D. H. DOBLE DISCURSO DEL GOBIERNO.

Calderón, con 8 recomendaciones incumplidas ante la ONU.
GLORIA LETICIA DíAZ
MÉXICO, D.F., 9 de junio (apro).- En vísperas de la comparecencia del Estado mexicano ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, varias organizaciones civiles exhortaron este martes al gobierno de Felipe Calderón a acatar las recomendaciones que le hicieron en el Examen Periódico Universal (EPU).

Edgar Cortez Morales, director ejecutivo de la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos, señaló que la sesión del próximo jueves 11, en la que el gobierno de Calderón deberá dar respuesta a las ocho recomendaciones pendientes de aplicar, "es una oportunidad de dejar atrás el doble discurso en el que se han sumido los gobiernos anteriores y de presentar a México en el ámbito internacional como el gran defensor de los derechos humanos".

En conferencia de prensa, Cortez Morales recordó que desde 1996 "México ha sido sujeto del escrutinio de organismos internacionales de derechos humanos, y en 1998 recibió su primera recomendación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); desde esa fecha hasta ahora, México ha recibido 800 recomendaciones, de las cuales sólo ha cumplido el 10%".

Y añadió: "Este es un momento crucial, se trata de pasar del discurso de la aceptación a la instrumentación efectiva de medidas que lleven al Estado mexicano a garantizar un respeto pleno de los derechos humanos".

Durante el Examen Periódico Universal (EPU), en febrero pasado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hizo a México 91 recomendaciones, de las cuales aceptó 83, por lo que dejó pendientes ocho, mismas que tienen que ver precisamente con los mecanismos que utiliza el gobierno de Felipe Calderón en su guerra contra el narcotráfico, cuyo eje principal es el Ejército Mexicano.

En cinco de las ocho recomendaciones pendientes, representantes de varios países hicieron énfasis en temas relacionados con la actuación del Ejército, sobre todo en lo que tiene que ver con el fuero militar en casos de violaciones a derechos humanos cometidos por soldados contra civiles, y pidieron que sean los tribunales civiles los que juzguen a los infractores.

El resto de las observaciones tiene que ver con la abolición del arraigo, adecuar la definición de delincuencia organizada a los estándares internacionales y restablecer la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) o un equivalente, para combatir la impunidad.

De acuerdo con Cortez Morales, el 27 de mayo pasado varias organizaciones de derechos humanos solicitaron públicamente una reunión con el gobierno de Felipe Calderón para analizar la resolución que se daría a esas ocho recomendaciones. "Nunca hubo respuesta a la convocatoria", aseguró.

Y destacó que el pasado lunes 8, una comisión de delegados de 24 organizaciones civiles se reunió con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, a quien le manifestaron sus principales inquietudes, en vísperas de la sesión en la que el gobierno de Calderón dará a conocer su dictamen.

En la reunión estuvieron presentes miembros del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, así como de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos y Todas, del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.

En un comunicado distribuido este martes durante la conferencia de prensa, las organizaciones de derechos humanos resaltan como los temas de preocupación "la problemática de la justicia militar y la impunidad en la que se ven envueltas las violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares; la militarización de la seguridad pública y en general del país; la amenaza del trabajo de las y los defensores de derechos humanos, y la falta de justicia en el tema de los delitos del pasado y la deuda pendiente del gobierno mexicano en este tema".

También, la falta de acceso a la justicia de las mujeres, la falta de armonización legislativa en este aspecto y la legislación regresiva que se ha aprobado en lo que respecta a la interrupción legal del embarazo. Pero además expusieron la problemática que vive el país en cuanto a los feminicidios.

Según Edgar Cortez, Navi Pillay, quien estuvo acompañada del director de la división de oficinas del Alto Comisionado de la ONU, Anders Kompass, "se sorprendió de la negativa del gobierno mexicano a aceptar las recomendaciones sobre la justicia militar y la militarización, sobre todo porque organismos internacionales han sido recurrentes en hacer esa observación".

Riesgosas estancias infantiles en Sedeso
Suman 8 mil 315; atienden diariamente a 221 mil 277 niños
Funcionan en casas con algunas adecuaciones; la seguridad es mínima
ANGÉLICA ENCISO L.

Las 8 mil 315 estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), en las que diariamente se cuida 221 mil 277 niños, operan en condiciones precarias, según establecen las propias reglas de operación: el costo por la atención de un menor es alrededor de la cuarta parte de lo que se ejerce en las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las instalaciones –casas con algunas adecuaciones– tienen apenas lo básico para el cuidado de los pequeños y las condiciones de seguridad y atención son mínimas.
Promocionadas por el Partido Acción Nacional (PAN) en su campaña electoral, las estancias muestran falta de coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para garantizar la seguridad y una calidad adecuada en los servicios de cuidado infantil, lo cual es clave para el éxito del programa, advirtió en 2008 el Consejo Nacional de Evaluación, en el análisis de consistencia y resultados.
El accidente en la guardería subrogada del IMSS en Hermosillo, Sonora, pone en evidencia que en la operación existen huecos, espacios discrecionales propicios para actos corruptos e irresponsables y genera más dudas sobre estrategias similares como las estancias infantiles de la Sedeso, donde la normatividad y la forma en que se montó el programa presentan condiciones indudablemente más precarias y riesgosas que las del IMSS, indica el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos.
De acuerdo con las reglas de operación del Programa de Guarderías y Estancias Infantiles de la Sedeso, que puso en marcha este gobierno, los niños tendrán supervisión y cuidado, instalaciones adecuadas y seguras –sin definir en qué consisten–, un extintor, las responsables una escolaridad mínima de secundaria, y un espacio de dos metros por cada menor.
Mientras, las subrogadas deben contar con diferentes espacios para cada actividad, áreas comunes, exteriores y la atención debe estar sustentada en principios científicos, éticos y sociales; los niños deben tener actividades educativas y recreativas que promuevan el desarrollo de las esferas cognoscitiva, afectiva y sicomotora; debe haber vigilancia, protección y seguridad, así como fomento y cuidado de la salud, según establece la norma oficial Nom-167-SSA1-1997.
Cuando el presidente Felipe Calderón puso en marcha en Chalco el programa de la Sedeso, el 11 de enero de 2007, dijo que “hay muchas señoras que no tienen trabajo y que no tienen ingresos suficientes, y lo que hemos pensado es que (…) podrán ir adaptando su casa, ponerle baños propios para los niños, tener la seguridad de que no se vayan a quemar con la estufa de la casa, tener para los menores un área separada del resto de la familia”.
Es así que a los interesados en establecer una estancia se les otorgan 35 mil pesos para las adecuaciones y equipamiento de las casas, y a los padres que ingresan al programa se les dan 700 pesos, que van directamente a la estancia para el cuidado del niño. Fue operado desde su creación, en 2007, hasta hace unos meses por Lía Limón, quien ocupaba la Dirección de Políticas Sociales y dejó el cargo para ser candidata a diputada por el PAN en el distrito 14 de la delegación Miguel Hidalgo.
De acuerdo con la especialista Nashieli Ramírez, directora de Ririki intervención social, el costo por niño en una guardería subrogada del IMSS –alrededor de 2 mil 500 pesos– es cuatro veces más que en una estancia de Sedeso. No es posible chatarrizar un servicio en que se debe proteger a los niños; se debe hacer un replanteamiento y poner un alto en el camino. En las guarderías de Sedeso se piden requisitos mínimos. “El servicio se hace en casas, con lo mínimo para atender a los niños. En general, junto a las áreas donde se cuida a los menores está la cocina y la incidencia de accidentes por fuego es la principal en estos lugares.
Lourdes Almada, de la Mesa de Infancia en Ciudad Juárez, parte de la red de diez organizaciones que trabajan en este rubro, recordó que se criticó que la primera publicidad del programa fue la oferta económica de los 35 mil pesos para invitar a las personas a establecer una estancia, pero sin sensibilizar sobre los riesgos del cuidado infantil y tampoco se preveía una alimentación adecuada. Agregó que hay omisión y negligencia en el tema de cuidado infantil. Se ha invertido poco en los espacios y en generar condiciones mínimas de seguridad.

"Calderón no sirve ni para MP", sostiene AMLO en Monterrey.
LUCIANO CAMPOS GARZA
MONTERREY, NL, 9 de junio (apro).- Al comentar sobre la creciente violencia del crimen organizado, Andrés Manuel López Obrador, de gira por la entidad, aseguró que Felipe Calderón "no está siquiera para Ministerio Público, mucho menos para presidente".

El político tabasqueño insistió en que a Calderón "lo impusieron los de la mafia (de Los Pinos) porque no querían un cambio en el país, y por eso nos robaron la Presidencia, y eso lo saben (el gobernador) Natividad González y todos los mafiosos del PRI y del PAN de Nuevo León".

López Obrador se reunió en el auditorio "Napoleón Gómez Urrutuia", de Monterrey, con unos 300 integrantes de comités municipales afines a su causa para recordarles que su proyecto de nación "sigue vivo".

Invitado por el Partido del Trabajo (PT) y con la ausencia de dirigentes locales del PRD, López Obrador dijo que el zafarrancho del lunes entre policías federales y municipales de Nuevo León es resultado de políticas corruptas de los partidos que están en el poder.

En entrevista posterior, consideró que "lo que está pasando es fruto podrido de las políticas de pillaje que han venido aplicando en el país, tanto los gobiernos del PRI como los del PAN".

El excandidato presidencial volvió a mencionar a Carlos Salinas como el principal responsable de los males del país, y a los políticos nuevoleoneses como partícipes de la descomposición social en la entidad.

"Muchos aquí están aliados con Salinas y no quieren el cambio y participaron en el fraude electoral. El gobernador de aquí es un delincuente electoral, pero para que no vayan a pensar que vengo a hablar mal de él, hay que decir que el candidato a gobernador del PAN (Fernando Elizondo) es también un bandido, y hay constancia de que ha estado en actos de corrupción de todo tipo", acusó.

Por último instó a la ciudadanía a votar en los próximos comicios del 5 de julio por los candidatos a diputados federales de PT y Convergencia así como por Martha Zamarripa, aspirante del PRD a la gubernatura de Nuevo León.

"Una farsa", la lucha antidrogas: PT
Alberto Anaya Gutiérrez, senador y dirigente nacional del PT, consideró "una farsa" la lucha contra el crimen organizado que emprendió el gobierno de Calderón pues, dijo, ésta tiene matices electorales.

"Nos preocupa la desvergüenza de Felipe Calderón de aparentar que está combatiendo al crimen organizado, cuando ha sido la administración panista de (Vicente) Fox y la suya quien más ha promovido el desarrollo del crimen organizado. Es sintomático que, a meses de elecciones, quieran montarse en una supuesta lucha al crimen organizado, que tiene mucho de mediática y electoral".

Concluyó: "La pregunta ahora es por qué no lo hizo en el primer año de gobierno, por qué hacerlo en el tercer año y en época electoral. Por qué de 47 personas que detienen en Veracruz sueltan a 45, y aquí en Nuevo León es igual. Parecen valores entendidos con el crimen organizado para efectos de la foto. Toda esa campaña es una farsa".


Voto en blanco, voto inútil.
Pulso crítico / J. Enrique Olivera Arce

Si de castigo se trata, votar sí, pero ni un voto al PAN, ni un voto al PRI, como sugiere Andrés Manuel López Obrador.

Cuando a mediados de marzo del año en curso detecte que en la internet se estaban reflejando las primeras manifestaciones de una corriente tendiente a promover el llamado voto en blanco, o voto nulo, como alternativa ciudadana a asumir en las elecciones del próximo cinco de julio, comente que si bien en algunos países constituye una opción válida para el electorado, habida cuenta de que con ello se manifiesta el rechazo organizado a los partidos políticos o a candidatos que no responden al bien común, en el caso de México, con un sistema electoral carente de transparencia, confianza y credibilidad, resulta, al igual que el abstencionismo, contraproducente.
Agregando que el voto en blanco ni sería tomado en cuenta como mensaje de rechazo ni contribuiría a sanear nuestra incipiente democracia. Tanto el gobierno como la clase política en México, cotidianamente hacen gala de insensibilidad y oídos sordos frente a una opinión pública mayoritariamente insatisfecha.

Hoy, a 30 días de la elección, podría agregar que no obstante haber tomado fuerza la idea de castigar a la clase política descarrilando el proceso de legitimización de una simulada democracia representativa, al grado de que ésta, ganada por la histeria, ha puesto a un falso debate el tema del voto nulo, tal opción no me convence. Antes al contrario, me dejo llevar por el “sospechosismo” que provoca el que el duopolio televisivo y poderosas cadenas nacionales de radio y medios impresos, directa o indirectamente se hagan eco de la opción del voto en blanco. Y más todavía cuando constato entre mis vecinos no solo apatía y desinterés político frente a las elecciones en puerta. También una profunda ignorancia sobre lo que está en juego en los comicios venideros.

El descontento y rechazo al actual estado de cosas en el país, más que acicate para la búsqueda de alternativas de participación y cambio por la vía electoral, en la ciudadanía es motivo de connotada indiferencia. Votar por un partido en específico, por un candidato, o asistir a las urnas con el propósito de nulificar el sufragio, no está en el ánimo de un alto porcentaje de hombres y mujeres comunes. Votar o no votar, parece ser irrelevante; el peso de la degradación de la política en el imaginario popular, llama de antemano al rechazo a un proceso electoral manipulador que no tiene más propósito que legitimar el reparto legal de un pastel demasiado manoseado.

En este escenario, legitimar la elección, asistiendo masivamente a sufragar y al mismo tiempo descalificarla votando en blanco, me parece un contrasentido. Otra cosa sería si la ciudadanía, organizada, informada y consciente, participara en un referendo o pleisbicito, optando por un si ó un no en la tan necesaria como urgente reconstrucción del sistema de partidos, la dignificación de la política, y el rescate de la representación popular. Ni la sociedad mexicana está informada y organizada para tal efecto, ni la legislación electoral vigente se contrapone a intereses espurios de la partidocracia.

Aceptémoslo o no, en las actuales condiciones del país el voto en blanco es un voto inútil, desechable, que no aporta nada a la urgente necesidad de organización consecuente desde abajo, para impulsar las exigencias de cambio de un Estado que ya, sin eufemismos, se da como fallido. Podrá satisfacer el prurito personal, individual, de saberse parte de un presunto rechazo a la clase política, pero hasta ahí. Colectivamente es caer en la trampa, dejando en manos de los partidos mayoritarios el seguir manteniendo secuestrada la representación popular en el Congreso de la Unión. Más útil sería, si de castigo se trata, votar sí, pero ni un voto al PAN, ni un voto al PRI, como sugiere Andrés Manuel López Obrador.

Por lo que a mi respecta, reitero lo afirmado el 25 de marzo: La protesta o rechazo sin objetivos claros para avanzar no tiene sentido. Más que por el voto en blanco o la abstención, debe apostarse por la participación razonada y consecuente, generando condiciones para, desde abajo y de manera organizada, exigir a la representación popular cumpla con el cometido para el cual es electa. A mayor número de votos válidos menor será la oportunidad del agandalle y el fraude electoral. Y si este último se repite una vez más en contra de la voluntad ciudadana, como sociedad tendremos la calidad moral y política para impugnarlo, privando de legitimidad democrática a los triunfadores espurios y la justificación plena para exigir que se vayan todos.

Hay que salir a votar, así sea por el partido o candidato que consideremos menos peor. De otra manera, como ciudadanos interesados en el rescate de la ahora secuestrada representación popular, estaríamos rindiendo la plaza sin dar batalla. No podemos seguir permitiendo que una partidocracia, apenas respaldada por un voto duro que representa el 15 o 20 por ciento del total de más de 70 millones de votantes potenciales, decida el destino de la Nación.