LOS VOTOS DE LA MISERIA.

Peña Nieto: El compravotos en acción.

GLORIA LETICIA DíAZ. Proceso.
Enrique Peña Nieto está incontenible. Entrega por doquier bicicletas, despensas, cheques y acompaña sus dádivas con un mensaje a la ciudadanía para que acuda a las urnas el próximo 5 de julio a emitir su voto por “autoridades cada vez más competitivas (y) más comprometidas con las mayores necesidades de la sociedad mexiquense”.El pasado 24 de febrero, el mandatario repartió 4 mil despensas –de 17 productos cada una–, 2 mil 171 bicicletas y mil 534 cheques por 450 pesos, correspondientes a los programas Seguridad Alimentaria, Apoyo al Transporte en Zonas Obrero-Populares y Mujeres Trabajadoras Comprometidas. Los beneficiarios fueron los pobladores de Chapultepec, Mexicaltxingo y Metepec, este último gobernado por el Partido del Trabajo.En ese acto estuvo presente el titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México (Sedesem), Ernesto Némer Álvarez, quien horas después dimitió a su cargo. Al día siguiente acudió a las oficinas del PRI mexiquense para inscribirse como candidato al XXXV Distrito local con cabecera en Metepec.En las elecciones estatales, en las que se renovarán 125 alcaldías y 45 diputaciones, el PRI va a la cabeza con sus candidatos en alianza con los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal), Socialdemócrata (PSD) y Futuro Democrático, organización local.Peña Nieto no oculta sus intenciones. Ya en el boletín 241/2009 informó que cuenta con “recursos del presupuesto de 2008” que utilizará en programas sociales durante el presente año electoral. En su edición del pasado 15 de febrero, Proceso informó que el mandatario “aplicó de última hora, en diciembre pasado, mil 400 millones de pesos para adquirir más de 3 millones de despensas que distribuirá en el curso del año electoral”. De acuerdo con una copia de la licitación LPN-04-2008, lanzada en noviembre pasado por el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (Cemybs), dependiente de la Sedesem y adjudicada a Tiendas Soriana al mes siguiente, las despensas son para los programas de Pensión Alimenticia para Adultos Mayores de 70 años, para Adultos Mayores de 60 a 69 años y de Apoyo a Mujeres-Compromiso con el Futuro (Proceso 1685).En el presupuesto de egresos 2009, Peña Nieto cuenta con otros mil 600 millones para la compra de por lo menos otros 3 millones de despensas.“Los mexiquenses queremos entrar en este proceso de este tiempo que nos toca vivir en un clima de armonía, de orden y de paz social”, dijo en un acto público ese 24 de febrero en Metepec.Después vino la repartición.


Con las campañas en puerta, Peña Nieto se niega a suspender dádivas.

Repartirá 500 mil despensas y 250 mil cheques al mes
Aspirantes priístas registran precandidaturas para ser alcaldes hasta por tercera ocasión

Israel Dávila
Corresponsal. La Jornada.
Toluca, Méx., 2 de marzo. El gobernador Enrique Peña Nieto advirtió que no detendrá la entrega de apoyos de los programas sociales de su administración aunque estén a punto de iniciarse en la entidad las campañas electorales con miras a los comicios locales del 5 de julio, que renovarán los ayuntamientos y el Congreso del estado de México.
El mandatario aprovechó la ceremonia del 185 aniversario de la creación del estado de México para dirigirse a sus opositores, inconformes con el manejo político-electoral de los programas sociales. Advirtió que su gobierno no se paralizará en temporada electoral porque responde a necesidades de la gente: Se equivocan quienes quisieran detener los beneficios de los programas de la política social del estado. ¿Qué proponen? ¿Obstaculizar el presupuesto? ¿Burocratizar los programas de emergencia y la asignación de recursos mientras los sectores productivos se estancan y se pierden plazas de trabajo?
Para este año, la administración de Peña Nieto aumentó más de 20 por ciento el presupuesto para desarrollo social. Esto le permitirá entregar, en promedio, 500 mil despensas cada mes, así como 250 mil cheques de 450 a 550 pesos a mujeres trabajadoras y madres solteras.
Además, el gobierno mexiquense regala a personas de escasos recursos bicicletas pintadas con los colores del PRI, a pesar de que este programa fue cancelado por la Legislatura estatal. Funcionarios mexiquenses argumentan que estos apoyos no se entregaron el año pasado.
La mayor parte de los programas sociales citados son dirigidos a municipios gobernados por la oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI), como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Ixtapaluca, Naucalpan, Tlalnepantla y Toluca, entre otros.
El representante perredista ante el Instituto Electoral del Estado de México, Horacio Duarte, acusó a Peña de violar el pacto que el IEEM firmó con autoridades federales y estatales para evitar el uso electoral de los programas sociales.

Acuden con grupos de acarreados a inscribirse
El PRD evitará elecciones en 41 municipios
Israel Dávila y Javier Salinas Cesáreo
Corresponsales
Toluca, Méx., 2 de marzo. Ex funcionarios del gobierno mexiquense, ex diputados locales y ex alcaldes que buscan volver al cargo hasta por tercera ocasión acudieron este lunes a los comités municipales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a inscribirse como precandidatos. Entre ellos destacan Eruviel Ávila, Alfredo del Mazo y María Elena Barrera.
La mayoría acudió con grupos de acarreados. En Toluca, María Elena Barrera, ex secretaria de Salud y ex secretaria particular del gobernador Enrique Peña Nieto, llegó acompañada por más de mil simpatizantes.
Ana Lilia Herrera Anzaldo, diputada local con licencia, se inscribió en Metepec acompañada por 500 adeptos, entre ellos el ex secretario de Desarrollo Social, Ernesto Nemer, precandidato a la diputación local.
En Huixquilucan, Alfredo del Mazo Maza, primo del gobernador y ex secretario de Turismo, se registró como precandidato a la presidencia municipal apoyado por los aspirantes a diputado federal, Alfonso Navarrete Prida, y local, Carlos Iriarte Mercado, ambos cercanos al ex gobernador Arturo Montiel Rojas.
Azucena Olivares, diputada local con licencia, se inscribió en Naucalpan, y en Tecámac Aarón Urbina buscará ser edil por tercera vez. Otros que pretenden repetir son el líder de Antorcha Campesina Jesús Tolentino Román Bojórquez, en Chimalhuacán; y Arturo Ugalde Meneses, ex líder estatal del PRI, en Tlalnepantla.
En Coacalco, Roberto Moronati Ruiz también registró su precandidatura para suceder a su correligionario David Sánchez Isidoro.
Eruviel Ávila Villegas, hasta el domingo líder de la bancada priísta en el Congreso local, buscará gobernar Ecatepec por segunda vez, y al registrarse acusó al edil perredista José Luis Gutiérrez Cureño de usar fondos públicos para apoyar a los aspirantes del sol azteca.
Mientras tanto, el PRD mexiquense informó que para los 54 municipios donde habrá elección interna se registraron 228 precandidatos, y en las 71 demarcaciones restantes se designarán aspirantes por asambleas, encuestas y acuerdos políticos.

La inaplazable justicia en Guerrero.

Magdalena Gómez
Mientras el calderonismo justifica el clima de violencia e inseguridad que se vive en todo el país, en entidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero se intensifican los movimientos, principalmente indígenas, que pugnan por el respeto a sus derechos como pueblos y resisten a su creciente criminalización.
La desaparición, seguida de tortura y asesinato en contra de los indígenas na savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario, respectivamente, de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco en Guerrero (OFPM), viene a sumarse a la cadena de violaciones a derechos humanos en contra de defensores y defensoras de los mismos.
Bien señaló Abel Barrera, presidente de Tlachinollan en esa entidad, que estos crímenes evidencian que se ha pasado del patrón de las detenciones arbitrarias y la desaparición a las ejecuciones extrajudiciales. Con ello se busca sembrar el terror; sin embargo, el trabajo de los organismos de derechos humanos en esa entidad los ha dotado de amplia capacidad de respuesta, de manera que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio cuenta de que las iniciales medidas cautelares en torno a la desaparición de los indígenas Lucas Lucía y Ponce Rosas no tuvieron el efecto esperado, por lo que ya se planteó la exigencia de investigación exhaustiva y la respectiva sanción a los responsables de los crímenes, reiterando la petición de que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas en Guerrero.
De la misma manera, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tras la visita oficial a la entidad, del 18 al 20 de febrero, expresó su preocupación por las condiciones de vulnerabilidad en que desarrollan su labor los defensores y se sumó al llamado en torno al esclarecimiento de los homicidios en contra de los dirigentes de la OFPM.
Para Amnistía Internacional el asesinato de los dos indígenas defensores de los derechos humanos en Guerrero ilustra el pésimo estado de los derechos humanos en dicha entidad.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero están demandando la investigación.
En Guerrero podemos encontrar numerosos ejemplos que de manera lamentable validan la necesidad de atender de manera urgente las recomendaciones que desde distintos espacios de Naciones Unidas se han expresado en torno a la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos.
Las diversas organizaciones en la entidad y los familiares de las víctimas no buscan relación con el gobierno del estado, no tienen confianza en las instancias de procuración de justicia y solicitan que la Procuraduría General de la República atraiga el caso, lo que tampoco les garantizaría la investigación imparcial; no obstante, la propuesta de crear a escala local una fiscalía especial no parece viable.
Estos crímenes constituyen la gota que derramó el vaso, pues han sido numerosas las gestiones jurídicas de los organismos de derechos humanos ante las diversas instancias locales y estatales, inclusive han llevado varios casos fuera del país.
Como ejemplo reciente tenemos que el 22 de octubre de 2008, en el 133 periodo de sesiones ante la CIDH, con sede en Washington DC, representantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos tuvieron audiencia y centraron su planteamiento en una serie de patrones de criminalización contra los defensores y defensoras: la falta de diálogo con las organizaciones sociales; la tendencia a desprestigiar y a deslegitimar la lucha social; la recurrencia a la represión de los movimientos que expresan su protesta, y la tipificación de algunos delitos penales que restringen la libertad de expresión (Comunicado 054 Tlachinollan, 22 de octubre de 2008).
Todo ello fue argumentado en presencia de una delegación oficial integrada por el presidente del Tribunal de Justicia en Guerrero, la subprocuradora de atención a víctimas de la procuraduría estatal y un funcionario de Relaciones Exteriores, sin que ofrecieran disposición siquiera a establecer la mesa de diálogo que entonces proponían las organizaciones.
Es urgente detener esta escalada contra los defensores y defensoras, proteger a los familiares de los indígenas na savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas. No debe mantenerse una política de oídos sordos, más que negar responsabilidades o lanzar acusaciones contra los defensores, debería prevalecer la opción por la justicia: ¿eran, en efecto, agentes de la Policía Ministerial quienes se llevaron a las víctimas? ¿Cuál fue la averiguación previa que produjo una orden así? ¿Quién ordenó y quién practicó la tortura criminal? ¿Cuál fue la cadena de mando y complicidad con estos crímenes?
Tenemos derecho a conocer la verdad y a lograr la sanción para los responsables.