¿FANTASIAS Y TRES PATINES OTRA VEZ?
27 mar 2009
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Advierte magistrados violación a garantías en 2006.
Tiempo en línea.
[02:33] México, (SUN).- La Comisión que se encargó de investigar los conflictos magisteriales, políticos y sociales que se vivieron en Oaxaca durante el 2006, dejó entrever que se cometieron violaciones graves a las garantías de la población, al presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el informe de la investigación que realizaron en torno a este caso.
Los magistrados Roberto Lara Hernández y Manuel Baraibar Constantino aclararon que en su reporte no "se adjudican responsabilidades, sino únicamente se identifican a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales".
Pero salvo este punto, los magistrados no dieron a conocer más datos del contenido del informe que le entregaron al presidente del máximo tribunal del país, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Los encargados de investigar la actuación de las administraciones del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y del ex presidente Vicente Fox, Roberto Lara Hernández y Manuel Baraibar Constantino, se limitaron a leer ante los ministros del máximo tribunal una síntesis de sus indagatorias en la que indicaron que el informe que entregaron consta de 39 tomos, con un total de 6 mil 600 páginas.
En cambio, lo que sí hicieron fue explicar qué datos son los que no contiene su informe, porque sus actuaciones, aclararon, "no tuvieron el propósito de recabar la información y la documentación pertinente como si se tratara de actuaciones de naturaleza penal, de procuración de justicia o de un organismo protector de derechos humanos".
"Tampoco -aclararon- se trató de reproducir las actividades que en su momento llevaron a cabo instituciones protectoras de los derechos humanos y órganos públicos encargados de la procuración y administración de justicia, aun cuando se obtuvo su colaboración y se analizó la información y documentación que proporcionaron”.
Después de presentar su informe, el presidente de la Corte dio por concluidas las actividades de la comisión investigadora -que se creó desde junio de 2007 a petición de la Cámara de Diputados- y, por turno, se le asignó el análisis del informe al ministro Mariano Azuela Güitrón, quien deberá elaborar un dictamen en el que le proponga al Pleno del máximo tribunal declarar si existieron o no violaciones graves a las garantías en el caso Oaxaca.
Acción Urgente: Despliegue Militar en Ocotlán, Oaxaca; Riesgo De Represión
CENCOS. 26/03/09.
Riesgo inminente de represión al movimiento de resistencia contra Empresa Minera Cuzcatlán: Se establecen militares en el Municipio de San José del Progreso, en Ocotlán Oaxaca México
Difusión Cencos México D.F., 25 de marzo de 2009
ACCIÓN URGENTE.
Antecedentes
La extracción minera es uno de los más graves problemas que encuentran las comunidades en México, ya que el Gobierno Federal otorga concesiones a trasnacionales, particularmente a empresas canadienses sin consultar a las comunidades.
Tan solo en 2006 y 2007, se otorgaron más de 80 títulos de concesión minera para el Estado de Oaxaca, en una extensión de más 600 mil hectáreas. El Proyecto Minero “San José del Progreso”, ubicado en la municipio del mismo nombre, es desarrollado por las empresas canadienses Fortuna Silver Inc y Continuum Resources Ltd, a través de su subsidiaria mexicana “Compañía Minera Cuzcatlán” abarca una extensión aproximada de 54,000 mil hectáreas en el pueblo de San Jerónimo Taviche, en Ocotlán Oaxaca.
Las comunidades afectadas por el proyecto de exploración no fueron informadas, ni consultadas para la implementación de éste.
Hechos.
Según la información proporcionada por las comunidades, el 14 de marzo en San José del Progreso se llevó a cabo una reunión comunitaria, donde más de 600 personas afectadas por la Empresa solicitaron el apoyo de sus representantes para salvaguardar sus territorios, a lo cual se negó el Presidente Municipal, por lo que decidieron desconocerlo.
En esa misma reunión decidieron que el día 16 de marzo, cerrarían de forma ordenada y pacífica las instalaciones de mina, exigiendo que funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Economía replantearan los permisos y autorizaciones otorgados para el proyecto de exploración. Es así que más de 150 inconformes, bloquearon desde ese momento los accesos a la mina.
Desde el día 20 de marzo la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la policía estatal, comenzaron un operativo policíaco-militar. Desde las 11:00 horas un helicóptero sobrevoló el área, posteriormente llegaron dos camiones con militares y tres camionetas de la policía estatal. Se instaló desde las 14:00 horas de ese día, un campamento con un camión de la SEDENA a aproximadamente 100 metros de los accesos a la Mina y una camioneta de la policía estatal a la entrada de la población, dispositivo que a la fecha se mantiene.
El supuesto argumento para el operativo es que sacarán de la mina, 17 toneladas de explosivos que se encuentran dentro.
1 Cabe señalar, que esta no es la primera ocasión que se implementa un operativo policíaco para defender los intereses de las empresas trasnacionales Canadienses, en mayo del año pasado, la comunidad de Huizopa, en Chihuahua, fue reprimida por la PFP y la SEDENA, con la complicidad de los Gobiernos Federal y Estatal.
Adicionalmente, la Empresa Minera Cuzcatlán y las autoridades municipales han señalado de forma malintencionada como uno de los principales instigadores del movimiento al Pbro. Martín Octavio García, titular de la Parroquia de San Pedro Apóstol, ubicada en Ocotlán Oaxaca.
Exigencias:
- Que el Estado Mexicano se abstenga de hacer uso de operativos policíaco-militares como vía de resolución del conflicto y que garantice se resuelva mediante dialogo, ya que este tipo de acciones violentan los derechos humanos y no atienden las causas estructurales que los generan.
- Que las instituciones del Estado respeten los derechos de las comunidades al consentimiento libre, previo e informado sobre el futuro de sus tierras, territorios y recursos naturales, de acuerdo a la legislación nacional y a los instrumentos internacionales firmados por México.
- Que la Secretaría de Economía Federal revise y en su caso suspenda la concesión otorgada para este proyecto de exploración minera, ya que éste pone en riesgo la vida y la integridad física de las comunidades.
- Que cese la criminalización del movimiento de resistencia contra la minera, particularmente que cese el hostigamiento hacia el Pbro. Martín Octavio García, titular de la Parroquia de San Pedro Apóstol y se tomen medidas para resguardar su condición de defensor de derechos humanos, de acuerdo a la “Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas” de la ONU, firmada por nuestro país.
Violaciones a derechos humanos:
- Derecho a la tierra, territorio y recursos naturales,
- Derecho a la información,
- Derecho a la consulta,
- Derecho a la participación,
- Derecho a la integridad física,
- Derecho al desarrollo,
- Derecho a la organización y a la protesta social.
Marco jurídico relevante.
El Ejército Mexicano está principalmente adiestrado para la seguridad nacional y no para desempeñar funciones de seguridad publica, las acciones que se están viendo en San José del Progreso por parte del ejercito violan derechos humanos y son inconstitucionales de común acuerdo con o establecido en el Artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Adicionalmente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas señaló en el diagnostico sobre la situación de los Derechos Humanos en México en el año 2003, recomendó “promover la sustitución progresiva y verificable de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública”. Finalmente el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus observaciones a México de 1999 estableció lo siguiente: El Comité está, asimismo, preocupado por la creciente intervención de los militares en la sociedad. Este tipo de acciones que buscan reprimir protestas pacíficas y legítimas lejos de resolver de fondo los problemas tienden a polarizar a las partes y por lo tanto a generar mayores riesgos de conflicto.
En tanto el marco internacional sobre defensores de derechos humanos indica que “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional1. La ONU ha establecido que todas las personas tienen derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, por lo que nadie será objeto de ataques ilegales a su honra o reputación, toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales ataques
Oaxaca, Oaxaca, México, a 24 de marzo de 2009
Acción solicitada: Envío de cartas a Gobierno de Oaxaca, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública Federal y a Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos.
Por las organizaciones:
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC, Ciudad de México
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
Sin portazo, regreso de maestros de Secc. 59: Chepi
Iván Castellanos / Tiempo
[03:04] La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), abrió las puertas para que los maestros de la Sección 59 puedan regresar sin mayor problema, tras un proceso denominado “Reincorporación sindical y reubicación laboral”, al considerar que la mayoría de los profesores que los abandonaron, se fueron engañados por grupos afines a los gobiernos estatal y federal.
Azael Santiago Chepi, secretario general de la Secc. 22 afirmó que a partir de esta fecha y hasta el próximo 30 de abril, estará abierta la convocatoria, y el próximo 4 de mayo se estará dando a conocer los resultados del proceso.
Reiteró la existencia de sólo una sección en la entidad, y que no permitirán que se den más agresiones en su contra por parte del nuevo “charrismo” sindical.
Para lo cual, los interesados deberán cubrir una serie de requisitos como tener una relación con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) o la Secretaría de Educación Pública (SEP), y ser personal auto ubicado de los ciclos 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009, así como la documentación que los acredite como maestros.
Acompañado de los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, afirmó que ya se han acercado una serie de personas para solicitarles su regreso, “y de forma benévola, esta sección los recibirá porque fueron engañados por personajes como Erica Rapp Soto, Miguel Silva Selvas, Humberto Alcalá Betanzos, Joaquín Echeverría, entre otros, quienes serán los únicos que no podrán regresar”.
TOMA DE NOTA, INCONSISTENTE
Por otra parte, el encargado del Departamento Jurídico de la Sección 22, indicó que interpusieron una demanda y amparo ante la Junta Nacional de Conciliación y Arbitraje, en contra de la toma de nota que recibió la dirigente de la Sección 59, Erica Rapp Soto, ya que estuvo llena de inconsistencias.
Principalmente, afirmó que no contó con la membresía requerida de las dos terceras partes de inconformes, y sólo obtuvieron el aval por las componendas con la dirigente nacional, Elba Esther Gordillo.
Tiempo en línea.
[02:33] México, (SUN).- La Comisión que se encargó de investigar los conflictos magisteriales, políticos y sociales que se vivieron en Oaxaca durante el 2006, dejó entrever que se cometieron violaciones graves a las garantías de la población, al presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el informe de la investigación que realizaron en torno a este caso.
Los magistrados Roberto Lara Hernández y Manuel Baraibar Constantino aclararon que en su reporte no "se adjudican responsabilidades, sino únicamente se identifican a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales".
Pero salvo este punto, los magistrados no dieron a conocer más datos del contenido del informe que le entregaron al presidente del máximo tribunal del país, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Los encargados de investigar la actuación de las administraciones del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y del ex presidente Vicente Fox, Roberto Lara Hernández y Manuel Baraibar Constantino, se limitaron a leer ante los ministros del máximo tribunal una síntesis de sus indagatorias en la que indicaron que el informe que entregaron consta de 39 tomos, con un total de 6 mil 600 páginas.
En cambio, lo que sí hicieron fue explicar qué datos son los que no contiene su informe, porque sus actuaciones, aclararon, "no tuvieron el propósito de recabar la información y la documentación pertinente como si se tratara de actuaciones de naturaleza penal, de procuración de justicia o de un organismo protector de derechos humanos".
"Tampoco -aclararon- se trató de reproducir las actividades que en su momento llevaron a cabo instituciones protectoras de los derechos humanos y órganos públicos encargados de la procuración y administración de justicia, aun cuando se obtuvo su colaboración y se analizó la información y documentación que proporcionaron”.
Después de presentar su informe, el presidente de la Corte dio por concluidas las actividades de la comisión investigadora -que se creó desde junio de 2007 a petición de la Cámara de Diputados- y, por turno, se le asignó el análisis del informe al ministro Mariano Azuela Güitrón, quien deberá elaborar un dictamen en el que le proponga al Pleno del máximo tribunal declarar si existieron o no violaciones graves a las garantías en el caso Oaxaca.
Acción Urgente: Despliegue Militar en Ocotlán, Oaxaca; Riesgo De Represión
CENCOS. 26/03/09.
Riesgo inminente de represión al movimiento de resistencia contra Empresa Minera Cuzcatlán: Se establecen militares en el Municipio de San José del Progreso, en Ocotlán Oaxaca México
Difusión Cencos México D.F., 25 de marzo de 2009
ACCIÓN URGENTE.
Antecedentes
La extracción minera es uno de los más graves problemas que encuentran las comunidades en México, ya que el Gobierno Federal otorga concesiones a trasnacionales, particularmente a empresas canadienses sin consultar a las comunidades.
Tan solo en 2006 y 2007, se otorgaron más de 80 títulos de concesión minera para el Estado de Oaxaca, en una extensión de más 600 mil hectáreas. El Proyecto Minero “San José del Progreso”, ubicado en la municipio del mismo nombre, es desarrollado por las empresas canadienses Fortuna Silver Inc y Continuum Resources Ltd, a través de su subsidiaria mexicana “Compañía Minera Cuzcatlán” abarca una extensión aproximada de 54,000 mil hectáreas en el pueblo de San Jerónimo Taviche, en Ocotlán Oaxaca.
Las comunidades afectadas por el proyecto de exploración no fueron informadas, ni consultadas para la implementación de éste.
Hechos.
Según la información proporcionada por las comunidades, el 14 de marzo en San José del Progreso se llevó a cabo una reunión comunitaria, donde más de 600 personas afectadas por la Empresa solicitaron el apoyo de sus representantes para salvaguardar sus territorios, a lo cual se negó el Presidente Municipal, por lo que decidieron desconocerlo.
En esa misma reunión decidieron que el día 16 de marzo, cerrarían de forma ordenada y pacífica las instalaciones de mina, exigiendo que funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Economía replantearan los permisos y autorizaciones otorgados para el proyecto de exploración. Es así que más de 150 inconformes, bloquearon desde ese momento los accesos a la mina.
Desde el día 20 de marzo la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la policía estatal, comenzaron un operativo policíaco-militar. Desde las 11:00 horas un helicóptero sobrevoló el área, posteriormente llegaron dos camiones con militares y tres camionetas de la policía estatal. Se instaló desde las 14:00 horas de ese día, un campamento con un camión de la SEDENA a aproximadamente 100 metros de los accesos a la Mina y una camioneta de la policía estatal a la entrada de la población, dispositivo que a la fecha se mantiene.
El supuesto argumento para el operativo es que sacarán de la mina, 17 toneladas de explosivos que se encuentran dentro.
1 Cabe señalar, que esta no es la primera ocasión que se implementa un operativo policíaco para defender los intereses de las empresas trasnacionales Canadienses, en mayo del año pasado, la comunidad de Huizopa, en Chihuahua, fue reprimida por la PFP y la SEDENA, con la complicidad de los Gobiernos Federal y Estatal.
Adicionalmente, la Empresa Minera Cuzcatlán y las autoridades municipales han señalado de forma malintencionada como uno de los principales instigadores del movimiento al Pbro. Martín Octavio García, titular de la Parroquia de San Pedro Apóstol, ubicada en Ocotlán Oaxaca.
Exigencias:
- Que el Estado Mexicano se abstenga de hacer uso de operativos policíaco-militares como vía de resolución del conflicto y que garantice se resuelva mediante dialogo, ya que este tipo de acciones violentan los derechos humanos y no atienden las causas estructurales que los generan.
- Que las instituciones del Estado respeten los derechos de las comunidades al consentimiento libre, previo e informado sobre el futuro de sus tierras, territorios y recursos naturales, de acuerdo a la legislación nacional y a los instrumentos internacionales firmados por México.
- Que la Secretaría de Economía Federal revise y en su caso suspenda la concesión otorgada para este proyecto de exploración minera, ya que éste pone en riesgo la vida y la integridad física de las comunidades.
- Que cese la criminalización del movimiento de resistencia contra la minera, particularmente que cese el hostigamiento hacia el Pbro. Martín Octavio García, titular de la Parroquia de San Pedro Apóstol y se tomen medidas para resguardar su condición de defensor de derechos humanos, de acuerdo a la “Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas” de la ONU, firmada por nuestro país.
Violaciones a derechos humanos:
- Derecho a la tierra, territorio y recursos naturales,
- Derecho a la información,
- Derecho a la consulta,
- Derecho a la participación,
- Derecho a la integridad física,
- Derecho al desarrollo,
- Derecho a la organización y a la protesta social.
Marco jurídico relevante.
El Ejército Mexicano está principalmente adiestrado para la seguridad nacional y no para desempeñar funciones de seguridad publica, las acciones que se están viendo en San José del Progreso por parte del ejercito violan derechos humanos y son inconstitucionales de común acuerdo con o establecido en el Artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Adicionalmente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas señaló en el diagnostico sobre la situación de los Derechos Humanos en México en el año 2003, recomendó “promover la sustitución progresiva y verificable de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública”. Finalmente el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus observaciones a México de 1999 estableció lo siguiente: El Comité está, asimismo, preocupado por la creciente intervención de los militares en la sociedad. Este tipo de acciones que buscan reprimir protestas pacíficas y legítimas lejos de resolver de fondo los problemas tienden a polarizar a las partes y por lo tanto a generar mayores riesgos de conflicto.
En tanto el marco internacional sobre defensores de derechos humanos indica que “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional1. La ONU ha establecido que todas las personas tienen derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, por lo que nadie será objeto de ataques ilegales a su honra o reputación, toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales ataques
Oaxaca, Oaxaca, México, a 24 de marzo de 2009
Acción solicitada: Envío de cartas a Gobierno de Oaxaca, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública Federal y a Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos.
Por las organizaciones:
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC, Ciudad de México
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
Sin portazo, regreso de maestros de Secc. 59: Chepi
Iván Castellanos / Tiempo
[03:04] La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), abrió las puertas para que los maestros de la Sección 59 puedan regresar sin mayor problema, tras un proceso denominado “Reincorporación sindical y reubicación laboral”, al considerar que la mayoría de los profesores que los abandonaron, se fueron engañados por grupos afines a los gobiernos estatal y federal.
Azael Santiago Chepi, secretario general de la Secc. 22 afirmó que a partir de esta fecha y hasta el próximo 30 de abril, estará abierta la convocatoria, y el próximo 4 de mayo se estará dando a conocer los resultados del proceso.
Reiteró la existencia de sólo una sección en la entidad, y que no permitirán que se den más agresiones en su contra por parte del nuevo “charrismo” sindical.
Para lo cual, los interesados deberán cubrir una serie de requisitos como tener una relación con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) o la Secretaría de Educación Pública (SEP), y ser personal auto ubicado de los ciclos 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009, así como la documentación que los acredite como maestros.
Acompañado de los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, afirmó que ya se han acercado una serie de personas para solicitarles su regreso, “y de forma benévola, esta sección los recibirá porque fueron engañados por personajes como Erica Rapp Soto, Miguel Silva Selvas, Humberto Alcalá Betanzos, Joaquín Echeverría, entre otros, quienes serán los únicos que no podrán regresar”.
TOMA DE NOTA, INCONSISTENTE
Por otra parte, el encargado del Departamento Jurídico de la Sección 22, indicó que interpusieron una demanda y amparo ante la Junta Nacional de Conciliación y Arbitraje, en contra de la toma de nota que recibió la dirigente de la Sección 59, Erica Rapp Soto, ya que estuvo llena de inconsistencias.
Principalmente, afirmó que no contó con la membresía requerida de las dos terceras partes de inconformes, y sólo obtuvieron el aval por las componendas con la dirigente nacional, Elba Esther Gordillo.
