Y TODOS PAGAMOS LAS CONSECUENCIAS.

Personajes cercanos a Calderón, sacadólares, acusa AMLO.
LA REDACCIóN. Proceso.
MÉXICO, D.F., 6 de marzo (apro).- El autodenominado presidente "legítimo" de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció hoy que personajes cercanos a Felipe Calderón son los que han sacado del país importantes sumas de dólares de las reservas internacionales.Y amago con dar a conocer los nombres de los especuladores en caso de que el Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Hacienda (SHCP) se nieguen a difundirlos.En el municipio de Ocampo, Chihuahua, durante el tercer día de su tercer gira de trabajo por todo el país, López Obrador, aseguró que los principales "sacadólares son especuladores y traficantes de influencias, cercanos al poder y al presidente pelele Felipe Calderón".El excandidato presidencial insistió en su exigencia de que Banxico y la SHCP "transparenten" la venta diaria de dólares de las reservas internacionales, ya que hasta el momento el banco central ha rematado 21 mil millones de dólares para frenar la volatilidad del peso frente a la moneda estadunidense, sin resultados positivos. Así mismo, acusó al presidente Felipe Calderón y al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, de decir "puras tonterías" y de no hacer nada para cambiar la política económica ni por fortalecer la actividad productiva del país.Criticó que mientras el "gobierno legítimo" que él encabeza desde agosto de 2007 ha venido advirtiendo sobre la difícil situación que se avecinaba, Calderón y Carstens reaccionaron tardíamente. "Decían que no nos preocupáramos porque la economía mexicana estaba blindada y que si a Estados Unidos le daba pulmonía, a nuestro país le daría una gripe..."

Ex ministros cobran comidas de lujo al erarioLos 35 jubilados cuestan al año más de 75 millones en sueldos y beneficios
Carlos Avilés El Universal.
Los mexicanos gastaron 493 mil 354 pesos en comidas que disfrutaron 34 de los 35 ministros jubilados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —uno rechazó el privilegio—, según las facturas del periodo de enero de 2006 a agosto de 2008 que presentó la misma Corte en respuesta a una petición de información de EL UNIVERSAL.
La SCJN tiene 35 ministros jubilados o en retiro; todos gozan de pensiones —que van de los 150 mil a los 255 mil pesos mensuales—, seguro de gastos médicos mayores, un chofer y un auxiliar que pueden destinar para cualquier labor, incluidas las de su casa, lo cual genera un cargo al erario por 75 millones 608 mil 924 pesos cada año.
Sólo Diego Valadés declinó a incluir comidas en sus gastos reembolsables. En el periodo reportado, los 34 restantes gastaron entre 4 mil y 6 mil pesos en una sola comida con bebidas. En la mayoría de los casos, el erario cubrió también sus propinas.
Los ministros jubilados acudieron a restaurantes de lujo en el DF, en Cancún, en Cozumel. Hay un registro de consumo en Vancouver, Canadá, por ejemplo.
La Corte entregó las facturas solicitadas, pero omitió el nombre del pensionado al que corresponde cada una. Esto fue informado al Comité de Acceso a la Información de la SCJN. EL UNIVERSAL espera esta respuesta.

La transparencia, víctima de la política de seguridad pública, señala Pablo Guerrero
Se confirma la tendencia hacia un gobierno cada vez más cerrado, expresa el comisionado. En el IFAI se formó una mayoría dispuesta a solapar y obedecer al Ejecutivo: John Ackerman.
Elizabeth Velasco C. La Jornada.
En materia de seguridad pública, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ha dejado de ser un contrapeso en favor del derecho a la información y de la ciudadanía, afirmó el comisionado de ese instituto Juan Pablo Guerrero Amparán.
A unas semanas de que los comisionados Alonso Lujambio, María Marván y Jacqueline Peschard votaron en favor de la reserva por 12 años de los nombres de los asesores del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y de datos estadísticos de los cuerpos de la policía y de tropas aerotransportadas de las fuerzas armadas, más la decisión de aplicar a pie juntillas la reforma al Código de Procedimientos Penales –que clasifica las indagatorias de la Procuraduría General de la República (PGR), incluso las terminadas–, Guerrero coincidió con el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) John Ackerman, en afirmar que la reserva de dichos datos constituye un retroceso.
Con ello, dijo Guerrero, se confirma una tendencia de acompañamiento (por parte del IFAI) hacia un gobierno cada vez más cerrado; paradójicamente, cuando “otros gobiernos están abriendo información clasificada –como el de Barack Obama, en Estados Unidos–, en México la tendencia es contraria”.
Manto de opacidad
A su vez, el coordinador de Transparencia y Rendición de Cuentas de la asociación civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Miguel Pulido, dijo que si bien debe haber ciertas condiciones de reserva en torno a quienes están en la lucha contra la delincuencia, no se puede construir un manto de opacidad que aleje información sustantiva a la ciudadanía para valorar si es adecuada la estrategia del gobierno en el combate al crimen.
Pulido, especialista en el tema, destacó que, pese a que la Ley Federal de Transparencia (LFT) prevé circunstancias en que la información general estadística pueda ser reservada si pone en riesgo la persecución del delito, en los casos referidos, dijo, no se soporta la afirmación de que su difusión sea perjudicial para perseguir al crimen, como en cambio sí podría afectar la rendición de cuentas.
A su vez, John Ackerman, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, advirtió que en el IFAI se ha conformado una mayoría dispuesta a solapar y a acatar la línea del Ejecutivo federal, en temas relativos a seguridad pública y procuración de justicia.
El especialista en transparencia y en políticas públicas calificó de absurdo mantener en reserva datos de tipo genérico. Es un absurdo pensar que el crimen organizado está interesado en usar la ley (LFT) para obtener información estadística, cuando ellos tienen otras vías más efectivas para operar y obtener información, como la infiltración que han logrado en los cuerpos de seguridad del país.
Ackerman destacó que, en materia de seguridad, el problema de México no es de policías y ladrones; los narcotraficantes no usan la ley para tratar de subordinar al Estado mexicano.
En tanto, Juan Pablo Guerrero Amparán refirió que es del dominio público que las fuerzas de seguridad en México están capturadas y penetradas por la corrupción, además de que el narcotráfico y la delincuencia han mostrado tener la suficiente capacidad para infiltrar a los cuerpos de seguridad del Estado.
Ackerman lamentó que esa mayoría conformada en el IFAI decida aplicar a pie juntillas la reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, que reserva las averiguaciones de la PGR, argumentando que no tienen más opción que obedecer al Legislativo.
“En realidad –subrayó– lo que hacen es tomar una línea muy subordinada a los deseos del Ejecutivo federal, al aplicar las disposiciones de ese Código, pues a ellos compete aplicar la ley (LFT), y en todo caso dejar que siga en curso una controversia legal, pero no deberían obligar al solicitante de la información a realizar la travesía de acudir a los juzgados, en tanto que los comisionados son los primeros obligados a defender el derecho ciudadano de acceso a la información”.

El México hiriente: los niños jornaleros
La hija de María Teresa Gregorio, de ocho años, murió aplastada por un contenedor de tomates; David Salgado, de ocho años, fue prensado por las ruedas de un tractor; Ismael de los Santos tenía un año cuando falleció bajo un camión de ocho toneladas; y a Timoteo, de dos años, le amputaron un brazo después de ser arrollado...
Ignacio Alvarado Álvarez El Universal
TLAPA DE COMONFORT, Gro.— La casa de María Teresa Gregorio tiene piso de tierra y paredes de carrizo. En su interior no hay más que un camastro y un montículo de ladrillos rotos sobre los que reposa el comal para la cocina. Hace nueve años falleció su esposo y ella debió irse, con sus cuatro hijos, como jornalera a los campos de Sinaloa para no morir de hambre. Allá, sin embargo, la muerte resultó ineludible: una de sus tres niñas, la de ocho años, fue aplastada por un contenedor de tomates mientras hacía la zafra.
María Teresa se vale de una vecina para hacerse entender, pues sólo habla náhuatl. Tiene 48 años, no lee ni escribe, pero cuenta que desde entonces arrastra una deuda de 15 mil pesos. En Campo Conejo, donde sucedieron los hechos, no quisieron indemnizarla. Ella asumió los gastos del entierro. “La señora dice que nomás vive con 25 pesos al día”, traduce Juana Domínguez. “Y eso es bien poco, no le alcanza para nada y debe pedir prestado. La deuda no se acaba: por aquí pide, por acá paga, pero vuelve a pedir y ahí sigue”.
Otro niño de Ayotzinapa, en este municipio donde reside María Teresa, tuvo una muerte similar a la de su hija. David Salgado Aranda, también de ocho años, fue prensado por las ruedas de un tractor mientras trabajaba al lado de sus padres y hermanos en el Campo Santa Lucía, de Agrícola Paredes, en Culiacán, el 6 de enero de 2007.
No son los únicos casos. El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, ha documentado otros cuatro accidentes fatales desde entonces.
Lo que ocurre en los campos agrícolas de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Baja California sintetiza la vejación a la que son sometidos los grupos indígenas, dice Margarita Nemecio, coordinadora del Área de Migrantes de Tlachinollan. “Los jornaleros no solamente son inmigrantes, sino indígenas, y con ese estigma son altamente vulnerables en todos los sentidos: por el contexto de pobreza extrema en sus lugares de origen, el alto grado de marginación, el analfabetismo, el hecho de que la mayoría son monolingües, todo eso merma su calidad de vida, sus derechos humanos”.


En Ayotzinapan no hay drenaje. De las aguas negras que escurren hasta el riachuelo beben guajolotes, cerdos y chivos que atestan las calles de polvo como si fueran perros. Unos cuantos poseen casas de material sólido, tras años de ahorrar lo poco que ganan en los campos del norte. De las 360 familias que pueblan esta comunidad, al menos 300 emigran cada noviembre para retornar en el verano. La dieta principal, allí como en el resto de los 19 municipios que integran La Montaña, es a base de cocacola y papas fritas. La desnutrición es severa, dice Nemecio.

Los jornaleros
Tlapa de Comonfort figura entre los municipios mexicanos con peores niveles de desarrollo humano, igual que el resto de la región, en donde la ONU ubicó en 2007 al más pobre de América Latina, Cochoapa el Grande. El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas de ese estado contabilizó en 2006 a 14 mil 21 jornaleros, 46% de ellos menores de 15 años. El Centro Tlachinollan tiene sus estimaciones e indica que por lo menos 20 mil indígenas se emplean en la cosecha de hortalizas.
El ciclo migrante difícilmente se detendrá. El gobierno municipal es incapaz de crear fuentes de empleo, lo que contendría buena parte del fenómeno, reconoce el alcalde Willy Reyes. “La única manera de romper ese círculo es generando empleos allá en sus lugares, pero, la verdad, la cuestión geográfica, orográfica, de los suelos —montañas— no son fértiles. No hay otra manera, técnicamente o de desarrollo, para meterlos a una generación de empleos”.
El Ayuntamiento de Tlapa funciona básicamente con presupuesto federal, 50 millones para obra pública, del ramo 33. La captación mediante el impuesto predial refleja el nivel de pobreza: 25 mil pesos anuales, según datos del alcalde. Los 42 pueblos y 14 anexos que dependen del gobierno local no tienen otra forma de subsistencia que la economía lograda por las familias en los campos agrícolas del norte de México o migrar a Estados Unidos. En seis meses de trabajo sin derecho a descansar un día, vuelven con ahorros magros —4 mil pesos, refieren algunos— para mantenerse hasta el inicio de la siguiente temporada.
Eso ha costado la vida a muchos adultos. Margarita Nemecio, del Centro Tlachinollan, dice que la principal causa de muerte en la población son las enfermedades crónico-degenerativas, por el contacto con pesticidas. Pero la preocupación mayor es el destino de los niños, que no sólo pierden sus derechos primarios de alimentación, salud y educación, sino que sufren daños irreversibles o mueren.
Ismael de los Santos Barrera tenía un año y ocho meses el 7 de febrero, cuando murió aplastado por un camión de ocho toneladas que era maniobrado en el campo El Sol, de Agrícola Reyes, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato. Sus padres, una pareja adolescente de 17 y 16 años, habían sentado en el surco donde ambos recolectaban ejote. El chofer perdió momentáneamente el control y cruzó al sitio donde estaba el menor, dice el reporte del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
“El niño no era trabajador”
El mismo documento cita que los padres fueron empleados sin garantía alguna. La familia había llegado en diciembre, proveniente de la comunidad de Santa María Tonaya, en este municipio. Pertenecen al pueblo indígena me’ phaa, a quienes los contratistas califican de “rebeldes”, por reclamar sus derechos.
“Tenemos conocimiento de que las empresas que solían contratarlos, no lo hicieron en esta ocasión, eso fue algo que comentaron algunas trabajadoras sociales de algunos campos que se recorrieron en noviembre de 2008. Los argumentos fueron varios, pero los que más sobresalieron eran con tintes impregnados de discriminación a estos grupos. Fuera porque eran muy rebeldes, si no les cumple la empresa se van del campo, porque protestan mucho, porque se molestan si no contratan a los niños”, señala el informe.
Ismael fue sepultado en Villa Juárez. Sus padres cedieron a la presión de los dueños de la empresa. Hasta hoy la Procuraduría estatal no fincó responsabilidad penal para nadie y tampoco se obligó al pago de indemnización. “Hay una omisión completa de la ley, ya que de acuerdo con la versión del abuelo de Ismael de los Santos, el patrón le dijo que después se arreglaban, ya que el niño no era un trabajador de la empresa”, cita el documento.
Son casos que aturden a las organizaciones de la sociedad civil. Una veintena de ellas emitieron un comunicado de prensa a principios de marzo para exigir un “alto al etnocidio contra la niñez indígena”. “No hay una institución que vele por los derechos de los niños indígenas migrantes, por el contrario, cada año se multiplican casos graves de violaciones a los derechos humanos relacionados con muertes violentas de niños y niñas que se encuentran trabajando o jugando dentro de los campos agrícolas”, denuncian.
Es una postura que no comparte la diputada federal del PAN por Sinaloa e integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas, Gloria Valenzuela García. “Lo que ocurre no solamente se ha visto en el tenor de los accidentes, sino que se ha estado trabajando para evitar que sucedan situaciones que se deben erradicar”, afirma. “Y como diputados no hemos visto la necesidad de presionar a las autoridades, porque hay buena respuesta del Ejecutivo”.

Cuando Timoteo perdió un brazo
El 3 de septiembre de 2007, Daniel Chacón Chávez, de 17 años, encendió la troca en la que llevaría a un grupo de jornaleros a los cuartos que ocupaban en Ciudad Jiménez, Chihuahua. Habían terminado sus labores a las seis de la tarde, y unos cuantos se formaban a pocos metros, en espera de su raya, entre ellos Celso Ventura Gálvez, de 22 años. El hijo de dos años del jornalero tlapaneco, Timoteo, aguardaba junto a su madre, infantes y más adultos, sentados en una pileta. Chacón aceleró en reversa y los embistió a todos.
Timoteo perdió el brazo derecho al ser prensado entre la pileta y la defensa del auto. Celso dice que Chacón jamás hizo caso de los gritos de advertencia hechos por él y otros. Fue el comienzo. Dos horas después, en una clínica de Parral, a 45 minutos por carretera, le dijeron que el niño perdería el brazo. No se resignó y lo trasladó a Torreón. Llegó a las 3:00 de la madrugada del día siguiente, y 12 horas más tarde lo atendieron sólo para concluir lo mismo. Le amputaron el brazo.
El responsable no fue encarcelado. La averiguación previa 105-436/2007 dice que el Tribunal para Menores dictó un procedimiento de externación, que lo puso bajo custodia de sus padres, tras fijarse un pago provisional para la reparación del daño de 40 mil pesos. El dueño del rancho El Carmen, Manuel Monárrez Huerta, no se hizo responsable, bajo el argumento de que el menor no era su empleado y de que el accidente ocurrió fuera de los cultivos. Celso Ventura, el padre, corrió con los gastos hospitalarios.
“Ahorita me siento bien triste porque veo que mi hijo nació así, completo. Dios le trajo así completo, pero ahorita ya no tiene un brazo. Yo siento difícil así”, dice su padre, sentado en el patio trasero de su vivienda, que construyó en el extremo nororiente de la colonia Filadelfia, un asentamiento evangélico creado para los expulsados de comunidades indígenas católicas. “Quiero que se haga justicia porque para mí eso, lo que hicieron, está mal. Yo exijo que se vea, que no se puede quedar así, es un niño”, expresa.
Las condiciones que posibilitan la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas son las mismas de hace 20 o 30 años, esclavizantes, con trabajos a destajo y sin protección para los infantes, dice Margarita Nemecio. “Simplemente esclavizas a toda la familia porque te resulta una mano de obra sumamente barata. Es más redituable para ellos tenerla mecanizada de esta forma por los costos que significan: el sur aporta la mano de obra que requiere el norte”.