EL GATOPARDISMO EN EDUCACION

México no mejorará en la prueba Pisa; imposibles, cambios radicales: expertos
Se impone en el país un modelo criollo en que el indicador sustituye al contenido
Sufre la educación pública una administración ineficaz y un sindicalismo tragicómico
Karina Avilés

Expertos en educación consideraron que no existen razones para esperar cambios radicales en la próxima prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (Pisa, por sus siglas en inglés) –en la que México ha obtenido los más bajos resultados–, porque no existe una reforma real que permita un avance, además de que la educación pública se ha desvirtuado por el manejo faccioso de una administración ineficaz y un sindicato que roza ya el terreno de la tragicomedia.
Hugo Casanova, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (Iisue) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que en México se ha impuesto una lógica de exámenes internacionales y hasta se ha generado un modelo criollo de pruebas bajo el modelo global, mediante el que ahora lo más importante es el resultado de las evaluaciones y no el proceso educativo en sí. “El indicador –cualquiera que éste sea– sustituye al contenido.”
En ese contexto, las estrategias del régimen actual, entre ellas la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), han demostrado su poca efectividad porque las condiciones educativas del país no han cambiado, apuntó.
Uno de los contados logros del Estado posrevolucionario, la educación pública, se ha visto desvirtuado por el manejo faccioso de una administración pública ineficaz y de una cúpula gremial que roza ya el terreno de la tragicomedia, advirtió.
Subrayó la necesidad de que el país se someta a estudios y comparaciones para poner a prueba lo que realiza. Sin embargo, estos análisis deben generarse en condiciones de rigor y exigencia, de las cuales están muy lejos quienes hoy conducen la educación.
Por su parte, el director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana (Uia), Carlos Muñoz Izquierdo, consideró que entre los aspectos centrales que han llevado al país a los más bajos niveles en el área educativa están, por un lado, la desigualdad en los estudios de calidad, y, por otro, el enorme déficit en el magisterio en cuanto a la capacidad para impartir estudios adaptables a situaciones diferentes, ya que lo que hoy aún prevalece es una enseñanza basada en la repetición.
Una reforma parcial que no toma en cuenta el sistema por sí mismo, es decir, los materiales requeridos, la supervisión, el desempeño profesional y la capacitación, entre otros aspectos, no sirve e incluso puede ser hasta contraproducente, dijo.
Así, expresó, no creo que haya razón para prever cambios radicales en la prueba Pisa 2009 –la cual se aplicará el próximo martes a más de 52 mil estudiantes de secundaria y preparatoria–, porque no hay una reforma real que permita un avance en el desempeño de los alumnos y maestros.
El INEE corrige a la SEP
Por su parte, la directora de Proyectos Internacionales y Especiales del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), María Antonieta Díaz Gutiérrez, aclaró que el examen paralelo al de Pisa que aplicará a los alumnos de tercero de bachillerato no es modal, como señaló la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de su titular de la Unidad de Planeación, Jorge Santibáñez.
Por otro parte, informó que la prueba Pisa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se aplicará en las 32 entidades, ya que estados como Michoacán, –donde no se aplicó en 2003– han mostrado su disposición para que sus estudiantes realicen la prueba.
El Estado mexicano pagó el año pasado más de 100 mil dólares, como parte de la cuota anual para participar en Pisa.

La inversión de EU en Citigroup no viola la ley mexicana: SHCP
Alega que la legislación tiene más de 20 años y no alcanza a regular adecuadamente el sistema
Víctor Cardoso.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó que la inversión del gobierno de Estados Unidos en Citigroup, matriz de Banamex, no viola la legislación mexicana y que tales medidas no responden a una intención deliberada de participar en la banca y menos aún de intervenir en el sistema financiero mexicano. La dependencia dio a conocer ayer su posición mediante un comunicado en el que en ningún momento se refiere específicamente al caso Citigroup-Banamex.
A partir de una interpretación donde Hacienda superpone cláusulas de tratados comerciales internacionales al artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, la dependencia dijo no haber encontrado motivo para modificar el capital accionario de Banamex, segundo grupo financiero del país. Incluso, sostuvo, la participación de gobiernos extranjeros en el capital social de entidades financieras mexicanas no está sancionada en la ley con la revocación de la autorización para operar como entidad financiera.
Lo que sí encontró la Secretaría de Hacienda es que la legislación actual en materia de instituciones de crédito tiene una antigüedad de más de 20 años y no alcanza a regular adecuadamente al sistema financiero del país.
Por esto aprovechó para plantear que el gobierno federal estima necesario presentar al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para reafirmar la rectoría del Estado sobre el sistema financiero nacional e inhibir la participación accionaria de gobiernos extranjeros, y al mismo tiempo evitaría la distribución de dividendos en el exterior cuando pudiera verse en riesgo la solvencia y solidez de las instituciones. Además consideraría sanciones como la obligación de colocar en el mercado bursátil al menos 25 por ciento del capital social si la institución financiera en cuestión no hubiera logrado salir del supuesto de excepción o 50 por ciento, de persistir la situación por tres años más.
Vigencia o no vigencia
Después de analizar si la situación de Banamex viola o no la legislación vigente, la SHCP sentenció: La prohibición establecida en el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito data de hace más de 20 años, en un contexto en que la inversión extranjera sólo se permitía de manera minoritaria y no consideraba los escenarios generados por una profunda crisis económica mundial. En consecuencia, los preceptos vigentes, dada su generalidad y antigüedad, no alcanzan a regular la situación actual del sistema financiero mexicano, donde ya se permite la participación extranjera al cien por ciento, ni los escenarios de emergencia que enfrenta el sistema financiero internacional.
Para sustentar su veredicto, la dependencia presentó una amplia argumentación basada en intercambios realizados con autoridades financieras extranjeras sobre las condiciones extraordinarias que llevaron al gobierno estadunidense a inyectar capital a Citigroup. Dada la naturaleza de ese tipo de programas de apoyo, argumentó la SHCP, previsiblemente esas inversiones se retirarán conforme mejore el entorno económico, y por tanto el propósito no responde a una intención deliberada de participar en la banca y menos aún de intervenir en el sistema financiero mexicano.
Por el contrario, afirma la dependencia gubernamental, es innegable que los beneficios de los apoyos otorgados en el extranjero se extienden a sus filiales en México, contribuyendo a conservar su valor, preservar su nivel de capitalización y mantener su capacidad operativa en México.
En su posicionamiento, la SHCP destacó que la ley mexicana prevé un régimen específico para las filiales, en este caso Banamex, respecto de los programas de apoyo de los gobiernos extranjeros.
Conforme al régimen general y con base en los tratados de libre comercio firmados en 1993, explicó, fueron aprobadas reformas a la legislación financiera que instituyeron un régimen particular para la inversión extranjera proveniente de nuestros socios comerciales, mismo que dio lugar a la apertura de filiales que cuentan con un régimen específico de tenencia accionaria acorde con los tratados internacionales, y donde no se establece la prohibición a la inversión de personas extranjeras que ejerzan actos de autoridad que aplica al régimen accionario general. En tal virtud y conforme al principio de legalidad, la autoridad no tiene facultades para aplicar una regla no prevista expresamente para el caso concreto.

Indecisiones: ¿temor a qué o a quiénes?

Cuauhtémoc Cárdenas
En el gobierno parece haber temor para tomar decisiones. Desde octubre del año pasado, cuando se dieron a conocer las llamadas medidas contracíclicas que adoptaría la administración para paliar los efectos negativos de la crisis econó- mico-financiera que nos llegaba de Estados Unidos, se anunció que en este año, 2009, se destinaría una partida de mil 200 millones de pesos para iniciar la construcción de una refinería de petróleo. Se esperaba que ayer, 18 de marzo, en las celebraciones oficiales del 71 aniversario de la Expropiación Petrolera, se anunciara con bombo y platillos el sitio en que comenzaría la construcción de esa nueva y anunciada refinería. No sucedió así. La desilusionante sorpresa ha sido que lo que se anunció fue que el gobierno (o la Secretaría de Energía o Pemex o alguien) convocaría a un foro (¿o varios?) para que gobernadores de diferentes estados presenten sus propuestas para, a partir de ellas, tener elementos para decidir la ubicación de la refinería.
Me parece grave ese anuncio. Ha pasado medio año y ¿ni siquiera los estudios de localización se han podido o querido llevar a cabo? ¿Podría el gobierno informar a la opinión pública qué se ha hecho con relación a la refinería anunciada desde octubre?
Determinar la localización de una instalación industrial no es cuestión de una puja, de una subasta. No es cuestión de quién da más. Un estudio técnico-económico es el que permite determinar una localización conveniente. En un estudio de este tipo no deben considerarse variables como qué gobierno estatal ofrece más, a quién se lo ofrece, qué partido gobierna en el estado o en el municipio o cosas por el estilo.
Sabemos, por la información que se ha hecho pública, que se requiere refinar 600 mil barriles diarios de petróleo crudo para sustituir con producciones nacionales la importación actual de combustibles, que la zona del país que debe preferentemente abastecerse con las nuevas instalaciones, por razones eminentemente técnico-económicas, es la central, en la que se ubican entre otras, las regiones metropolitanas de México y Guadalajara.
He tenido a la vista un cuidadoso estudio que valora ventajas y desventajas de varias posibles localizaciones para la nueva refinería. En este estudio se tomaron en cuenta Cadereyta, Nuevo León; Campeche, Campeche; Dos Bocas, Tabasco; Minatitlán y Tuxpan, Veracruz; Manzanillo, Colima; Salina Cruz, Oaxaca; Tula, Hidalgo; y Lázaro Cárdenas, Contepec, Copándaro y Ecuandureo, Michoacán.
Tula y Tuxpan ofrecen las ventajas mayores con relación al costo del transporte; Lázaro Cárdenas y Contepec, a la disposición de terrenos adecuados; Cadereyta y Tula, por la infraestructura ya existente; Cadereyta y Ecuandureo, por los menores impactos ambientales de carácter negativo; Cadereyta y Contepec, por la disponibilidad laboral y profe- sional; un mejor ambiente empresarial se encontraría en Cadereyta y Tuxpan. Valorando el conjunto de factores destacan Contepec, Copándaro, Cadereyta, Tula y Salina Cruz. Elementos serios para tomar decisiones existen en este estudio y seguramente en otros ya en manos del gobierno federal, aportados por diferentes gobiernos estatales o realizados por encargo de dependencias federales.
¿Por qué entonces mandar la decisión a lo que se presente en un foro de próxima realización? Se va a perder más tiempo. Se va a gastar más en la importación de combustibles. Se va a dejar de impactar para paliar los efectos de la crisis que ya golpea fuerte: decrecimiento económico anunciado para el 2009 de menos 5 por ciento respecto al producto interno, pérdida de 500 mil empleos formales desde que se anunció que se construiría una nueva refinería a la fecha, caída en la industria automotriz, etcétera, etcétera.
No tomar una decisión respecto a la otra cuestión a la que en seguida me refiero me parece aun más grave que el que no se haya tomado ya la decisión de donde construir la nueva refinería.
Desde hace semanas se tiene conocimiento que el gobierno de Estados Unidos participa en el capital accionario de Citigroup, propietario de Banamex. Desde ese preciso instante se está violando la Ley Bancaria (y el gobierno mejor que nadie lo sabe y nada ha hecho al respecto), que en su artículo 13 dice: No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple personas morales que ejerzan funciones de autoridad, disposición que se refuerza con lo que establece el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, al fijar entre sus reservas que Las entidades extranjeras que ejerzan funciones de autoridad gubernamental no pueden intervenir, directa o indirectamente, en una institución de crédito (banco comercial), que los gobiernos extranjeros y las empresas estatales no pueden intervenir directa o indirectamente en sociedades controladoras y que, en ambos casos, La eliminación gradual de estas disposiciones es nula.
Entonces, desde que se violó la ley mexicana al hacerse el gobierno de Estados Unidos de un paquete accionario y en consecuencia socio de Citigroup, debió considerarse que Citigroup perdía esa propiedad y, como bien mostrenco, en concordancia con nuestras leyes y en función de la importancia económica y política de esa institución, esa propiedad pasaba a manos del Estado mexicano para su manejo y control. No responsabilizarse de ese manejo y control es mantener la violación de la ley por Citigroup y por el gobierno mexicano que no la cumple. Banamex es parte integrante del patrimonio de la nación y las instituciones del Estado deben responder de su buena administración. Ninguna solución es o será legalmente válida si Banamex no pasa antes por el absoluto control del Estado mexicano. No cabe continuar con el incumplimiento de la ley. No es cuestión de interpretación. Es cuestión de responsabilidad y decisión.
La crisis estadunidense, circunstancialmente, debe decirse, está abriendo al país la extraordinaria oportunidad para que empiece a reconstruirse y cobre vitalidad una banca comercial realmente mexicana, y es responsabilidad de los Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se aproveche esta oportunidad, simplemente cumpliendo y haciendo cumplir lo que marca la ley vigente.
¿Por qué las indecisiones? ¿Qué hay detrás? ¿Temor a qué o a quién? Esperamos las respuestas del gobierno federal.