EN LA TIERRA DEL "A MI ME CONSTA"
25 mar 2009
Retiran 30 toneladas de explosivos almacenados en la mina San José
PEDRO MATíAS. Proceso.
SAN JOSÉ DEL PROGRESO, Oax., 24 de marzo (apro).- La Secretaría de la Defensa Nacional, con el apoyo de la distribuidora Explosivos Oviedo, realizó el retiro de 30 toneladas de materiales explosivos que se encontraban almacenados en el "Polvorín" de la Mina "San José", la cual cumplió ocho días de haber sido "clausurada" por habitantes de la región. Mientras, presuntos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones pretendieron detener al representante de la Coordinadora de Defensa de los Recursos Naturales y Nuestra Madre Tierra del Valle de Ocotlán, Agustín Ríos. Sin embargo, el operativo se frustró debido a la oposición de los inconformes, quienes mantienen bajo su resguardo la factoría. El representante de los habitantes de San José Ocotlán, Hilario Ignacio Vásquez Gómez, dijo que el operativo, en el que participaron los elementos del Ejército mexicano acompañados de personal de la empresa Oviedo y de la compañía minera "Cuzcatlán", así como una comisión de la comunidad, duró tres horas y media. En ese lapso, los especialistas de la empresa Oviedo retiraron de la mina, que forma parte de la compañía canadiense "Fortuna Silver Mines", 20 toneladas y 315 kilos de material explosivo denominado "Amex"; ocho toneladas de dinamita y dos toneladas de "Primacoro", según asentó la Notario Público número 87, Lilián Alejandra Bustamante García. Una vez concluido el operativo, elementos del Sexto Batallón de Infantería, con sede en Miahuatlán, después de cuatro días, se retiraron del lugar, mientras los inconformes volvieron a cerrar el principal acceso a la comunidad. Sin embargo, los inconformes, que mantienen tres campamentos a la entrada de la minera, advirtieron que ni con el retiro de los explosivos y de los militares, termina el conflicto, ya que su objetivo es el cierre definitivo de este complejo minero, que tiene planeado obtener 12 millones de onzas de oro durante 20 años.Antes, el representante de esa coordinadora, Agustín Ríos, manifestó que esta mañana llegaron al plantón una camioneta y un Tsuru, de donde descendieron 10 presuntos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones vestidos de civil, quienes desenfundaron sus armas para detenerlo. Dijo que él se sujetó del volante de una camioneta, por lo que procedieron a golpearlo, lo que hizo reaccionar a los inconformes y los "ministeriales se echaron a correr"."La gente pensó que se trataba de un `levantón`, un secuestro de los que normalmente se realizan relacionados con los conflictos sociales. La gente empezó apoyarnos y los echaron a correr", añadió. Los inconformes culparon a las autoridades estatales, municipales y ejidales de estos "ataques" y los responsabilizaron de cualquier agresión a los integrantes de la Coordinadora de Defensa de los Recursos Naturales y Nuestra Madre Tierra, así como del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo. Advirtieron: "Esta es una lucha ecológica y pacifica y así se mantendrá, aunque recurran a este tipo de ataques".
El jueves en la Corte, reporte sobre abusos graves en Oaxaca
Anticipan en el máximo tribunal que omitirá juicios de valor
Jesús Aranda
Sin grandes expectativas, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conocerá este jueves el informe sobre Oaxaca, elaborado por la comisión de magistrados que investigó las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en esa entidad de mayo de 2006 a julio de 2007; de acuerdo con fuentes judiciales consultadas, el documento será sólo descriptivo, sin juicios de valor sobre la existencia de violaciones graves a las garantías individuales.
Una vez que rindan su informe los magistrados federales Roberto Lara y Manuel Baráibar, el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, anunciará que por cuestión de turno, corresponderá a Mariano Azuela la elaboración del proyecto de dictamen.
En el máximo tribunal se dijo que tras la resolución del caso Atenco, en que la decisión quedó en un catálogo de buenas intenciones y sin responsabilizar a ningún alto funcionario federal o estatal de violaciones graves de garantías, se espera que en el caso Oaxaca ocurra algo similar.
Es decir, que el pleno hará algunas recomendaciones en cuanto al uso de la fuerza pública, para que ésta no vulnere las garantías ciudadanas, pero también con respecto a la omisión de las autoridades en el uso de ésta se hará énfasis en que los gobiernos de los tres niveles deben de actuar a tiempo, antes de que se desborden los conflictos sociales.
Tampoco se espera que la Corte determine responsabilizar a autoridad alguna, incluido el gobernador de la entidad, Ulises Ruiz, de los actos que dieron origen a la investigación y a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre los que destacan: determinar quién ordenó la represión en la entidad, qué autoridad ordenó movilizar a la Armada de México y a la Policía Federal Preventiva; quién ordenó el traslado de los detenidos, integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) a penales de alta seguridad en otras entidades, pese a que las acusaciones en su contra fueron por delitos del fuero común, y finalmente, quién ordenó el desalojo violento de los activistas del Cerro del Fortín, en julio de 2007.
En su momento, Ulises Ruiz trató de impedir que la SCJN, con base en en el artículo 97 constitucional, decidiera investigar la presunta violación grave de garantías, con el argumento de que iba a dar cumplimiento a la respectiva recomendación de la CNDH.
El pleno desechó los argumentos Ruiz y creó la comisión, pero meses más tarde adoptó un acuerdo general, en el que determinó que en estas investigaciones los ministros no estaban facultados para imputar personalmente a los funcionarios responsables de violar las garantías, si acaso, podrá hacer un recuento de los hechos.
Así las cosas, la comisión de magistrados presentará su informe y, si el pleno lo considera suficiente, lo turnará al ministro instructor para que elabore el proyecto de dictamen.
Por cierto, Azuela deja su cargo el 30 de noviembre próximo y, según ministros consultados, conociéndolo, seguramente se apurará para que el pleno resuelva este asunto antes de que se vaya.
Amenazan a Edgar Coache Rivera, hijo de dirigente de la APPO.
De: “Todo el poder al pueblo”
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. e-consulta.
El Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño expresó su preocupación por la situación que prevalece en torno a la seguridad física y psicológica de Marcelino Coache Verano, dirigente de la APPO, y los demás miembros de su familia, especialmente de su hijo mayor, Edgar Coache Rivera.
El organismo defensor informó en un comunicado de prensa que el viernes 20 de febrero, aproximadamente a la una y media de la tarde, Coache Rivera salió de su escuela junto con una amiga y camino a su casa vio en la esquina a hombres de entre 20 y 25 años de edad que se encontraban parados junto a una camioneta blanca sin placas, como si estuvieran esperando a alguien.
Edgar no les prestó atención cuando de repente le gritaron Coache, y él al escuchar su apellido volteó y ellos comenzaron a reírse fuertemente como burlándose de él, por lo que caminó más rápido a lado de su amiga.
Los sujetos se subieron a la camioneta hasta alcanzarlo y le gritaron "se lo advertimos a tu padre. Ya sabemos dónde estás. A ti te estamos hablando, perro maldito".
Edgar seguía caminando con mucho miedo y por la rapidez no pudo ver bien a los agresores. Lo único que vio fue a un hombre moreno y alto que llevaba un pañuelo amarrado en la cabeza.
Los hombres lo persiguieron hasta que llegaron a un negocio donde venden hules, donde había muchas personas, y luego se perdieron de vista.
El Centro de Derechos Humanos considera que no se trata de un hecho aislado o ajeno a la situación que vivió hace unos días Marcelino Coache Verano.
"Sabemos que Marcelino ha mantenido una postura crítica y de oposición ante el actuar del Gobierno de Oaxaca, y no podemos ignorar que estos hechos en específico se enmarcan por su participación como consejero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y por ser líder del Sindicato Libre de Trabajadores y Empleados del Municipio de Oaxaca".
El organismo exige a la Procuraduría General de Justicia del Estado intensifique sus investigaciones para identificar a los responsables de las agresiones y amenazas de Marcelino Coache Verano y ahora de Edgar Coache Rivera, y se proceda con el rigor de la ley y conforme a derecho.
Pide también a las autoridades que tomen medidas para prevenir posibles represalias y agresiones contra la familia Coache Verano.
A los gobiernos federal y estatal les pide que pongan un alto al clima de inseguridad y represión en contra de líderes, organizaciones y personas que han participado abiertamente en el movimiento social.
la Comisión Nacional de Derechos Humanos le solicita que otorgue medidas cautelares en favor de la familia Coache Verano, para salvaguardar su integridad física y psicológica.
El 4 de marzo pasado, Marcelino Coache fue secuestrado por hombres desconocidos que lo llevaron a un lugar fuera de la ciudad y lo torturaron, resultando con lesiones en diferentes partes del cuerpo, quemaduras de segundo y tercer grado en tórax y genitales, hematoma frontal y edema en los labios.
COMUNICADO DEL EPR.
Tomado de: Todo el poder al pueblo.
AL PUEBLO DE MEXICOA LOS PUEBLOS DEL MUNDOA LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOSA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
A casi dos años de cumplirse la detención-desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez y de la indolencia deliberada de los gobiernos federal y estatal de Oaxaca planteamos:Sr. Calderón, como en reiteradas ocasiones no ha permitido que olvidemos que es el Jefe Máximo de las fuerzas armadas y que asume las consecuencias que deriven de sus decisiones como gobierno, señalamos ante el pueblo de México y el mundo que usted es el responsable y culpable directo del crimen de lesa humanidad de detención-desaparición forzada cometido en la persona de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, usted sabe perfectamente quiénes los detuvieron y en dónde están, porque sería ingenuo pensar que -aunque no tiene el control absoluto de su gabinete- usted no supiera la verdad. Durante este proceso de su gobierno ha habido la intención de dejar pasar deliberadamente el tiempo para que los sigan torturando física y psicológicamente, apostando al olvido y al desgaste, ya la CNDH plantea en su Recomendación 072009, los obstáculos que han interpuesto para aclarar este crimen de lesa humanidad.Como gobierno se han comprometido positivamente con las demandas de la Comisión de Mediación, pero siguen dando largas al asunto y no hay la voluntad política ni la concreción de dichas demandas, para tener un resultado veraz y concreto sobre la detención-desaparición forzada de nuestros compañeros.
El Sr. Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, tomó las riendas de la SEGOB a pesar de tener un pasado en el que siempre ha defendido a los grandes jerarcas del capital, es decir, a grandes millonarios capitalistas, lo cual a pesar de retirarse de su bufete jurídico implica un conflicto de intereses y hoy se rige supuestamente por la política que dicta su jefe el Sr. Calderón. Suponemos que a estas alturas ya está enterado sobre este asunto que nos concierne y estamos en la espera de la concreción de los compromisos que la SEGOB adquirió con la Comisión de Mediación.Sin embargo, el gobierno calderonista insiste en hostigar y amenazar a todos y cada uno de los luchadores sociales, sobre todo a los que están por la defensa y libertad de los presos políticos y de conciencia, persiguiendo y desapareciendo a algunos de estos luchadores, como lo sucedido en Guerrero con los dos indígenas Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas.Se mandan tropas militares por millares al norte del país, como en Ciudad Juárez, Chihuahua bajo el supuesto combate al crimen organizado, dejando una estela de violación de los derechos humanos, anulando de facto garantías y derechos constitucionales justificando la militarización de la sociedad con la falsedad de combatir un problema que tiene origen en el mismo Estado mexicano y sus instituciones, fenómeno al cual volvemos a repetir, los revolucionarios no somos parte de él.
Somos parte de una insurgencia revolucionaria, de los luchadores sociales que condenamos a este régimen neoliberal y que pugnamos por una sociedad sin iniquidades, como tal no hemos hecho declaraciones amorfas, sino concretas en cuanto a las demandas de justicia social y la exigencia de la equidad entre nuestra sociedad para que el 75% de nuestro pueblo tenga lo mínimo para no sufrir la hambruna que ya existe en el país, somos parte del pueblo en descontento y somos un partido revolucionario propositivo para terminar con la pobreza y la miseria que agobia a la mayoría de los mexicanos.Por enésima ocasión le exigimos al gobierno federal que presente con vida y en libertad a nuestros compañeros y declare públicamente en dónde los ha tenido en todo este tiempo así como a todos los detenidos desaparecidos del país.
En este tiempo el CISEN, la SEDENA, la PGR y el gobierno de Ulises Ruiz han negado insistentemente su responsabilidad en la detención-desaparición de nuestros compañeros cuando todas las evidencias dicen lo contrario, cuando previamente unos días antes de su detención agentes de la PGR detuvieron a dos indígenas de los Loxichas a quienes les pidieron el retrato hablado del compañero Edmundo Reyes Amaya, hoy sabemos que estos fueron a comunicar dichos hechos a un luchador social y éste hasta la fecha ha guardado silencio, comprobado está que así fue.
Hay muchas pruebas que se han acumulado con el tiempo, tantas que la propia CNDH -a destiempo- plantea que fue forzada a dar a conocer el entorpecimiento de las investigaciones, entendemos que están pretendiendo entretener a la Comisión de Mediación para poder hacer un enjuague más entre el gobierno federal y Ulises Ruiz para seguir obstaculizando la investigación sin permitir llegar al fondo porque la policía estatal en complicidad con la PGR y el ejército detuvieron a nuestros compañeros.
Consideramos que si en un lapso de tiempo razonable no hay una respuesta que satisfaga a las necesidades de nuestro pueblo y partido, es el gobierno federal, sobre todo usted señor Calderón el responsable directo de lo que se pueda desencadenar ante este ominoso silencio y dilación, sabemos que el combate al narcotráfico y al narcomenudeo es una cortina de humo, porque sólo con ese pretexto pueden llegar a regiones pobres a hacer destrozos y violar los derechos humanos, “amparados” por “su guerra” cuando el motivo fundamental es tratar de descubrirnos y realizar aprehensiones, si así fuese tomen en cuenta que habría una respuesta inmediata y el rompimiento de la tregua.
Confiamos en la calidad de la Comisión de Mediación y nos congratulamos que hoy existan más personalidades que busquen la libertad de los presos políticos de Atenco que tienen una aberrante condena, y los exhortamos a pronunciarse por la libertad no sólo de ellos sino de todos los presos políticos y de conciencia del país.De nuestra parte nos sumamos a su justa lucha por la liberación de los presos políticos y de conciencia de Atenco y de todo el país como un intento más de evitar una conflagración violenta.
Cuando Calderón dice, que no quiere que nuestra soberanía sea violada, no corresponde su dicho a la realidad, son años que nuestra soberanía ha sido violada, por años en el país han estado funcionando la DEA, el FBI, la CIA, organismos de inteligencia francés, española e israelí, asesorando, instruyendo y capacitando a policías y militares, llevándolos a preparar a Estados Unidos con enseñanzas antiguerrilleras, los cuales, después desertan y ponen esos métodos al servicio del crimen organizado.
¿Dónde vive y quién es ese “misterioso” israelita y todas las demás personas a las cuales les hablaron desde el teléfono de Edmundo Reyes Amaya? S
eguramente ese israelita es un agente del Mossad, es decir, la policía de inteligencia judía que junto con los demás participan en cateos, detenciones y torturas contra luchadores sociales. Los asesores colombianos son también quienes se dedican a perseguir a los defensores de los derechos humanos en nuestro país. ¡Claro que hay una soberanía violada! Pero es con la venia de los gobiernos priístas y panistas, las declaraciones gubernamentales no son más que un acto histriónico, no es más que eso, para confundir levantando otra cortina de humo intentando engañar a nuestro pueblo con supuestas posiciones hasta anti norteamericanas.
Nuestro pueblo sigue esperando una respuesta satisfactoria sobre la libertad de todos los presos políticos y de conciencia y la presentación de todos los detenidos desaparecidos. Exigimos ya, solución a este problema. ¿Qué camino nos queda cuando ustedes no tienen la capacidad política ni el control de sus fuerzas armadas, y las están poniendo bajo el control de las fuerzas armadas norteamericanas para que ellas determinen qué hacer cuando ven que el peligro para sus intereses en México no es la delincuencia organizada, sino el descontento, la rebeldía y la organización popular?
No en vano están proponiendo usar tácticas antiguerrilleras en el “combate” contra la delincuencia organizada.Repetimos no queremos la guerra, no queremos la violencia, amamos la paz; pero cada día ustedes están orillando a nuestro pueblo a que tome decisiones, el aparente conformismo, este supuesto callar, no es más que el embrión de otras cosas, como fue la gestación de la independencia de nuestro país y la revolución de 1910 contra la dictadura porfirista.
Han pretendido callar a la prensa y a los medios electrónicos porque son la única forma de comunicarnos con la Comisión de Mediación. A los que se han plegado a las exigencias gubernamentales les decimos que también serán responsables de un desenlace con medidas drásticas porque han estado presionando para una salida militar.Sr. Calderón es preferible morir de pie que vivir de rodillas, nuestro pueblo, nosotros lo sabemos porque estamos dentro de él, se está cansando de su política entreguista, proempresarial y explotadora que camina del brazo con quienes tienen las grandes riquezas nacionales y transnacionales.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO.
PEDRO MATíAS. Proceso.
SAN JOSÉ DEL PROGRESO, Oax., 24 de marzo (apro).- La Secretaría de la Defensa Nacional, con el apoyo de la distribuidora Explosivos Oviedo, realizó el retiro de 30 toneladas de materiales explosivos que se encontraban almacenados en el "Polvorín" de la Mina "San José", la cual cumplió ocho días de haber sido "clausurada" por habitantes de la región. Mientras, presuntos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones pretendieron detener al representante de la Coordinadora de Defensa de los Recursos Naturales y Nuestra Madre Tierra del Valle de Ocotlán, Agustín Ríos. Sin embargo, el operativo se frustró debido a la oposición de los inconformes, quienes mantienen bajo su resguardo la factoría. El representante de los habitantes de San José Ocotlán, Hilario Ignacio Vásquez Gómez, dijo que el operativo, en el que participaron los elementos del Ejército mexicano acompañados de personal de la empresa Oviedo y de la compañía minera "Cuzcatlán", así como una comisión de la comunidad, duró tres horas y media. En ese lapso, los especialistas de la empresa Oviedo retiraron de la mina, que forma parte de la compañía canadiense "Fortuna Silver Mines", 20 toneladas y 315 kilos de material explosivo denominado "Amex"; ocho toneladas de dinamita y dos toneladas de "Primacoro", según asentó la Notario Público número 87, Lilián Alejandra Bustamante García. Una vez concluido el operativo, elementos del Sexto Batallón de Infantería, con sede en Miahuatlán, después de cuatro días, se retiraron del lugar, mientras los inconformes volvieron a cerrar el principal acceso a la comunidad. Sin embargo, los inconformes, que mantienen tres campamentos a la entrada de la minera, advirtieron que ni con el retiro de los explosivos y de los militares, termina el conflicto, ya que su objetivo es el cierre definitivo de este complejo minero, que tiene planeado obtener 12 millones de onzas de oro durante 20 años.Antes, el representante de esa coordinadora, Agustín Ríos, manifestó que esta mañana llegaron al plantón una camioneta y un Tsuru, de donde descendieron 10 presuntos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones vestidos de civil, quienes desenfundaron sus armas para detenerlo. Dijo que él se sujetó del volante de una camioneta, por lo que procedieron a golpearlo, lo que hizo reaccionar a los inconformes y los "ministeriales se echaron a correr"."La gente pensó que se trataba de un `levantón`, un secuestro de los que normalmente se realizan relacionados con los conflictos sociales. La gente empezó apoyarnos y los echaron a correr", añadió. Los inconformes culparon a las autoridades estatales, municipales y ejidales de estos "ataques" y los responsabilizaron de cualquier agresión a los integrantes de la Coordinadora de Defensa de los Recursos Naturales y Nuestra Madre Tierra, así como del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo. Advirtieron: "Esta es una lucha ecológica y pacifica y así se mantendrá, aunque recurran a este tipo de ataques".
El jueves en la Corte, reporte sobre abusos graves en Oaxaca
Anticipan en el máximo tribunal que omitirá juicios de valor
Jesús Aranda
Sin grandes expectativas, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conocerá este jueves el informe sobre Oaxaca, elaborado por la comisión de magistrados que investigó las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en esa entidad de mayo de 2006 a julio de 2007; de acuerdo con fuentes judiciales consultadas, el documento será sólo descriptivo, sin juicios de valor sobre la existencia de violaciones graves a las garantías individuales.
Una vez que rindan su informe los magistrados federales Roberto Lara y Manuel Baráibar, el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, anunciará que por cuestión de turno, corresponderá a Mariano Azuela la elaboración del proyecto de dictamen.
En el máximo tribunal se dijo que tras la resolución del caso Atenco, en que la decisión quedó en un catálogo de buenas intenciones y sin responsabilizar a ningún alto funcionario federal o estatal de violaciones graves de garantías, se espera que en el caso Oaxaca ocurra algo similar.
Es decir, que el pleno hará algunas recomendaciones en cuanto al uso de la fuerza pública, para que ésta no vulnere las garantías ciudadanas, pero también con respecto a la omisión de las autoridades en el uso de ésta se hará énfasis en que los gobiernos de los tres niveles deben de actuar a tiempo, antes de que se desborden los conflictos sociales.
Tampoco se espera que la Corte determine responsabilizar a autoridad alguna, incluido el gobernador de la entidad, Ulises Ruiz, de los actos que dieron origen a la investigación y a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre los que destacan: determinar quién ordenó la represión en la entidad, qué autoridad ordenó movilizar a la Armada de México y a la Policía Federal Preventiva; quién ordenó el traslado de los detenidos, integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) a penales de alta seguridad en otras entidades, pese a que las acusaciones en su contra fueron por delitos del fuero común, y finalmente, quién ordenó el desalojo violento de los activistas del Cerro del Fortín, en julio de 2007.
En su momento, Ulises Ruiz trató de impedir que la SCJN, con base en en el artículo 97 constitucional, decidiera investigar la presunta violación grave de garantías, con el argumento de que iba a dar cumplimiento a la respectiva recomendación de la CNDH.
El pleno desechó los argumentos Ruiz y creó la comisión, pero meses más tarde adoptó un acuerdo general, en el que determinó que en estas investigaciones los ministros no estaban facultados para imputar personalmente a los funcionarios responsables de violar las garantías, si acaso, podrá hacer un recuento de los hechos.
Así las cosas, la comisión de magistrados presentará su informe y, si el pleno lo considera suficiente, lo turnará al ministro instructor para que elabore el proyecto de dictamen.
Por cierto, Azuela deja su cargo el 30 de noviembre próximo y, según ministros consultados, conociéndolo, seguramente se apurará para que el pleno resuelva este asunto antes de que se vaya.
Amenazan a Edgar Coache Rivera, hijo de dirigente de la APPO.
De: “Todo el poder al pueblo”
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. e-consulta.
El Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño expresó su preocupación por la situación que prevalece en torno a la seguridad física y psicológica de Marcelino Coache Verano, dirigente de la APPO, y los demás miembros de su familia, especialmente de su hijo mayor, Edgar Coache Rivera.
El organismo defensor informó en un comunicado de prensa que el viernes 20 de febrero, aproximadamente a la una y media de la tarde, Coache Rivera salió de su escuela junto con una amiga y camino a su casa vio en la esquina a hombres de entre 20 y 25 años de edad que se encontraban parados junto a una camioneta blanca sin placas, como si estuvieran esperando a alguien.
Edgar no les prestó atención cuando de repente le gritaron Coache, y él al escuchar su apellido volteó y ellos comenzaron a reírse fuertemente como burlándose de él, por lo que caminó más rápido a lado de su amiga.
Los sujetos se subieron a la camioneta hasta alcanzarlo y le gritaron "se lo advertimos a tu padre. Ya sabemos dónde estás. A ti te estamos hablando, perro maldito".
Edgar seguía caminando con mucho miedo y por la rapidez no pudo ver bien a los agresores. Lo único que vio fue a un hombre moreno y alto que llevaba un pañuelo amarrado en la cabeza.
Los hombres lo persiguieron hasta que llegaron a un negocio donde venden hules, donde había muchas personas, y luego se perdieron de vista.
El Centro de Derechos Humanos considera que no se trata de un hecho aislado o ajeno a la situación que vivió hace unos días Marcelino Coache Verano.
"Sabemos que Marcelino ha mantenido una postura crítica y de oposición ante el actuar del Gobierno de Oaxaca, y no podemos ignorar que estos hechos en específico se enmarcan por su participación como consejero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y por ser líder del Sindicato Libre de Trabajadores y Empleados del Municipio de Oaxaca".
El organismo exige a la Procuraduría General de Justicia del Estado intensifique sus investigaciones para identificar a los responsables de las agresiones y amenazas de Marcelino Coache Verano y ahora de Edgar Coache Rivera, y se proceda con el rigor de la ley y conforme a derecho.
Pide también a las autoridades que tomen medidas para prevenir posibles represalias y agresiones contra la familia Coache Verano.
A los gobiernos federal y estatal les pide que pongan un alto al clima de inseguridad y represión en contra de líderes, organizaciones y personas que han participado abiertamente en el movimiento social.
la Comisión Nacional de Derechos Humanos le solicita que otorgue medidas cautelares en favor de la familia Coache Verano, para salvaguardar su integridad física y psicológica.
El 4 de marzo pasado, Marcelino Coache fue secuestrado por hombres desconocidos que lo llevaron a un lugar fuera de la ciudad y lo torturaron, resultando con lesiones en diferentes partes del cuerpo, quemaduras de segundo y tercer grado en tórax y genitales, hematoma frontal y edema en los labios.
COMUNICADO DEL EPR.
Tomado de: Todo el poder al pueblo.
AL PUEBLO DE MEXICOA LOS PUEBLOS DEL MUNDOA LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOSA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
A casi dos años de cumplirse la detención-desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez y de la indolencia deliberada de los gobiernos federal y estatal de Oaxaca planteamos:Sr. Calderón, como en reiteradas ocasiones no ha permitido que olvidemos que es el Jefe Máximo de las fuerzas armadas y que asume las consecuencias que deriven de sus decisiones como gobierno, señalamos ante el pueblo de México y el mundo que usted es el responsable y culpable directo del crimen de lesa humanidad de detención-desaparición forzada cometido en la persona de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, usted sabe perfectamente quiénes los detuvieron y en dónde están, porque sería ingenuo pensar que -aunque no tiene el control absoluto de su gabinete- usted no supiera la verdad. Durante este proceso de su gobierno ha habido la intención de dejar pasar deliberadamente el tiempo para que los sigan torturando física y psicológicamente, apostando al olvido y al desgaste, ya la CNDH plantea en su Recomendación 072009, los obstáculos que han interpuesto para aclarar este crimen de lesa humanidad.Como gobierno se han comprometido positivamente con las demandas de la Comisión de Mediación, pero siguen dando largas al asunto y no hay la voluntad política ni la concreción de dichas demandas, para tener un resultado veraz y concreto sobre la detención-desaparición forzada de nuestros compañeros.
El Sr. Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, tomó las riendas de la SEGOB a pesar de tener un pasado en el que siempre ha defendido a los grandes jerarcas del capital, es decir, a grandes millonarios capitalistas, lo cual a pesar de retirarse de su bufete jurídico implica un conflicto de intereses y hoy se rige supuestamente por la política que dicta su jefe el Sr. Calderón. Suponemos que a estas alturas ya está enterado sobre este asunto que nos concierne y estamos en la espera de la concreción de los compromisos que la SEGOB adquirió con la Comisión de Mediación.Sin embargo, el gobierno calderonista insiste en hostigar y amenazar a todos y cada uno de los luchadores sociales, sobre todo a los que están por la defensa y libertad de los presos políticos y de conciencia, persiguiendo y desapareciendo a algunos de estos luchadores, como lo sucedido en Guerrero con los dos indígenas Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas.Se mandan tropas militares por millares al norte del país, como en Ciudad Juárez, Chihuahua bajo el supuesto combate al crimen organizado, dejando una estela de violación de los derechos humanos, anulando de facto garantías y derechos constitucionales justificando la militarización de la sociedad con la falsedad de combatir un problema que tiene origen en el mismo Estado mexicano y sus instituciones, fenómeno al cual volvemos a repetir, los revolucionarios no somos parte de él.
Somos parte de una insurgencia revolucionaria, de los luchadores sociales que condenamos a este régimen neoliberal y que pugnamos por una sociedad sin iniquidades, como tal no hemos hecho declaraciones amorfas, sino concretas en cuanto a las demandas de justicia social y la exigencia de la equidad entre nuestra sociedad para que el 75% de nuestro pueblo tenga lo mínimo para no sufrir la hambruna que ya existe en el país, somos parte del pueblo en descontento y somos un partido revolucionario propositivo para terminar con la pobreza y la miseria que agobia a la mayoría de los mexicanos.Por enésima ocasión le exigimos al gobierno federal que presente con vida y en libertad a nuestros compañeros y declare públicamente en dónde los ha tenido en todo este tiempo así como a todos los detenidos desaparecidos del país.
En este tiempo el CISEN, la SEDENA, la PGR y el gobierno de Ulises Ruiz han negado insistentemente su responsabilidad en la detención-desaparición de nuestros compañeros cuando todas las evidencias dicen lo contrario, cuando previamente unos días antes de su detención agentes de la PGR detuvieron a dos indígenas de los Loxichas a quienes les pidieron el retrato hablado del compañero Edmundo Reyes Amaya, hoy sabemos que estos fueron a comunicar dichos hechos a un luchador social y éste hasta la fecha ha guardado silencio, comprobado está que así fue.
Hay muchas pruebas que se han acumulado con el tiempo, tantas que la propia CNDH -a destiempo- plantea que fue forzada a dar a conocer el entorpecimiento de las investigaciones, entendemos que están pretendiendo entretener a la Comisión de Mediación para poder hacer un enjuague más entre el gobierno federal y Ulises Ruiz para seguir obstaculizando la investigación sin permitir llegar al fondo porque la policía estatal en complicidad con la PGR y el ejército detuvieron a nuestros compañeros.
Consideramos que si en un lapso de tiempo razonable no hay una respuesta que satisfaga a las necesidades de nuestro pueblo y partido, es el gobierno federal, sobre todo usted señor Calderón el responsable directo de lo que se pueda desencadenar ante este ominoso silencio y dilación, sabemos que el combate al narcotráfico y al narcomenudeo es una cortina de humo, porque sólo con ese pretexto pueden llegar a regiones pobres a hacer destrozos y violar los derechos humanos, “amparados” por “su guerra” cuando el motivo fundamental es tratar de descubrirnos y realizar aprehensiones, si así fuese tomen en cuenta que habría una respuesta inmediata y el rompimiento de la tregua.
Confiamos en la calidad de la Comisión de Mediación y nos congratulamos que hoy existan más personalidades que busquen la libertad de los presos políticos de Atenco que tienen una aberrante condena, y los exhortamos a pronunciarse por la libertad no sólo de ellos sino de todos los presos políticos y de conciencia del país.De nuestra parte nos sumamos a su justa lucha por la liberación de los presos políticos y de conciencia de Atenco y de todo el país como un intento más de evitar una conflagración violenta.
Cuando Calderón dice, que no quiere que nuestra soberanía sea violada, no corresponde su dicho a la realidad, son años que nuestra soberanía ha sido violada, por años en el país han estado funcionando la DEA, el FBI, la CIA, organismos de inteligencia francés, española e israelí, asesorando, instruyendo y capacitando a policías y militares, llevándolos a preparar a Estados Unidos con enseñanzas antiguerrilleras, los cuales, después desertan y ponen esos métodos al servicio del crimen organizado.
¿Dónde vive y quién es ese “misterioso” israelita y todas las demás personas a las cuales les hablaron desde el teléfono de Edmundo Reyes Amaya? S
eguramente ese israelita es un agente del Mossad, es decir, la policía de inteligencia judía que junto con los demás participan en cateos, detenciones y torturas contra luchadores sociales. Los asesores colombianos son también quienes se dedican a perseguir a los defensores de los derechos humanos en nuestro país. ¡Claro que hay una soberanía violada! Pero es con la venia de los gobiernos priístas y panistas, las declaraciones gubernamentales no son más que un acto histriónico, no es más que eso, para confundir levantando otra cortina de humo intentando engañar a nuestro pueblo con supuestas posiciones hasta anti norteamericanas.
Nuestro pueblo sigue esperando una respuesta satisfactoria sobre la libertad de todos los presos políticos y de conciencia y la presentación de todos los detenidos desaparecidos. Exigimos ya, solución a este problema. ¿Qué camino nos queda cuando ustedes no tienen la capacidad política ni el control de sus fuerzas armadas, y las están poniendo bajo el control de las fuerzas armadas norteamericanas para que ellas determinen qué hacer cuando ven que el peligro para sus intereses en México no es la delincuencia organizada, sino el descontento, la rebeldía y la organización popular?
No en vano están proponiendo usar tácticas antiguerrilleras en el “combate” contra la delincuencia organizada.Repetimos no queremos la guerra, no queremos la violencia, amamos la paz; pero cada día ustedes están orillando a nuestro pueblo a que tome decisiones, el aparente conformismo, este supuesto callar, no es más que el embrión de otras cosas, como fue la gestación de la independencia de nuestro país y la revolución de 1910 contra la dictadura porfirista.
Han pretendido callar a la prensa y a los medios electrónicos porque son la única forma de comunicarnos con la Comisión de Mediación. A los que se han plegado a las exigencias gubernamentales les decimos que también serán responsables de un desenlace con medidas drásticas porque han estado presionando para una salida militar.Sr. Calderón es preferible morir de pie que vivir de rodillas, nuestro pueblo, nosotros lo sabemos porque estamos dentro de él, se está cansando de su política entreguista, proempresarial y explotadora que camina del brazo con quienes tienen las grandes riquezas nacionales y transnacionales.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO.
