desplome presupuestal de 400 millones a 261 millones de pesos en la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) ha detenido varios proyectos, pese a que la población escolar que atiende –cerca de un millón 300 mil niños– está en un contexto más dramático, pues menos de 50 ciento por ciento de los indígenas que ingresan a primaria logran llegar a la secundaria, manifestó Rosalinda Morales Garza, responsable del organismo.
Frente a ello, la funcionaria señaló: no se puede ir a una estrategia de fortalecimiento si no llevas recursos.
Inclusive, aseveró que debido a ese recorte tendríamos casi que acogernos a la Ley de Desarrollo Social, la cual establece, entre otras cosas, que ningún programa en la materia puede tener un presupuesto menor al previo.
En entrevista, expresó que apenas 10 por ciento de la matrícula en enseñanza indígena, esto es, 130 mil niños, tiene acceso a equipos como Enciclomedia o cuenta con bibliotecas escolares o de aula.
Pese a las condiciones de marginación, pobreza extrema y exclusión de los mínimos de bienestar, 88 por ciento de escuelas indígenas mejoraron sus puntuaciones en matemáticas y español, en un promedio de ocho y 13 unidades, respectivamente, en la reciente Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares.
Sin embargo, a la DGEI se destina sólo 2 por ciento del presupuesto total de la Subsecretaría de Educación Básica, a pesar de que atiende a ocho por ciento de la matrícula de prescolar y cinco por ciento de la de primaria, añadió.
Morales Garza afirmó que en la distribución inicial del presupuesto las universidades interculturales tenían cero pesos y de repente tuvieron 100 millones. ¿De dónde? Creo que de lo nuestro, de lo que nos quitaron. Abundó que, aunque el presupuesto se distribuyó en el mismo universo del sector indígena, no tendría que ser a costa del par.
Haber dado a esta dirección un presupuesto histórico de 170 millones de pesos, “cuando por fin se logra un alza importante –en 2008 la Cámara de Diputados aprobó 400 millones–, y volver a dejarlo caer es un signo inequitativo”, porque en la base de la pirámide está la enseñanza básica y es a la que menos se da por alumno en términos de asignación del gasto público.
La funcionaria precisó que, ante la falta de fondos, se ha detenido el envío de mayores subsidios a las entidades para mejorar las condiciones de operación, así como la posibilidad de ir a un mayor número de escuelas con los equipos técnicos especializados. Además, continuó, no se han podido mantener las 90 horas de especialización de los asesores técnico-pedagógicos y se ha frenado la ampliación de la participación de las comunidades indígenas en las tecnologías de la información.
En relación con el mejoramiento de las escuelas para ese sector de la población, que en su mayoría no cuenta con espacios escolares dignos, apuntó: está fuera de nuestras manos el programa de infraestructura, ya que esa decisión depende del Consejo Nacional de Fomento Educativo.
Sobre la profesionalización de los docentes indígenas –56.4 por ciento de profesores de primaria no se han titulado o no han concluido sus estudios–, dijo que la meta es lograr que al finalizar el sexenio los maestros obtengan el grado o por lo menos estén en camino de lograrlo mediante modelos flexibles, como la presentación de un examen por conocimientos para obtener el título.
Editorial de La Jornada.
Con la instalación de una comisión binacional para revisar el caso de la secuestradora francesa Florence Cassez, el gobierno mexicano se ha plegado a la lógica racista y discriminatoria impuesta por el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y ha establecido un estatuto de privilegio absolutamente inaceptable en el marco legal de nuestro país, agraviante para los ciudadanos mexicanos y repudiable desde una perspectiva ética.
Ha de considerarse que la instancia anunciada ayer de manera conjunta por Felipe Calderón y el mandatario francés es ajena al marco legal nacional y que impone, por el solo hecho de su creación, una circunstancia de excepción para los delincuentes convictos de origen extranjero, por graves que sean los crímenes que se les atribuyen. Tal circunstancia contrasta con el trato que los acusados y sentenciados mexicanos reciben de las autoridades, es decir, con las arbitrariedades y las injusticias que las instancias de procuración e impartición de justicia cometen contra reos comunes y contra presos políticos.
Es inevitable contrastar la deferencia que el calderonismo brinda a Cassez, convicta por 10 secuestros, y el atropello que perpetró contra Ignacio del Valle, líder atenquense condenado por la privación ilegal de la libertad de un funcionario, hecho que ocurrió cuando Del Valle se encontraba ya en la cárcel.
Igualmente grotesca resulta la concesión hecha al gobierno de Francia si se coteja con la indefensión jurídica que padecen ciudadanos mexicanos al norte del río Bravo. Es de notar que el Ejecutivo federal de México nunca ha pedido la creación de una comisión binacional para revisar los casos de connacionales condenados a muerte por un sistema judicial no menos distorsionado y aberrante que el nuestro, y cabe preguntarse si, llegado el caso, Washington aceptaría la propuesta. Es pertinente cuestionar, asimismo, por qué las autoridades mexicanas nunca han formado comisiones de esta clase para los centro y sudamericanos que delinquen en nuestro territorio y que son sancionados por las instituciones nacionales.
En los hechos, se ha impuesto una diferencia institucional para abordar los casos de los mexicanos acusados ante la justicia –en el país o en el extranjero– y los infractores latinoamericanos en México, por una parte, y los delincuentes que posean un pasaporte francés o rasgos físicos europeos. Estos últimos, de acuerdo con el precedente asentado, podrán reclamar el auxilio de instancias extralegales encargadas de analizar y dar celeridad a sus casos y de supervisar que no se cometan irregularidades.
Se trata de una distinción que contraviene postulados esenciales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluidos la igualdad ante la ley, consagrada en su artículo primero, y el principio de separación de poderes, toda vez que el Ejecutivo no tiene por qué revisar el trabajo del Judicial, en cuyo ámbito se encuentra, hoy, el destino de la secuestradora francesa.
En otros sentidos, la decisión de transigir ante las presiones abiertas e injerencistas de Sarkozy no sólo vulnera la soberanía nacional, sino resulta contraproducente contra el empeño calderonista de persuadir a la sociedad de que en las esferas gubernamentales hay voluntad política real para perseguir a los delincuentes y castigarlos con todo el rigor que permite el derecho. Sí, podrá decirse en lo sucesivo, siempre y cuando los infractores no tengan nacionalidad francesa. En suma, el establecimiento de una comisión binacional para revisar la situación jurídica de Florence Cassez es, por donde quiera que se le vea, una vergüenza nacional.
Planes de educación indígena, afectados por la baja de fondos
Actualización y acceso a tecnologías de la información, entre los programas detenidos. Los recursos se desplomaron de 400 a 261 millones de pesos, explica la titular de la DGEI
Karina Avilés
El desplome presupuestal de 400 millones a 261 millones de pesos en la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) ha detenido varios proyectos, pese a que la población escolar que atiende –cerca de un millón 300 mil niños– está en un contexto más dramático, pues menos de 50 ciento por ciento de los indígenas que ingresan a primaria logran llegar a la secundaria, manifestó Rosalinda Morales Garza, responsable del organismo.
Frente a ello, la funcionaria señaló: no se puede ir a una estrategia de fortalecimiento si no llevas recursos.
Inclusive, aseveró que debido a ese recorte tendríamos casi que acogernos a la Ley de Desarrollo Social, la cual establece, entre otras cosas, que ningún programa en la materia puede tener un presupuesto menor al previo.
En entrevista, expresó que apenas 10 por ciento de la matrícula en enseñanza indígena, esto es, 130 mil niños, tiene acceso a equipos como Enciclomedia o cuenta con bibliotecas escolares o de aula.
Pese a las condiciones de marginación, pobreza extrema y exclusión de los mínimos de bienestar, 88 por ciento de escuelas indígenas mejoraron sus puntuaciones en matemáticas y español, en un promedio de ocho y 13 unidades, respectivamente, en la reciente Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares.
Sin embargo, a la DGEI se destina sólo 2 por ciento del presupuesto total de la Subsecretaría de Educación Básica, a pesar de que atiende a ocho por ciento de la matrícula de prescolar y cinco por ciento de la de primaria, añadió.
Morales Garza afirmó que en la distribución inicial del presupuesto las universidades interculturales tenían cero pesos y de repente tuvieron 100 millones. ¿De dónde? Creo que de lo nuestro, de lo que nos quitaron. Abundó que, aunque el presupuesto se distribuyó en el mismo universo del sector indígena, no tendría que ser a costa del par.
Haber dado a esta dirección un presupuesto histórico de 170 millones de pesos, “cuando por fin se logra un alza importante –en 2008 la Cámara de Diputados aprobó 400 millones–, y volver a dejarlo caer es un signo inequitativo”, porque en la base de la pirámide está la enseñanza básica y es a la que menos se da por alumno en términos de asignación del gasto público.
La funcionaria precisó que, ante la falta de fondos, se ha detenido el envío de mayores subsidios a las entidades para mejorar las condiciones de operación, así como la posibilidad de ir a un mayor número de escuelas con los equipos técnicos especializados. Además, continuó, no se han podido mantener las 90 horas de especialización de los asesores técnico-pedagógicos y se ha frenado la ampliación de la participación de las comunidades indígenas en las tecnologías de la información.
En relación con el mejoramiento de las escuelas para ese sector de la población, que en su mayoría no cuenta con espacios escolares dignos, apuntó: está fuera de nuestras manos el programa de infraestructura, ya que esa decisión depende del Consejo Nacional de Fomento Educativo.
Sobre la profesionalización de los docentes indígenas –56.4 por ciento de profesores de primaria no se han titulado o no han concluido sus estudios–, dijo que la meta es lograr que al finalizar el sexenio los maestros obtengan el grado o por lo menos estén en camino de lograrlo mediante modelos flexibles, como la presentación de un examen por conocimientos para obtener el título.
Gestiona Mario Marín notaría para su primogénito
LA REDACCIóN
México, D.F., 10 de marzo (apro).-Mario Marín García, hijo del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, inició el trámite ante el juez noveno de lo civil para obtener una notaría. De aprobarse la solicitud, la familia Marín tendría con dos notarías en su haber; el gobernador priista (2005-2011) es el titular de la notaría número 53, con sede en la ciudad de Puebla. El juez noveno de lo civil, Enrique Romero Razo, confirmó que el hijo del mandatario pidió convertirse en titular de notaría, aunque evitó profundizar en el trámite y tampoco quiso aclarar quiénes fueron los testigos del hijo del popularmente conocido "góber precioso". La familia Marín no sólo concentra sus dominios en el terreno jurídico, también ocupa altos cargos en el estado. Enrique Marín Torres es diputado local y miembro de la Comisión de Migración. Julieta, una de las hermanas del mandatario, es candidata a legisladora federal por el distrito 16, con sede en Ajalpan. Roberto, otro de los consanguíneos, ocupó el cargo de Secretario de Organización del PRI, partido en el que se mantiene activo como operador.
Médicos de Guanajuato niegan abortos y denuncian a mujeres
Rehusaron practicar 20 intervenciones a pesar de que las solicitantes fueron violadas: ONG
En ocho años hicieron procesar a 130 que interrumpieron el embarazo por complicaciones
El gobernador y el secretario de Salud niegan anomalías y se dicen respetuosos de la vida
Carlos García
Corresponsal
Guanajuato, Gto., 9 de marzo. En ocho años, médicos de la Secretaría de Salud de Guanajuato denunciaron ante el Ministerio Público a 130 mujeres que solicitaron atención por complicaciones causadas por abortos, y negaron la interrupción del embarazo a 20 mujeres violadas, informó este lunes la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez.
Por su parte, el gobernador panista Juan Manuel Oliva Ramírez y el secretario de Salud estatal, Jorge Armado Aguirre Torres, negaron que las mujeres denunciadas fueran encarceladas, como sostuvo Cruz Sánchez, o que las autoridades de la entidad rehúsen practicar abortos en caso de violación.
El artículo 163 del Código Penal estipula: No es punible el aborto cuando no sea causado por culpa de la mujer embarazada, ni el procurado o consentido por ella cuando el embarazo sea el resultado de una violación. En casos de aborto punible se imponen a las mujeres que lo consientan sentencias de seis meses a tres años de prisión, y de 10 a 30 días de multa, según el artículo 159.
Nosotros ahí estamos aplicando la ley, trabajando con las personas. Denuncias no hemos tenido, aseguró el Ejecutivo luego de firmar un convenio con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
Oliva Ramírez ratificó su convicción de estar a favor de la vida cuando se le preguntó su postura ante la inminente publicación de la norma oficial mexicana 046, que obligará a los estados a practicar abortos en caso de violación.
El secretario de Salud, Aguirre Torres, dijo que esa dependencia acata las leyes y no ha recibido solicitudes de mujeres violadas que deseen abortar.
De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), médicos de la Secretaría de Salud denunciaron penalmente, entre 2000 y 2008, a 130 mujeres que solicitaron atención médica después de que les practicaron abortos, sostuvo la activista Cruz Sánchez.
Antes de atenderlas, a pesar de que llegan con hemorragias, los doctores las obligan a decir que abortaron porque tomaron pastillas. Después presentan la denuncia penal, que en algunos casos es ratificada por todo el personal del hospital, comentó.
Indicó que después de que se obliga a las embarazadas a escribir una confesión y los médicos les practican legrados sin anestesiarlas, porque dicen que son asesinas.
De las 130 mujeres denunciadas, nueve fueron juzgadas por aborto y salieron libres bajo fianza, y 11 siguen en proceso, según el Poder Judicial del estado, recordó la directora del Centro Las Libres. Indicó que estas 20 personas pasaron al menos cuatro días en la cárcel.
Verónica Cruz expuso que de 2007 a septiembre de 2008 la PGJE recibió 231 denuncias de mujeres violadas; sin embargo, tramposamente, sus estadísticas no precisan cuántas quedaron embarazadas y solicitaron la interrupción del embarazo.
De 2000 a 2008, el Centro las Libres atendió a 20 mujeres que denunciaron haber sido violadas y solicitaron a la Secretaría de Salud la interrupción del embarazo, recordó.
Comentó que el año pasado una mujer de 28 años de edad a quien identificó como Laura fue violada en San Miguel de Allende por un vecino suyo; interpuso una querella y solicitó que le practicaran un aborto. Sin embargo, policías ministeriales amenazaron con encarcelarla. Ante la intimidación, la víctima abortó en un hospital del Distrito Federal, recordó Cruz Sánchez.
También mencionó el caso de una adolescente de 15 años del municipio de Salamanca, quien durante tres años sufrió abuso sexual de su padrastro hasta que quedó embarazada. Cuando la madre de la menor se dio cuenta, presentó una denuncia ante el Ministerio Público. A pesar de que el embarazo fue por violación, la víctima no fue informada de que podía abortar. Por ello se presentó la queja 174/08 ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato.
