UN ALCAHUETE QUE BRINDA IMPUNIDAD

El Estado, alcahuete de violadores de las garantías.
El reto fue crear un organismo autónomo; lo logramos
De Ernesto Zedillo no puedo emitir opinión, porque sólo lo traté un año, y era electoral; con Vicente Fox fue un desastre, lo poco que pude hacer en ese sexenio fue porque lo conversé con Marta Sahagún, y Felipe Calderón tampoco tiene el tema entre sus prioridades, asegura
VÍCTOR BALLINAS

El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, quien al frente de ese organismo le tocó abordar los problemas en la materia con tres presidentes de la República, dice: "de Ernesto Zedillo no puedo emitir opinión, porque sólo lo traté un año, y era electoral; con Vicente Fox fue un desastre, lo poco que pude hacer en ese sexenio fue porque lo conversé con Marta Sahagún, y Felipe Calderón tampoco tiene el tema entre sus prioridades”.
Acusa que muchas dependencias federales crearon oficinas de derechos humanos, que para lo único que sirven es para tapar a los violadores de garantías.
A unas semanas de que concluya su segundo periodo al frente de la CNDH, el ombudsman nacional habla sobre dos de los asuntos más polémicos que le tocó enfrentar. El caso Ernestina Ascensión, del que dice, lo marcó profesionalmente, y la controversia que presentó contra el aborto en el Distrito Federal. De este último asegura: no me equivoqué, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un galimatías, lástima que casi nadie la haya leído.
Soberanes, abogado constitucionalista, que luego de una década está por concluir su gestión al frente de la CNDH, tras de lo cual regresará a ocupar su cubículo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del que fue director, señala: siempre he actuado conforme a mi conciencia. Siempre he podido dormir bien. Me voy con la cara en alto y la conciencia muy tranquila, porque actué con la ley en la mano.
–Está por concluir su encargo en la CNDH, ¿cuál es su balance?
–El reto que tenía cuando entré aquí fue convertir una dependencia de la Secretaría de Gobernación en un organismo autónomo del Estado mexicano, creo que lo logramos, porque entendemos la autonomía no únicamente de los poderes públicos, concretamente del Ejecutivo, sino inclusive de los poderes fácticos. Hoy día es una realidad que cada vez domina más la escena nacional.
“El ombudsman siempre corre el peligro de plegarse a otros intereses, cuando nuestro único interés debe ser la Constitución, la ley, la norma jurídica y nada más. Esa es la esencia de la autonomía, y ese fue el gran reto que viví hace 10 años. No voy a ser tan vanidoso de decirle que lo logré, pero creo que sí alcanzamos un buen nivel de autonomía en nuestro organismo; la prueba de eso es que hemos sido criticados; si no recibiésemos críticas, eso quería decir que no estamos trabajando y que nada más vamos nadando de a muertito”.
–A usted le tocó la administración de tres presidentes. ¿Cómo fueron en su trato?
–No podría opinar sobre Zedillo, porque solamente lo traté un año y era electoral. No podría emitir un juicio sobre él. Con Vicente Fox eso fue un desastre. Voy a decir una cosa que seguro a sus lectores les va a sonar raro: si algo se pudo hacer serio con Fox, fue gracias a Marta Sahagún. Sé que lo que estoy diciendo suena a herejía, pero las pocas cosas que pude ver con Marta fue lo que tuvo solidez. Todo lo demás era el concierto de la frivolidad.
“Pensé que íbamos a avanzar en derechos humanos. Me llevé la decepción más grande. A Fox no le importaron los dos grandes temas que abordé en mi gestión: los desaparecidos de la guerra sucia y las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. A Fox no le importaron, y ahí están los resultados: un desastre, un fracaso total. Los años finales fueron desastrosos. Recuerdo mis dos últimos informes con él, fueron de pena.
Con el presidente Calderón ha sido otra situación. Su trato es más sensato, es más razonable, pero el hombre está metido en tales broncas que tampoco es su prioridad la CNDH o los derechos humanos. Algunos de sus colaboradores dejan mucho que desear, hemos podido avanzar un poquito, pero ha tenido un trienio complicado, empezando por su misma entrada al poder, que tuvo problemas.
–¿Considera que el Presidente de la República debe hacer un compromiso por los derechos humanos al inicio de su gestión?
–Fox hizo un planteamiento desde el principio y ya vimos lo que pasó. Calderón no ha hecho ninguno, incluso en su pasado informe. En ningún momento de su discurso hizo referencia a los derechos humanos. Creo que es un problema de convicción democrática, y por supuesto que un planteamiento ayudaría a la causa de los derechos humanos.
–¿Que le habría gustado hacer en el tema de derechos humanos con los presidentes que usted trató?
–Establecer un diálogo con el gobierno federal. Hacerles planteamientos, tener respuestas. Muchas secretarías tienen oficinas de derechos humanos, subsecretarías, subprocuradurías, direcciones generales , y ¿todo eso para qué ha servido? ¿Para avanzar? No. Ha servido para darle chamba a los amigos o para defenderse de la CNDH.
–En casos de violaciones graves de derechos humanos emite usted recomendaciones, señala los abusos, a los probables responsables, ¿y el Estado, actúa?
–No. El Estado se encarga de tapar a los responsables, queda como alcahuete. Esas oficinas de derechos humanos que tienen las secretarías para lo único que sirven es de alcahuates. Eso es francamente deleznable, y tienen presupuestos mayores que la CNDH.
–En el caso del aborto, ¿no le pesa haber ido a contracorriente de la sociedad y de los grupos feministas? ¿Usted hizo lo que creyó, o lo que la ley le marca?
–No iba a contracorriente. Tengo las encuestas de esa época, se pueden revisar, era una minoría la que estaba en favor del aborto. Tan era una minoría que el Gobierno del Distrito Federal no quiso someter el asunto a un referéndum; si hubieran estado tan seguros de contar con esa mayoría aplastante lo hubieran hecho. Pero no lo hicieron porque las encuestas decían lo contrario.
“Yo estoy convencido, y aquí está la esencia de lo que he dicho, lo han querido llevar a un plano de creencias, y yo digo: esto no es un problema de creencias, es una cosa muy sencilla: ¿a partir de qué momento la ley defiende la vida? ¿Hay vida humana a partir de la fecundación? Si no hay vida humana no hay reproducción, y las células se empiezan a reproducir en el momento de la fecundación. De que hay vida, hay vida. Ahora, esa vida es susceptible de ser protegida por el estado jurídico, ¿si o no? Ahí está el tema. No es si yo leo la Biblia o rezo el Corán. Ahí me quieren llevar, al tema de las convicciones, de las creencias.
Me quieren llevar para allá porque saben que en el centro de la discusión ahí no me la ganan.
–¿Se equivocó usted o la Corte?
–No me equivoqué. La sentencia de la Suprema Corte es un galimatías, lástima que casi nadie la haya leído. Ahí no definen ni un derecho ni una situación, aquello es una ensalada, donde nadie sabe finalmente qué definió. Invito a que lean la sentencia y que actúen en consecuencia. Ni siquiera sentó jurisprudencia. Es una serie de ideas ahí más o menos puestas, pero no hay un criterio firme.
–¿Sus convicciones personales pesaron en los asuntos de la CNDH, como el aborto?
–Cuando entré como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en 1990, fui acusado de lo mismo, y en los ocho años que fui titular les demostré que lo que pudiera pensar, creer o anhelar era muy aparte de mi trabajo como servidor público, y aquí lo procuré hacer siempre.
–El caso de la indígena Ernestina Ascensión, ¿fue un tropiezo en su gestión?
–Si en el asunto de doña Ernestina y la famosa sierra de Zongolica me hubiera montado en la ola, me hubiera desgarrado las vestiduras y habría dicho ‘qué horror, qué espanto’, vamos todos contra el Ejército, y hubiera quedado muy bien, pero es la tentación de irse por lo políticamente correcto. Cuando los peritos me trajeron las evidencias de que las cosas no eran como decían, tuve que navegar a contracorriente, incluso contra los que decían que me ayudaban. Preferí la verdad sobre lo políticamente correcto.
–¿Cómo explica el caso de Ernestina Ascensión?
–Se le quiso dar una orientación política. Reitero, no quise hacer lo políticamente correcto. Preferí irme por la verdad. Y la verdad tuvo ese costo. Me marcó en mi trayectoria. Si tuvo ese costo, pues ni modo, qué se le va a hacer.
–Su formación de abogado, ¿fue un obstáculo?
–Mi profesión de abogado y mi vocación de jurista me llevaron a tener siempre bien puestos los pies en la tierra y a no querer construir castillos de naipes. Cuando uno se apega a la ley, uno está sobre una roca firme, y ese es el compromiso.

Narro Robles exige a la PGR defina situación legal de Lucía Morett
MIGUEL CABILDO S.
MEXICO, DF, 2 octubre (apro).- El rector de la UNAM, José Narro Robles, exigió a las autoridades federales la presentación de las pruebas que presuntamente incriminan a Lucía Morett en actos terroristas.

"Cuando existan pruebas, que se presenten, y si no, que se aclare debidamente", dijo.

Narro Robles reiteró que Morett Álvarez "es una estudiante que está por concluir un ciclo y continuar sus estudios".

Entrevistado luego del homenaje en vida que se ofreció al investigador y exrector de la UNAM, Guillermo Soberón Acevedo, recordó que la universidad ya aportó la información requerida sobre la estudiante mexicana y "en su momento hicimos los pronunciamientos debidos".

El rector de la UNAM también reveló que se ha reunido con los padres de Lucía Morett y, de ser necesario, lo haría nuevamente.

Hasta el momento, no existe ninguna orden de aprehensión en contra de la estudiante universitaria, según revelaron sus abogados.

Al referirse a los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, Narro Robles señaló que no debe olvidarse esa penosa y compleja situación, que originó cambios en el país y trajo avance en la democracia en México.

"Un movimiento de estudiantes universitarios que no se debe olvidar, sobre todo porque hay situaciones en la vida que se vuelven irremediables: esa fue una de ellas. Pero de todo uno tiene que sacar experiencia y conocimiento", apuntó.

Por separado, Hugo Rosas, abogado de Lucía, consideró que la Interpol violó los derechos humanos y la seguridad de su defendida al subir a su página de internet la ficha roja sin haberse cumplido el plazo de 90 días para presentar las pruebas y frenar ese procdimiento.

Además, indicó que no existen pruebas contundentes para afirmar que Morett sea responsable de delitos relacionados con el terrorismo.

Por su parte, los padres de la joven demandaron a la Interpol tomar en cuenta que se trata de un asunto político, por lo que su hija no puede ser detenida.

De su lado, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Juan Miguel Alcántara Soria, sostuvo que el gobierno del presidente Alvaro Uribe no ha solicitado la extradición de Lucía Morett por sus presuntos nexos con las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El pasado miércoles, la Interpol publicó en su sitio de Internet la denominada ficha roja, que contiene la imagen y datos personales de Morett, a fin de que, a petición de Colombia, se le busque en más de 180 países.

Sin ley, los cabilderos retoman sus asuntos en el Congreso
Actúan principalmente entre septiembre y noviembre, cuando se discuten la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación
ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

Considerada fuente de corrupción, opacidad y presión de las grandes empresas en el país, la actividad de mediación o cabildeo privado en las dos cámaras del Congreso de la Unión no ha sido regulada por decisión los legisladores, quienes la toleran porque también la practican desde sus propios despachos.
La actividad de los cabilderos se despliega principalmente entre septiembre y noviembre de cada año, cuando los diputados discuten la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Este año su principal objetivo es evitar el IEPS a tabacos, cervezas y a telecomunicaciones, propuesto por Felipe Calderón, y que implicaría, de acuerdo con los estudios de los cabilderos, aplicar un impuesto adicional de 6 por ciento a sus productos.
Desde 2002 y hasta 2007, diputados de distintos partidos han presentado siete iniciativas de ley para constituir un registro público de las empresas que se dedican a la negociación con el Poder Legislativo, y todas están en la congeladora.
Ese mismo destino tuvo la propuesta del ex senador César Jáuregui (PAN) de agregar un apartado en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión que implantara no sólo un registro de los cabilderos, sino de los senadores que se reunieran con ellos.
Si bien los diputados señalan que no es una práctica ilegal, admiten que propicia la opacidad y que se hagan ofertas a los legisladores a cambio de no votar la aplicación de medidas desfavorables para los grandes consorcios.
En la 59 Legislatura, por ejemplo, el diputado Miguel Ángel Toscano (PAN) denuncia que un grupo de panistas fue enviado por la British American Tobacco al gran premio de Fórmula 1, con la intención de que no se aprobara un impuesto a los cigarros en la miscelánea fiscal de 2005.
Lo mismo ocurrió entonces cuando Carlos Almaraz, representante de empresas de jugos y néctares, negoció con el ex diputado priísta Carlos Blackaller no gravar con 20 por ciento de IEPS a esos productos, lo cual ahorró a las compañías 48 mil millones de pesos.
El auge de las empresas de cabildeo surgió a partir de la debacle electoral del PRI, pues no sólo fue una alternativa para priístas desempleados, sino una opción frente a una Cámara de Diputados más plural, por lo que la negociación tenía que extenderse.
La primera iniciativa para regular esta tarea la delineó el 29 de abril de 2002 el ex diputado Efrén Leyva Acevedo (PRI), que presentó una iniciativa de Ley Federal para la Regulación de la Actividad Profesional del Cabildeo y la Promoción de Causas, que se envió a las comisiones unidas de Gobernación, Seguridad Pública y Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
En esencia, se planteó instaurar la obligatoriedad de un registro público, así como un código de conducta, y definir las obligaciones y responsabilidades tanto de las dependencias como de los servidores públicos y cabilderos.
En la 58 Legislatura, los diputados Claudia Ruiz Massieu y Héctor Gutiérrez de la Garza y Jorge Uscanga presentaron sendas excitativas a las tres comisiones para descongelar la iniciativa, dictaminarla y presentarla al pleno. No hubo respuesta.
En agosto de 2007, el Grupo de Trabajo sobre Aplicación Permanente del Principio Ético de la Cámara de Diputados, que presidió el ex diputado César Camacho Quiroz, definó que el cabildeo ha sido percibido por la opinión pública como una actividad oscura y en no pocas ocasiones asociada a prácticas de corrupción o de tráfico de influencias.
Y planteó que la corrupción en este caso podía prevenirse, e incluso sancionarse no sólo moralmente, sino legalmente. Se requiere hacer transparentes las relaciones de los legisladores con los cabilderos y/o gestores, concluyó.