LA DEFINICIÓN

LUIS JAVIER GARRIDO
El momento que vive el país en vísperas de cumplirse 100 años del inicio de la Revolución Mexicana es de una enorme gravedad, pues lo que está en disputa en estos meses y se definirá en 2012 es el proyecto de nación que habrá de ser México en el futuro, y muy difícilmente en el camino que se adopte podrá darse marcha atrás.
1. La división existente en México es ya muy honda a mitad del segundo sexenio panista, y precisamente por el desastre que han sido los dos gobiernos surgido del PAN, el discurso de la ultraderecha mexicana se ha desbocado asumiendo que al haber fracasado la reconversión gradual del Estado mexicano llevada a cabo en los últimos 25 años por la alianza PRI-PAN, es menester forzar los cambios que llevarían a que el país dejase de ser soberano y pudiese uncirse por completo al proyecto trasnacional.
2. Estas mafias se presentan todos los días como decididas a no dejar el poder y a exigir que desde ahora se acelere el proceso de desmantelamiento de la nación y se adopte plenamente el modelo neoliberal, lo que está generando nuevas tensiones.
3. La ofensiva de la extrema derecha mexicana contra las instituciones sociales, económicas y aun políticas del país es desaforada, pero sus ataques no están recibiendo, sin embargo, una respuesta suficientemente vigorosa de las organizaciones democráticas y de izquierda y ello va a ser clave de lo que va a acontecer en los meses por venir.
4. La legitimidad de esta exacerbada campaña para que el gobierno pueda culminar el proyecto de privatización de la nación es inexistente, pues Felipe Calderón no ganó la elección de 2006 y, en consecuencia, no tiene mandato para nada (a no ser de parte de los grupos mafiosos que lo impusieron y manejan) y sabe bien además que Acción Nacional sufrió una contundente derrota en las legislativas de este año, lo que confirma el repudio popular a sus políticas. Y esto se agrava porque del lado del Revolucionario Institucional, por una parte sus documentos básicos se oponen al proyecto entreguista que Salinas impulsa tras bambalinas, y por la otra en la campaña electoral de 2009 los priístas pidieron el respaldo popular precisamente para actuar en contra del proyecto neoliberal de Calderón y no para apoyarlo.
5. La tentativa del gobierno espurio de privatizar Luz y Fuerza del Centro y destruir al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) tras el asalto a las instalaciones de la compañía el 10 de octubre, y de decretar al día siguiente su desaparición, no sólo fue un acto ilegal, sino también ilegítimo. La complicidad de Beatriz Paredes (presidenta del PRI) y de Francisco Rojas (pastor de los diputados priístas) con Calderón, para evitar que la Cámara presentase una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confirmaron el martes 24, no es sino un peldaño más en el camino del priísmo hacia su despeñadero en 2012, pues una vez más se confirma que en su mayoría no son desde hace décadas nacionalistas, sino neoliberales y entreguistas, como los panistas.
6. La extrema derecha, sin tener legitimidad alguna para ello, concibió el golpe ilegal contra Luz y Fuerza del Centro como un paso fundamental para poder imponer por completo el modelo neoliberal en México, pues hace realidad varios de sus postulados: a) constituyó la manera más expedita para entregar otra parte del sector eléctrico a las trasnacionales como vía para propiciar el control total de Washington, sobre todo el estratégico sector energético, b) le permitió desbrozar el camino para destruir el sindicato obrero más combativo del país y con ello hacer ver a los sindicatos que aún se pretendan independientes que no tienen cabida en el neoliberalismo, opuesto a ellas, y que sus días están contados, c) hizo posible el envío a los mexicanos del mensaje de que la Constitución de 1917, aparentemente en vigor, no tiene vigencia en el país y que lo que vale son los programas neoliberales de los organismos financieros internacionales, d) les va a permitir tanto a panistas como a priístas, junto con las corporaciones extranjeras asociadas a ellos, hacer enormes negocios poniendo en práctica el principio neoliberal de la sinergia, y por último, e) les da pie para insistir en que el desmantelamiento total de la nación, tal como se concibió ésta tras la Revolución Mexicana, es su objetivo, como ahora lo hacen sus corifeos, f) por lo que, según insisten, el proceso de privatizaciones debe proseguir tras el que creen es un impulso recibido durante el conflicto con el SME.
7. El festejo oficial del 99 aniversario del inicio de la Revolución de 1910, presidido por Calderón, fue, como era de suponerse, la ocasión para festejar sin pudor alguno su muerte y el desmantelamiento de la nación al seguirse entregando riquezas estratégicas de los mexicanos a las trasnacionales y el control de las áreas estratégicas del Estado a Washington, como están festejando los académicos asociados al modelo neoliberal.
8. La andanada que se está dando al concluir 2009 no es nada más, por lo mismo, contra la Revolución Mexicana, sino también contra la Constitución de 1917 y las instituciones surgidas de ella, por lo que estos grupos minoritarios lo que celebran es desde el fin de México como un país soberano hasta la cancelación de los derechos sociales a la tierra, al trabajo, a la educación laica y gratuita, a la salud, a la seguridad social, y la desaparición de los organismos destinados a procurar su satisfacción.
9. La ultraderecha mexicana ha perdido ya toda vergüenza y exige, a contracorriente de lo que acontece en la mayor parte de los países de América Latina, que México se vaya de bruces a los brazos del neoliberalismo (aunque éste haya fracasado), y lo mismo en la explanada de Los Pinos el sociólogo Roger Bartra preconizó el día 20, ante los aplausos de Felipe y de sus amigos, que hay que destruir por completo el legado de la Revolución, que Jorge G. Castañeda y Héctor Aguilar Camín sostienen, en el número más reciente de Nexos (noviembre), que mirar al futuro es abrazar con fuerza el ya viejo y fracasado modelo neoliberal, por lo que hay que arrojar al cesto de la basura a la soberanía, al nacionalismo, al sindicalismo y a las instituciones sociales: lo mismo que llevan años diciendo los locutores de Tv Azteca y Televisa.
10. El debate sobre el futuro del país está abierto y debe darse, por consiguiente, desde los sectores populares con argumentos, pero también con acciones, pasando de una actitud defensiva hacia una postura congruente con las luchas históricas del pasado.

Democratización secuestrada
VÍCTOR M. QUINTANA S.

Lo volvieron a hacer. Como lo hicieron para nombrar al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así lo están operando para la postulación de un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia: voltean la espalda a las propuestas ciudadanas. Los grupos dominantes siguen siendo los grandes autores de las malas noticias en este país: crisis económica, violencia, atropello a los derechos de los trabajadores, secuestro del proceso de democratización.
Decenas de organizaciones sociales de todos tipos y de ciudadanos en lo particular nos pronunciamos por que en la terna para elegir nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia, que habría de presentar Felipe Calderón, figurara Jorge Fernández Souza. Abogado, académico, administrador público, investigador, luchador con la ley en la mano al lado de los movimientos populares, de los trabajadores. No fue por amiguismo o por espíritu de grupo, aunque sí, tal vez, por espíritu de clase.
Y es que no creemos en que la ley funcione igual para todos y para todas. Por más que su letra sea la misma, su interpretación depende mucho del lugar social desde donde se lea, se juzgue y se aplique. Por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hubiera variado mucho su resolución en el sentido de que sólo hubo un poquito fraude en las elecciones de 2006, si ese proceso electoral no lo hubieran leído magistradas y magistrados desde el poder establecido, desde el miedo de los poderosos a López Obrador. Cuando la ley se lee desde el poder es como tratar de ver un bosque teniendo una gigantesca sequoia enfrente. Porque pensamos que juzgar desde abajo, que ver la ley desde la perspectiva de los trabajadores es un punto de vista mucho más adecuado para emitir cualquier tipo de juicio, por eso propusimos a Jorge Fernández Souza para ministro de la Suprema Corte de Justicia. Por cierto, con resolutivos como el que la Corte acaba de emitir ratificándole a la Cofetel –controlada por Televisa– la facultad de otorgar y retirar concesiones de radio y televisión, lo que menos revela la propia Corte es su carácter de suprema: por encima de todos los grupos e intereses, sólo subordinada al interés general.
Con esta elección de quien será nuevo ministro de la Corte se consolida un modo de construir los poderes públicos y los organismos autónomos que sabotea la transición a la democracia. Si bien el pueblo de México luchó fuerte y derramó sangre por tener un sistema republicano, de división de poderes; si bien luego volvió a luchar para darle sustancia y extirpar la simulación de ese sistema y por construir nuevos organismos como los de derechos humanos, los electorales y los de transparencia, esas luchas se están viendo traicionadas en la manera cupular, gremialista como se elige a quienes formarán parte de ellos.
Lo vimos con el Consejo del IFE en 2003: el reparto bipartidista de consejerías dio al traste no sólo con el prestigio del instituto, sino también con la confiabilidad de las elecciones de 2006. Lo acabamos de ver con la elección del presidente de la CNDH: el continuismo, el patrimonialismo del presidente saliente, las presiones clericales se impusieron sobre las propuestas de las organizaciones sociales y derechohumanistas.
No hay verdadera transición y la democracia no se consolida porque lo más que se ha logrado en los poderes públicos es una rotación acotada de elites. Hace casi un cuarto de siglo François Xavier-Guerra realizó un espléndido trabajo de reconstrucción de la estructura de privilegio, compadrazgo y compromiso que sostenía el antiguo régimen porfirista. Habría que actualizarlo ahora con la estructura –no mucho mayor cuantitativamente– de poder que hace posible el atascamiento de la democracia en nuestro país.
Así, los gremios, los grupos de poder, las cúpulas partidistas secuestran nuestra incipiente democracia, le ponen grilletes, la sustraen a la participación y al escrutinio ciudadanos. Pasamos de la postulación por dedazo presidencial a la postulación por dedazo de los conciliábulos de interés. La ciudadanía rescata la democracia de las garras presidencialistas para que luego se la arrebaten los tentáculos de las mafias.
No por nada soplan en la República entera vientos de insubordinación. No de las izquierdas contra las derechas ni de unos partidos contra otros. Sí de una sociedad agobiada y agraviada contra los grupos de privilegio fundados en el dinero, en el poder político o en el manejo mafioso de los organismos que, se supone, deben ser pilares de la democracia.

Cédula de control social
ERNESTO VILLANUEVA
El presupuesto de egresos que se aprobó para 2010 no asignó recursos específicos para el programa de implementación de la cédula de identidad ciudadana a cargo de la Secretaría de Gobernación que, tal como fue formulado, representaría varios pasos atrás en las libertades de las personas. Veamos por qué.
Primero. El primer problema del proyecto del gobierno de Calderón consiste en que la intrusión en la vida privada de las personas sería altísima con los servicios de unicidad biométrica –que evita o reduce las duplicidades– y la aplicación del equipo de registro biométrico para capturar hasta 10 datos –huellas digitales, rostro, iris–, mientras que en Estados Unidos se utilizan los datos de dos huellas, y sólo para quienes cruzan las fronteras, de suerte que la mayor parte de la población está exenta de ese registro. Y aunque se ha encargado a Transparencia Mexicana vigilar los procesos de licitación correspondientes, lo cual en sí es positivo, el artículo 107 de la Ley General de Población no prevé dato biométrico alguno entre los elementos de la identificación.
Segundo. El gobierno calderonista afirma que la cédula de identidad ciudadana tiene ventajas, y así es, pero no para la sociedad. De acuerdo con el documento de trabajo de la Secretaría de Gobernación, fechado el 20 de agosto del 2009, esas ventajas consisten en garantizar una “mejor recaudación y finanzas públicas más sanas”, aunque de ahí al terrorismo fiscal no hay ni siquiera un paso; disponer de “una misma forma de identificarse”, lo que si bien facilita en apariencia los trámites, también deja en un estado de “muerte civil” a quien carezca de la cédula, toda vez que sería un requisito imprescindible en casi todas las relaciones que la persona tiene con el Estado; y, por último, procurar una “mejor atención a migrantes mexicanos en el exterior a través del reconocimiento de su nacionalidad por medio de los datos biométricos”. Este rubro, traducido al español, permitirá a las autoridades migratorias de Estados Unidos tener un mayor control de los migrantes mexicanos, habida cuenta que el equipo biométrico utilizado allá es idéntico al que México pretende.
Tercero. Otro aspecto que alimenta el debate es el propósito gubernamental de certificar “el resguardo de información con base en las recomendaciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI)”. Aquí conviene recordar tres cuestiones fundamentales: a) El IFAI no es por mandato constitucional ni legal un órgano garante de la protección de datos personales; sí tiene, empero, algunas atribuciones en la materia, pero carece de coercibilidad, es decir, no puede asegurar su cumplimiento; b) no existe una ley de protección de datos personales que regule la obtención, el uso y el destino de los datos de las personas; y c) el artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone que “no se requerirá el consentimiento de los individuos para proporcionar los datos personales en los siguientes casos: III. Cuando se transmitan entre sujetos obligados o entre dependencias y entidades, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos”. Esto quiere decir que, con dichos fundamentos legales, la Secretaría de Gobernación puede proveer a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a la Procuraduría General de la República o a cualquier otra “dependencia” o “entidad” la base de datos entera para el desarrollo de sus atribuciones. Al respecto, no es casual que precisamente en el numeral segundo del punto XII del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad se prevea “expedir la cédula de identidad”.
Cuarto. Ante el fracaso del gobierno federal en su lucha contra el crimen organizado, ahora se quiere amputar el derecho fundamental a la vida privada en aras de una teórica e improbable seguridad pública. La cédula de identidad ciudadana debe ser creada, pero no bajo la lógica policial del gobierno de Calderón. El Instituto Federal Electoral debería convertirse en la autoridad responsable de cumplir con esta tarea por tres razones: a) porque la normatividad electoral tiene candados –de los cuales carece la Ley de Transparencia– para proteger los datos personales; b) porque es un órgano colegiado autónomo constitucional, con pesos y contrapesos internos, que eliminaría o acotaría la posibilidad de que la cédula sea un instrumento de control social, policiaco y fiscal; y c) porque se evitaría duplicar la inversión de recursos económicos al aprovechar la infraestructura y experiencia del IFE.
En todo caso, la Secretaría de Gobernación podría contribuir con la recolección de los datos de menores de edad y de extranjeros. Es tiempo de hacer los cambios legales para tal efecto.