LA "JUSTICIA" EN OAXACA. JA, JA.

Piden medidas cautelares para familia de activista
Iván Castellanos / Tiempo
[08:28] La Comisión para al Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO), solicitó medidas cautelares a la Secretaria de Seguridad Pública Estatal, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a los ayuntamientos de San Pedro Jicayán, y Pinotepa Nacional a efecto de que se brinde protección necesaria a los familiares de la activista asesinada, Beatriz López Leyva.
Además, ha solicitado a los regidores del municipio de San Pedro Jicayán, un informe detallado sobre las acusaciones que se imputan al edil de la localidad Leonardo Silva Palacios, por este asesinato.
El presidente de este organismo, Heriberto Antonio García, afirmó que por ello se inicio el expediente de queja CDDHO/491/(01)/OAX/2009, en donde por la naturaleza de la queja y ante la trascendencia social de los hechos, esta comisión redujo el término para rendir el informe a cinco días naturales, por lo que dichas autoridades se encuentran dentro del plazo.
Del mismo modo se giraron medidas cautelares a la Secretaria de Seguridad Pública Estatal, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a los Ayuntamientos de San Pedro Jicayan, y Pinotepa Nacional. De la misma forma, manifestó que se dio atención a la queja que interpusieron diversos sectores entre los que destacan la diputada Guadalupe Rodríguez Ortiz, quién indicó que estas medidas deben otorgarse a las medidas cautelares se deben otorgar a favor de Javier Vicente López López, Serafina Rebeca Leyva Antonio, Otoniel, Benjamín, y Víctor López Leyva, y de la menor Bezzy Yohana Gómez Leyva.
Asimismo, responsabilizó al presidente municipal, Leonardo Silva Palacios, quién por señalamiento de Javier Vicente López y Serafina Rebeca Leyva Antonio, padres de López Leyva, es el autor intelectual de dicho homicidio.

Encaran comuneros a edil de San Agustín
* “Si quiere resolver el problema del agua, que venga a quitarnos de las válvulas...”, retan a la autoridad municipal

Julio César SÁNCHEZ GARCÍA
19/04/2009, 05:04:08 AM
Los comuneros de San Agustín Etla que mantienen cerradas las válvulas de agua potable que surten a la parte poniente de la ciudad de Oaxaca encararon al presidente municipal de esa región eteca, Eleazar Cano Mireles: “si el edil piensa que somos minoría, que tome acciones y que venga a quitarnos, por algo es la máxima autoridad en el municipio”.

El presidente del Comisariado de Bienes Comunales de esa comunidad, Carlos Hernández Díaz, aseguró que “lo estamos esperando para que platique con los pocos comuneros y habitantes que –dice- se encuentran en este lugar; que se quite el temor y que venga con su gente, que tenga el valor de presentarse y que convenza a la gente que está equivocada al cerrar las válvulas de suministro de agua potable a la ciudad”.

Hernández hizo una invitación a los representantes y presidentes de las colonias que han sido afectadas con el corte de agua a la ciudad, para que se presenten en este municipio, y de manera conjunta lleguen a un acuerdo sobre este problema.

“Sabemos de los sufrimientos que han padecido por el desabasto de este vital líquido, y que de alguna y otra manera no es su culpa, sino del Gobierno del Estado y de la ADOSAPACO; creo que podemos llegar a un acuerdo”, concluyó.

Incapacitada la PGJE Para Resolver Crímenes
Misael Sánchez / Tiempo Aristeo López, ex jefe policíaco fue ejecutado el 23 de enero de este año [23:30] El desmembramiento de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con la desincorporación de lo que es hoy la Agencia Estatal de Investigaciones, provocó que en los últimos 3 años un total de 12 crímenes de alto impacto fueran atraídos por la PGR ante la incapacidad de policías y agentes del Ministerio Público estatal para detener a los responsables,
dijo ayer Luis Manuel Rueda Alcalá, presidente del Colegio de Abogados de Oaxaca.
Y es que al último caso de la dirigente perredista Beatriz López Leyva, asesinada en San Pedro Jicayán y que ya investiga la Procuraduría General de la República, se suman otros que fueron declinados, como el de Aristeo López Martínez, ex jefe policíaco ejecutado el 23 de enero de 25 balazos en la Calzada de la República.
Para el abogado penalista Martín Aragón Martínez, en ningún caso se puede hablar de que existió una hipótesis de federalización de delitos, sino que cada caso fue declinado a la PGR por presiones sociales y políticas.
“Además de que en Oaxaca estamos en pañales en materia de investigación científica para resolver tantos crímenes”, apuntó.
CASOS PENDIENTES
Actualmente, de acuerdo con reportes de la delegación estatal de la PGR, un total de 12 casos son investigados por agentes del Ministerio Público de la Federación y elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI)
Entre estos destacan los de Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez, las dos indígenas triquis cuyos casos fueron atraídos por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas de la PGR.
El primer caso atraído por la PGR, de acuerdo con la Procuraduría Estatal, es el del camarógrafo Bradley Roland Will, quien murió en octubre del 2006 en un violento enfrentamiento registrado en Santa Lucía del Camino
Rueda Alcalá aseveró que una de las principales razones por las que la PGR realiza estas indagatorias es porque la procuraduría local ha sido desmembrada y sus elementos ya no intervienen ni investigan delitos de alto impacto.
En marzo del 2007, la entonces titular de la Procuraduría y actual titular de la Auditoria Superior del Estado, Lizbeth Caña Cadeza, remitió a la delegación de la PGR el expediente del camarógrafo asesinado el 27 de octubre.
En esa ocasión, tras reunirse con Howard Austin Will y Kathy Will, padres del estadounidense, así como con Creg Will, hermano de Bradley, la titular de la PGJE declaró que el uso de un arma de uso exclusivo del Ejército en el crimen era un argumento más que suficiente para que la PGR indagara el caso.
A esta averiguación se sumaron otras 10 relacionadas con incidentes violentos ocurridos en el 2006, principalmente durante la etapa del conflicto, entre ellas la del crimen de Emilio Alonso, maestro de la Sección 22 quien falleció el mismo día que Bradley Will.
Aragón Martínez puntualizó que la competencia de las indagatorias fue declinada sin que existiera fundamento alguno y que a pesar delitos del orden común se turnaron a la Federación para su investigación, donde salvo el caso del estadounidense se desconoce el curso de las indagatorias.
A los crímenes sin resolver se suman el asesinato del ex director de la PABIC, Alejandro Barrita Ortiz y el del escolta Jesús Eduardo Prado Pérez, el ciudadano Rafael Alonso Muñoz y la deportista Virginia Galán Rodríguez.
Además, los crímenes del ex comandante de lo que fue la Policía Ministerial del Estado Ricardo Rodríguez Silva “El Gigio” y del policía ministerial Víctor Hugo Velásquez, quien fue víctima del crimen organizado durante el plagio del empresario Manuel Rodríguez.