FASCISTA INTERVENCION EN EL SME

Financian Nava y Gutiérrez Vera la disidencia en el SME: Esparza
Cuando el panista operaba en Los Pinos se reunió con el tesorero Alejandro Muñoz, asegura
Anuncia que presentará denuncias penales contra el secretario del Trabajo y el director de LFC
PATRICIA MUÑOZ RÍOS

El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, denunció ayer que el presidente nacional del PAN, César Nava, fue el principal impulsor de la disidencia al interior de esta organización, y que incluso el director de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Jorge Gutiérrez Vera, le entregó 60 millones de pesos a Alejandro Muñoz, sin que la asamblea de los trabajadores lo autorizara, lo que evidencia que este gobierno quiere reventar al gremio.
Tras sostener que esta organización iniciará un largo proceso de litigios que incluyen el amparo y las denuncias penales que van a presentar contra el secretario del Trabajo, Javier Lozano, y Gutiérrez Vera, así como las quejas que van a llevar a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esparza aseguró que el conflicto no va a afectar de ninguna manera el servicio eléctrico y no va a haber apagones, porque no le quieren dar ningún pretexto al gobierno federal para que tome la empresa o el sindicato.
En conferencia de prensa realizada en la sede del SME, Esparza dijo que el fondo del problema es que el gobierno quiere privatizar la paraestatal e incluso Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens obtuvieron una autorización de LFC para explotar la red de fibra óptica pública a través de una empresa de origen español, denominada LW-Comunicaciones.
Explicó que el SME había presentado una solicitud para operar el servicio de triple-play, que es transmisión de voz, imagen e internet utilizando la red de fibra óptica de más de mil 300 kilómetros ya instalada, que es propiedad de los mexicanos. Sin embargo, esta infraestructura ahora la podrá explotar la empresa de la cual son socios los dos secretarios de Energía en el sexenio de Vicente Fox.
Por ello, dijo, es más que evidente que el Sindicato Mexicano de Electricistas les estorba para concretar sus planes de privatización, pues cuando César Nava operaba en Los Pinos se reunió con la disidencia encabezada por Alejandro Muñoz e incluso hay una carta en la que el ahora dirigente nacional del PAN le agradece al entonces tesorero del SME el regalo que le mandó al presidente Felipe Calderón.
Entonces, agregó, se trata de un serie de componendas para dar paso a jugosos negocios de empresarios y gente ligada al gobierno, por lo que incluso ahora el director de LFC le congela a la organización la entrega de cuotas sindicales.
Al respecto, Esparza aseguró: Gutiérrez Vera dice que que no puede entregar las cuotas sindicales y que no está en sus manos, que vaya más arriba para solucionar esta situación.
El dirigente mencionó que uno de los negocios que dejaría ganancias en la paraestatal es en el rubro de las telecomunicaciones, tema del cual Lozano es especialista.
En la conferencia, tanto el secretario del exterior, Fernando Amezcua, como el del interior, Humberto Montes de Oca, se refirieron a las irregularidades en las elecciones internas mencionadas por el secretario del Trabajo. Al respecto dijeron que es una total mentira que hayan votado hasta los muertos, ya que el padrón de trabajadores activos y jubilados es de 66 mil 370 miembros del sindicato y votaron 55 mil 520.
A Lozano, dijo Esparza, no le toca juzgar la elección ni determinar ilegalmente quién es o no dirigente de este sindicato. Planteó que la parcialidad con la que se tomó la decisión de negar la toma de nota para el secretario general y otras 12 carteras se detona por el hecho de que “el mismo director general del Registro de Asociaciones nos dijo que tenía que consultar al secretario, porque si no lo regañaba durísimo. Agregó que ya lo había reprendido por haber dado la toma de nota a un sindicato de técnicos petroleros y otro a uno independiente de maestros…”
Por último comentó que van a responsabilizar a Lozano Alarcón y a Vera Gutiérrez por todas las afectaciones económicas que les provoque la congelación de la entrega de cuotas sindicales, ya que no tienen dinero para pagar la nómina de los trabajadores del sindicato, ni las obligaciones de la organización como pago de agua, luz y, sobre todo, las ayudas que se dan a los familiares de trabajadores fallecidos y demás.

SME anuncia movilizaciones a partir del jueves; no cederemos a chantajes, advierte Lozano
ROSALíA VERGARA
MÉXICO, D.F., 6 de octubre (apro).- El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) anunció hoy que a partir de este jueves emprenderá una serie de movilizaciones para exigir a la Secretaría del Trabajo que otorgue la toma de nota a Martín Esparza como líder sindical.
En respuesta, el secretario Javier Lozano advirtió que no cederá a chantajes.
Durante la Asamblea General Extraordinaria Esparza leyó el plan de acción que, entre otras medidas, comprende realizar este jueves una marcha a las cinco de la tarde, del Angel de la Independencia al Zócalo.
Ese día, dijo, entregarán una carta abierta al presidente Felipe Calderón, en la que le solicitarán una audiencia para pedirle que el secretario del Trabajo deje de entrometerse en la vida del SME.
Un día antes, Esparza participará en el Foro sobre el SME que realizará la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso de la Unión.
Asimismo, Esparza anunció que propondrá en una asamblea el pleno que se desconozca la resolución de la STPS y sea reconocido como secretario general para el periodo 2009-2012, pues esta acción está validada por sus estatutos.
"Este es el momento de iniciar un gran movimiento para defender la autonomía sindical", resaltó, en medio de gritos que versaban: "Martín, general". "Martín, general".
También anunciaron que realizarán un mitin-plantón afuera de la Cámara de Diputados, el día que el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, comparezca ante el Legislativo.
"Ahí estaremos toda la comparecencia, para demostrar que tenemos la fuerza para echar atrás la negativa a darnos la toma de nota", indicó.
El 26 de octubre, también participarán en apoyo a la marcha de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) y participarán el 27 de octubre en la celebración del Día Internacional por la Libertad Sindical. El 20 de noviembre, realizarán un evento conmemorativo por el bicentenario y crearán una comisión llamada: "Por el Bicentenario en defensa de los trabajadores".
Por la mañana, el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, sostuvo que no cederá a chantajes y presiones por parte de los electricistas agremiados. "Una marcha no afecta nuestra posición", comentó en entrevista después de asistir a la reunión de la revista Líderes.

Mineros se solidarizan con el SME
ROSALíA VERGARA
MÉXICO, D.F., 6 de octubre (apro).- La organización sindical que encabeza desde el exilio Napoleón Gómez Urrutia, se solidarizó hoy con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y repudió la intromisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la vida interna del gremio electricista.

En un comunicado, los mineros expresaron su solidaridad y criticaron al gobierno federal porque, a su juicio, la negativa del gobierno federal de no reconocer a Martín Esparza como secretario general del SME tiene "la intención de ocasionar graves lesiones a la libertad y autonomía de los sindicatos para acallar su voz independiente y crítica" contra las autoridades en materia laboral.

"El gremio minero trabajador manifiesta su repudio absoluto a esta acción gubernamental de negarle la toma de nota al reciente proceso electoral interno, autónomo y democrático de los trabajadores electricistas, el cual arrojó unos resultados estatutarios y democráticos inobjetables, que sólo son facultad de los propios trabajadores el juzgarlos, no de ninguna instancia oficial", señaló el sindicato minero.

Calificó esta actitud como una agresión al SME, que coincide con la que ha padecido el sindicato minero hace poco más de tres años, cuando las autoridades laborales desconocieron a Gómez Urrutia como líder del sindicato, y el Ministerio Público ordenó su aprehensión.

Señaló que esta actitud demuestra el antisindicalismo del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien tiene "una virulenta enemistad contra los sindicatos democráticos e independientes".

"Con esto mismo, Javier Lozano Alarcón pretende atribuirse facultades de juez en asuntos sindicales internos, atropellando la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, al que México se adhirió formalmente desde 1950 y que forma parte de la ley mayor de México, a un lado de la Constitución General de la República, la cual establece que los sindicatos sólo se regirán por estatutos internos y procedimientos libremente establecidos por los trabajadores."

Criticó que la Secretaría del Trabajo esté interpretando los estatutos sindicales para negarle la toma de nota al SME, pues ninguna autoridad administrativa tiene esa facultad. Con esto, aseguró que la STPS está violando su papel conciliador y tutelar de los trabajadores.

"Está utilizando, igual que en el caso minero, la artimaña de la 'toma de nota' para descabezar al SME, con inconfesables propósitos ulteriores. Pretende negar que la 'toma de nota' no es más que un simple registro formal, de archivo, de las decisiones sindicales autónomas que son asumidas previamente por los trabajadores", insistió.

"Esta es una evidencia más –agregó-- de cómo el actual gobierno de Felipe Calderón pretende eliminar las voces que denuncian los yerros oficiales, en vez de proceder a una política económica y social que verdaderamente lleve a México a superar dicha crisis."La óptica de esto es mezquina y absurda, pues equivale a suponer que eliminando a los pobres se erradica la creciente y extendida pobreza que agobia al país."

Charrazos y golpes contra empresas estratégicas
ANTONIO GERSHENSON.

Vivimos una nueva intromisión del Estado en la vida interna de los sindicatos, en este caso la del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Se trata de que el gobierno imponga su voluntad en la vida sindical, pero no sólo eso. En éste y en otros casos, están de por medio las empresas estratégicas, y en especial, las que prestan el servicio público de energía eléctrica, y Pemex. En este último caso, se ha estado negando el registro a la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, y se ha despedido a los principales dirigentes.
Se trata no sólo de controlar a los trabajadores. Se trata de remover posibles obstáculos en sus reiterados intentos privatizadores. Cuando no han podido entregar las entidades públicas a empresas trasnacionales, les han dado la mayor parte que han podido de las mismas o de sus utilidades. Y hay una larga historia en este sentido.
El gobierno de Miguel Alemán estaba negociando con las trasnacionales petroleras y con el gobierno estadunidense cómo revertir, hasta donde pudieran, los efectos de la expropiación petrolera. Las empresas expropiadas eran del grupo de las llamadas Siete Hermanas, pero éstas sólo aceptaban regresar a México como concesionarias y en la práctica dueñas del petróleo. Y esto lo prohibía la Constitución, modificada en los últimos días del gobierno de Lázaro Cárdenas. Hacer ese obstáculo a un lado era algo que ni Miguel Alemán podía hacer.
De ahí que, primero, se acordó que las empresas que entrarían a México serían otras, de las llamadas independientes. Y recibirían los llamados contratos riesgo. Para eso, ese gobierno intervino, golpeó, agredió con el Ejército e impuso una dirección a su gusto al sindicato petrolero a fines de 1946, y en el año siguiente al sindicato ferrocarrilero, en el cual se impuso al llamado charro Díaz de León, cuyo apodo dio a esta práctica el nombre de charrismo.
Los llamados contratos riesgo no tenían ningún riesgo. Pemex entregaba a las trasnacionales zonas petroleras ya exploradas y con reservas comprobadas. Los contratos permitían a la trasnacional firmante extraer el petróleo de las áreas contratadas. Pemex le pagaba sus gastos con petróleo, y le entregaba además el 15 por ciento del petróleo producido, ya a cambio de nada.
Esto era importante para las llamadas petroleras independientes, porque las Siete Hermanas controlaban el petróleo del Golfo Pérsico y sus alrededores, que era el más barato del mundo; y ellas, antes de este regalito de los contratos riesgo, las independientes tenían que competir con petróleo, por ejemplo, de Texas, más caro a pesar de estar subsidiado.
Natalio Vázquez Pallares, que era presidente de la Comisión del Petróleo de la Cámara de Diputados, y cercano a Lázaro Cárdenas, se informó exhaustivamente de este problema, que se había mantenido en secreto, y publicó 20 artículos en el periódico El Popular. Oficialmente, todo esto fue negado, pero después de esa publicación y sus secuelas ya no se volvieron a firmar contratos riesgo, y después de unos años no sólo se cancelaron prematuramente sino que se agregó, al artículo 27 de la Constitución, la prohibición expresa –ya estaba implícita– de los contratos en materia petrolera, incluyendo el gas natural.
Sin embargo, lo que no desapareció fue el charrismo. Pero ha habido diferentes movimientos obreros y en especial sindicales, en contra de las medidas privatizadoras y de entrega de recursos de empresas públicas de las áreas estratégicas como las mencionadas, a empresas privadas y en especial, trasnacionales.
De modo que no se puede aislar la ofensiva contra el SME de los reiterados intentos oficiales de entregar los bienes y recursos de las empresas públicas a particulares. El contratismo está en niveles sin precedente, pese a la prohibición constitucional. Se ha entregado a empresas extranjeras una parte importante de la generación de electricidad para el servicio público, y muy variadas actividades petroleras que realizaba Pemex. Como en los cambios a la legislación de Petróleos Mexicanos aprobados en octubre del año pasado, no salió todo lo que el gobierno federal quería, por ejemplo, no pudieron imponer refinerías privadas ni otras instalaciones, pues en los reglamentos recientemente publicadas meten cosas que no pudieron introducir el año pasado, y hablan de una segunda reforma (o más bien contrarreforma) petrolera, con el mismo propósito. Seguiría una larga lista de atropellos contra el sector público, que son daños a la propiedad de la nación.

Infectan de VIH a dos menores en el hospital La Raza
JENARO VILLAMIL
MÉXICO, D.F., 6 de octubre (apro).- Los senadores del PRD condenaron la "negligencia criminal" en que incurrieron médicos del Centro Médico La Raza y del Instituto Mexicano del Seguro Social al contagiar a dos menores con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) durante un procedimiento de transfusión sanguínea.

En un punto de acuerdo presentado hoy en el Senado, el PRD solicita la intervención del presidente Felipe Calderón Hinojosa, así como de los titulares de la Secretaría de Salud, José Angel Córdova, y del IMSS, Daniel Karam Toumeh, para que proporcionen tratamiento médico y psicológico vitalicio a los dos menores, "sin condicionantes de ningún tipo", y ejercite las acciones necesarias para el resarcimiento del daño.

Al mismo tiempo, solicitó al secretario de Salud un informe pormenorizado sobre las medidas de control y los mecanismos de seguridad aplicados para la disposición de sangre humana; las medidas para evitar nuevos contagios; las sanciones, medidas disciplinarias y procedimientos jurídicos en contra de los servidores públicos responsables; así como el estado de cumplimiento de la recomendación 42/2009 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso.

En conferencia de prensa, el senador por Guerrero, Lázaro Mazón, miembro de la Comisión de Salud, afirmó que el IMSS "tiene que responder y responder bien, y hacer aclaraciones por lo que sucedió". En tanto, su compañero de partido, José Luis Máximo García Zalvidea, impulsor del punto de acuerdo, abundó que no existe acercamiento ni con la Secretaría de Salud ni con el IMSS para abundar en este caso.

Por su parte, la abogada María de Lourdes Hernández Sanpedro, afirmó que uno de los menores fue contagiado en mayo de 2008; es originario de Pachuca, su familia es de escasos recursos y debe trasladarse a la Ciudad de México para recibir el tratamiento.

Consideró que la indemnización por la negligencia que provocó el contagio del menor de edad debe ser de 50 millones de pesos, mucho mayor a los 250 mil pesos que le ofreció originalmente el Seguro Social.