DIAS SIMBOLICOS

ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO

Vísperas del centenario de la Revolución Mexicana, Andrés Manuel llega a Santiago Yaveo, Oaxaca, un lugar pobre y desolado, al igual que otras tantas comunidades regidas por usos y costumbres en ese estado. Será el último de los casi 2 mil 500 municipios recorridos desde hace casi tres años por el presidente legítimo. Se cierra así un ciclo complicado, riesgoso y extenuante de la vida política nacional, cumplido con esfuerzo y rigor, pese al incesante fuego enemigo; una etapa cuyos saldos podremos valorar a partir de ahora, cuando la disputa por el poder comienza a ocupar todo el horizonte. Mientras, en Santiago Yaveo, López Obrador no puede eludir la fecha sin referencia a la actualidad del movimiento de 1910, aunque todos comprendan que habla de la historia para pronunciarse sobre el futuro inmediato. Reitera dos convicciones. La primera es que a 100 años del Plan de San Luis es urgente una transformación radical, pero no mediante las armas, sino (a través) de la revolución de las conciencias, detalle importante olvidado por sus críticos. La segunda, anclada en la ética, designa al sujeto de esa revolución incruenta y su razón de ser, dando un valor transformador a la voluntad del individuo, una vez sustraído de la masa enajenada –de ahí el énfasis en la contabilidad de los representantes del gobierno legítimo– para integrarse al movimiento popular liberador: No nos arredramos ante ningún poder que atente contra nuestra dignidad. No aceptamos ser esclavos en nuestra propia tierra. ¿Qué queremos? Arriba los de abajo, arriba los pobres y los privilegios.
Al día siguiente, apremiado al balance por La Jornada (22/11/09), López Obrador, ya sin el tono profético de la plaza pública, reafirma: el mayor logro ha sido la resistencia misma. Quienes juzgan al movimiento sólo por el desgaste no ven lo principal. Esa estrategia, asegura, impidió que nos desdibujáramos políticamente y, gracias a ella, se creó el movimiento que, quiérase o no, es la única alternativa que puede llevarnos a una verdadera transformación del país. No sorprende la conclusión de López Obrador respecto de su papel: Si logramos sobrevivir este segundo tramo, si estamos bien posicionados y es útil para la transformación del país, puedo ir como candidato a la Presidencia en 2012.
La reunión en el Zócalo vendrá a ser un acto de reafirmación, la oportunidad física, visual, verbal de expresar que la resistencia sigue viva y con todas sus aspiraciones intactas, pero poniendo distancia con respecto de otras piezas del rompecabezas social y político de la izquierda, cuya ausencia se hizo más notoria por cuanto están en marcha procesos unitarios para recuperar el terreno perdido en los desencuentros de los últimos tiempos.
Para Magdalena Gómez, por ejemplo (La Jornada, 24/11/09), fue significativo que no se mencionara ningún partido ni participara algún representante como orador, lo cual la interpreta como una crítica implícita a las llamadas refundaciones en curso. Sin embargo, luego del acto, cuestionado por la prensa sobre la posible ruptura de la unidad hacia el Frente común, Alejandro Encinas, tratando de que el mensaje se escuchara en el Palacio del Ayuntamiento, señaló: Todos tenemos claro que tenemos que ir unidos, con un solo candidato y con una coalición muy amplia de partidos y organizaciones. Va a haber cohesión porque creo que todos aprendimos la lección de 2009. Será candidato, reiteró, el que esté mejor posicionado, asumiendo que el camino para reconstruir la mayoría de 2006 es una tarea de enormes proporciones.
Veremos si las lecciones de 2009 se asumen desde una perspectiva crítica o si, en aras de la automplacencia, se soslayan las dificultades. Por lo pronto, la recreación del Frente unitario tiene que evitar que la aterciopelada competencia entre López Obrador y Ebrard se salga del carril. Superar el divisionismo es importante, pues una oferta electoral fragmentada sería la puntilla para la reconstrucción de la fuerza de la izquierda. Pero no es suficiente. Hay que saber tratar las diferencias, que existen y son legítimas. Algunas cosas deben cambiar: a cada reunión corresponde un nuevo catálogo de temas para integrar el proyecto nacional alternativo, como si se tratara de un documento escolar y no de una propuesta capaz de resumir los objetivos mediante los cuales México podrá definir su futuro en el mundo. ¿No es hora de reconocer todas las voces y reunir lo avanzado?
Si en la izquierda hay quienes creen que hay un camino que no pasa por las urnas, también están los que ven factible repetir la votación extraordinaria de 2006. El fracaso del gobierno de Calderón no significa la victoria automática de las izquierdas, sobre todo porque la derecha aprende y saca conclusiones, aprovechando los errores de las fuerzas progresistas. Existe el riesgo del subjetivismo que suele envolverse en una visión de la crisis que en ocasiones niega o se olvida de la acción política cuando es más necesaria. Magnificar el peso de las fuerzas propias y creer que el descontento social crecerá al grado de poner contra la pared al régimen y a las fuerzas que lo sostienen, deja de lado la organización, la atención a las demandas del movimiento popular y se desentiende de la acción electoral creyendo que los estallidos espontáneos de las masas derribarán el orden injusto. Esta suerte de catastrofismo no es malo porque denuncia la iniquidad del régimen, lo cual está muy bien, pero sí lo es en cuanto facilita la subestimación de un adversario que ya en 2006 no dudó en tratar de impedir que la izquierda participara en la contienda mediante el desafuero y, luego, al fracasar el intento, impulsando la intervención ilegal del presidente y los grupos de empresarios que se involucraron para frenar a López Obrador durante la campaña.

¿Fin del Estado laico?
OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO

Aceptando, sin conceder, que Dios existe, ahora se vale de diputados para inspirarlos y controlarlos, según lo dicho por el coordinador de la Asociación Ministerial Evangélica de Veracruz para que votaran en contra del aborto. El Dios de los católicos, que tal vez sea el mismo de los evangélicos, no sólo está en contra del aborto, sino que, por medio de uno de sus voceros, en este caso de la arquidiócesis de Jalapa, ha opinado que las penas a las mujeres que aborten son insuficientes y ligeras y que, además de hacerlas más pesadas, deberán extenderse a la pareja de la acusada y al médico o partera que participen en esa práctica contra la vida (La Jornada, 23/11/09).
Gracias a tales inspiraciones y controles divinos (quiero suponer) es que 17 congresos locales han dictado leyes que penalizan el aborto convirtiendo a las mujeres que lo practican (y a quienes las ayudan) en delincuentes. Los voceros de ese Dios inmisericorde con las mujeres que por diversas razones no quieren un hijo han convertido su debilidad religiosa, demostrada al no conformarse con el castigo divino que está presente en sus postulados (excomunión), al recurrir al castigo terrenal de las leyes y las prisiones que los seres humanos del poder han construido para castigar a sus semejantes por delitos que previamente inventaron como tales (por inspiración divina o sin ella). Y, para compensar dicha debilidad, han fantaseado que la bondad de Dios es tal que ahora dicta las decisiones de diputados priístas y panistas, y de algunos perredistas, petistas y convergentes en contra del aborto, es decir, para salvar vidas o, en su léxico, almas.
Con semejantes argumentos los catoliquísimos reyes de España expulsaron a los judíos a partir de marzo de 1492 y se argumentó que Dios, el de los católicos entonces, así lo quería precisamente para salvar a los judíos y al resto de los infieles pues se les daba la oportunidad de convertirse al catolicismo como fórmula no sólo para salvar sus vidas y sus bienes sino sus almas. Fueron años de intolerancia, repetidos muchas veces y en diversos países a lo largo de los cinco siglos desde entonces. Y esa intolerancia ha sido el fruto de creer que quien dicta lo justo, lo conveniente y los valores de la sociedad tiene la verdad, inspirada por su Dios, normalmente único y verdadero como en todas las grandes religiones. Los dogmáticos, de cualquier religión o creencia, están convencidos de que al decidir qué es justo y correcto también pueden decidir lo contrario: lo injusto y lo incorrecto. Si lo justo es castigar a quien comete pecado, según su marco de valores, injusto será no castigar o hacerlo con ligereza. Por lo tanto, penas a las mujeres que aborten, y si son más severas, mejor. Pero deberán ser penas terrenales no religiosas, como las que se ejercieron en la inquisición que siempre actuó en nombre de su Dios, primero contra los judíos y los infieles (musulmanes, entre otros), luego contra los protestantes en Francia o contra los católicos en la Inglaterra protestante, y así hasta el presente en las combinaciones que se les ocurra a los fundamentalistas de cualquier signo; y a los racistas también.
Intolerancia es la palabra clave. Y la mayor de las intolerancias está basada, siempre, en creencias (dogmas o actos de fe) y no en las ciencias que buscan la verdad pero nunca hacen de sus hallazgos una verdad absoluta y totalmente comprobada. Por esto la ciencia no es compatible con el dogma y, por lo mismo, muchos científicos creyentes o religiosos tratan de encontrar en aquélla justificaciones para sus dogmas previamente asumidos. Uno de estos dogmas, que la ciencia moderna relativiza en todos los casos, es que la vida humana se da desde que un espermatozoide fecunda un óvulo creando un nuevo ser. Desprenderlo de la madre será, para ellos, un asesinato igual o equivalente a pegarle un tiro en la cabeza a mi vecino. El secreto en este razonamiento es la palabra humano, que para algunos católicos de la primera mitad del siglo XVI no era cualidad ni atributo de los indios de América, ni antes ni después de nacer.
Para los cristianos, principalmente católicos y evangélicos, un feto de menos de 12 semanas en el vientre de la madre es ya un ser humano, por lo que abortarlo es asesinarlo, independientemente del de-sarrollo de su cerebro, de su origen (violación, por ejemplo) y de su destino por razones biológicas, sociales y económicas. Si la madre está en riesgo por continuar su embarazo, no es problema para los religiosos, pues su respuesta será siempre que ésa será la voluntad de Dios, pero no lo es que un médico salve a la madre al provocarle un aborto con todas las de la ley y la higiene de un quirófano propiamente dicho.
Una legislación inteligente y no inspirada por Dios (en realidad por quienes se dicen sus voceros o representantes en la Tierra) sería que en los hospitales los médicos no creyentes pudieran practicar abortos y los otros no si su conciencia (en realidad creencia) no se los permite. Cada mujer y su pareja (si la tiene) escogerían a quién acudir. Esto sí es humano, puesto que una de las diferencias entre el humano y quien no lo es, es el libre albedrío, la capacidad de razonar sus decisiones y de tomarlas según le convenga.
Una de dos: o los diputados, incluso algunos que se dicen de izquierda, se han vuelto religiosos o quieren quedar bien con las iglesias, en este caso cristianas, para negociar con ellas su apoyo en las próximas elecciones. Sea cual sea la motivación de los legisladores que penalizan el aborto, el hecho es que los valores laicos que caracterizaban a los políticos mexicanos han sido abandonados. Y si quienes dictan las leyes están asumiendo valores dependientes de organizaciones y confesiones religiosas (lo contrario de lo laico), es válido pensar que en un futuro próximo, sobre todo con el PAN y el PRI, tendremos un Estado no laico y sin separación de éste de lo religioso.
¿Vamos hacia un Estado católico? ¿Norberto Rivera como secretario de Gobernación o presidente de la Suprema Corte de Justicia? Dios nos libre, pero no falta mucho, ya casi, y de ahí a la reinvención de la Santa Inquisición sólo faltará un paso.

La advertencia
SOLEDAD LOAEZA

Sobre advertencia no hay engaño, dice el dicho, así que si en el sexenio 2012-2018 nos gobierna la opacidad, la arbitrariedad y el abuso sólo se llamará a sorpresa el desmemoriado o el hipócrita. La decisión de los legisladores del PRI de entregar dilatados recursos a los gobernadores y al mismo tiempo bloquear los mecanismos que los hubieran obligado a rendir cuentas y transparentar el destino de su gasto, es una pista de cómo gobernarán si vuelven al poder.
De los priístas puede decirse lo mismo que dijo el príncipe de Talleyrand de los aristócratas franceses cuando volvieron del exilio adonde los mandó la Revolución: Ils n’ont rien appris, ni rien oublié. Así ellos, los priístas. No han aprendido nada, y tampoco han olvidado. No actúan como si la derrota no hubiera ocurrido, sino con la arrogancia del perdedor que sabe que el tiempo le dará la oportunidad de volver, aunque sea por las malas razones. Así que lo harán, pero con deseos de vengarse del partido que los venció, así como de los ciudadanos que les dieron la espalda. Su comportamiento en los gobiernos estatales y en el Congreso indica que su objetivo es la pura y simple restauración con un toque de venganza.
Me atrevo a hacer esta profecía tan pesimista porque el mismo PRI no ofrece ningún indicio que nos invite a mirar su posible regreso al poder con entusiasmo. En primer lugar, no ha hecho una autocrítica. A diferencia de todos los partidos que pierden elecciones y que se someten a un examen de conciencia para encontrar las causas de la derrota, hasta ahora el PRI no ha asumido su responsabilidad en los resultados de 2000. Se ha limitado a consolar a sus candidatos derrotados, acogerlos con ternura en su seno y hasta premiarlos, como si quisieran compensar el rechazo del pueblo. Han denunciado a los traidores, pero no ha habido una revisión concienzuda de las razones que dentro del propio PRI explican ese rechazo popular. En consecuencia, tampoco ha habido cambios ni reformas de ninguna naturaleza, ni siquiera una renovación generacional –a no ser por los jóvenes gobernadores. Sin embargo, ¿dónde están los reformadores, los jóvenes turcos, los Carlos Madrazo del siglo XXI? Los jóvenes priístas se han mimetizado con el PRI existente, y hoy son viejos prematuros. Confiados en que el descontento con los gobiernos panistas será impulso suficiente ni siquiera buscan integrar una plataforma renovada, atractiva, no proponen nuevas ideas, sólo viejas fórmulas. No hay discusiones ni debate, ni siquiera un simple intercambio de ideas, sólo reacciones al entorno. El PRI de hoy se parece como una gota de agua al PRI de ayer, menos la delgada capa tecnocrática que emprendió en los ochenta las últimas reformas económicas y políticas profundas en el país.
Exagero. Ha habido novedades. La más importante, y la más escandalosa, es la renuncia del PRI a los principios del Estado laico, una de las pocas tradiciones que podían todavía ganarle apoyo y que lo diferenciaban del PAN. El papel que han jugado los priístas de los estados en la contrarreforma en relación con la despenalización del aborto parecería ser el único arrepentimiento al que están dispuestos. O ¿cómo podemos interpretar su voto sobre este tema en los congresos locales? Es una ironía. Se arrepienten de haber votado leyes progresistas, que protegen y defienden los derechos de las mujeres; pero no se arrepienten de sus errores del pasado, de la descomposición del aparato partidista que se aceleró en los años noventa, de las malas decisiones de gobierno, tampoco del dispendio en que incurrieron e incurren –sobre todo en publicidad–, o de su incapacidad de renovación ideológica o programática.
Sobre advertencia no hay engaño. ¿Cómo gobierna Ulises Ruiz en Oaxaca –como ha tenido a bien recordarnos con los anuncios televisados que se transmiten en el Distrito Federal, de su quinto Informe de gobierno–? ¿Qué promete el desvergonzado nepotismo del gobernador de Coahuila, Humberto Moreyra? ¿Cuánto nos costaría a nivel federal el culto a la personalidad que sin pudor alguno promueve Fidel Herrera en Veracruz? ¿Estamos preparados para que el Diario Oficial sea desplazado por las revistas de celebridades como Quién y Caras en un futuro gobierno del encopetado Enrique Peña Nieto? ¿Qué nos espera de un partido cuya actuación en el Congreso está movida única y exclusivamente por intereses particulares, que no son ni siquiera los de los priístas, y cuyo potencial depende sólo de los errores del gobierno en turno?
En el pasado el PRI no tenía voluntad porque estaba sometido a la autoridad del presidente de la República. La mayor tragedia que le ha ocurrido a ese partido no es tanto que haya perdido la Presidencia de la República, y con ella el norte de sus acciones, sino que la han sustituido con los cabilderos de poderosos grupos de interés, de líderes empresariales y obispos; son ellos los que dictan las propuestas de los priístas, eligen a sus representantes, determinan su orientación.
Hay quien piensa que nunca es demasiado pronto para hablar de sucesión presidencial. A inicios de la segunda mitad del gobierno de Felipe Calderón el tema parece más bien una excusa para no mirar de frente lo que está pasando aquí y ahora; es una manera de escapar a la urgencia del presente. Sin embargo, es desde ahí que miramos al futuro, y la práctica priísta que se observa es en sí misma una advertencia tan descorazonadora como pueden ser los gobiernos panistas, o la pedacería a que ha quedado reducida la izquierda. En esas condiciones y para que 2012 no sea una fatalidad, el trágico destino de la transición, se impone una nueva reforma electoral que abra la puerta desde ahora a nuevas formaciones políticas jóvenes, novedosas, independientes y ágiles.

En busca de un auditor a modo.
JOHN M. ACKERMAN
El contundente fracaso del Estado mexicano en materia de combate a la corrupción es responsabilidad de todos. La reprobatoria calificación de 3.3 en el índice establecido por Transparencia Internacional (TI) es una llamada de atención para toda la clase política, los tres poderes federales y cada una de las entidades federativas. El hecho de que México sea hoy un país con mayor corrupción que China, El Salvador, Guatemala, Arabia Saudita, Botswana, Namibia y Tailandia se debe también a la falta de acción social. A las organizaciones no gubernamentales, los grupos sociales y los académicos todavía les falta construir un claro programa en la materia.
No es momento para sacar raja política de esta preocupante situación. Manlio Fabio Beltrones, por ejemplo, se equivoca gravemente cuando declara que la calificación de TI “es un llamado de alerta para el gobierno federal. Vale la pena que lo tome en cuenta e instrumente lo que sea necesario a fin de presentar mejores resultados”. En lugar de echar la culpa a los demás, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado haría bien en asumir su responsabilidad y la de su partido para emprender acciones urgentes que puedan enmendar el daño causado.
No habría que perder de vista que actualmente el PRI gobierna la mayoría de las entidades federativas del país y que las prácticas de corrupción a nivel federal no iniciaron con el gobierno actual, sino que son herencias de décadas de un sistema de partido de Estado construido con base en múltiples conflictos de interés e ilegalidades. Beltrones mismo fue una pieza central de este régimen de oprobio.
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, tampoco está libre de culpa. Fue secretario de la Contraloría durante la administración de Miguel de la Madrid, el mismo expresidente que públicamente ha reconocido que tanto su gobierno como el de su sucesor no fueron precisamente los más pulcros de la historia. Como contralor, Rojas estaría directamente implicado en este desaseo administrativo.
Pero la historia no es destino, y actualmente existen numerosas reformas que bien se podrían impulsar desde el ámbito legislativo para enfrentar la drástica realidad de corrupción que corroe a toda la administración pública. El PRI podría utilizar su control en la Cámara de Diputados y su presencia en el Senado para promover reformas que puedan prevenir los conflictos de interés de los servidores públicos, dotar de autonomía plena a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), otorgar mayores facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, e introducir modificaciones estratégicas en el Código Penal y otras disposiciones legales.
Lamentablemente, en lugar de impulsar una nueva agenda en la materia, el PRI únicamente busca cortar cabezas. El miércoles pasado, su grupo parlamentario en San Lázaro se pronunció formalmente en contra de la reelección de Arturo González de Aragón al frente de la ASF. Así, el PRI sigue fielmente la “línea” de César Nava, quien ha afirmado que González de Aragón no garantiza la “honorabilidad”, el “profesionalismo” o la “imparcialidad” de la institución.
El viejo partido del Estado también sigue el ejemplo de Felipe Calderón con su propuesta de desaparecer la Secretaría de la Función Pública. En lugar de hacer propuestas afirmativas y constructivas para combatir la corrupción, ambos actores prefieren debilitar las instituciones responsables de esta tarea con la esperanza de que el fenómeno desaparezca como por arte de magia.
El verdadero pecado de González de Aragón ha sido su independencia y su valor a la hora de ejercer su función. Habría que recordar que hace ocho años, cuando Beatriz Paredes fue la coordinadora de la fracción del PRI en San Lázaro durante la LIX Legislatura, tanto el PAN como el PRI apoyaron plenamente el nombramiento del actual auditor. El súbito cambio de parecer de estos dos partidos obedece a evidentes motivaciones políticas. Ambas agrupaciones políticas preferirían un auditor a modo que no cause problemas en un momento en que tanto el gobierno federal como los gobernadores quisieran tener las manos libres para asegurar la victoria de sus partidos en las elecciones de los próximos años.
La buena noticia es que, con la solicitud del PRI, este partido acepta implícitamente que tendría que haber dos momentos en el procedimiento de selección del titular de la ASF. Primero, los diputados decidirían si reeligen a González de Aragón por un periodo adicional de ocho años, de acuerdo con el artículo 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Posteriormente, en caso de que dos terceras partes de la Cámara no estuvieran de acuerdo con esta opción, se emitiría una convocatoria para designar a un nuevo auditor superior.
El PRI alega de manera engañosa que su propuesta de no reelección favorece la “transparencia” y la “pluralidad” del proceso, cuando el efecto sería exactamente el opuesto al dejar la puerta abierta a una palaciega negociación política que decida quién será el próximo secretario de la Contraloría. En general, los argumentos presentados por el PRI, el PAN e incluso el PT en contra de la reelección del actual auditor no han sido contundentes.
Un análisis global y objetivo de la labor de González de Aragón demuestra que bajo su mando la ASF se ha convertido en una de las pocas instituciones del Estado mexicano dignas de confianza. En los últimos ocho años hemos dejado de tener una oficina dedicada a lavar las cuentas públicas, la Contaduría Mayor de Hacienda, para mantener con la ASF una garantía de la correcta utilización de nuestros impuestos.
Urge frenar la acelerada destrucción de los organismos independientes y de rendición de cuentas. Los grandes éxitos del IFE entre 1996 y 2003 fueron desmantelados en la negociación política de 2003. Gracias al Senado, la CNDH hoy continúa por el mismo camino de la opacidad y la complacencia. Esperamos que una de las pocas instituciones del Estado mexicano que sí ha hecho bien su chamba no corra la misma suerte.