El ocaso de un sistema

LUIS LINARES ZAPATA.

La plutocracia encaramada en la cúspide del sistema decisorio imperante en México ha entrado en una fase de franco deterioro. Expuesta a feroz escrutinio por el movimiento que conduce López Obrador, sus dañinos efectos se han ido clarificando con inusual rapidez. Al exponer a la crítica a tan compacto grupo de mandarines, va adquiriendo forma y contenidos un diagnóstico implacable y de consecuencias aún inapresables en su totalidad. Pero las consecuencias ya exploradas, sin embargo, los sitúa en el epicentro de la decadencia que traba la marcha del país. Junto con esa clase de plutócratas, el entramado completo de gobierno marca una segura ruta hacia su sorda implosión. La dramática, cruenta y anquilosada forma de conducir los asuntos públicos por parte del oficialismo que los oye y obedece, lo conduce al aislamiento: esfuma el consentimiento ciudadano y deshace los indispensables apoyos populares, requisitos para la continuidad y perfeccionamiento de tan sitiado sistema.
La saga para desenmascarar tan dañina formación no ha sido fácil, menos aun exenta de estigmas, desprecios y burlas. López Obrador (y con él quienes lo han acompañado en esta aventura predicante durante tres años) ha pagado, en carne propia, una elevada cuota que ningún otro político de los tiempos actuales podría soportar. Y, al parecer, el golpeteo seguirá con ahínco. ¡Faltaba más! Bien merecido se lo tiene por provocador, le gritan desde sus estudios reforzados con megáfonos de gran alcance. El transgresor a los cánones establecidos, al buen decir, a las normas consagradas y lo políticamente correcto exigirán mayores penares. AMLO se ha atrevido a desenmascarar lo que debió permanecer oculto, los secretos inconfesables, en el trasiego propio de los iniciados. Destapar, ante la mirada de atónitos ciudadanos, el cúmulo, creciente además, de los inmensos privilegios que usufructúan los beneficiados de siempre es intolerable. Siguen afirmando, según dicen sus conspicuos oficiantes y difusores, merecimientos ganados en el campo de las batallas por el progreso, por afianzar los negocios de alto calibre que crean riqueza, siempre amparada en el poder. Una ruta, la mejor, para posibilitar la justicia distributiva, concluyen orondos sus beneficiarios. Pero, en realidad, son amasijos que se funden en un continuo manoseo de normas y procedimientos o en el trafique más descarado de influencias. Los plutócratas mexicanos se sienten los insignes guardianes del bien común y nadie, más que ellos, deberá entrar al reparto del botín rellenado con haberes colectivos.
Pero la labor de denuncia ha sido fructífera, ¡qué duda cabe! La voz de alarma se ha esparcido por todos los confines. La plutocracia que ahorca a México no es como otras que pululan por el ancho mundo. En otros lugares hay aceptables reglas del juego que moderan su actuación, salvaguardas efectivas del interés colectivo que pulen sus filos depredadores, contrapesos que actúan y cumplen su cometido para permitir el flujo de la competencia. Pero, sobre todo, poderes autónomos que las someten a controles de ley. La que rige por estos aciagos días y desde alargados tiempos en este país se afianza sobre toda mesura. La plutocracia autóctona se piensa intocable, protegida con atalayas y armas que van desde la compra de conciencias, hasta la rampante y grosera amenaza. Han subyugado a partidos políticos (PRIAN) y manipulan a casi la totalidad de las instituciones creadas para el funcionamiento de la República. Dominan el espacio público con los medios de comunicación a su servicio. Se han atrancado en un pensamiento donde todo abuso lo ven como inherente a sus derechos. Las precede un santo temor entre los que deberían actuar para regular sus ambiciones. Las leyes se estiran y deforman como charamuscas en sus ávidas manos. Las libertades sólo tienen cabida si rellenan sus alforjas.
Como otras muchas concepciones, ya casi de aprehensión generalizada, el papel desempeñado por la plutocracia a la mexicana ocupa ya lugar preponderante en el horizonte colectivo. Es un logro de la crítica ejercida, con la reciedumbre y constancia suficiente, por el gobierno legítimo que conduce AMLO. El valor de tal postura aún no se aquilata, pero se continuará dando la pelea por que sea bien asimilado por las mayorías. Junto con este fenómeno aleccionador va quedando el testimonio de los privilegios fiscales de que disfrutan: a través de la llamada consolidación fiscal. Un agujero por el que cuelan cientos de miles de millones y que van a engrosar las cuentas crecientes de los billonarios locales para que, con bombo y cursis fotografías, sean incluidos en las publicaciones donde retozan los famosos del mundo.
Es por eso que, dentro del reciente catálogo en pos de una transformación del México decadente, se halla incluido, como punto central del discurso para la acción futura, rescatar al Estado. Una pretensión reformadora básica ante la República simulada que se padece. El proceso que aguarda será complicado y con claros rasgos de amenazante violencia. Por ello es indispensable reafirmar la fe pacífica y la búsqueda constante de rutas democráticas que armonicen las tensiones. Un asunto adicional, crucial en la marcha hacia un Estado democrático y de bienestar, será la reforma al aparato completo de comunicación social. No se puede dejar en manos de una sola clase (el empresariado) la conducción informativa, el entretenimiento o la educación masiva complementaria que los medios implican. Un balance interclases donde los varios componentes del Estado jueguen su propio papel se levanta como estricta necesidad. Es, por varias y múltiples razones, una real cuestión de seguridad nacional para preservar la paz y asegurar el respeto a los derechos humanos. Pero el tratamiento de tan espinoso tema exige valentía, imaginación, soporte popular y arrojo poco comunes. Sobre todo frente a una vida institucional congestionada por la injerencia desmedida, impositiva y degradante de los poderes fácticos: la industria de la radiotelevisión como su avanzada.

Contra la ley antiaborto, política con principios
MARTA LAMAS
Es joven, católica, navista y diputada por el PRI y el Verde en San Luis Potosí, pero lo que distingue a Beatriz Benavente es que tiene principios y valentía para defenderlos. Su estado natal es uno de los 16 donde la derecha ha impuesto, a espaldas de la sociedad, una reforma a la Constitución estatal dirigida a complacer a la jerarquía católica. La diputada Benavente, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Congreso del Estado de San Luis Potosí, ha convencido a sus correligionarios priistas y a los diputados del PRD, PT y Conciencia Popular (el partido local) de la importancia de interponer –¡desde el Congreso! – una acción de inconstitucionalidad, y así defender el Estado laico y preservar los derechos humanos de las mujeres.
Quiero destacar tres aspectos de lo ocurrido en San Luis Potosí. Primero, la existencia de un Consejo plural (de reciente creación) en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Integrantes de este Consejo impulsaron un proceso de reflexión sobre el tema, aunque el empate al interior impidió que la comisión interpusiera la acción de inconstitucionalidad. Segundo, con las recientes elecciones hubo un cambio en la correlación de fuerzas ¡y de conciencias! dentro de la legislatura. Tercero y fundamental, la llegada de una navista, convencida de la necesidad de trabajar de cara a la sociedad, cuestionó la forma y el fondo de la reforma.
Hace unas semanas conocí a Beatriz Benavente. Asistí al Acto de Declaratoria por los derechos humanos de las mujeres en San Luis Potosí, convocado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, la organización Católicas por el Derecho a Decidir y Propuesta Cívica de San Luis Potosí, donde la diputada expuso sus motivos para interponer la acción de inconstitucionalidad.
Me impresionó la forma en que explicó su perspectiva sobre los derechos humanos: no tienen por qué ser “votados” por una mayoría ni deben estar sujetos a los vaivenes del mercado político. “Soy católica”, declaró, “pero no creo que deba usar mis creencias religiosas para obligar a los demás a que actúen de determinada manera.” Con argumentos de peso, ella logró que, en esta ocasión, la bancada priista se deslindara de sus antecesores.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se deberá pronunciar ante las acciones de inconstitucionalidad que han provocado estas reformas (además de la del Congreso potosino, está la de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California y la del municipio de Uriangato en Guanajuato). Esto no exime de un indispensable debate público sobre la despenalización del aborto y sobre qué significa “proteger la vida desde el momento de la concepción”. Comparto el postulado de que la vida es un valor que debe ser protegido desde su inicio, y sigo el razonamiento de varias juristas de que dicha “protección” debe consistir, en lugar de prohibiciones, en otorgarle a las mujeres todo tipo de garantías para que lleven a cabo la gestación: atención médica, alimentación adecuada, reposo necesario, etc. Sí, la vida es un valor que hay que defender, al mismo tiempo que se aceptan determinadas excepciones: la legítima defensa (personal y nacional), el aborto, el suicidio asistido y la eutanasia. Por eso es que, aunque una mujer decida interrumpir el proceso de gestación de una nueva vida, ese acto no se contrapone a una valoración general de la vida. Reconocer el valor de la vida y otorgarles a las mujeres las garantías para que lleven a cabo la gestación, al mismo tiempo que se respeta su decisión cuando deciden interrumpir dicho proceso, es una realidad en sociedades que tienen despenalizado el aborto, y que distinguen entre un valor general y el derecho particular de decidir sobre el propio cuerpo.
La acción de inconstitucionalidad promovida por Beatriz Benavente y once diputados más (PRI, PRD, PT y CP) es un indicador de que el tema no está cerrado, ni siquiera en sociedades conservadoras como la de San Luis Potosí, donde una de cada cinco mujeres que se hospitaliza por causas maternas lo hace por aborto (datos de IPAS a partir del Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios SAEH 2000-2006). Para luchar contra la hipocresía y la doble moral urge discutir públicamente. Hace muchos años, a principios de los noventa, hubo varios programas en la televisión sobre la despenalización del aborto. Cuando la jerarquía de la Iglesia católica se dio cuenta de que iba perdiendo el debate, presionó a los grandes empresarios católicos, que amenazaron con retirar la publicidad de sus productos si se continuaba transmitiendo esa polémica. El chantaje tuvo efecto y la censura se dio. Hoy, ante las acciones concertadas de la derecha, que se llevan a cabo sin debate público, es imprescindible ventilar tanto las posturas legislativas como las discusiones políticas. ¿Por qué nuestras televisoras no ofrecen espacios de confrontación de posiciones sobre este y otros temas? Debatir abiertamente vuelve más difícil la imposición de reformas autoritarias y oscurantistas.