MAYOR POBREZA, MÁS CORRUPCIÓN.

Pobreza y más corrupción
IVÁN RESTREPO
Es México, en América Latina, donde más aumentó la pobreza y la desigualdad a partir de 2006, luego que a principios de la década mostró signos de recuperación en esos rubros. Hoy tiene la mitad de los nuevos pobres generados en el continente el año anterior. Son 41 millones. Con el agravante de que 15 millones son indigentes. Quien ofrece los datos anteriores es una mexicana, Alicia Bárcena, directora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Bárcena no necesita leer un poco más sobre nuestro país, como recomendó el secretario de Desarrollo Social al profesor Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, en respuesta a su afirmación de que las autoridades mexicanas han manejado pésimamente la economía durante la crisis.
A la señora Bárcena tampoco la patrocina ningún jabón, como expresó a propósito de los comentarios de Stiglitz el líder del PAN en el Senado, Gustavo Madero. Recordemos que el licenciado Calderón ofreció disminuir la pobreza y aumentar los ingresos de las mayorías.
Otro personaje que, se sospecha, ha leído muy poco sobre nosotros, el profesor Friedrich Katz, advirtió que no existe un plan para sacar de la miseria al país mientras crece el descontento por la inequidad existente. No hay que olvidar que el licenciado Calderón dijo tener la varita mágica para combatir la desigualdad y convertirnos en una potencia económica. Mientras llega ese feliz día, en la encuesta que periódicamente realiza la consultora empresarial Pricewaterhouse Coopers, México ocupa el quinto lugar, entre 54 países analizados, en fraudes económicos y delitos financieros. Solamente nos superan Rusia, Sudáfrica, Kenia y Canadá. Los voceros de la iniciativa privada, tan prestos a declarar cuando sienten afectados sus intereses, guardaron silencio. El licenciado Calderón aseguró que durante su sexenio combatiría con la ley en la mano a los evasores y a quienes hacen trampa para no cumplir sus obligaciones fiscales. Y que sería constante su lucha contra la corrupción en todos los niveles. Algo le falló, porque en el más reciente informe de Transparencia Internacional México descendió 17 lugares el último año en ese aspecto. Hoy existe más corrupción.
Aún hay más: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos afirma que el producto interno bruto de México caerá este año 8 por ciento, en medio de la peor recesión que ha sufrido el país desde 1994. Además, la tasa de desempleo seguirá aumentando. Si éste asciende hoy a 6.2 por ciento, en 2010 llegará a 6.5 por ciento. La economía, por su parte, crecerá el próximo año a una tasa cercana a 2.7 por ciento y a 3.9 por ciento en 2011, muy por debajo de 5 por ciento, mínimo requerido para volver al camino del crecimiento. ¿No fue acaso el licenciado quien se hizo llamar el presidente del empleo? ¿No prometió también que la economía estaría en manos de los mejores conocedores del tema?
El ex secretario de Hacienda Jesús Silva Herzog dijo en una reunión con empresarios que era verdaderamente mediocre el desempeño de la economía mexicana, así como confuso, inoportuno, insuficiente y tibio el programa para luchar contra la crisis. De nuestra parte agreguemos que uno verdadero debió responder adecuadamente a la baja en el precio del petróleo y las exportaciones a Estados Unidos; a la menor presencia de turistas y remesas de los migrantes mexicanos; a la caída de la inversión extranjera directa, la peor en medio siglo; a la errática forma en que se respondió a la presencia de la gripe A/H1N1.
No tener una política oportuna y realista para cada uno de los anteriores asuntos dejó sin sustento el discurso del licenciado de que México garantizaba a los inversionistas foráneos un clima de seguridad y bonanza, y de que no gobernaría con amigos, sino con los mejor preparados.
Mientras en Estados Unidos se denuncia la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad y se divulga el negro historial de la empresa holandesa elegida por el gobierno para elaborar la nueva cédula de identidad, sigue la ola de violencia, secuestros y violaciones a los derechos humanos. El licenciado ofreció un desayuno para celebrar sus tres primeros años de gobierno. ¿Celebrar qué?

La santa alianza
GUSTAVO ESTEVA

Comienzan apenas a verse los efectos de la alianza concertada por la Iglesia católica con el PRI, tras tomar posesión del PAN y el gobierno.
El desgarramiento de vestiduras de senadores priístas ante las inauditas declaraciones del secretario de Gobernación respecto de la penalización del aborto no fue mero cinismo. Existe real descontento en el PRI por el abandono de una tradición ideológica bien arraigada.
La alianza se concertó en tiempos de Salinas y formó parte de su empeño por desmantelar el antiguo régimen. No es posible examinar aquí la compleja y misteriosa relación entre neoliberalismo y religión, muy clara en Estados Unidos, pero explica en parte esa decisión política, que en aquella coyuntura pareció extraña e innecesaria.
La alianza actual tiene otro signo: la convergencia de dos voluntades que se encaminan en la misma dirección. Mientras gobiernos del mundo entero intentan por todos los medios aumentar el control de la población, ante la rebelión de los batallones de descontentos creados por el neoliberalismo, el Papa busca algo semejante: prefiere una Iglesia más pequeña, pero más sometida a los cánones tradicionales, más subordinada al control eclesiástico. Le inquietan los vientos modernizadores que ampliaron el margen de libertad de los fieles.
La brutal agresión contra las mujeres que se expresa en la nueva penalización del aborto, realizada por congresos controlados por el PRI que cubren ya la mitad del país, responde a esa lógica de control que se extiende a todas las esferas de la vida cotidiana. La criminalización de los movimientos sociales, los retenes militares, la cédula de identidad, la campaña sobre la influenza porcina, la agresión policiaca y paramilitar en Chiapas y casi todo el país, la permanente intimidación mediática de los ciudadanos, la violación continua de derechos humanos, son expresiones de un mismo afán por destruir legal o ilegalmente el estado de derecho para acostumbrar a todos al estado de excepción.
La irresponsabilidad del PRI al concertar esta alianza es apenas comprensible. En México, la necesidad de mantener una rígida separación entre la iglesia y el Estado y respetar rigurosamente el carácter laico de éste tiene profundas raíces históricas. Todas las encarnaciones del PRI lo reconocieron. Se mantuvo ese apego a uno de sus principios sustantivos hasta que llegó Salinas, quien se dedicó a destruir las bases mismas de existencia del Estado emanado de la Revolución y de su partido, incluyendo instituciones que les resultaban casi sagradas, como el ejido.
La Iglesia nunca quedó satisfecha con la separación. No cejó en su empeño de reconquistar el poder político y material que perdió, pero se había visto obligada a conseguirlo de trasmano, a escondidas, por abajo del agua. Cada intento de mostrar en público lo que lograba en privado provocaba aguda resistencia. Si bien la llegada del neopanismo resolvió en parte esa dificultad, facilitando la violación reiterada de la ley y de las prácticas políticas, no había conseguido llevar su influencia hasta la orientación misma de las políticas públicas. La nueva generación de dirigentes del PRI realiza ahora lo que ni siquiera Salinas pudo intentar.
Quien conoció la trayectoria política e ideológica de Beatriz Paredes puede haberse sorprendido al verla apoyar lo mismo a Ulises Ruiz que al cardenal. Todo parecía explicarse en términos de un pragmatismo sin principios, guiado por el afán de retorno. Así se entendería el comportamiento reciente, para las transas del presupuesto y hasta en la negociación sobre Luz y Fuerza, que se produjo en la mejor tradición de Judas e hizo evidente, como señaló el SME, el carácter reaccionario del Congreso. Pero ¿el aborto?, ¿cómo pudo hacerse cómplice de este atropello brutal a su género sin siquiera chistar?
La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra. Este artículo cuarto del Acta Constitutiva de la Federación, aprobada el 31 de enero de 1824 por el primer Congreso Constituyente de nuestro país, definiría una aspiración restauradora de algunos católicos conservadores y haría feliz a don Benedicto. Pero es tan imposible como el regreso del antiguo régimen. Vivimos en otro país, en otro mundo, como analicé en este espacio respecto del PRI.
Lo que está pasando, empero, no es regreso ni restauración, sino avance en la construcción cuidadosa del régimen autoritario en que se emplea la ley para destruirla e ingresar al territorio resbaladizo del estado de excepción, en el cual prevalece la lógica del poder por el poder. De eso se trata hoy. De ese tamaño es el peligro.

Los nuevos ministros
JOHN M. ACKERMAN
Llama la atención la opacidad y el desinterés que han acompañado el proceso de selección de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La Presidencia de la República no ha justificado de manera pormenorizada su elección de Luis Aguilar, Mario Pardo, María Luisa Martínez, Arturo Zaldívar, Eduardo Ferrer y Jorge Adame para las ternas ni ha difundido públicamente sus currículos completos. Por su parte, el Senado de la República ha declinado su obligación de auspiciar un proceso de auscultación riguroso, y no ha invitado a la sociedad a opinar respecto de la idoneidad de los candidatos. Finalmente, los medios de comunicación, grupos de vigilancia ciudadana y analistas políticos tampoco le han prestado mayor atención a este importante proceso.
A diferencia del vigoroso debate público y legislativo que rodeó los nombramientos de los nuevos titulares de la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, todo parece indicar que mañana los dos nuevos ministros entrarán a la Corte de manera sigilosa, sin haber levantado mayor discusión o interés público.
No faltará quienes digan que la relativa tranquilidad del proceso es en sí misma una buena señal, que demuestra el buen tino de Felipe Calderón en la selección de los candidatos y la madurez de la clase política y de la sociedad en su conjunto a la hora de procesar los nombramientos. Pero, independientemente de las evidentes credenciales y capacidades profesionales que tienen todos los candidatos, los ciudadanos nos merecemos procesos más rigurosos y abiertos a través de los cuales podamos conocer las trayectorias, opiniones y planes de trabajo de los aspirantes. Ello también dotaría de mucha mayor legitimidad a los candidatos finalmente seleccionados.
En Estados Unidos, por ejemplo, las comparecencias de los aspirantes a la Suprema Corte son actos sumamente dinámicos en que los candidatos son duramente cuestionados por todo lo que han declarado, escrito o decidido a lo largo de sus trayectorias públicas. El actual presidente de la Corte, John Roberts, fue severamente cuestionado durante su comparecencia por su pertenencia a una red secreta de juristas conservadores. La nueva ministra Sonia Sotomayor tuvo que comparecer durante cuatro días ante el Senado y los legisladores debatieron por más de 20 horas antes de avalar su nombramiento.
En otras palabras, mientras en otros lugares la designación de un nuevo ministro es un momento histórico de grandes proporciones que merece ser debatido a fondo, en México seguimos pensando que las pasarelas simuladas son la mejor forma de dignificar nuestras instituciones estatales.
¿Por qué Calderón se negó a incluir a Jorge Fernández Souza, apoyado por cientos de intelectuales y organizaciones de la sociedad civil, en una de las ternas que envió al Senado? ¿Cuáles son los criterios que utilizarán los senadores para seleccionar a los nuevos ministros? ¿Cuáles han sido las sentencias más relevantes que han dictado los tres candidatos que vienen del Poder Judicial? ¿Qué tipo de filosofía interpretativa emana de su actividad jurisdiccional? ¿Cuáles han sido los casos más importantes que ha litigado Arturo Zaldívar como abogado postulate? ¿Cuáles son las tesis académicas centrales que sostienen Jorge Adame y Eduardo Ferrer en su obra escrita?
La sociedad merece respuestas a cada una de estas preguntas. A los mismos candidatos también les convendría transparentar esta información, ya que se blindarían ante posibles descalificaciones futuras. El hecho de que ni siquiera contemos con elementos básicos para contestar al menos un par de las preguntas arriba señaladas habla del pobre estado que guarda la transparencia en materia judicial en el país.
El perfil de Arturo Zaldívar en particular demanda una seria discusión sobre el tema de los conflictos de interés en la impartición de justicia. De ser nombrado por el Senado, Zaldívar se convertiría en el primer ministro en la época reciente de la Corte cuya profesión principal es la de abogado postulante. Así como la llegada de José Ramón Cossío desde la academia implicó una modificación importante en la integración del pleno, Zaldívar también contribuiría a la pluralidad de la Corte.
Sin embargo, habría que evitar a toda costa que los vínculos de Zaldívar con el sector privado, como defensor de algunas de las empresas más poderosas del país, pudieran afectar su de-sempeño como juez constitucional. Su eventual nombramiento abriría la coyuntura para avanzar de manera definitiva en el fortalecimiento tanto del código de ética para los ministros como de los mecanismos institucionales de control y de transparencia de los conflictos de interés.
Un buen paso, por ejemplo, sería que todos los ministros hicieran públicas sus declaraciones patrimoniales, mandaran a un fideicomiso ciego todas sus inversiones económicas y realizaran una declaración pública de intereses y amistades personales, familiares y de negocios. Solamente de esta manera evitaríamos la captura de nuestros valiosos organismos públicos por los poderosos intereses privados que buscan avasallar los poderes constituidos por todas las vías posibles.