EL TIRANOSAURIO EN SU TINTA.

Ulises Ruiz se incrimina.

Miguel Ángel Granados Chapa.
Tomado de: http://oaxacadiario.blogsome.com/

El gobernador de Oaxaca rechazó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la desaparición de dos guerrilleros, como si las corporaciones policiacas a su mando fueran ajenas a ella
El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, rechazó el viernes pasado la porción que le concierne de la recomendación 07/2008 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Al no aceptar las indicaciones del ombudsman nacional, el Ejecutivo oaxaqueño se incrimina como cabeza del aparato que con otros órganos del Estado mexicano capturó a los dos miembros del Ejército Popular Revolucionario. De lo contrario, no hubiera tenido empacho en investigar la conducta de agentes policiacos a sus órdenes, tanto en mayo de 2007, cuando se produjo la desaparición, como el año pasado, cuando la CNDH practicó las indagaciones que concluyeron en su recomendación del 13 de febrero pasado.
Además de rechazar el documento de la Comisión Nacional, Ruiz pretendió pasarse de listo. Insistió en que ha ofrecido a toda suerte de autoridades, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el libre acceso a todas las instalaciones de los cuerpos policiacos que dependen del gobernador, para que comprueben que en ninguna de ellas se encuentran los desaparecidos.
La CNDH recomendó al gobernador de Oaxaca "una investigación administrativa en contra de los servidores públicos de la actual Secretaría de Seguridad Pública, entonces Secretaría de protección ciudadana, y de la procuraduría general de justicia de aquella entidad federativa… que con sus acciones y omisiones obstaculizaron e impidieron el pleno ejercicio de las funciones constitucionales" de la CNDH para investigar la desaparición forzada de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, y que "se dé cuenta puntual" de esa investigación a la propia Comisión. Recomendó también el ombudsman que se dé vista al Ministerio Público "a fin de que investigue las posibles conductas antijurídicas" en que hayan incurrido el director de la policía ministerial, el encargado del grupo de investigación de robos y el jefe del grupo de homicidios de la propia policía ministerial, quienes "no se condujeron con verdad ante el agente del Ministerio Público adscrito a la dirección de derechos humanos que integró el cuaderno de antecedentes; y también se informe a la CNDH sobre esa vista e investigación". Y "que se dicten las medidas encaminadas a investigar las acciones y omisiones en que incurrió el personal de la dirección del servicio de emergencia 066 de Oaxaca", y dar cuenta de lo investigado a la propia Comisión.
La indagación de la CNDH le permitió confirmar que el 24 de mayo de 2007 "se realizó un operativo conjunto entre elementos del Ejército mexicano adscritos a la VIII región militar en Ixcotel; de la Dirección general de seguridad pública de la entonces Secretaría de protección ciudadana y de la entonces policía ministerial de la Procuraduría general de justicia, ambas del estado de Oaxaca, así como de la dirección general de seguridad pública del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca… la dirección general de seguridad pública de la entonces secretaría de protección ciudadana… fue la autoridad que solicitó la intervención del Ejército mexicano…".
En esa operación conjunta fueron detenidos Reyes Amaya y Cruz Sánchez, si bien se pretendió disfrazar el hecho arguyendo que la movilización de las corporaciones fue motivada por la presencia de presuntos delincuentes que eran en realidad agentes ministeriales de Chiapas. Por esa causa, las autoridades policiacas rehusaron colaborar con la CNDH. El coordinador de asuntos jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública suscribió hasta cuatro documentos (fechados en 28 de mayo, 21 de agosto, 9 y 25 de septiembre de 2008) de "los que claramente se desprende no solamente la forma en que éste evadió dar respuesta a los distintos planteamientos que se formularon a esa dependencia del Ejecutivo local, sino también para que los visitadores adjuntos de este organismo nacional no entrevistaran a sus servidores públicos que autorizaron y participaron en operativo mencionado".
En contraste con la Secretaría de la Defensa Nacional que informó de la participación de militares en esa movilización, a pedido de la policía estatal oaxaqueña, allí se aseguró a la CNDH el 4 de septiembre pasado "que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en los archivos de esa corporación, no encontró información alguna respecto a dichos antecedentes". La coordinación de asuntos jurídicos de esa misma corporación dijo no contar con los datos de identificación "de los elementos policiales que participaron en el operativo del 24 de mayo de 2007…; sin embargo, se comprometió, cuando tuviera esa información, a brindar el apoyo correspondiente, ‘a fin de que se realizaran las entrevistas pertinentes’, sin que ello aconteciera hasta el momento de emitir la presente recomendación".
La Comisión determinó que tanto el secretario de protección ciudadana como el coordinador de asuntos jurídicos, al "obstaculizar e impedir el pleno ejercicio de las funciones constitucionales de esta Comisión Nacional… incurrieron en responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, al dejar de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público".
Nada de eso, sin embargo, le parece al gobernador de Oaxaca que amerite una investigación. Al rechazar efectuarla se convierte en cómplice de las infracciones denunciadas por la CNDH. Y se queda tan tranquilo, porque las recomendaciones de la Comisión no son de observancia obligatoria.